• Historial de Noticias
    Fecha NoticiaTituloNoticiaSentencia
    2017-06-21 AÑO DEL BICENTENARIO En Angostura, el 30 de octubre de 1817, el libertador Simón Bolívar expidió el Decreto de creación del Consejo de Estado.
    2017-06-15 DIÁLOGOS CON LAS REGIONES EN VILLAVICENCIO Con el objetivo de atraer a jueces, abogados, académicos y a la ciudadanía en general a las discusiones sobre transparencia, rendición de cuentas, ética judicial y los derechos de los administrados, el Consejo de Estado realizará el seminario “Diálogos con las Regiones” en Villavicencio (Meta) el próximo viernes 16 de junio. A través de esta iniciativa, la corporación también quiere que las regiones y los tribunales de los diferentes distritos judiciales se unan a la conmemoración del bicentenario que cumple nuestra institución, fundada por el libertador Simón Bolívar el 30 de octubre de 1817. Esta celebración nos sirve de excusa para recordar algunos de los más trascendentes pronunciamientos de la corporación, en los que se explica por qué la ciudadanía puede contar con nuestra jurisdicción como una abanderada en la protección de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administración. El evento se llevará en el teatro La Vorágine, a partir de las 8:00 de la mañana. Ese día se presentarán diferentes conferencias que buscarán abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalación del seminario asistirán la señora gobernadora del Meta, Marcela Amaya García; el Gobernador del Casanare, dr Alirio Barrera Rodríguez; el Alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa Rozo; la Presidenta del Tribunal Administrativo del Meta, Claudia Patricia Alonso Pérez; el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare, José Antonio Figueroa Burbano, y el Vicepresidente del Consejo de Estado, el doctor Germán Bula Escobar.
    2017-06-15 RESUELVEN DEMANDA CONTRA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE BOLÍVAR En Sala del 15 de junio de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Rocío Araújo Oñate, resolvió las demandas acumuladas en contra de la nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Bolívar. En este proceso se cuestionó además del acto declaratorio de la elección, el Acuerdo 002 de 2014 proferido por el Consejo Nacional Electoral y las Resoluciones N° 019, 028, 029, 030, 022, 023, 024 y 039 de 2014, expedidas todas por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar y las N° 03 y 011 de 2014, dictadas en su orden por la Comisión Zonal N° 4 de Cartagena y la Comisión Municipal de Cartagena, respectivamente. La decisión de la Sala consistió en negar la nulidad de la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento Bolívar, en razón a que los resultados electorales no sufrieron ninguna modificación que incidiera en la declaratoria de la elección. El señor Pedrito Tomás Pereira Caballero, mantiene su credencial de Congresista por cuanto no se afectó su elección. Se ocupó además de examinar el Acuerdo 002 de 2014 que adoptó el Consejo Nacional Electoral frente a unos presuntos desacuerdos que se presentaron entre sus Delegados, antes de la declaratoria de la elección. Sobre el particular la Sala consideró necesario exhortar al Consejo Nacional Electoral para que en adelante adopte las medidas que garanticen la oportunidad de la declaratoria de las elecciones populares en las instancias electorales previstas por la ley. Se llamó la atención en la debida notificación del acto de declaratoria de las elecciones para evitar situaciones sui generis como la ocurrida en este proceso electoral. La Sala también resolvió lo correspondiente al i) rechazo de unas reclamaciones electorales, ii) al rechazo de unas solicitudes de agotamiento del requisito de procedibilidad, iii) la falta de firmas de los jurados de votación de una mesa de Cartagena, iv) la presunta violencia acaecida en el Municipio de Montecristo y iv) por último, las diferencias entre formularios E-14 y E-24 que se alegaron presentes en varios municipios del Departamento. Se estableció que los planteamientos respecto de estos cargos no se probaron por las razones que se explican en la providencia.
    2017-06-12 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas la que declara la nulidad de la elección de Juan Carlos Echeverri Rodríguez como personero municipal de Jamundí (Valle). En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-06-09 PROTEGEN DERECHOS DE JOVEN DISCRIMINADO POR TENER TATUAJE El Consejo de Estado falló una tutela a favor de un joven que se presentó al concurso de méritos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) pero fue rechazado por tener un tatuaje en su brazo y otro en una pierna. La Comisión Nacional del Servicio Civil lo declaró no apto para aspirar a una vacante como dragoneante argumentando que las cicatrices o tatuajes en sitios visibles pueden permitir la identificación y señalamiento del personal de la institución por parte de los internos, lo cual podría ser un riesgo para su seguridad. El joven señaló que sus tatuajes no inciden en las funciones que ejercen los dragoneantes al momento de desempeñar el cargo, puesto que no son visibles con el uniforme que deben vestir. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, sostuvo que, aunque la medida persigue un objetivo legítimo como es la seguridad de los servidores públicos, esto no se logra coartando los derechos fundamentales de los guardianes, puesto que la norma que regula este tema es clara en afirmar que la inhabilidad se presenta siempre y cuando el tatuaje, marca o señal esté ubicado en un sitio visible. “Aplicar esa inhabilidad seria irracional y configuraría una situación de discriminación para el actor, pues, el tatuaje no está en un lugar visible y su presencia no guarda relación alguna con las condiciones físicas y psicológicas que debe cumplir una persona que aspire a ocupar el cargo de dragoneante”, indica la sentencia. La Sala agrega que la norma termina siendo no tan eficaz para evitar que el personal de custodia y vigilancia sea identificado por los reclusos y se preserve su seguridad, puesto que los internos conviven con sus guardias tanto tiempo que podrían reconocerlos hasta por sus hábitos y costumbres, por lo que el objetivo de la medida se podría alcanzar recurriendo a otros medios menos lesivos para el disfrute de los derechos fundamentales. ver
    2017-06-06 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas dos acciones de tutela que ordena el reintegro de una mujer policía que había sido retirada del servicio pese a estar en estado de embarazo. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-06-02 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas dos acciones de tutela que protegen derechos fundamentales de ciudadanos venezolanos hijos de padres colombianos y la admisión de la demanda de nulidad contra la elección del gobernador de La Guajira. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-31 ORDENAN PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN LA BOQUILLA El Consejo de Estado le ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) ejecutar un plan de recuperación ambiental de los terrenos de bajamar ilegalmente ocupados en las veredas de Mirlanda y Villagloria, corregimiento de La Boquilla, (en Cartagena, Bolívar). Con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, la Sección Primera de la máxima instancia de lo contencioso administrativo le dio seis meses a la entidad para adelantar estudios y procesos contractuales que garanticen la reforestación, estabilización y conservación de los suelos y la fauna de este lugar, afectado por la disminución del flujo natural de las aguas marinas y de la ciénaga de La Virgen. El Consejo de Estado conoció del asunto luego de que fuere impugnada una acción popular en la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó recuperar los predios ilegalmente ocupados por las comunidades de Mirlanda y Villagloria, en zonas de bajamar. Al mismo tiempo, esa corporación ordenó reubicar a las centenares de familias asentadas allí hace más de 20 años, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad a la que se enfrentan por habitar esas tierras que se enfrentan a un alto riesgo de desastre. Al estudiar el expediente, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo ratificó que, por tratarse de zonas catalogadas como de ‘bajamar’, se trataba de bienes de uso público, por cuanto no podían ser objeto de apropiación privada de ninguna índole, luego era evidente la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente que se habían visto amenazados por estos asentamientos ilegales. De ahí su decisión de mantener la orden de reubicación, que no puede concretarse hasta tanto las familias no cuenten con una nueva vivienda digna que deberá proporcionarles la Alcaldía de Cartagena. Adicionalmente, el Consejo de Estado comprometió a Cardique para que se ocupe del plan de recuperación ambiental de los predios a restituir. Además, esa entidad, la Alcaldía y la Dirección General Marítima (Dimar) fueron conminadas a ejercer vigilancia en el sector, a fin de impedir nuevas invasiones y prevenir el deterioro ambiental del lugar. El Ministerio de Vivienda recibió un exhorto por parte de la Sala para que preste la asesoría técnica necesaria y eventualmente contribuya a financiar los planes y programas que se requieren para reubicar a las familias en condiciones de dignidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Cartagena y la Defensoría del Pueblo también deberán sumarse a esta tarea que busca garantizar la recuperación ambiental del lugar, sin afectar los derechos de las comunidades que habitan allí en la actualidad. ver
    2017-05-30 “DIÁLOGOS CON LAS REGIONES” EN BARRANQUILLA Con el objetivo de crear un espacio para que los jueces, abogados, académicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendición de cuentas, ética judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Diálogos con las regiones”. Esta iniciativa también será la oportunidad para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadanía, los 200 años de la Corporación, creada por el libertador Simón Bolívar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. Será entonces esta la excusa perfecta para recordar algunos de los más importantes pronunciamientos de la corporación, en los que se explica por qué la ciudadanía puede contar con nuestra jurisdicción como una abanderada en la protección de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administración. En Barranquilla el programa se realizará el próximo 30 de mayo, en el auditorio ubicado en el edificio de Posgrados de la Universidad Autónoma del Caribe, a partir de las 7:30 de la mañana. Ese día se presentarán diferentes conferencias que buscarán abrir el debate sobre todos estos temas. Además, nos unimos a la celebración de los 50 años de la Universidad Autónoma del Caribe, institución que se ha destacado por su compromiso con la región y excelencia académica. A la instalación del seminario asistirán el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid; el vicepresidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar; y la presidenta del Tribunal Administrativo del departamento, Judith Romero; entre otros.
    2017-05-25 DIÁLOGOS CON LAS REGIONES EN SINCELEJO Con el objetivo de crear un espacio para que los jueces, abogados, académicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendición de cuentas, ética judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia, el Consejo de Estado dará inicio a su programa “Diálogos con las regiones”. Esta iniciativa también será la oportunidad para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadanía, los 200 años de la Corporación, creada por el libertador Simón Bolívar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. Será entonces esta la excusa perfecta para recordar algunos de los más importantes pronunciamientos de la corporación, en los que se explica por qué la ciudadanía puede contar con nuestra jurisdicción como una abanderada en la protección de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administración. El lanzamiento del programa “Diálogos con las regiones” se realizará el próximo viernes 26 de mayo en la ciudad de Sincelejo, en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación de Sucre, a partir de las 8:00 de la mañana. Ese día se presentarán diferentes conferencias que buscarán abrir el debate sobre todos estos temas.
    2017-05-24 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas la que ratifica la nulidad de la elección del personero de Tunja y que ordena recalcular algunos de los puntajes asignados por los concejales que estuvieron a cargo del concurso de méritos que precedió este proceso de elección. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-23 NIEGAN NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL GOBERNADOR DE CALDAS El Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, en decisión adoptada por la Sala Plena. Los demandantes, señores Miguel Antonio Cuesta Monroy y Rafael Calixto Toncel Gaviria, alegaban que la elección del Gobernador para el periodo 2016 – 2020 estaba viciada de nulidad, puesto que había sido elegido para ejercer ese mismo cargo durante el periodo inmediatamente anterior. Efectivamente, el mandatario departamental ganó los comicios para el cuatrienio 2012 – 2015, pero el Consejo de Estado decretó la nulidad de esa elección en sentencia proferida el 6 de mayo de 2013, por lo que el Gobernador solo estuvo en el cargo del 1 de enero de 2012 al 27 de junio de 2013. Según los demandantes, Guido Echeverri estaba inhabilitado para postularse de nuevo al cargo de gobernador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 303 de la Constitución, cuando señala que, “(…) Los gobernadores serán elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro años y no podrán ser reelegidos para el periodo siguiente” (subrayado fuera de texto). La Sala Plena consideró, por mayoría, que cuando se declara nula una elección, dados los efectos de la sentencia, es como si esta nunca hubiera existido antes, por lo que no puede ser tenida en cuenta para los efectos del artículo 303 de la Constitución, jurisprudencia que ha sido reiterada tanto por la Sala Plena como por las Secciones durante más de cien años. En el proceso, que fue asumido por la Sala Plena de la Corporación por importancia jurídica, tanto el Ministerio Público como el Consejo Nacional Electoral habían solicitado que se desestimaran las pretensiones. La Sala Plena, para emitir su fallo, trajo a colación sentencias de las diferentes secciones del Consejo de Estado desde 1915 en las que la corporación ha señalado, de manera constante, esa posición.
    2017-05-19 CONDENAN A LA NACIÓN POR NEGLIGENCIA EN PROCESO DE SUCESIÓN El Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial a indemnizar a una familia por los perjuicios que le ocasionó un juzgado de familia de Ibagué durante un proceso de sucesión de bienes, después de la muerte del padre. En el 2007 el juzgado nombró un secuestre de los inmuebles que se encontraban en arriendo mientras se fallaba el proceso, debido a que existía desacuerdo entre los herederos para el manejo de los mismos. En noviembre de 2008 el juzgado falló el proceso y la familia solicitó que el secuestre o auxiliar judicial, encargado de custodiar los bienes, entregara los dineros de los arriendos para incluirlos en la partición, puesto que nunca fueron consignados en la cuenta de depósitos judiciales como era su deber. Solo hasta enero de 2009 el secuestre entregó un informe con las cuentas, admitiendo que existía un saldo faltante de más de 50 millones de pesos, dinero que no entregó. Aunque a finales del 2008 el mismo Juzgado le quitó la competencia al secuestre para seguir administrando los bienes, la Sección Tercera del Consejo de Estado encontró que este despacho judicial permaneció indiferente durante todo el tiempo al trabajo del auxiliar judicial, puesto que no existen pruebas de que el Juzgado hubiese requerido a esta persona por iniciativa propia, sin que mediase solicitud de los interesados. “Resulta evidente que, con su comportamiento, el Juzgado de Familia de Ibagué omitió el cumplimiento de sus funciones como director del proceso, como quiera que no intervino de ningún modo para verificar si el secuestre estaba llevando a cabo sus obligaciones, pues, no obstante que aquél no le rendía cuentas, tampoco lo requirió durante cerca de 18 meses para que lo hiciera, con lo que incumplió las obligaciones y deberes que le imponía el Código de Procedimiento Civil”, indica la sentencia. ver
    2017-05-17 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas la tutela que mantiene un fallo en el cual se niega reparación injusta de la libertad a un periodista y se ratifica una sanción por desacato al director de Sanidad del Ejército Nacional. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-15 CONDENAN AL ISS POR CONTAGIO CON VIH EN TRANSFUSIÓN DE SANGRE El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional de Seguros Sociales (ISS) a pagar más de 1.300 millones de pesos como mecanismo para resarcir el daño causado a una pareja de esposos que contrajo VIH, tras una transfusión sanguínea a la que se sometió uno de los integrantes del matrimonio. El fallo de reparación directa, que fue emitido por la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, le impuso a la entidad demandada el deber de dar publicidad al contenido de esta providencia durante seis meses, lo que la obliga a incluir en el contenido de los sitios web bajo su dominio el contenido de esta providencia, con reserva de los nombres de las víctimas. Esto como garantía de no repetición. Los acontecimientos que motivan esta condena se produjeron en abril de 1991, cuando uno de los demandantes fue trasladado de urgencias a un hospital del ISS en Cúcuta (Norte de Santander), luego de haber sufrido varias heridas con arma cortopunzante. Gracias a una cirugía y a una transfusión de sangre que se le practicó en su momento, el accionante pudo recuperarse de sus dolencias y retomar sus actividades diarias. Ignorando su condición de VIH positivo, el hombre contrajo nupcias en 1993 con la misma mujer con quien convive en la actualidad y que resultara infectada también por virtud de la relación marital. Los dos descubrieron su grave condición de salud en 1997, cuando les fue detectada la presencia del virus. Tras un examen alrededor de los hechos que pudieron ocasionarles el contagio, los esposos concluyeron que la transfusión de sangre que se le había practicado a uno de ellos seis años atrás podía haber sido la causa del infortunio, lo que los motivó a interponer una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Luego de que esa corporación condenara al ISS por el daño causado a la pareja, la acción fue conocida por el Consejo de Estado en grado de consulta. Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, la máxima instancia contenciosa encontró a la entidad demandada responsable del daño antijurídico por falla en el servicio. La Sala concluyó que la sangre que fue utilizada en la transfusión no había sido sometida a ningún procedimiento científico que permitiera descartar la presencia del virus, incurriendo en un comportamiento omisivo y negligente que originó el riesgo de contagio que finalmente se materializó en el paciente y que años más tarde se transmitiera a su esposa. ver
    2017-05-09 DECISIONES S QUINTA (MAY 4) Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas una acción de tutela que ampara el derecho a la salud de unos habitantes de calle en el departamento de Antioquia que, entre otras cosas, aspiran a recuperarse de su adicción a las drogas. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-09 DECISIONES S QUINTA (MAY 2) Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas una acción de tutela que niega que se hayan violado derechos de un concejal de Cartagena a quien se le declaró nula la elección. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-03 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas la que revoca una acción de tutela por medio de la cual se había dejado sin efectos una sentencia de reparación por reconocimiento del daño causado tras la aprobación de la Ley 633 del 2000 -que fijó una tasa especial de servicios aduaneros- y que posteriormente fue declarada inexequible. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-04-28 C E SE ABSTIENE DE RESOLVER SUSPENSIÓN Gracias a una decisión del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Tierras podrá seguir adelante con el proceso que busca determinar qué parte de los terrenos del predio rural ‘La Gloria’ (antes denominada ‘Hacienda Bellacruz’)’ podría ser adjudicada a campesinos sin tierra. El despacho del magistrado Danilo Rojas Betancourth emitió un auto en el que se decidió no resolver el recurso de súplica que interpuso la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., Sucursal Colombia, contra la providencia que negó la suspensión provisional de los actos administrativos que ordenaban la recuperación de los baldíos que integran esa extensión de tierra. EL CASO En el 2011, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) había iniciado un procedimiento de recuperación de baldíos en los predios denominados “Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel”, que hacían parte del predio rural hacienda ‘La Bellacruz’, ubicada en jurisdicción de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque (Cesar). Inconforme con esa decisión del Incoder, la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., Sucursal Colombia, había interpuesto una demanda de revisión de esas determinaciones, requiriendo al Consejo de Estado para que decretase su suspensión provisional y, finalmente, decretara la nulidad de las mismas. La accionante alegaba ser víctima de supuestas vías de hecho atribuibles a una asociación campesina interesada en esas tierras y juzgaba de ilegal el procedimiento iniciado por el Incoder, por no haber sido vinculada al proceso. Según esa sociedad, la entidad empezó la intervención, ignorando que quien figuraba como propietario de los terrenos en el certificado de tradición y libertad era la Fiduciaria Davivienda. Tras conocer de la demanda con solicitud de suspensión provisional, el magistrado ponente Ramiro Pazos Guerrero negó la medida cautelar. En esa providencia se indica que el propio Incoder dejó sin efectos el procedimiento de recuperación de baldíos, ante la necesidad de establecer inicialmente qué parte del terreno en disputa es de esa naturaleza –y puede ser entregado a campesinos sin tierra- y qué parte corresponde a propiedad privada. En desacuerdo ante esa determinación, la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., Sucursal Colombia, interpuso recurso de súplica con la intención de que el Consejo de Estado accediera a la solicitud de suspensión. Sin embargo, el despacho del magistrado Danilo Rojas Betancourth se abstuvo de resolver la petición, argumentando que ese recurso solo es válido cuando el juez ha decretado la medida cautelar, lo que no ocurre en este caso, pues la respuesta a dicho requerimiento por parte del ponente había sido negativa. ver
    2017-04-28 ORDENAN REPARAR A MUJER QUE QUEDÓ EMBARAZADA PESE A ESTAR PLANIFICANDO El Consejo de Estado ordenó reparar económicamente a una mujer de Tame (Arauca) que quedó embarazada pese a haberse sometido a un tratamiento médico anticonceptivo y exhortó al Ministerio de Salud para que adopte un plan que garantice un ágil acceso de los pacientes a información de salud sexual y reproductiva. Como consecuencia de esta determinación, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, la E.S.E Moreno y Clavijo deberá pagarle a la víctima casi 37 millones de pesos, como reparación al daño antijurídico que le causó por haber violado su derecho a la libertad reproductiva. La demandante había solicitado una cita de planificación familiar para evitar tener un quinto hijo, pues su situación económica de entonces apenas y le permitía atender las demandas de los cuatro hijos que para entonces había tenido son su pareja, con la que había convivido por 12 años. La entidad accionada la remitió a un hospital de Tame que la sometió a un tratamiento consistente en el suministro mensual del anticonceptivo denominado ‘Nofertyl’. Pese a continuar el procedimiento con la misma frecuencia, la mujer quedó embarazada y dio a luz a su quinto hijo meses después de iniciar este tratamiento. Insatisfecha por los inesperados resultados del método de anticoncepción, la paciente interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Arauca, pero esa corporación negó las pretensiones resarcitorias. Así las cosas, la mujer impugnó la decisión ante la Sección Tercera del Consejo de Estado. En esta instancia, vio satisfechas sus intenciones, dado que la corporación encontró que la E. S. E. accionada sí le causó un daño antijurídico por no haberle informado detalladamente acerca de los riesgos y efectividad de los diferentes métodos anticonceptivos, impidiéndole elegir el que más se adecuara a sus necesidades. Para la Sala, se produjo un perjuicio derivado de la violación del derecho a la libertad reproductiva que se adecúa al balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entorno a las barreras a las que se enfrentan los usuarios de servicios de salud en Colombia para hacer valer esta garantía de manera informada. De ahí que se exhorte al Ministerio de Salud para que tome cartas en el asunto. ver
    2017-04-26 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas una sanción por desacato impuesta a los directores de Sanidad Militar y Sanidad del Ejército por no cumplir con un fallo de tutela que ordenaba el suministro de medicamentos a un paciente. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-04-19 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la última sala de la Sección Quinta. En ella encontrará resúmenes de las decisiones, entre ellas una acción de tutela que ordena protección especial a niños Emberá, salvaguardando sus derechos a la salud, alimentación, educación y agua potable. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-04-07 C E DECLARA QUE NO OPERA CADUCIDAD EN CASO DE LA UP El Consejo de Estado estableció que quienes se consideren víctimas de la producción de un daño antijurídico, derivado de la eventual comisión de delitos de lesa humanidad contra miembros de la Unión Patriótica (UP), podrán exigir reparación, independientemente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Esto significa que los jueces que eventualmente estudien tales acciones no podrán negarse a admitirlas con el argumento de que los hechos fueron cobijados por el fenómeno de la caducidad, pues la decisión implica que frente a este tipo de acciones no corren términos de dos años, como lo exige la regla general. En septiembre del 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció una demanda de acción de grupo por medio de la cual se buscaba que los casos de asesinato, desaparición forzada y otros probables delitos contra miembros de la UP fueran enmarcados en un caso de genocidio político y fuesen declarados como delito de lesa humanidad. En la acción se pretendía además que los grupos familiares de las víctimas y sus copartidarios sobrevivientes recibieran una reparación integral, que no se limitara a una condena económica contra los estamentos oficiales que eventualmente pudieran ser vistos como responsables del daño. Aun cuando no se describieron en la acción circunstancias detalladas de modo tiempo y lugar, los accionantes aspiran a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo reconozca un patrón de sistematicidad que pruebe un tipo de persecución en contra de los miembros de este grupo político, equiparable a los casos de imprescriptible juzgamiento de los que habla el Estatuto de Roma. Dado que el Tribunal rechazó la acción por considerar que esta ya había caducado, el Consejo de Estado asumió el estudio de la apelación. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, concluyó que el caso de la UP podría encajar dentro de la comisión de un delito de lesa humanidad, lo que implicaría que el examen en torno a la producción del daño no está sujeto a términos. En consecuencia, la Sala revocó la decisión del Tribunal y ordenó la admisión de la demanda sin que pueda oponerse la caducidad del medio de control. ver
    2017-04-06 CONDENAN A HOSPITAL POR SUICIDIO DE PACIENTE CON PROBLEMAS MENTALES Por orden del Consejo de Estado, el Hospital Universitario de Santander E. S. E. deberá adoptar un protocolo para evitar que pacientes siquiátricos catalogados como peligrosos o sus acompañantes puedan atentar contra la vida o integridad de personas presentes en la institución. Esto como consecuencia de la condena de reparación directa que se le impuso por la muerte de un paciente con problemas mentales que se suicidó allí hace 10 años. Por medio de un fallo con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, la Sección Tercera del alto tribunal le ordenó a la entidad demandada pagarle a la familia del muerto más de 73 millones de pesos –mas los gastos de sus exequias- como resarcimiento del daño moral y material causado por este acontecimiento. En la demanda se narra que el 30 de marzo del 2007 el paciente –quien padecía una enfermedad mental- condujo el vehículo de su hermano en contravía, cerca de unas instalaciones militares. El expediente explica que allí recibió dos disparos, aparentemente, fruto de la acción de agentes castrenses que intentaban detener la marcha del automotor. Según el escrito de la demanda, dos agentes de Policía trasladaron al hombre a la unidad de urgencias del Hospital Universitario de Santander, donde los médicos intentaron curarlo de las heridas que sufrió en el cráneo y la espalda. El paciente permaneció interno hasta su décimo octavo día de convalecencia, cuando se lanzó por la ventana de su habitación, ubicada en el noveno piso del hospital, en medio de un cuadro de esquizofrenia paranoide y síndrome de abstinencia que, minutos antes, había obligado a otros pacientes y al personal médico a atarlo. Tras la muerte del hombre, su madre interpuso una demanda de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Santander. Luego de conocerse el fallo condenatorio que emitió la corporación en contra del Hospital, dicha entidad interpuso recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al responder la impugnación, la máxima instancia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ratificó que la accionada era responsable del daño antijurídico, porque pese a su posición de garante no cumplió con sus deberes de seguridad y custodia, ni siquiera frente a la evidencia de los problemas mentales y episodios suicidas de los que había sido protagonista el paciente en el pasado. El Consejo de Estado determinó que cualquier hospital, sin importar que su especialidad no sea la siquiatría, debe mantener estándares de seguridad y prevención, para evitar que los pacientes o sus acompañantes que padezcan de afecciones como estas pongan en peligro la vida o integridad física de las personas. Por eso, exhortó al Hospital Universitario de Santander E. S. E. a que adopte un protocolo preventivo que lo garantice. ver
    2017-04-05 SUSPENDEN PROCESO PARA PROVEER 806 CARGOS EN EL DISTRITO La magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado Sandra Lisset Ibarra Vélez le ordenó a la Secretaría Distrital de Hacienda abstenerse de conformar la lista de elegibles del concurso que convocó la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) para proveer 806 cargos de carrera de la entidad del Distrito Capital. En consecuencia, ordenó suspender cualquier actuación administrativa relacionada con el concurso de méritos, dado que el acto administrativo convocante no fue suscrito por el organismo beneficiario, es decir, la Secretaría de Hacienda. La medida cautelar obedece a que el artículo 31 de la Ley 909 del 2004 ordena que este tipo de actuaciones deben ser suscritas tanto por la entidad que las convoca, en este caso la CNSC, como por aquella que se beneficia del proceso. “La irregularidad en la expedición del acto se da cuando se omiten formalidades sustanciales en la producción del mismo. En la expedición irregular del acto, la autoridad administrativa que lo expide tiene plena facultad para proferirlo. El vicio que genera la nulidad está, en que se transgreden los requisitos de procedimiento para expedirlo, los cuales son condición esencial para su validez”, dice la providencia. Aunque la demandante exigía que se suspendiera el acto que convocó al concurso, el despacho se abstuvo de hacerlo, pues encontró que la entidad distrital participó en la planeación y elaboración de las diversas etapas del concurso, por lo que anotó que no cualquier irregularidad en la expedición del acto administrativo puede dar lugar a su nulidad. Dado que el acto de convocatoria solo fue suscrito por el presidente de la CNSC, la consejera ponente ordenó a la Secretaría de Hacienda que indique si aprueba o no los aspectos de la convocatoria, especialmente los relacionados con requisitos y funciones de los empleos y si se adhiere o no a la convocatoria. Mientras tanto, el proceso se mantendrá suspendido provisionalmente, hasta tanto no se resuelva de fondo la demanda. ver
    2017-04-03 CONSEJO DE ESTADO PROTEGE DERECHOS DE MADRES GESTANTES El Consejo de Estado falló a favor de una madre la demanda que presentó para que la empresa donde trabajaba le reconociera el salario y las prestaciones dejadas de percibir por la terminación de su contrato, pese a que acababa de tener un bebé. La madre trabajó en el Centro de Salud del municipio de Consacá, Nariño, como auxiliar de farmacia y facturación, mediante contratos de prestación de servicios. La última vinculación se dio entre el 1 de febrero de 2007 hasta el 7 de septiembre de 2008, fecha en que el contrato terminó, aunque un día antes había dado a luz a su hijo. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, estudió el caso y encontró que, si bien su contrato había sido nominado como de prestación de servicios, existió en realidad una relación laboral continua, de subordinación y dependencia respecto del empleador. “La demandante desempeñó sus funciones en un horario determinado y en la sede de la entidad demandada, elementos que por sí solos no son suficientes para demostrar el aspecto sustancial de la subordinación continuada, pero por la naturaleza de las funciones que desempeñaba como auxiliar de facturación, funciones claramente operativas y que se ejecutaban de manera continua…, llevan a la Sala a vislumbrar que se está en presencia de una relación laboral”, indica la sentencia. La Sala también recordó que la Constitución Política protege a la mujer durante el embarazo y después del parto, puesto que goza de la especial asistencia y protección del Estado. “El fuero de maternidad no solo involucra prerrogativas de índole económico sino de estabilidad laboral, situación que fue vulnerada en este caso, además de que no existió una motivación para tal despido, el cual fue realizado al día siguiente de que naciera el hijo de la demandante.”, explica el fallo. La entidad accionada deberá pagar a la demandante las prestaciones sociales correspondientes al lapso reconocido como vinculación laboral, así como una indemnización por maternidad que deberá cubrir el valor de la remuneración que dejó de percibir entre la fecha del retiro efectivo del cargo y los 60 días posteriores al parto, además de las 14 semanas de descanso remunerado que contempla la Ley 1468 de 2011. ver
    2017-04-03 DECISIONES SECCIÓN QUINTA En su última Sala, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección de Carlos Alfonso Negret Mosquera como defensor del Pueblo, al considerar que el proceso no requería de convocatoria pública. Además, decretó la cesación de la actuación en una acción de tutela por medio de la cual la ANI pretendía que se revocaran las medidas cautelares que impuso el Tribunal de Arbitramento de la concesionaria Ruta del Sol, por carencia actual de objeto, dado que tales medidas ya habían sido levantadas. El resumen de estas y otras decisiones puede ser consultado en un Tablero de Resultados detallado con información puntual de cada una de las decisiones tomadas. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-03-30 COMUNICADO SALA PLENA La Sala Plena, en relación con la creación de un Organismo Jurisdiccional Electoral en los términos planteados por la Misión Electoral Especial, manifiesta: 1. En Colombia existe control especializado de los actos electorales a cargo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicha competencia se reforzó con la Constitución de 1991, con garantía de separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos que atiende la especialidad y la división del trabajo. 2. El punto dos del “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” habla de una reforma al Sistema Electoral en procura de garantías para la actividad proselitista y la pureza del sufragio, pero no de reformas a la Rama Judicial y al control judicial electoral, para asignar su ejercicio a un órgano externo a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por la vía del “fast track”, que puede resultar inconstitucional, además de inconveniente y constituirse en un resquebrajamiento del orden institucional. 3. Inconstitucional porque las normas expedidas por esa vía deben tener relación directa y necesaria con lo pactado en el Acuerdo, y la jurisdicción electoral no es uno de esos aspectos. El Acuerdo, en lo que hace a la Rama Judicial, solo se refiere a la justicia especial para la paz, como mecanismo transitorio y excepcional, y a la justicia agraria. 4. Inconveniente, porque dado su origen partidista no garantizaría la neutralidad, objetividad, independencia e imparcialidad, que, en cambio, son consustanciales al órgano judicial. 5. La función de control judicial electoral es cumplida hoy por los jueces de la República. No requiere partida presupuestal adicional y exclusiva para la creación de un nuevo órgano burocrático, permanente pero destinado a actuar solo en los ciclos electorales, más aun cuando se pretende un modelo que resulta formalmente idéntico al existente: un Consejo Electoral y una jurisdicción especializada. La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene un índice de cumplimiento de términos del 95% y, en lo que resta, superar la mora depende de cambios en normas legales y no de crear nuevos organismos o de falta de diligencia. ver
    2017-03-29 FALTAS MENORES DE POLICÍAS NO PUEDEN IR A SUS HOJAS DE VIDA El Consejo de Estado determinó que las faltas menores que cometan los policías y que ameriten un llamado de atención de parte de sus superiores -pero que no den lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias- no tienen porqué ser inmediatamente consignadas en el formulario de seguimiento o en la hoja de vida del presunto infractor. Con esos argumentos, la Sección Segunda del alto tribunal amparó los derechos de un uniformado que aparecía reseñado en el formulario de seguimiento que se encuentra en el portal de servicios internos de la Policía, debido a un llamado de atención menor que le había hecho uno de sus superiores. El uniformado había hecho parte de una videoconferencia que convocó el Departamento de Policía del Magdalena Medio para coordinar el trabajo de la fuerza pública durante la jornada electoral de octubre del año pasado. Al finalizar la reunión, fue consignada una anotación en el formulario de servicios a nombre del agente con un llamado de atención en su contra por haberse ausentado de la reunión sin verificar si las instrucciones impartidas a los asistentes habían sido comprendidas. La Policía del Magdalena Medio sostuvo que esta consigna no tenía consecuencias disciplinarias en contra del infractor y que se trataba de una medida preventiva para encauzar la disciplina, amparada por el Régimen Disciplinario de la Policía (artículo 27 de la Ley 1015 del 2006). Por su parte, el agente afectado con esta determinación consideró que la entidad vulneró sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, buen nombre y honra, por lo que interpuso una acción de tutela, que fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander. Tanto el Tribunal -en el fallo de primera instancia-, como el Consejo de Estado en la segunda, le dieron la razón al demandante. Según la Sección Segunda de la máxima instancia contenciosa, si la falta no da lugar a la apertura de investigación, el Régimen Disciplinario de la Policía contempla el llamado de atención verbal y no las “anotaciones en el formulario de seguimiento o en las hojas de vida”. A juicio de la Sala, la amonestación escrita le restaría puntos al presunto infractor en su evaluación de desempeño, lo que, por ejemplo, podría frustrarle eventuales aspiraciones de ascenso mediante una actuación irregular, “pues corresponde a una amonestación escrita que no surtió el debido proceso, así mismo no respetó el derecho a la defensa o de contradicción antes de que quedara plasmada en el sistema informático”. ver
    2017-03-29 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado y en ejercicio del principio de transparencia, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un Tablero de Resultados detallado con información puntual de cada una de las decisiones tomadas. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-03-28 COLOMBIANOS DEBEN SABER EN QUÉ SE SUSTENTA EL ALZA SALARIAL El Consejo de Estado exhortó al Gobierno Nacional a que cada vez que se vea obligado a decretar el aumento anual del salario mínimo lo haga explicando con suficiencia y precisión cuáles fueron los motivos que lo llevaron a calcular el respectivo incremento. La Sección Segunda del alto tribunal declaró nulo el decreto por medio del cual el Ejecutivo fijó el incremento del 7 % para el 2016, aun cuando aclaró que su decisión no afecta los salarios, tributos, multas y demás pagos que fueron efectuados con base en dicha norma. Para la corporación, la decisión del Gobierno no contó con la motivación adecuada, pues no explica, como es debido, la incidencia de factores como la inflación, índices de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y demás elementos que fueron referentes para el cálculo del aumento. La sentencia explica que, por ejemplo, frente al índice de precios al consumidor (IPC) proyectado para el año pasado, el Gobierno se limitó a explicar que la meta de inflación para ese año era del 3 %. En este, como en otros casos, no se explicó la influencia de las cifras en el cálculo del aumento y frente a otros aspectos los datos fueron incompletos, dice la Sala. Esas falencias en la expedición del acto administrativo llevaron a la Sala a decretar su anulación. Aun cuando el fallo, se repite, no afecta los pagos efectuados con base en la disposición, dado que la providencia tiene efectos únicamente hacia el futuro, se exhortó al Gobierno para que una situación como esta no se vuelva a repetir. “(…) La motivación del acto administrativo mediante el cual se fija el salario mínimo deberá explicitar con la mayor claridad y precisión, los fundamentos económicos, sociales, técnicos y financieros que llevan al Gobierno Nacional a fijar el salario mínimo en una cuantía determinada, de tal suerte que los ciudadanos puedan conocer las razones objetivas de su determinación”, explicó la Sala. Los consejeros Sandra Lisset Ibarra Vélez, William Hernández Gómez y César Palomino Cortés salvaron el voto frente a esa decisión, proyectada por el despacho del magistrado Gabriel Valbuena Hernández. ver
    2017-03-28 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado y en ejercicio del principio de transparencia, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un Tablero de Resultados detallado con información puntual de cada una de las decisiones tomadas. En este documento encontrarán el número del proceso, el sentido de la decisión y un resumen del caso abordado, así como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, información que le permitirá al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php
    2017-03-28 DECRETAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE SENADOR CARLOS SOTO El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo al encontrarse que incurrió en indebida destinación de recursos públicos. Según el fallo proyectado por el magistrado de la Sección Segunda Rafael Francisco Suárez Vargas, uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recibió la totalidad de su salario por días durante los cuales no laboró. En el curso del proceso se comprobó que en junio del 2012 recibió su sueldo completo, pese a que en esa época se ausentó varios días, por haber viajado a Panamá, lo mismo ocurrió en noviembre del 2013, cuando estuvo en Canadá. Sin embargo, el congresista certificó que había laborado los 30 días del mes. La Sala Plena determinó que, con su conducta, el congresista hizo que se le reconociera a su subalterno el pago de un dinero al que no tenía derecho, por lo que se configura una destinación indebida de recursos públicos. La Ley 5ª de 1992, artículo 388, es clara en advertir que a los legisladores les corresponde emitir una certificación del cumplimiento de las labores de los empleados de su UTL y, con base en esta, se paga el salario de los servidores.
    2017-03-24 EXPROCURADORA Y MAGISTRADOS CONDENADOS EN REPARACIÓN El Consejo de Estado condenó en acción de repetición a la exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda Curvelo y a otros dos magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena por haber violado los derechos de una funcionaria de la Rama Judicial que fue apartada de su cargo de manera indebida. Los hechos que motivaron esta actuación tuvieron su origen en la decisión de dicho Tribunal Administrativo de declarar el abandono injustificado del cargo de una escribiente que trabajaba en esa corporación, en octubre de 2001. El acto administrativo de insubsistencia fue firmado en ese entonces por los abogados Martha Isabel Castañeda Curvelo, José Manuel Díazgranados Díazgranados y Adonai Ferrari Padilla, quienes para la fecha de los hechos se desempeñaban como magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena. La afectada interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que terminó siendo resuelta a su favor por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en mayo de 2011. La decisión condenó a la Rama Judicial al pago de los salarios y prestaciones que había dejado de percibir la servidora desde el momento en que fue desvinculada de su puesto de trabajo, además de tener que reintegrarla a su cargo. En cumplimiento del fallo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se vio obligada a cancelarle a la demandante más de 400 millones de pesos en febrero de 2013, por lo que esta, a su vez, interpuso una demanda de repetición contra los responsables de la decisión. Las personas condenadas en repetición tendrán que devolverle a la Nación cerca de 400 millones de pesos por haber violado el debido proceso de la afectada, puesto que no tuvieron en cuenta los motivos que la obligaron a ausentarse de su puesto de trabajo. ver
    2017-03-22 TRIBUNAL ANDINO TIENE LA PALABRA EN LITIGIO DE CLARO Y ETB El Consejo de Estado ratificó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) debe pronunciarse antes de que los jueces nacionales decidan si Claro debe reintegrarle o no a la ETB los dineros por el servicio de interconexión que tienen enfrentadas a ambas empresas desde hace más de 12 años. Eso significa que ese organismo multilateral de justicia debe decidir, entre otras cosas, si son aplicables al caso las normas de la Comunidad Andina de Naciones en torno a servicios de interconexión y si, eventualmente, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CREG) debe tener la última palabra en el caso. Lo anterior debido a que la Sección Tercera de la máxima instancia contencioso administrativa decidió no reponer su determinación del 2 de diciembre del 2015, en la cual concluyó que el TJCA debe rendir consulta prejudicial antes de que la justicia colombiana emita un veredicto. EL CASO En el 2006 un tribunal de arbitramento le impuso una condena de 17.000 millones de pesos a la ETB porque, a su juicio, la empresa no le había cancelado a su enfrentada todo el dinero que le debía por el uso de sus redes en llamadas de larga distancia, como lo habían convenido en el contrato que mantenían desde 1998. La decisión había sido ratificada en el 2008, luego de que el Consejo de Estado negara un recurso de anulación que interpuso la ETB contra el laudo arbitral. Sin embargo, tras una demanda que interpuso la empresa capitalina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina condenó a Colombia en el 2011, debido a que los jueces arbitrales que decidieron el diferendo contractual incumplieron su deber de efectuar la consulta prejudicial ante ese mismo organismo multilateral. Esa condena internacional obligó a la máxima instancia de lo contencioso administrativo a dejar sin efectos esas determinaciones. Con base en lo fallado nuevamente por el contencioso administrativo (fallo emitido el 9 de agosto del 2012), la ETB interpuso una demanda ejecutiva, con el anhelo de que Claro se viera obligada a reintegrarle los dineros causados por el diferendo contractual y posterior litigio. Aun cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar la demanda, el 2 de diciembre del 2015 el Consejo de Estado determinó que ese proceso no podía seguir adelante hasta tanto el TJCA no se hubiese pronunciado previamente. Aunque la ETB presentó un recurso contra esa decisión, la Sección Tercera la ratificó, lo que implica que mientras el organismo judicial multilateral no emita la consulta prejudicial la demanda ejecutiva no puede seguir adelante. ver
    2017-03-21 NIEGAN OTRA DEMANDA POR VENTA DE ISAGEN El Consejo de Estado negó la demanda presentada por un particular en contra de la venta de las acciones que la Nación poseía en la empresa de energía eléctrica ISAGEN S.A., operación que se realizó en enero del 2016. El demandante señalaba que la subasta no se podía realizar con un solo oferente, puesto que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado, en el caso del Tercer Canal de Televisión, impone la pluralidad de participantes, con el fin de optimizar los beneficios económicos que debe percibir la Nación en la venta. Además, la demanda planteaba la violación de la Constitución al limitar la concurrencia de varios oferentes en el proceso de venta, lo cual no garantiza la libre competencia ni respeta los principios de democratización y protección del patrimonio público. La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, señaló que en el caso de ISAGEN no era necesario la presentación de varias ofertas, puesto que la obligación de la administración es garantizar la libre participación de los interesados pero no su efectiva concurrencia porque no se puede obligar a los entes públicos o privados a participar en un proceso determinado, ya que esto vulneraría la libertad de empresa y de competencia. “Ante la concurrencia de un oferente único, siempre que se garanticen las condiciones dichas, es factible su selección, cuando su oferta es la más favorable para la administración por cumplir con los requisitos y condiciones objetivas dispuestas en el acto que regula el proceso”, indica la sentencia. ver
    2017-03-17 SUSPENDEN NORMAS RELACIONADAS CON LA TERCERIZACIÓN LABORAL El Consejo de Estado, Sección Segunda, en providencia de 15 de marzo de 2017, suspendió provisionalmente los numerales 4.º y 6.º del artículo 2.2.3.2.1. del Decreto Reglamentario 1072 de 2015, el cual fue adicionado por el artículo 1.º del también Decreto Reglamentario 583 de 2016; en atención a que el Gobierno Nacional rebasó el límite material que le imponía el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 de «formalización y generación de empleo». Según el alto tribunal, las normas demandadas desbordan materialmente el contenido esencial del artículo 63 de la Ley 1429 del 2010, el cual hace referencia a la prohibición de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado o bajo alguna forma de vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes, mientras que la norma reglamentaria suspendida provisionalmente regula aspectos relacionados con la tercerización laboral, dentro de la cual ubica todos los mecanismos legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están comprendidos en la referida ley. La máxima instancia de lo contencioso administrativo recordó que la Ley 1429 de 2010 se expidió con el propósito de reglar los procedimientos de establecimiento de incentivos para formalizar el empleo en Colombia y generar más oportunidades para los jóvenes, por lo que en ella se contemplaron varios beneficios a favor de las pequeñas empresas durante las etapas iniciales de su constitución, tales como el fortalecimiento de programas de desarrollo empresarial, la instauración de descuentos en materia de impuestos, la simplificación de trámites y la creación del Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral. Una lectura sistemática y de conjunto de la Ley 1429 de 2010 tampoco permite encontrar en el resto de su articulado, enunciado normativo alguno referido al tema de la «tercerización laboral» que permitiera al Gobierno su reglamentación en el Decreto Reglamentario 583 de 2016. ver
    2017-03-16 MUNICIPIO DE CALI DEBE ADMINISTRAR PLAZAS DE MERCADO DE LA CIUDAD El Consejo de Estado le ordenó a la empresa en liquidación Emsirva E.S.P. que de manera inmediata y gratuita traslade la propiedad que ostenta sobre las plazas de mercado de La Alameda, Porvenir, Alfonso López, Floresta, Santa Elena y Siloé al municipio de Cali. La decisión fue adoptada al resolver una acción popular en contra de la ciudad y de la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali, Emsirva E.S.P., instaurada por particulares que reclamaban el cumplimiento de la Ley 142 de 1994, que le ordenó a dicha empresa entregar el manejo de las plazas de mercado al municipio. Por disposición de la referida Ley y mediante acuerdo del Concejo de Cali de 1996, Emsirva fue transformada en empresa industrial y comercial del municipio, prestadora exclusivamente del servicio de aseo, por lo que no podía continuar administrando el servicio público de las plazas de mercado. Pese a esto, la orden no se cumplió, lo cual, según el demandante, produjo un detrimento al patrimonio público por el incumplimiento del municipio de recuperar las plazas de mercado para su administración, sumado a que Emsirva entregó a concesionarios su manejo. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, estudió el caso y encontró que Emsirva estaba en el deber de entregar los bienes que correspondieran a los demás servicios que venía atendiendo cuando su objeto cambió y se convirtió en una empresa prestadora exclusivamente del servicio domiciliario de aseo. “La defensa del patrimonio público no se predica solamente frente a la posibilidad de actuaciones inmersas en conductas de corrupción y desvío fraudulento de recursos, sino que también procede en aquellos eventos en los cuales se pone en riesgo el cumplimiento de los fines para los cuales están constitucional y legalmente destinados los derechos, bienes y recursos estatales, por destinarse a objetivos diversos de aquellos que les corresponde cumplir”, indica la sentencia. La Sala advierte que estas plazas de mercado se encuentran en riesgo de ser rematadas en subasta pública, puesto que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión con fines liquidatorios de todos los bienes y negocios de la Empresa de Servicio Público de Aseo de Cali, (Emsirva). Sin embargo, el fallo aclara que si bien estos lugares pueden figurar a nombre de Emsirva, no pueden ser objeto de libre disposición, puesto que se trata de bienes de uso público. “El municipio de Cali debe hacerse cargo de la prestación del servicio de mercado y de la administración de los bienes de uso público destinados al mismo, esto es, las plazas de mercado de La Alameda, El Porvenir, La Floresta, Cristóbal Colón o Santa Elena, Siloé y Alfonso López Pumarejo”, puntualizó la sentencia. La Sala también le ordenó al municipio de Cali realizar un estudio para analizar las necesidades de la población de los barrios en los que se hallan ubicadas las plazas de mercado, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para la preservación y administración de los referidos bienes de uso público destinados a plazas de mercado. ver
    2017-03-16 SUSPENDEN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CONCURSO DE LA PROCURADURÍA El Consejo de Estado le ordenó a la Procuraduría General de la Nación que se abstenga de realizar la evaluación del desempeño laboral a quienes participaron y ganaron el concurso para proveer cargos en esa entidad y se encuentran en periodo de prueba. La decisión fue adoptada por la Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández, al resolver la solicitud de medida cautelar presentada por un particular, la cual pretendía suspender el proceso de calificación o evaluación de desempeño de las personas que pasaron el concurso para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales I y II. Según el demandante, en la actualidad no existe una reglamentación en la entidad que establezca cuáles son los aspectos que deben ser calificados, cuál debe ser el método de evaluación y con cuáles recursos cuentan las personas para controvertir la calificación que se le dé al desempeño de sus funciones. La Sala estudió el caso y encontró procedente suspender la evaluación de desempeño laboral mientras se falla de fondo la demanda de nulidad que cursa contra la Resolución 040 de 2015, que reglamentó la convocatoria del proceso de selección para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales. El auto de la decisión explica que si no se decreta la medida cautelar y posteriormente se declara la nulidad de dicha resolución, las personas que hayan superado la evaluación e ingresen al sistema de carrera administrativa no podrían verse afectados con la decisión porque ya tendrían consolidada su situación jurídica. "Está situación pone en evidencia la necesidad de suspender dicho trámite administrativo (evaluación del desempeño laboral) a fin de conjurar la situación expuesta y asegurar el cumplimiento de la sentencia", indica el auto de decisión. En los próximos días la Corporación se pronunciará sobre la acumulación de todas las demandas que cursan en distintos despachos contra la Resolución 040 de 2015, para luego definir fecha y hora de la audiencia inicial. Cabe precisar que esta decisión no afecta la continuidad de las personas que están en proceso de calificación de su desempeño laboral. ver
    2017-03-15 POLICÍA DEBERÁ REPARAR A VÍCTIMAS DE ATENTADO EN NARIÑO La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada a reparar los daños sufridos por una familia que perdió su vivienda y un local comercial durante un enfrentamiento de guerrilleros de las FARC y agentes de la fuerza pública que se produjo en Leiva (Nariño) hace 17 años. Así lo determinó el Consejo de Estado. Aun cuando los demandantes exigían un resarcimiento equivalente a los 600 millones de pesos, la Sección Tercera del alto tribunal ordenó adelantar estudios periciales que permitan establecer acertadamente el valor de los muebles y enseres que perdieron los accionantes. El atentado guerrillero se produjo el 25 de marzo del 2000, cuando los insurgentes emprendieron un ataque generalizado en el poblado, principalmente dirigido a la estación de Policía. Los agentes que resistieron la envestida protagonizaron una confrontación con los rebeldes, que causó heridos y daños en las edificaciones de la población de Leiva, entre ellos la vivienda en la que residían los accionantes y un billar del que derivaban su sustento. Por eso, los afectados interpusieron una demanda de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Nariño les negó las pretensiones, el Consejo de Estado falló a su favor al reconocer la responsabilidad del Estado a título de daño especial. A su juicio, aun cuando no pueda probarse que los agentes estatales fueran causantes del daño, hechos como este, acaecidos en el marco del conflicto armado, no pueden dejar a las víctimas sin una debida compensación. ver
    2017-03-14 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-03-13 NACIÓN SE SALVA DE PAGAR CONCILIACIÓN POR MÁS DE $23.000 MILLONES El Consejo de Estado decidió no aprobar un acuerdo conciliatorio que había celebrado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Davimed S. A. por 23.900 millones de pesos por el supuesto incumplimiento de un compromiso de pago por una obra de infraestructura de los Juegos Suramericanos Medellín 2010. El acuerdo estuvo precedido por una condena de 21.200 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le había impuesto a la ANI el 29 de octubre del 2014, lo que pone en evidencia que el monto por el cual este organismo pretendía conciliar superaba en más de 2.000 millones de pesos el valor de la condena. El litigio se inició porque la sociedad accionante, al no recibir remuneración en contraprestación a la terminación y posterior entrega del proyecto de la doble calzada vía 'San Juan de Dios' interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedió la reparación. Para evitar que el caso llegara a una segunda instancia, las partes fijaron a un acuerdo conciliatorio que fue sometido a examen de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Además de que la suma pactada era superior al monto de la condena, la máxima instancia contenciosa evidenció numerosas contradicciones en el proceso, como por ejemplo, el que el estudio pericial haya arrojado un costo total del proyecto de 33.700 millones de pesos, a pesar de que la pruebas demuestran que la suma de las ofertas presentadas por las subcontratistas de la obra no superan los 13.500 millones de pesos. Adicionalmente, en el expediente obra una comunicación en la que el accionante admite estar ejecutando el proyecto sin que mediase la firma de un contrato. En otro documento aportado como prueba el INCO informó que carecía de recursos para adicionar este contrato de obra a la concesión. Esos dos elementos demostrarían que la accionante adelantó una tarea para la cual no habría sido contratada, por su propia cuenta y riesgo. A ello se suma que no hay prueba que certifique la fecha de terminación de las obras, lo que pone en duda que la acción se haya presentado dentro de los términos legales de dos años que tenía la supuesta afectada para exigir ser reparada. Por si fuera poco, la Sala estableció que el INCO no podía hacerse responsable del presunto daño infligido al concesionario, pues de haberse producido el perjuicio, este no sería imputable a esa entidad sino a un tercero, que podría ser el municipio de Rionegro. Eso sin contar que la sociedad Davimed pretende someter a examen un convenio interadministrativo en el que no tiene parte, como el celebrado por el INCO y la administración municipal con el propósito de asegurar la financiación del proyecto. Ante las numerosas inconsistencias y la incertidumbre frente a cuáles eran realmente los compromisos de las partes, y con el fin de evitar una lesión tan cuantiosa para el patrimonio público, la Sala decidió no aprobar el acuerdo conciliatorio por 23.900 millones de pesos, lo que lleva el caso a una segunda instancia que deberá ser resuelta por el propio Consejo de Estado próximamente. ver
    2017-03-06 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL NO PUEDEN ESTAR SOMETIDOS A RESERVA La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, decidió acceder a la tutela del derecho fundamental a la información, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que decidió no autorizar el acceso a los estudios de impacto ambiental de un proyecto que una ciudadana le había solicitado a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare). A juicio del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, así la Ley de Transparencia y Acceso a la Información permita mantener en reserva ciertos documentos y actuaciones, en procura de la protección de secretos industriales, comerciales y profesionales, no existe ninguna restricción expresa para que la ciudadanía conozca las conclusiones de los estudios previos al desarrollo de proyectos con probable impacto en el medio ambiente. Esta decisión se apoyó en el estándar del derecho internacional, en el que se indica que ante la ausencia de norma expresa que establezca una reserva determinada, se debe privilegiar su acceso. La decisión de tutela se dio en el marco de una petición dirigida a la Corporación Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare), quien se negó a suministrar copia del estudio de impacto ambiental aportado por la empresa Suministros de Colombia (Sumicol SAS), en el trámite de expedición de la licencia ambiental para adelantar la construcción de la planta productora de cementos “Paraje Río Claro”. En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado concluyó que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (artículos 16 y 18 –literal c- y parágrafo de la Ley 1712 del 2014), permite mantener en reserva algunos documentos y actuaciones propias del licenciamiento en materia de medio ambiente, no señala expresamente que el estudio de impacto ambiental sea uno de esos documentos a los que la ciudadanía no pueda tener acceso. Por lo anterior, esta Corporación ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia dictar una nueva sentencia en la que tenga en cuenta que el estudio de impacto ambiental no puede ser sometido a reserva y que es posible acceder a él libremente. ver
    2017-03-02 REVOCAN CONDENA DE REPARACIÓN QUE FAVORECIÓ A EXSENADOR Tras la reparación de más de 160 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le concedió al exsenador Óscar Suárez Mira hace siete años, el Consejo de Estado revocó esa determinación y absolvió a la Nación – Fiscalía General del daño por privación injusta de la libertad que se le había imputado. El ente investigador había sido condenado en el 2010 por haber impuesto una medida de aseguramiento al exparlamentario, en un proceso penal que terminó siendo archivado en favor del dirigente y que se originó por supuestas irregularidades en dos contratos que el municipio celebró con la Corporación Bello Fútbol Club, cuando Suárez Mira era alcalde de esa población. La Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento al exburgomaestre entre el 7 de enero y el 31 de marzo del 2000, por considerar que los contratos celebrados entre el municipio a su cargo y este club deportivo, para la promoción del fútbol aficionado en 1995, habían dado lugar a la comisión de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, la investigación fue archivada a favor de Suárez Mira un año después, porque si bien este llegó a tener la doble condición de alcalde de Bello y socio del club bellanita, no se comprobó que hubiera cometido un ilícito porque delegó a la Secretaría de Educación y a la Junta Municipal de Deportes para vigilar el cumplimiento de los contratos. Dado que la Fiscalía no logró comprobar la responsabilidad penal del político, este interpuso una demanda de reparación directa, que le fue concedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el 2010. En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado revocó esta condena de reparación directa, porque si bien el demandante fue privado de su libertad sin que se le desvirtuara la presunción de inocencia, las decisiones que la Fiscalía tomó en su contra en su momento estuvieron fundadas en la culpa grave con la que actuó Suárez Mira. ver
    2017-03-02 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-03-01 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-28 NUEVA CONDENA A LA NACIÓN POR TOMA DE GUACA (SANTANDER) Nuevamente la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada a reparar el daño ocasionado a las víctimas del conflicto armado, luego de que el Consejo de Estado le ordenara reparar los daños morales y materiales causados a las familias de cuatro civiles que resultaron heridos en una toma guerrillera en Guaca (Santander). La acción armada se produjo el 11 de diciembre de 1997, cuando hombres de las FARC atacaron la estación de Policía del municipio, provocando la muerte de dos uniformados y heridas a las cuatro personas ajenas a la confrontación que presentaron la demanda. Medios regionales señalan incluso que al día siguiente perdieron la vida otros cuatro policías provenientes de Bucaramanga, quienes fueron emboscados a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Guaca, en hechos que también dejaron heridos a 19 uniformados más. Tras la ocurrencia del atentado, los civiles lesionados y sus familias presentaron una demanda de reparación directa, en busca de ser resarcidos por la afectación que les produjo el enfrentamiento entre agentes de la fuerza pública e insurgentes. Si bien en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones, en segunda instancia, el Consejo de Estado accedió a ellas y ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional reparar a las víctimas y sus familias con el pago de más de 118 millones de pesos. Para la Sección Tercera del alto tribunal, está probada la falla en el servicio en la que incurrió la fuerza pública, pues no tomó medidas efectivas para garantizar la seguridad de la población de la Guaca, a pesar de que era previsible la ocurrencia de un atentado de esa magnitud por parte de la guerrilla de las FARC. ver
    2017-02-24 CONDENAN A LA NACIÓN POR DETENCIÓN INJUSTA DE LÍDER SOCIAL El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle más de 555 millones de pesos a un reconocido líder social de Saravena (Arauca), que fue injustamente acusado de participar en un atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. En fallo proyectado por el magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sección Tercera del alto tribunal le concedió a él y a su familia la acción de reparación directa que instauraron en contra de la Fiscalía por privación injusta de la libertad. El 8 de marzo de 2001 Ecopetrol denunció que había sido víctima del accionar delictivo de un grupo subversivo, responsable del ataque al oleoducto Caño Limón Coveñas, en el sector conocido como ‘La Pava’. El 15 de marzo de 2004 el ahora accionante fue llamado a indagatoria por estos hechos y 11 días más tarde fue detenido por hombres del Grupo de Caballería Mecanizado 18 “Reveiz Pizarro” del Ejército, quienes lo pusieron a órdenes de la Fiscalía. Tras permanecer detenido durante poco menos de dos años, acusado de terrorismo, un juez especializado de Arauca lo absolvió de todo cargo, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de esa capital en mayo de 2007. El otrora procesado y sus familiares acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa, en procura de una reparación directa que les acaba de ser concedida, luego de que el Consejo de Estado considerara probado el daño antijurídico provocado por una acusación carente de elementos que demostraran que el inculpado había cometido el ilícito. ver
    2017-02-21 EMPRESAS DE TV DEBERÁN DEVOLVERLE A LA DIMAYOR MÁS DE $24.000 MILLONES El Consejo de Estado le ordenó a Telmex Colombia S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. restituirle a la Dimayor más de 24.000 millones de pesos, tras conceder una adición a un fallo por medio del cual anuló un multimillonario laudo arbitral que, en su momento, había sido desfavorable a la autoridad futbolera. En consecuencia, las empresas de servicios de televisión deberán devolverle a la rectora del fútbol profesional colombiano los dineros que esta les canceló cuando la justicia arbitral se pronunció para condenarla. En diciembre del 2015 un tribunal de arbitramento determinó que ese órgano del balompié criollo había incumplido el compromiso asumido con Telmex Colombia S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para tenerlos en cuenta como primera opción, a la hora de comercializar los derechos de transmisión de la liga profesional del fútbol en Colombia. Por eso, los árbitros condenaron a la entidad a pagarle a su contraparte 12.323 millones de pesos y 12.330 millones de pesos que fueron pagados por esa institución los días 20 y 21 de enero del 2016. La decisión fue objeto de demanda por parte de la Dimayor ante la jurisdicción contenciosa que, a través de un fallo proyectado en diciembre del año pasado, declaró nulo lo actuado por el tribunal de arbitramento, debido a que este no adelantó la consulta prejudicial, que lo obligaba a pedir concepto previo del caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tras la sentencia que dejó sin efectos la citada condena arbitral, las partes presentaron solicitudes de aclaración y adición. Así las cosas, el propio Consejo de Estado accedió a al recurso, en el sentido de ordenarle a Telmex Colombia S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. devolverle a la Dimayor los dineros que esta última les había pagado en enero del 2016. Además, la Sección Tercera aclaró que las pruebas practicadas por el tribunal arbitral seguirán teniendo vigencia, en caso de que este sea convocado para emitir un nuevo juicio respecto a este litigio. ver
    2017-02-21 CONDENAN A EPM POR INUNDACIONES EN MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA El Consejo de Estado condenó a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) a indemnizar a más de 100 habitantes del municipio de San Rafael (Antioquia) por los perjuicios que les ocasionó la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Guatapé. La central de Guatapé descarga sus aguas sobre el río del mismo nombre, en la parte de arriba del casco urbano del municipio de San Rafael, ocasionando el aumento de su caudal. Como consecuencia, en varias oportunidades el río se ha desbordado, afectando a los habitantes del municipio, que decidieron presentar una acción de grupo para reclamar de EPM el reconocimiento de los perjuicios ocasionados (108 grupos familiares). La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, estudió el caso y encontró probados los perjuicios a los pobladores por los procesos de socavación y erosión generados en el río Guatapé con ocasión de la instalación y puesta en funcionamiento de la represa del mismo nombre, lo cual causó graves inundaciones entre agosto de 1999 y julio de 2000, fecha en la que fue presentada la demanda. “La Sala considera que las magnitudes en que el caudal del río aumenta en altura y metros cúbicos con los vertimientos de agua de la central Guatapé, causaron la desestabilización de las orillas por la generación de procesos erosivos aguas debajo de la descarga de la central Guatapé” y la “desestabilización del suelo por las fluctuaciones del nivel del embalse debido a la operación de las centrales Guatapé y Playas”, indica la sentencia. El fallo hace un llamado a la Alcaldía del municipio de San Rafael, a la gobernación de Antioquia y a la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare-CORNARE, para que adopten las medidas necesarias que permitan solucionar de manera definitiva la situación de aquellos habitantes que no hayan hecho parte de la acción de grupo ya resuelta y que puedan resultar damnificados por tener predios e inmuebles en zonas de alto riesgo por inundación. ver
    2017-02-21 NIEGAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA EFRAÍN ANTONIO TORRES M. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, ratificó la tesis de que el uso abusivo de tiquetes aéreos sí configura un episodio de indebida destinación de dineros públicos, que da origen a la sanción de pérdida de investidura de congresistas y demás miembros de las corporaciones públicas. Sin embargo, en el caso de Martha Mireya Pabón Páez y Jorge Alberto Méndez García versus Efraín Antonio Torres Monsalvo, representante a la Cámara por Bogotá, la Sala absolvió al acusado de haber incurrido en indebido uso de pasajes aéreos y, por tanto, se abstuvo de imponerle la sanción de pérdida de investidura. Fueron dos las razones fundamentales que tuvo en cuenta la Sala para desechar la solicitud de pérdida de investidura. En primer lugar, porque la expedición de 113 tiquetes al congresista Torres Monsalvo (en el periodo 2010 – 2014) se hizo conforme con el artículo 4º del Decreto 870 de 1989, que es el reglamento para la ordenación de los pasajes aéreos de los congresistas. En segundo lugar, porque la parte denunciante no probó que el señor Torres Monsalvo hubiera utilizado esos tiquetes para atender asuntos ajenos a lo que le impone la investidura como representante a la Cámara por Bogotá. Por lo tanto, se consideró que los 113 tiquetes se utilizaron para facilitar el cumplimiento de la función legislativa, mas no con fines distintos, no autorizados o prohibidos. De modo que, según la Sala Plena, no se logró desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado en este tipo de procesos sancionatorios. La decisión tuvo 15 votos a favor y cinco en contra. Salvaron el voto, entre otros, la doctora Stella Conto Díaz del Castillo argumentando que la decisión se apartó de las especificidades del juicio de pérdida de investidura que fue diseñado por el constituyente para restablecer de una manera disuasiva, preventiva y represiva la dignidad, transparencia y legitimidad del Congreso de la República, poniendo en riesgo la naturaleza, finalidades y efectividad de la misma medida y confiriéndole primacía a los derechos del elegido, que rompió el lazo de confianza con sus electores y y desvirtuó la presunción de dignidad que acompaña el acceso y permanencia en el cargo. Además, la consejera adujo que se desconoció el principio de legalidad del gasto y la jurisprudencia de las secciones Primera y Segunda sobre la naturaleza de los tiquetes aéreos.
    2017-02-21 ELIGEN COMO MAGISTRADO DE LA SECCIÓN CUARTA AL ABOGADO MILTON CHAVES La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Milton Fernando Chaves García como nuevo magistrado de la Sección Cuarta, en remplazo de la doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, quien terminó su periodo constitucional el año pasado. El doctor Chaves es abogado de la Universidad Libre de Bogotá con especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nuestra Señora del Rosario. El recién nombrado magistrado trabajó durante varios años en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como abogado redactor en Legis, abogado litigante e independiente y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. También ha sido docente en diferentes universidades del país como la Santo Tomás y la Central. Entre sus publicaciones se destacan “Actualización del Régimen de Procedimiento Tributario”, “Manual de Retención en la Fuente” y “Doctrina Tributaria y Contable”.
    2017-02-17 CONCEDEN HABEAS CORPUS A ECUATORIANA DETENIDA EN BOGOTÁ El pasado 10 de febrero de 2017, la Sala Unitaria del Consejo de Estado, por conducto del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en segunda instancia, concedió el beneficio de hábeas corpus en favor de María Belén Moreno Chavarría. Ocurre que, el 29 de enero de 2017, la señora Moreno Chavarría, ciudadana ecuatoriana, fue detenida en territorio colombiano, con fines de extradición, en virtud de la circular roja de Interpol, librada por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, ocurrido en Ecuador, el 3 de septiembre de 2016. La Sala Unitaria encontró probado que la Fiscalía General de la Nación de Colombia decretó la captura de la señora Moreno Chavarría, en cumplimiento del artículo 509 de la Ley 906 de 2004, lo que indica que es legal la privación de la libertad. Empero, la Sala Unitaria estimó que el hábeas corpus procedía como mecanismo excepcional para evitar que se cause un perjuicio irremediable, pues no hay solicitud formal de extradición del Estado ecuatoriano y, por tanto, el proceso podría tardar 6 meses, aproximadamente, tiempo que se ve desproporcionado frente a delitos culposos, y que, en todo caso, por regla general, pueden juzgarse en libertad. Es más, según la providencia del 10 de febrero, existe duda razonable de si el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito está amparado por el Acuerdo Sobre Extradición (Congreso Bolivariano de Caracas), suscrito el 18 de julio de 1911, esto es, antes de la vigencia Constitución Política colombiana de 1991. Adicionalmente, se concluyó que la señora se encuentra en estado de indefensión, generado por el temor que dice sentir de no ser juzgada imparcialmente por el Estado ecuatoriano, por cuanto la muerte en el accidente de tránsito ocurrió en un pariente de un alto dignatario de ese Estado. Todo eso obligó a la Sala Unitaria a dictar una providencia con enfoque y perspectiva de género para proteger no solo el derecho a libertad personal, sino el derecho al debido proceso (que incluye la garantía del juez imparcial) de una mujer que se declara en estado de indefensión. Finalmente, la providencia del 10 de febrero exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que intervenga diligentemente en el trámite de extradición e indague sobre la situación que denuncia la señora Moreno Chavarría. ver
    2017-02-17 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-15 CONSEJO DE ESTADO INTERVIENE EN DEBATE SOBRE JEP En su intervención ante la Comisión Primera del Senado de la República, el Consejo de Estado señaló qué tipo de ajustes y precisiones debe contener la reforma constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a fin de que su aplicación no riña con los pilares del derecho internacional, convencional, constitucional y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tras recordar que la corporación es partidaria de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) haga parte de la estructura constitucional de la Rama Judicial, subrayó que su funcionamiento no puede mermar ni desconocer la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (JCA) frente al control de legalidad de las instituciones y el juzgamiento de responsabilidad de agentes del Estado por la producción de daño antijurídico. A juicio del alto tribunal, ese esquema de justicia transicional “no puede sustituir al juez contencioso”, dado que “la JEP es para el juzgamiento de personas y no del Estado”. Añadió que si bien ve en la tutela contra las decisiones de la JEP una salida a los llamados “choques de trenes” que pudieren originarse por el funcionamiento paralelo de otros órganos jurisdiccionales alternos a los creados por la Constitución de 1991, deben precisarse los casos en los que esta procede. Para el órgano jurisdiccional, esa misma fórmula debería poner fin a las posiciones encontradas que en ocasiones adoptan las altas cortes. Lo mismo opina el Consejo de Estado frente a la extinción de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, que juzga de inconstitucional en tanto afecta el deber del Estado de reparar el daño causado por su accionar y el principio de reparación integral. Para esta alta corte, la claridad en torno a las incidencias de la absolución o condena de los agentes del Estado es un asunto de la mayor trascendencia frente a los compromisos de verdad justicia y reparación. En su sentir, estos principios se deben aplicar, “garantizando en todo caso la inmutabilidad e independencia de las sentencias de la JCA al desligar la responsabilidad del Estado de la de sus agentes “. A juicio de la máxima instancia contenciosa, la escogencia de los responsables del funcionamiento de la JEP debe seguir los principios adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1985, que persiguen los principios de “independencia, imparcialidad y autonomía”. De ahí que se sugiera examinar la trayectoria profesional y preparación académica de los aspirantes a magistrados y fiscales y que se aconseje incluir como criterio definitorio y preponderante la perspectiva de género. La corporación resaltó que el enfoque de género debe tener una operatividad transversal en el funcionamiento de la JEP, a fin de que se ubique a la mujer como un sujeto especialmente violentado y martirizado a lo largo del conflicto, que, por lo mismo, merece un reconocimiento privilegiado, que le permita acceder a un enfoque diferencial de justicia y a la participación activa en la selección y operación del sistema de justicia transicional.
    2017-02-15 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-15 ACLARAN APLICACIÓN DE LEY SOBRE EDAD DE RETIRO FORZOSO El Consejo de Estado conceptuó que quienes cumplieron los 65 años de edad antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 no podrán permanecer en sus cargos, pese a que la edad de retiro forzoso fue extendida hasta los 70 años de edad por dicha Ley. El pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelve una solicitud del Ministerio de Justicia que le pidió a la Corporación conceptuar sobre la aplicación de la Ley 1821 en cuanto a la situación de las personas que alcanzaron la edad de retiro forzoso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, pero que, por diferentes razones, continúan ejerciendo funciones públicas. Además, también preguntó por la aplicación de ese mandato al caso de los notarios públicos. Según el concepto, los efectos de esta Ley son inmediatos y no retroactivos, por lo que no podrán permanecer en sus cargos, hasta cumplir los 70 años de edad, las personas que cumplieron 65 años antes del 30 de diciembre de 2016, fecha de la entrada en vigencia de la nueva norma. “Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio de las funciones públicas dentro del plazo y en las condiciones que establecían (o establecen) las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean aplicables, sin desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional para amparar los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras que requieren protección en condiciones especiales”, indica el concepto. Frente al tema de los notarios públicos, la Sala de Consulta señaló que, a partir de la vigencia de la Ley 1821 de 2016, también ellos quedan sujetos a la nueva edad de retiro forzoso, por lo que no se genera vacancia en la notaría cuando su titular llega a los 65 años, ni están obligados a retirarse del cargo antes de cumplir la nueva edad de retiro forzoso. Sin embargo, la Sala es enfática en afirmar que no pueden permanecer voluntariamente en sus cargos los notarios que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 cumplieron la edad de 65 años, pero continúan ejerciendo sus funciones por razones de necesidades del servicio hasta la posesión de su reemplazo. ver
    2017-02-14 ELIGEN A HERNANDO SÁNCHEZ COMO NUEVO MAGISTRADO DEL C E La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Hernando Sánchez Sánchez como nuevo magistrado de la Sección Primera, en remplazo de la doctora María Claudia Rojas Lasso, quien terminó su periodo constitucional el año pasado. El doctor Sánchez es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Internacional Privado y Derecho Comunitario de la Universidad de París Pantheon Assas. También tiene una maestría en Derecho Comparado de la misma universidad en Francia. Se ha desempeñado como conjuez de la Sección Primera del Consejo de Estado, árbitro especializado de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, asesor del Ministerio de Ambiente y árbitro y conciliador de la Cámara de Comercio de Bogotá. También ha sido docente de la Universidad del Rosario. Entre sus publicaciones se destacan “Derecho Internacional Contemporáneo”, “Código de Derecho Internacional Ambiental”, “Código de Derecho Penal Internacional” y “Código de Derecho Internacional Público”.
    2017-02-13 CONDENAN AL INVÍAS POR ACCIDENTE EN CARRETERA El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) a pagarle más de 2.400 millones de pesos a los familiares de siete personas que murieron por la caída de un árbol en la vía que de Chinchiná conduce a Manizales (Caldas). Los hechos materia del proceso ocurrieron el 12 de junio del 2002, cuando un árbol de al menos 25 metros de altura cayó sobre la vía, en el sector El Pescador, provocando el aplastamiento de un vehículo público y otro particular que transitaban por el lugar. La caída del árbol provocó la muerte instantánea de seis personas y la de una séptima víctima ocho días más tarde, lo que llevó a todos los grupos familiares afectados a acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en procura de una indemnización que resarciera el daño moral y material causado por la pérdida de sus seres queridos. El Consejo de Estado concluyó que el Instituto Nacional de Vías (Invías) era el responsable de reparar las afectaciones causadas en el seno de estos siete hogares, dado que la contratista encargada de prever y evitar accidentes causados por la presencia peligrosa de árboles en el lugar no tomó medidas a tiempo para impedir el lamentable accidente. Estudios periciales aportados al proceso demostraron que era frecuente la ocurrencia de derrumbes y la caída de árboles en ese mismo paraje; de ahí que el Invías hubiere contratado a un particular que se ocupara de tomar las medidas a las que hubiera lugar para mantener la vía segura. Así, dado que era previsible este desenlace y no se tomaron los correctivos necesarios, el Consejo de Estado consideró probado el daño antijurídico a título de falla en el servicio y ordenó reparar económicamente a las familias de las siete personas fallecidas. ver
    2017-02-09 MANTIENEN ELECCIÓN DE REPRESENTANTES A LA CÁMARA La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad del acto de elección de los representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional Ana Paola Agudelo García y Jaime Buenahora Febres para el periodo 2014-2018. Según el demandante, en el proceso de elección de los hoy legisladores se registró trashumancia internacional, suplantación e irregularidades en un formulario electoral y en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral, entre otros equívocos. Al analizar el cargo de suplantación, se probó que, de 1.420 cédulas de ciudadanía censuradas por el accionante, 1.245 corresponden a votos fraudulentos. Sin embargo, sumado este guarismo al de afectación por trashumancia (521), su total descontado conforme a la distribución porcentual no tiene la virtualidad de variar el resultado porque sigue existiendo una diferencia de 808 votos entre el candidato elegido por el Partido de la U (Jaime Buenahora Febres) y quien le siguió en votación (Zoilo César Nieto Díaz). Por otro lado, la Sala encontró que de los titulares de los 2.648 números de cédulas demandados por el cargo de trashumancia, 2.127 no son trashumantes, mientras que los 521 restantes sí lo son. Los primeros, por cuanto no se les desvirtuó la presunción de residencia electoral y los segundos, por tratarse de personas que no hicieron parte del censo de ciudadanos en el extranjero conformado para las elecciones del 2014. En últimas, si bien la Sala, a partir de los cargos de suplantación y trashumancia planteados por el actor, encontró evidenciadas de algunas irregularidades en el proceso, estas, en su conjunto, no tuvieron el potencial de afectar el resultado definitivo de la elección, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda y se mantuvo en firme la elección como representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional de los ciudadanos Ana Paola Agudelo García y Jaime Buenahora Febres. Los consejeros Rocío Araújo Oñate y Carlos Enrique Moreno Rubio aclararon su voto respecto de algunas de las consideraciones plasmadas en el fallo.
    2017-02-07 RATIFICAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE CONGRESISTA La Sección Primera del Consejo de Estado denegó las pretensiones invocadas en una acción de tutela por medio de la cual el ciudadano Moisés Orozco pretendía recuperar su condición de representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Afrodescendientes para el período 2014 – 2018. Lo hizo a través de un fallo proyectado por el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, en el cual se establece que la decisión de la Sección Quinta de dejar sin efectos su elección como parlamentario en ningún momento desconoció sus derechos políticos, ni otras garantías fundamentales como la igualdad y el trabajo. La elección de Orozco como legislador fue declarada nula, luego de que la sala electoral de la máxima instancia contenciosa estableciera que el aval que le otorgó la Fundación Ébano de Colombia (Funeco) tuvo lugar en un momento en el que se había visto afectada la vigencia de la inscripción de esa organización ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Dado que el reconocimiento legal de Funeco como comunidad de base no tenía aplicabilidad cuando el congresista recibió dicho aval, la Sección Quinta declaró nula su elección. Uno de los argumentos del tutelante se fundaba en que dicha comunidad había recuperado el reconocimiento legal como organización de base gracias a una acción de tutela fallada por la Corte Constitucional en el año 2014. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado encontró que esa providencia es posterior a la fecha en la cual Funeco le otorgó el aval y, dado que los efectos de la sentencia son a futuro, no puede pretenderse que el pronunciamiento del tribunal constitucional validara su condición de candidato por la Circunscripción Especial Afrodescendiente. ver
    2017-02-07 DENUNCIAN POSIBLE USO INDEBIDO DE DINEROS EN CUENTA DEL C E El Consejo de Estado, por conducto del presidente de la Sección Tercera Jaime Orlando Santofimio Gamboa, denunció ante la Fiscalía General de la Nación irregularidades en el manejo de una cuenta de ahorros del Banco Agrario, que está a cargo de la Secretaría de dicha sección. Según la denuncia, se detectó que la entidad financiera autorizó, entre el 2015 y el 2016, el débito de los dineros depositados por concepto de tres embargos, que suman más de 71 millones de pesos. Los dineros depositados en dicha cuenta de ahorros tienen como destinación específica atender los gastos de los procesos que conoce la Sección Tercera del Consejo de Estado. Aparentemente, el hecho obedece a que autoridades judiciales habrían ordenado el embargo de la cuenta de ahorros para cobrar títulos judiciales, ignorando que las cuentas de títulos judiciales son independientes a las de ahorros. Para la corporación, podría haberse configurado un uso indebido de los bienes estatales o una omisión en el cumplimiento de funciones públicas que conllevaría al posible extravío, pérdida o daños de bienes del Estado que tengan un uso específico. El Consejo de Estado también considera que podría tratarse de decisiones sin justificación legal o del abuso por parte del Banco, que aplica indiscriminadamente el embargo judicial. Por último, los hechos denunciados también podrían equivaler a una posible apropiación o retención de bienes del Estado en beneficio propio o de un tercero, por lo que la corporación pide la urgente intervención de la Fiscalía General de la Nación.
    2017-02-06 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-01 SUSPENDEN MODIFICACIONES AL CGP El magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés ordenó suspender provisionalmente la aplicación de ocho artículos del Decreto 1736 del 2012, por medio del cual el Gobierno Nacional corrigió el mismo número de apartes normativos del Código General del Proceso. Ello significa que los cambios a normas relativas a la competencia de los jueces civiles municipales por presuntas violaciones a los derechos del consumidor, así como la referente a la reanudación de los procesos suspendidos por prejudicialidad, el desistimiento tácito de las partes interesadas en un litigio o la relacionada con el interés para recurrir en las acciones de contenido económico dejarán de tener efectos temporalmente. Lo anterior, en virtud a una demanda que interpuso el abogado Ramiro Bejarano contra varios apartes del mencionado decreto, por medio del cual se pretendió corregir algunos equívocos de forma del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), que fue sancionado ese mismo año. Para el despacho, si bien el Gobierno tiene la potestad de corregir los errores tipográficos o caligráficos presentes en las leyes expedidas por el Congreso (por aplicación del artículo 45 de la Ley 4ª de 1913), no puede utilizar dicha facultad para modificarlas sustancialmente, como lo hizo frente a algunas de las disposiciones demandadas. Así las cosas, se decretó la suspensión provisional de los artículos 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16 y 18 del acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional, mientras se resuelve de fondo el caso. ver
    2017-01-31 ELIGEN NUEVO PRESIDENTE DEL C E La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Jorge Octavio Ramírez Ramírez, magistrado de la Sección Cuarta, como nuevo presidente de la Corporación, en remplazo del doctor Danilo Rojas Betancourth. El doctor Ramírez Ramírez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la misma institución y magister en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Durante el ejercicio de su profesión ha desempeñado varios cargos como juez promiscuo municipal, abogado litigante, coordinador de procesos judiciales en las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia durante más de 25 años. Además es docente en diferentes universidades del país.
    2017-01-30 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2017-01-20 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL CESAR La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del Gobernador del departamento del Cesar por el Partido de La U, Francisco Fernando Ovalle Angarita, al desvirtuar las acusaciones que lo señalaban de haber incurrido en doble militancia La Sala Electoral, por unanimidad y tras haber sido derrotada la ponencia de la doctora Rocío Araújo Oñate, consideró que no está probada la doble militancia, teniendo en cuenta las pruebas arrimadas al proceso y especialmente el análisis detenido de los estatutos del Partido Cambio Radical. La demanda se fundamentaba en una inexistente doble militancia por varios motivos: en primer lugar, la labor desarrollada en su condición de coordinador de dicha colectividad en el departamento del Cesar del hoy gobernador Ovalle Angarita. Sin embargo, en concepto de la Sala, la coordinación no puede homologarse con un cargo de dirección, por lo que el señalamiento no prosperó. Además, los accionantes aseguraron que había sido precandidato a la Alcaldía de Valledupar por Cambio Radical, no obstante que las pruebas permitieron establecer que este partido no adelantó ningún proceso de consulta para definir su candidatura al cargo de burgomaestre en la capital del Cesar. Finalmente, los demandantes trataron de fundamentar la supuesta doble militancia en que el funcionario había sido elegido gobernador en representación de La U pese a haber sido militante activo de Cambio Radical, pero en desarrollo del proceso la Sala Electoral encontró que el señor Ovalle Angarita había renunciado oportunamente a su militancia en dicho partido.
    2017-01-18 ORDENAN INDEMNIZAR A COMERCIANTE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 575 millones pesos por haber privado injustamente de su libertad a un comerciante que fue capturado en una operación policial que buscaba desmantelar a un grupo narcotraficante al que el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) le seguía los pasos desde 1999. Este hombre fue una de las 14 personas capturadas por la Policía en la llamada ‘Operación Nevado’, que permitió el desmantelamiento de una banda que enviaba cocaína a los Estados Unidos y que tenía enlaces en Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia) y Bogotá, gracias a la información suministrada por la DEA. El comerciante permaneció detenido entre los años 2001 y 2002, luego de que las autoridades interceptaran una conversación telefónica que este mantuvo con una de las personas aparentemente implicadas en estas operaciones de tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos. Varios meses después de que el accionante hubiera sido recluido en la cárcel, la Fiscalía precluyó la investigación y lo dejó en libertad, archivando el caso a su favor, al concluir que los diálogos entre estas dos personas no probaban en modo alguno la relación del comerciante con las actividades ilícitas cometidas en territorio norteamericano y por las cuales su interlocutor también estaba siendo investigado. Tras haber salido de prisión, este ciudadano interpuso una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y ahora el Consejo de Estado -como órgano de cierre- accedieron a sus pretensiones y ordenaron a la Nación – Rama Judicial indemnizar al demandante y a sus familiares. ver
    2017-01-17 LÍMITES EN ESQUEMAS DE SEGURIDAD El Consejo de Estado indicó que retirar el auxilio de transporte a personas que cuentan con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no pone en riesgo su vida ni su integridad. Ello a raíz de una acción de tutela por medio de la cual una víctima del conflicto armado y activista de los derechos de la comunidad LGBTI buscaba que la UNP le asignara un vehículo para su protección en remplazo del auxilio de transporte que se le había quitado. Con ponencia del magistrado Hugo Bastidas Bárcenas, la máxima instancia de lo contencioso administrativo negó la tutela por considerar que la decisión de la entidad demandada de retirarle el auxilio de transporte no era caprichosa y que tampoco lo ponía en riesgo, como él trataba de sustentarlo. El Consejo de Estado explicó que la determinación de la UNP obedeció a un cambio en la reglamentación de los esquemas, el cual eliminó este auxilio de transporte para todos los que enfrentan el mismo nivel de riesgo del actor. Además, según la corporación, el simple retiro de la medida no genera la vulnerabilidad que pretende poner en evidencia el tutelante, pues este cuenta con otras medidas de seguridad, como un medio de comunicación, un chaleco blindado y un hombre de protección. Finalmente, la providencia indica que si la inconformidad de la persona protegida va dirigida exclusivamente a la eliminación del auxilio de transporte como medida de protección, este cuenta con mecanismos como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ver
    2017-01-13 PROTEGEN DERECHO A CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD WAYÚU El Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada a la sociedad Carbones del Cerrejón Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en Albania, Guajira, y ordenó al Gobierno Nacional y a la empresa adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayúu La Horqueta 2. En consecuencia, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa minera deberán concertar con el grupo indígena antes seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento del Caribe. La sociedad Carbones del Cerrejón Limited había obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego de que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior estableciera que, según visitas en terreno y material fílmico y de audio, el desvío del cauce del arroyo no afectaría a la comunidad aborigen que interpuso la acción de tutela, por lo que no era necesaria la consulta. Sin embargo, en mayo del 2016 una acción de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de la Guajira ordenó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de dicha autorización, hasta que no se revisara nuevamente y de manera exhaustiva la probable afectación de los derechos de la comunidad La Horqueta 2. Tanto el tutelante como los accionados impugnaron la decisión, lo que llevó al Consejo de Estado a pronunciarse. Así las cosas, la Sección Cuarta de la corporación estableció que no solo era necesario ratificar la suspensión de los efectos jurídicos de la licencia ambiental, sino que además ordenó adelantar el proceso de consulta previa, al encontrar probado que los aborígenes sí se verían eventualmente afectados por el desvío del cauce del arroyo Bruno. Para la Sala, la posible afectación de los intereses de esta comunidad Wayúu no podían descartarse por el simple hecho de que esta esta se encontrara asentada fuera del área de influencia del proyecto. A juicio de la corporación, las autoridades y empresa demandas debieron valorar el posible impacto de acuerdo al significado ancestral de los terrenos en controversia, la contaminación ambiental que genera la explotación de carbón a cielo abierto y la crisis que vive La Guajira por falta de agua. ver
    2016-12-19 ADMITEN DEMANDA CONTRA PLEBISCITO POR LA PAZ La Sección Quinta del Consejo de Estado, estableció que el hecho de que ganara el NO en el plebiscito “Para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” fue el producto de la violencia por engaño a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña. Mediante auto de ponente, la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, admitió la demanda de nulidad electoral y decretó medidas cautelares de urgencia: ordenó al Congreso de la República y al Presidente de la República, “Avanzar con la implementación del actual “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” disponiendo para ello –aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (Fast Track) (…)”. Adicionalmente exhortó “a la Corte Constitucional para que priorice la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016 y en especial sobre el artículo 5° de dicha preceptiva.” La Consejera estudió cada uno de los hechos que precedieron dicha jornada electoral y algunos conocidos con posterioridad, y dio pleno valor probatorio a la entrevista dada al diario la República por el señor Juan Carlos Vélez Uribe, en su condición de Gerente de la Campaña del NO del Centro Democrático, en la que dio cuenta de cómo crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engaño contra el electorado, lo que produjo el resultado conocido. ver
    2016-12-16 DECLARAN INCONSTITUCIONAL PREGUNTA PARA CONSULTA POPULAR Por “carecer de neutralidad y lesionar la libertad del votante”, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó revocar el aval dado a la pregunta con la que se pretendía consultar a los ciudadanos de Cajamarca – Tolima, sobre la continuidad de la actividad minera en la región. El texto de la pregunta que había sido avalado constitucionalmente por el Tribunal Administrativo del Tolima, en concepto de la Sala de Sección, “resulta manifiestamente caprichosa y sugestiva”. El texto señalaba ¿Está usted de acuerdo SI o NO con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio, con motivos de proyectos de naturaleza minera? La Sala, al amparar el derecho al debido proceso de la ciudadanía en general y en particular de los interesados en la actividad minera, consideró que la interpretación dada por el Tribunal al avalar dicho texto “(…) es inconstitucional, toda vez que desconoce la importancia de garantizar la neutralidad de las preguntas de los mecanismos de participación ciudadana, por cuanto, en los términos expuestos por la Corte Constitucional, la falta de neutralidad lesiona la libertad del votante”. Recordó que dicha Corporación “construyó unas subreglas” que permiten formular preguntas para los referendos y consultas populares para garantizar el principio de libertad del votante, excluir notas introductorias que induzcan a una respuesta y cumplir con la exigencia de lealtad. ver
    2016-12-15 VÍA LIBRE A CONSULTA MINERA EN IBAGUÉ El Consejo de Estado le dio vía libre a la consulta popular sobre asuntos mineros que pretende convocar el alcalde de Ibagué Guillermo Alfonso Jaramillo para que los ciudadanos expresen si están de acuerdo con la ejecución de proyectos mineros en ese municipio. Sin embargo, la Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, encontró problemas en la pregunta que inicialmente fue propuesta por el Alcalde: “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”. La Sala declaró inconstitucional la última parte de la pregunta (“que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio”) al encontrar que no cumple con los requisitos de claridad, imparcialidad y objetividad y determinó que la pregunta que puede someterse a consulta popular es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras? La decisión fue adoptada al resolver varias tutelas que interpusieron ciudadanos en contra del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima que había declarado constitucional la pregunta del Alcalde. El fallo señala que las consultas populares se enmarcan en el ámbito de las competencias de los municipios (autonomía política), es decir que el Alcalde de Ibagué puede promover dicha iniciativa popular, pero debe cumplir con el requisito de concertación con la Nación. ver
    2016-12-06 MILLONARIA CONDENA CONTRA LA NACIÓN POR SECUESTRO DE HOMBRE El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 1.300 millones de pesos a favor de un hombre que fue secuestrado por la guerrilla de las Farc, el 24 de febrero de 2004, en Neiva. Los hechos ocurrieron a la media noche de ese día, cuando varios hombres armados, vestidos con prendas militares, llegaron a los puestos de vigilancia del edificio Altos de Manzanillo y del condominio Casa Blanca para realizar un supuesto allanamiento, pero los porteros no autorizaron su ingreso, lo cual hizo que los guerrilleros utilizaran explosivos para abrir las cerraduras. Posteriormente, con lista en mano, sacaron a tres personas que vivían en el lugar y las secuestraron. El demandante en este caso, y una de las víctimas, permaneció en cautiverio cerca de 18 meses en condiciones infrahumanas, hasta que el 26 de agosto de 2005 fue liberado luego de haber llegado a un acuerdo económico para obtener su rescate entre sus familiares y la columna móvil “Teófilo Forero” de las Farc, por la suma de 400.000.000 de pesos. Según las pruebas aportadas al proceso, pocos días antes del secuestro, en los conjuntos residenciales donde ocurrieron los hechos se realizó una reunión con varios empresarios de la región y miembros de la fuerza pública en la que se informaba del riesgo de un nuevo secuestro masivo como el ocurrido en el año 2001, en el edificio Miraflores de Neiva, pese a lo cual no se adoptaron medidas eficaces para contrarrestarlo. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que el hecho de que la Nación hubiera conocido la situación de riesgo en que se encontraban los habitantes de esa zona residencial, imponía a la fuerza pública el deber de garantizar su seguridad, pero las medidas que se adoptaron, como la realización de patrullajes esporádicos en motocicleta, resultaron insuficientes frente a la gravedad de la amenaza. ver
    2016-12-06 NIEGAN INDEMNIZACIÓN A PADRASTRO DE VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL El Consejo de Estado le ordenó a la Fiscalía adoptar un protocolo unificado de entrevistas para recibir los testimonios de niños y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de agresión o abuso sexual. Así mismo, de manera gradual y progresiva, el organismo investigador deberá implementar en todas sus direcciones seccionales la cámara de Gessel, un lugar acondicionado especialmente para recibir los testimonios de menores de edad que han sido blanco de ese tipo de abusos. La decisión fue adoptada a propósito de la determinación del Consejo de Estado de revocar una condena que le impuso el Tribunal Administrativo del Cesar a la Nación por la privación injusta de la libertad de un hombre que había sido procesado judicialmente por el acceso carnal abusivo de una menor de 13 años de edad. El hombre fue detenido el 13 de agosto del 2005 en El Copey (Cesar), luego de que la tía de la niña denunciara los hechos. Pese a haber permanecido preso durante un año y dos meses, un juez penal de Valledupar lo absolvió debido a que el organismo acusador no logró desvirtuar su presunción de inocencia. Si bien el hombre admitió que incurrió en la práctica de otro tipo de actos (como besos y caricias) de tipo erótico con su hijastra, bajo la justificación que la menor lo buscaba ‘para divertirse’”, el juez no encontró pruebas suficientes para condenarlo. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, determinó que aun cuando la Fiscalía no probó la responsabilidad penal de este hombre, su detención no puede dar lugar a una reparación económica, pues “actuó sin atender, proteger y preservar la libertad sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la niña, incluso si dichos actos hubieran sido consentidos por ella”. ver
    2016-12-05 CONDENAN A LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía por la privación injusta de la libertad que sufrió un ciudadano que terminó siendo sindicado de pertenecer a una banda de asaltantes, tras haberle prestado su vehículo a uno de sus vecinos, sin saber que este hacía parte del grupo delincuencial. Según la Sección Tercera del alto tribunal, las entidades demandadas deberán cancelarle a la víctima y a sus familiares más de 423 millones de pesos como reparación del daño causado al accionante, quien permaneció preso por más de dos años, señalado de cometer un hurto del cual no era responsable. El demandante había sido detenido en 1990, cuando las autoridades presumían su complicidad en un atraco ocurrido días antes en Albán, Cundinamarca., pues los asaltantes cometieron el ilícito utilizando un vehículo de su propiedad. El ciudadano que interpuso la acción logró demostrar que había sido asaltado en su buena fe por un vecino, a quien le había cedido temporalmente el uso de su vehículo para que transportara a unos empleados de Ecopetrol, sin siquiera sospechar que este se dedicaba a actividades delincuenciales y mucho menos que utilizaría el carro para cometer el asalto. Con ponencia de la consejera Stella Conto Díaz del Castillo, la Sección Tercera revocó la determinación y condenó a las entidades accionadas, al concluir que la víctima no tenía por qué presumir la mala fe de su vecino. “(…) Detrás de la premisa de que los particulares deben asegurar que las personas con quienes contratan no han de delinquir, yace la asunción de que las personas habitualmente obran de mala fe (…) Por ello no es de extrañar que aquellos Estados en los que los ciudadanos están constantemente llamados a vigilar a sus conciudadanos, sean, justamente, de carácter totalitario”, dice la providencia. ver
    2016-12-02 MEDIDAS PARA QUE SE RECONOZCAN CESANTÍAS A DOCENTES El Consejo de Estado le hizo un llamado de atención a la ministra de Educación Nacional, al director del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al gerente de la Fiduprevisora S.A. para que adopten los correctivos necesarios frente a las irregularidades que se vienen presentando en el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes estatales. El alto tribunal recordó que los titulares de estas entidades, como sujetos garantes del pago de las prestaciones sociales de los educadores, deben identificar las causas que originan el incumplimiento de los plazos previstos en las normas que regulan el reconocimiento de las cesantías de los docentes, y elaborar un plan de mejoramiento, con el fin de evitar las millonarias sanciones por mora. El pronunciamiento fue hecho por la Sección Segunda en un fallo que le ordena al Ministerio de Educación Nacional y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de la sanción moratoria, a un docente de Pereira, debido a que estas entidades no cumplieron la ley que establece unos plazos para el reconocimiento de las cesantías. El magistrado William Hernández, ponente de la decisión, también ordenó compulsar copias del expediente a la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que investiguen, dentro de su competencia, las posibles conductas disciplinarias, de detrimento patrimonial o fiscal y penales, en las que pudieron incurrir los funcionarios del Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación de Pereira, por el incumplimiento en el pago oportuno de las cesantías a dicho profesor de la capital de Risaralda, que para este caso asciende aproximadamente a más de 32 millones de pesos. “El envío de copias encuentra fundamento en las innumerables y reiterativas condenas proferidas por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos del país, en casos análogos al presente, en los cuales se ha condenado a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por la sanción moratoria debido al pago extemporáneo de las cesantías parciales o definitivas de los docentes estatales”, indica la sentencia. ver
    2016-12-01 CONDENAN A EMPRESA POR ACCIDENTE DE MENOR El Consejo de Estado condenó a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. por el accidente que sufrió un menor de 7 años de edad cuando jugaba fútbol en un parque de Popayán, el 14 de julio de 2001. El niño se encontraba en la cancha del barrio Tomás Cipriano de Mosquera cuando un tubo de concreto rodó sobre el pequeño. Este elemento era utilizado por la empresa para la construcción de un tramo del alcantarillado en esa zona. En su defensa la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. sostuvo que los tubos de cemento no se habían abandonado, sino que eran utilizados para la ejecución de la obra que beneficiaría a la comunidad, por lo que estaba obligada a soportar la incomodidad mientras esta se terminaba. Además señaló que el padre tiene responsabilidad en los hechos por no ejercer la vigilancia debida sobre el menor. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, estudió el caso y encontró que era obligación de la empresa procurar que los materiales de construcción no crearan un riesgo para los moradores de la zona y en particular para los niños que frecuentaban la cancha. “Tal como señaló la parte demandada, los moradores de la zona se beneficiarían con el mantenimiento de la tubería pluvial, mejorándose su calidad de vida…, pero de eso no se sigue que el menor, sus padres y hermanos tengan que soportar un daño evitable, pues las lesiones del menor nada tenían que ver con la realización de la obra”, indica la sentencia. La Sala también señaló que ninguna responsabilidad le cabe al padre, pues estaban en un lugar apropiado para el menor, compartiendo una actividad que no representaba ningún peligro, por lo que no tenía la obligación de suponer que los elementos dejados atentaban contra la seguridad de su hijo. ver
    2016-11-29 ANULAN LAUDO QUE IMPONÍA MILLONARIA CONDENA A LA ETB El Consejo de Estado anuló un laudo arbitral que obligaba a la ETB a pagarle a Comcel S. A. más de 54.400 millones de pesos por cargos de interconexión derivados de la operación del servicio de llamadas de larga distancia. Para la Sección Tercera, el tribunal de arbitramento que emitió la condena el 21 de octubre del 2014 no tenía competencia para decidir el asunto, ya que la autoridad investida para resolver esta controversia era la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Según la providencia, la autoridad arbitral responsable de la decisión no aplicó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina según la cual la competencia para resolver todos los diferendos en los que se pregone violación a principios de cargos por interconexión o libre competencia recae exclusiva y excluyentemente sobre la autoridad nacional encargada de vigilar el área de las telecomunicaciones. Así las cosas, dado que la Ley le otorga a la CRC dichas atribuciones es ese organismo el que debe decidir si ETB debe cancelar o no la supuesta diferencia entre los valores que canceló por interconexión y lo que, según Comcel S. A., ha debido pagarle. ver
    2016-11-29 CONGRESO DE LA REPÚBLICA PUEDE REFRENDAR NUEVO ACUERDO DE PAZ La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que el Congreso de la República puede refrendar el nuevo “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que fue suscrito por el Gobierno Nacional y las Farc, el pasado 24 de noviembre de 2016. En respuesta a una consulta elevada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, organismo que preguntó si el Congreso de la República tenía la competencia para refrendar el nuevo Acuerdo de Paz, la Sala de Consulta, con ponencia del magistrado Germán Bula Escobar, señaló que desde el punto de vista de la naturaleza, fines y alcance del control político que el Congreso de la República ejerce sobre el Gobierno Nacional, resulta conforme con la Constitución y con la ley orgánica del reglamento del Congreso que ese cuerpo legislativo pueda hacer una manifestación política, a título de refrendación, de los acuerdos de paz suscritos por el Presidente de la República. “De acuerdo con el artículo 133 C.P. –que consagra la representación popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de elección directa- y en ejercicio de la función constitucional de control político, la refrendación por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la política al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la acción pública y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimación democrática posible, producto de la seria discusión y deliberación acerca de los problemas cuya solución reclama con insistencia la sociedad, por manera que las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base sólida de estabilidad política”, indica el concepto. La Sala subrayó que la paz es derecho, deber y fin constitucional esencial, que vincula a todos los órganos del Estado, por lo que “no cabe una visión reduccionista” de la legitimidad democrática del Congreso de la República y de sus funciones de control político, que lleve a negar la posibilidad de refrendación de los acuerdos de paz a través de ese cuerpo de representación popular. Agrega el concepto que la refrendación es diferente a la implementación del Acuerdo Final, razón por la cual las reformas constitucionales y legales que este último demande deberán agotar los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para el efecto. ver
    2016-11-28 ORDENAN INDEMNIZAR A PACIENTE QUE PERDIÓ UN OJO El municipio de Itagüí (Antioquia) fue condenado a pagarle más de 381 millones de pesos a la familia de un paciente que perdió el ojo derecho cuando tenía 7 años de edad, luego de haberse sometido a un tratamiento médico que se inició de manera tardía. Con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, la Sección Tercera consideró probada la responsabilidad estatal por falla médica, teniendo en cuenta que el galeno que atendió a la víctima le ordenó volver a casa para tratar el caso al día siguiente. Los hechos materia de esta condena tuvieron lugar el 18 de junio de 1997, cuando en el servicio de urgencias del Hospital Santamaría de Itagüí (Antioquia) se reportó el caso de este menor, quien reclamaba la atención por haberse clavado la aguja de una jeringa en su ojo derecho. El médico que conoció de la emergencia indicó que el paciente debía trasladarse nuevamente a su casa para retornar al día siguiente. 24 horas después, lo remitió al especialista en oftalmología, quien se percató de la presencia de una infección en el ojo del niño que, casi un mes después, sufrió la pérdida de su órgano visual derecho. El Consejo de Estado concluyó que aunque no se pueda probar que de haberse iniciado el tratamiento de manera más temprana el paciente no hubiese perdido el ojo, procede declarar la falla médica, pues la accionada incurrió en una omisión al no haber remitido al paciente inmediatamente al especialista. A juicio de la corporación, está probado el daño, independientemente de que la decisión del médico tratante de no atender el caso de inmediato haya sido la que ocasionó o no el triste desenlace. Según la Sala, se trata de una nueva perspectiva respecto a este tipo de conductas, pues no es necesario probar el nexo causal “entre el daño y el hecho dañino como presupuesto del juicio de responsabilidad para que la víctima pueda acceder al débito resarcitorio”. ver
    2016-11-28 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas (Vea el resumen de decisiones de las salas del 17 y 24 de noviembre). En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-11-28 CARENCIA DE OBJETO EN DEMANDA CONTRA RESULTADOS DEL PLEBISCITO El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado Alberto Yepes Barreiro terminó anticipadamente el proceso de nulidad electoral que se inició contra el acto electoral que declaró los resultados del plebiscito que buscaba refrendar el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, por carencia actual de objeto. En la providencia se indica que, ante la suscripción de un nuevo acuerdo político con las FARC EP para la terminación del conflicto armado, era inocuo examinar la legalidad del acto por medio del cual se declaró el resultado de los comicios. El pronunciamiento obedece a una demanda que interpuso el ciudadano Hermann Garrido contra el acto electoral que declaró el resultado del plebiscito del 2 de octubre. A juicio del accionante, ese acto era nulo, porque, según él, gran parte de los votantes de la Región Caribe no pudieron ejercer su derecho al voto en razón al impacto que tuvo el huracán Matthew en dicha zona. Según la providencia, es un hecho notorio que el pasado 24 de noviembre se produjo la firma de un nuevo acuerdo, lo que genera que los resultados del mecanismo de refrendación del anterior pacto celebrado entre la insurgencia y el Gobierno carezcan de interés judicial. “Lo anterior implica, que los resultados de la votación del plebiscito que se cuestionan, son respecto de un texto anterior, que fue modificado y, por este motivo, las decisiones que sobre ese inicial acuerdo se adoptaron, han perdido su fuerza ejecutoria, hecho que torna en innecesario adelantar este proceso, por carencia actual de objeto”, dice la providencia. ver
    2016-11-23 ESTUDIAN SI ANTV CUMPLIÓ CONDICIONES PARA LICITACIÓN DE TV El Consejo de Estado admitió en el efecto suspensivo la apelación de un Auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaraba cumplida una sentencia de la primera Corporación. En mayo de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que las órdenes dadas por el Consejo de Estado en el 2014 al resolver una acción popular que le hizo un llamado de atención a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para adjudicar un tercer canal de televisión, habían sido cumplidas por esta última. En esa decisión del 2014, el Consejo de Estado señaló que la ANTV debía abstenerse de adelantar licitaciones para la concesión de nuevos canales de operación privada hasta que no se expidieran las normas que regulen el acceso al mercado y la prestación del servicio en condiciones de libre competencia y de igualdad. Así mismo, se ordenó conformar un comité de vigilancia para verificar el cumplimiento de dicha sentencia integrado, entre otros, por un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el demandante, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la Procuraduría General de la Nación, Control Ciudadano TV y RedPaPaz, estas últimas entidades de carácter no gubernamental. Este año el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que ya se habían cumplido todas las órdenes del Consejo de Estado y expidió un Auto dando cuenta de ello. Sin embargo, uno de los integrantes de ese comité de verificación no estuvo de acuerdo con la decisión y apeló la misma pero el recurso fue rechazado por ese tribunal. El demandante entonces presentó una queja ante el Consejo de Estado manifestando su desacuerdo. La magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, de la Sección Tercera, estudió el caso y decidió admitir la apelación en el efecto suspensivo al considerar que el recurso sí era procedente.
    2016-11-23 SUSPENDEN CONVOCATORIA A MAGISTRADO DE COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que reglamentaba la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, adoptó la decisión al resolver la solicitud de medida cautelar presentada por Germán Calderón España en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. La decisión se adoptó al estimar que “por disposición constitucional la regulación de la convocatoria para la conformación de ternas a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como su elección, corresponde al Congreso de la República. A su vez, la postulación de las ternas para elección de magistrados corresponde también, por disposición constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, que debe hacerlo de acuerdo con la regulación previamente expedida por el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 126 de la carta”. “Lo que aquí se aprecia es que el Consejo Superior de la Judicatura, sin que se hubiera expedido la ley a que se refiere el artículo 126, directamente expidió un reglamento para conformar la terna de candidatos a magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, indica el auto de la decisión.
    2016-11-22 CONDENAN A LA NACIÓN POR MUERTE DE TÉCNICO ELECTRICISTA El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a pagar más de 600 millones de pesos por la muerte de un hombre que fue presentado como guerrillero de las Farc por parte de la fuerza pública. El señor se desempeñaba como técnico electricista en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, pero se desplazaba a otros municipios cercanos con el fin de ofrecer sus servicios. El 17 de diciembre de 2007, la víctima salió de su casa con destino al corregimiento la Ventura, de Timba, Cauca, a donde debía ir para reparar unos electrodomésticos. En el camino, le prestó ayuda a un amigo que encontró varado en la vía, y los dos se dirigieron al lugar del servicio, donde pasaron la noche. Al día siguiente los hombres salieron a las 4 de la mañana del lugar donde habían dormido y minutos después fueron dados de baja. Según los informes militares, los señores eran guerrilleros de las Farc y murieron durante un enfrentamiento armado cuando miembros de la Compañía A del Batallón de Ingenieros N. 3 del Ejército Nacional, que realizaban un operativo en la zona, les ordenaron detenerse y ellos respondieron con fuego, lo que obligó a los militares a defenderse. La Sección Tercera estudió el caso y encontró que las declaraciones de los miembros que participaron en el operativo militar no permiten establecer que hubo un combate, además, no figura en el expediente prueba alguna que demuestre la manipulación de armas por parte de las víctimas o de su supuesta relación con grupos insurgentes y la escena de los hechos al parecer fue modificada. “La responsabilidad atribuida a la entidad demandada se concretó por falla en el servicio en virtud de la omisión e inactividad de la entidad demandada en el cumplimiento de los deberes positivos de protección de la dignidad humana, vida e integridad personal de la víctima, cuya primera manifestación se concreta en la garantía de protección y seguridad de las mismas como miembros de la población civil, especialmente por parte del Ejército Nacional, al haberse practicado sobre él su muerte de carácter ilegal y haciéndola parecer como una baja en combate,“ indica la sentencia. ver
    2016-11-21 ORDENAN PROTEGER A TESTIGOS DE CASO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Tras las noticias publicadas por diferentes medios de comunicación respecto al asesinato de un eventual testigo dentro del proceso de solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara por Guainía, Edgar Alexander Cipriano Moreno, el Consejo de Estado solicitó medidas de protección a favor de otros ciudadanos que se pretende sean llamados a declarar en ese caso. Por eso, la Sala Plena le pidió al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía adoptar medidas urgentes de protección, para prevenir que se repitan hechos como el padecido por el ciudadano Erwin Avellaneda Duarte, quien al parecer habría sido testigo del recibo de una coima por parte del parlamentario y quien fue hallado muerto a mediados de octubre. La decisión obedece al estudio de un recurso de súplica por medio del cual el demandante pretende que se revoque un auto que niega el requerimiento para llamar a declarar a cuatro personas, entre ellos Duarte Avellaneda, quienes habrían presenciado el momento en el que se produjeron hechos indiciarios de la materialización de la causal invocada como constitutiva de pérdida de investidura. La Sala recogió las versiones de distintos espacios de televisión y de prensa en los que se señala que el probable testigo fue asesinado cuatro meses después de haber grabado un video en el que, se afirma, se haría evidente la concreción de la conducta. Finalmente, se ordenó comunicar personalmente de esta determinación al ministro del Interior, al director General de la Policía Nacional, al director de la Unidad Nacional de Protección y a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las actuaciones pertinentes, de acuerdo a sus competencias.
    2016-11-18 ANULAN LAUDO QUE IMPONÍA MILLONARIA CONDENA A LA DIMAYOR El Consejo de Estado anuló un laudo arbitral por medio del cual la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) fue condenada a pagarle a Telmex y UNE casi 24.000 millones de pesos ($17.643.747.686 por concepto de la pena pecuniaria; $5.553.022.587; por intereses moratorios y $787.200.000 por costas) por supuestos incumplimientos en el contrato que celebró con esas firmas para la transmisión por televisión de los partidos del campeonato profesional de fútbol colombiano. Según la Sección Tercera, el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que dirimió la controversia, se equivocó al omitir su deber de elevar el caso a consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Bajo esa premisa, la corporación de lo contencioso administrativo dejó sin efectos la determinación y envió el caso nuevamente a la Cámara de Comercio de Bogotá que, en caso de convocar a un nuevo tribunal de arbitramento, debe someter el asunto al escrutinio de la mencionada autoridad de la Comunidad Andina de Naciones. Telmex y UNE-EPM habían convocado a los árbitros, luego de que la Dimayor le cediera los derechos de transmisión a DirecTV. El tribunal de arbitramento concluyó que el ente rector del campeonato colombiano de fútbol incumplió sus deberes contractuales por no otorgarles a Telmex y UNE-EPM la opción preferente que había pactado con dichas empresas. ver
    2016-11-15 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. Vea la tabla de resultados de las salas de los días 3 y 10 de noviembre. ver
    2016-11-09 ACTOS QUE ATENTEN CONTRA LAS MUJERES CONSTITUYEN VIOLACIÓN A LOS DH El Consejo de Estado concluyó que los actos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres constituyen una violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que permite que quienes hayan sido blanco de tales agresiones por parte de agentes estatales puedan constituirse en sujeto procesal dentro del respectivo proceso disciplinario. Bajo esa perspectiva, la Sección Primera del alto tribunal le ordenó a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección Nacional de la Policía reconocer como víctima de un presunto acto de violencia de género a una mujer que presentó una queja contra un uniformado, a quien señala de haber incurrido en actos obscenos que podrían atentar contra su integridad sexual. La Sección, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, indicó que aunque por regla general en el proceso disciplinario solo son parte el Ministerio Público, el investigado y su abogado, cuando la presunta falta constituye una violación al derecho internacional de los derechos humanos es posible que el quejoso que haya sido blanco de la actuación que se indaga, sea reconocido como parte, en ese caso como víctima. Este reconocimiento permite que mujeres que denuncien ser objeto de violencia de género ante las oficinas de control interno de las entidades y demás organismos disciplinarios no solo tengan la potestad de presentar la queja, entregar pruebas y controvertir una decisión adversa. Además de eso, tendrán derecho a pronunciarse sobre tales elementos de prueba y a ser notificadas personalmente de las decisiones que se tomen en el curso de la indagación. ver
    2016-11-09 POSTULAN CANDIDATOS A LA CORTE CONSTITUCIONAL La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a los abogados Martha Paz, Antonio José Lizarazo Ocampo y Rodolfo Arango Rivadeneira como integrantes de la terna que será enviada al Senado de la República para que se elija el reemplazo del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza en la Corte Constitucional. Antonio José Lizarazo Ocampo es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, es magíster en Derecho Administrativo y tiene especialización en Ciencia Política y Administrativa de esa misma institución. Entre los cargos más destacados que ha ocupado se cuentan el de gobernador de Norte de Santander, diputado del mismo ente territorial, concejal y secretario de Gobierno de Cúcuta, así como el de viceministro de Educación y el de magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Rodolfo Arango Rivadeneira es abogado de la Universidad de Los Andes, es becario posdoctoral de la Universidad de Kiel - Alexander Von Humboldt, doctor en derecho de la Christian Albrechts Universität Zu Kiel (Alemania) y tiene maestría en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Arango ha sido magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y ha ejercido la docencia en las universidades Nacional, Los Andes, Cooperativa, de Santander, de Antioquia, Autónoma de México, Carlos III de Madrid (España), entre otras. Martha Paz es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, maestra en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid (España), especialista en función pública y gestión administrativa de la Universidad de los Andes y en derecho constitucional y derechos fundamentales de la Università Di Piza (Italia). La doctora Paz fue oficial mayor y auxiliar de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; también fue asesora de la Superintendencia Bancaria y la Procuraduría General de la Nación.
    2016-11-04 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-11-03 UAESP PIERDE PLEITO POR CAMIONES DE BASURA El Consejo de Estado ratificó el fallo del tribunal de arbitramento que fue convocado por la empresa privada Consorcio Aseo Capital S.A. para dirimir las controversias que se presentaron por la liquidación unilateral del contrato que había firmado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en julio de 2003, para la recolección de basuras en la ciudad de Bogotá. En mayo de 2013 la UAESP liquidó unilateralmente dicho contrato e incluyó en ese proceso la obligación por parte del Consorcio de entregarles los vehículos automotores que fueron utilizados para la ejecución del mismo, lo cual lleva a la empresa privada a instaurar una demanda arbitral. El Tribunal de Arbitramento falló a favor de Aseo Capital y resolvió declarar el incumplimiento del contrato por parte de la UAESP al haber incluido en la liquidación la entrega de los vehículos utilizados para la prestación de los servicios contratados. Inconforme con la decisión, la UAESP instauró recurso de anulación argumentando que el Tribunal de Arbitramento carecía de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos por dicha entidad. El caso llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado y concluyó que el tribunal no incurrió en ningún error porque solo se pronunció sobre los efectos económicos que tuvo para el Consorcio Aseo Capital S.A. la liquidación unilateral del contrato al incluir en los actos de liquidación la entrega de los bienes que fueron utilizados para la prestación de los servicios contratados, en este caso los camiones de basura. ver
    2016-11-02 XIII Encuentro de Género en Pasto La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial realiza el XIII Conversatorio Nacional en la ciudad de Pasto, Nariño, los días 3, 4 y 5 de Noviembre del 2016. Mediante una nutrida agenda académica, se pretende divulgar el desarrollo jurisprudencial de las Altas Cortes sobre equidad de género y contribuir a la introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. El evento, denominado “La carrera de obstáculos de la mujer hacía el liderazgo”, cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y tiene como propósito examinar el papel de la Rama Judicial en el empoderamiento de las mujeres como líderes en diferentes escenarios sociales. Estas jornadas de debate también pretenden identificar los retos jurisprudenciales en torno a la paz y al posconflicto. La instalación del Conversatorio tendrá lugar en el Teatro Imperial de la Universidad de Nariño, en Pasto, el jueves 3 de noviembre a partir de las 5:00 p.m., acto que contará con la presencia de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco; del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira; el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez; el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano; la Representante de ONU Mujeres Flor María Díaz Chalarcá y los magistrados y magistradas de las Altas Cortes Judiciales También se contará con la participación de reconocidas personalidades nacionales, tales como Florence Thomas, Catalina Ruiz Navarro y Alejandra Borrero, quienes expondrán sus trabajos e investigaciones realizados bajo la perspectiva de género.
    2016-10-31 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONSEJO DE ESTADO Con la presencia de los magistrados de las altas cortes; los ministros de Vivienda, Elsa Noguera; de Justicia, Jorge Eduardo Londoño; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el procurador electo Fernando Carrillo, entre otras personalidades, el Consejo de Estado celebró el primer acto de conmemoración del año de su bicentenario. Durante el desarrollo de esta jornada académica y cultural el presidente de la corporación, Danilo Rojas Betancourth recordó cómo el libertador Simón Bolívar fundó lo que hoy se conoce como la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativo en medio de la guerra por la libertad de la Nación, entonces subyugada por la Corona eapañola. Rememorando ese mismo escenario de conflicto en el que vio la luz el Consejo de Estado, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, envió una intervención en video, augurando que, contrario a lo ocurrido en 1817, el año del Bicentenario de nuestra institución traerá para los magistrados de esta alta corte y para los jueces en general un verdadero reto en la consolidación de la paz, ya no de la guerra, como ocurrió en la lucha por la emancipación. Durante el acto fue presentada la pintura "Creación del Consejo de Estado por Simón Bolívar", por medio de la cual el maestro Antonio Frio evoca el momento en el que el libertador firma el acto de fundación de nuestra institución. A la celebración fueron invitados también los expresidentes de la corporación, algunos congresistas y representantes de autoridades nacionales y locales, así como magistrados en ejercicio del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
    2016-10-27 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIÓN DEL CONTRALOR EDGARDO MAYA La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad de la elección del actual Contralor General de la República Edgardo José Maya Villazón para el período 2014-2018. En el expediente, que acumuló cuatro demandas contra el mismo funcionario, se alegaron nueve posibles irregularidades que fueron estudiadas por la Sala de la Sección Quinta. En cuanto al cargo sobre la postulación del hoy Contralor como candidato a la terna con violación al reglamento interno de la Corte Constitucional, tras estudiar detenidamente además de la normatividad vigente, las Actas de Sala Plena y todo el procedimiento surtido para escoger a quien sería su representante en la terna a Contralor General, la Sección Quinta encontró que la Corte para superar la situación generada con los resultados infructuosos de las numerosas votaciones en las dos convocatorias, decidió interpretar su propio reglamento interno, tal como él mismo le permite hacerlo, cuando en su artículo 5o. señala que entre sus funciones está la de “Adoptar, interpretar y modificar el Reglamento…” por tanto el Consejo de Estado concluye que no existió violación al reglamento de la Corte Constitucional. Frente al cargo sobre la presunta violación al artículo 126 de la Constitución Política, tras un supuesto favoritismo electoral en un “yo te elijo, tú me eliges”, la Sala Electoral consideró que si bien el hoy Contralor General cuando se desempeñó como Procurador General nombró a dos de los Magistrados de la Corte Constitucional y a familiares de otro Magistrado en el Ministerio Público, tenía la potestad para hacerlo y no está probado que lo hubiese hecho por razones diferentes al mérito de cada uno de ellos o expresamente con el fin de preparar una futura aspiración a la Contraloría. También se demandó la elección del Contralor, porque ejerció como Conjuez de alta corporación en el año inmediatamente anterior a su elección, incurriendo en una inhabilidad, sin embargo la Sección Quinta ya se había pronunciado sobre el particular al resolver la medida cautelar solicitada, por ello se limita a reiterar que quienes ejercen como conjueces no ocupan cargos públicos, sino que ejercen funciones públicas, hecho que no genera ninguna inhabilidad para ser elegido como Contralor. ver
    2016-10-26 C. E. PROTEGE DERECHO A LIBRE EXPRESIÓN DE CANALES DE TV El Consejo de Estado declaró la nulidad de algunos apartes de los artículos 1, 7 y 13 de la Resolución 759 de 2013 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), mediante la cual se adoptó el procedimiento de asignación de frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio de televisión. La demanda de nulidad fue presentada por las Sociedades Caracol Televisión S.A y RCN Televisión S.A al argumentar que algunos apartes de esa Resolución atentaban contra la libertad de expresión, difusión y operación. La Sección Tercera estudió el caso y encontró que esos artículos de la Resolución demandada imponían una restricción al concesionario del servicio de televisión al establecer que “bajo ninguna circunstancia el concesionario podrá radiodifundir señales desde la estación de televisión, hasta que la ANTV le informe mediante comunicación escrita al concesionario, que se encuentra autorizado para iniciar operaciones”. Según la Sala, la ANTV no puede imponer al beneficiario de la asignación de frecuencias la carga de obtener una autorización posterior para el inicio de operaciones de radiodifusión, trámite administrativo que priva al nuevo concesionario de explotar la frecuencia asignada hasta tanto la Autoridad comunique el permiso para iniciar operaciones, siendo que previamente este ya ha obtenido la concesión para el desarrollo del servicio de televisión abierta radiodifundida y ha sido asignatario de una frecuencia radioeléctrica. “El legislador expresamente otorgó competencia a la Autoridad Nacional de Televisión para asignar las frecuencias a los concesionarios del servicio de televisión, pero nada señaló sobre la pretendida competencia de esa Autoridad para imponer al concesionario una autorización posterior”, indica la sentencia. ver
    2016-10-26 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-10-24 CONDENAN A LA NACIÓN POR DESAPARICIÓN DE VÍCTIMA DEL PALACIO El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a pagar más de 1600 millones de pesos a la familia de Gloria Anzola de Lanao, desaparecida durante la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Según la demanda, la señora estaba en el lugar cuando la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio. Después de la operación de retoma, la víctima no apareció entre los muertos o heridos ni en los rehenes que fueron llevados al Museo Casa del Florero, y desde entonces sus familiares desconocen su paradero. La Corte Interamericana, en sentencia del 14 de noviembre de 2014, declaró la responsabilidad del Estado Colombiano por la desaparición forzada de Gloria Anzola de Lanao y otras personas en el marco de la operación militar de retoma del Palacio de Justicia. En su fallo la Corte Interamericana estableció que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de ser colaboradores del grupo guerrillero M-19. Concluyó que esas personas eran separadas del resto de rehenes y conducidas a instalaciones militares, donde en algunos casos fueron torturadas y desaparecidas. Igualmente, encontró demostrado que bajo la dirección de autoridades militares, se alteró la escena de los hechos y se cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres en el Palacio de Justicia”. Con base en dicha sentencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado liquidó los perjuicios por lucro cesante que no quedaron incluidos en la sentencia de la Corte Interamericana cuando esta ordenó la indemnización de los daños causados a la familia de la víctima por su desaparición forzada, dinero que tendrá que ser reconocido por el Ministerio de Defensa. El magistrado Guillermo Sánchez Luque, de la Sección Tercera, aclaró el voto en esta providencia. ver
    2016-10-19 XXII ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Con el fin de dar a conocer su jurisprudencia e identificar el papel del juez en el posconflicto, el Consejo de Estado realizará su XXII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Ibagué, Tolima, los días 19, 20 y 21 de octubre del presente año. El evento, que tiene como eslogan “Una justicia más cercana al país”, servirá de escenario para debatir los compromisos que debe asumir la justicia, tras las negociaciones de paz que adelantan el Gobierno y la guerrilla de las Farc. El Encuentro también quiere dar a conocer los esfuerzos que viene realizando la Jurisdicción Contencioso Administrativa para promover las buenas prácticas en la función pública e impulsar así una cultura de la legalidad, programa bandera de la Presidencia del Consejo de Estado que ha llevado un mensaje de transparencia a los 26 distritos judiciales en todo el país. Al evento asistirán el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño; el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; la Procuradora General (e), Martha Isabel Castañeda; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y los Presidentes de las Altas Cortes, entre otros funcionarios del Estado colombiano. También estarán presentes jueces y magistrados de la Jurisdicción, así como panelistas y conferencistas nacionales y extranjeros que con su conocimiento y experiencia enriquecerán los debates jurídicos y políticos del Encuentro.
    2016-10-14 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-10-11 ANULAN SANCIÓN DE LA PROCURADURÍA A EXSENADORA PIEDAD CÓRDOBA El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, decisión que la había destituido e inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos. Según el Ministerio Público, la excongresista incurrió en falta gravísima a título de dolo porque supuestamente había contribuido económicamente a la campaña del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Ricardo Antonio Montenegro Velásquez, en el 2010. La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, estudió el caso y encontró que dentro del proceso no existían pruebas que demostraran una violación a la ley disciplinaria. La Sala concluyó que la investigación de la Procuraduría General de la Nación se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Código Disciplinario. ver
    2016-10-10 RAMAS DEL PODER PÚBLICO SE UNEN EN "MISIÓN JUSTICIA" Con el fin de entregar al país propuestas que solucionen de fondo los graves problemas que actualmente afronta el sistema judicial colombiano, las Ramas Judicial, Ejecutiva y Legislativa anuncian la presentación de su propuesta “Misión Justicia” que busca integrar a todos los poderes del Estado y a la sociedad en general. “Misión Justicia” será un espacio de reflexión donde se podrán revisar los estudios previos hechos por la Rama Judicial y otros expertos frente al tema de la justicia, con el fin de realizar un diagnóstico para presentar propuestas concretas que permitan solucionar de fondo los graves problemas que actualmente afronta el sistema judicial, relacionados con la congestión, la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y administración de la Rama, la independencia y autonomía presupuestal, la acción de tutela, el control disciplinario para magistrados de Altas Cortes, la elaboración y ejecución del Plan Decenal. El presidente del Consejo de Estado Danilo Rojas Betancourth aseguró que la idea es identificar las debilidades, fortalezas y necesidades de la justicia para plantear soluciones que pueden incluir reformas normativas y mejores prácticas judiciales. “Esperamos conformar un grupo de trabajo integrado por expertos de diferentes sectores para presentar propuestas concretas en el menor tiempo posible. Para ello hemos invitado a toda la Rama Judicial, a representantes de las Ramas Ejecutiva y Legislativa, la academia y la sociedad civil en general”, indicó el magistrado Danilo Rojas Betancourth. ver
    2016-10-10 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-10-06 CULTURA DE LEGALIDAD EN NARIÑO Y PUTUMAYO Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Pasto para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están haciendo ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se llevará a cabo el próximo 7 de octubre, en el Teatro Imperial de la Universidad de Pasto, a partir de las 8 de la mañana. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. A la instalación del seminario asistirán el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano; la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez; el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y la presidenta del Tribunal Administrativo de Nariño, Beatriz Melodelgado Pabón.
    2016-10-06 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-27 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-22 CULTURA LEGALIDAD EN N. DE STDER Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en la ciudad de Cúcuta, el próximo 21 de septiembre. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. En Cúcuta el evento se realizará en el Aula Máxima de la Universidad Libre, a partir de las 8 a.m., y ese día se hará la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Norte de Santander, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdicción. Al evento asistirán el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el Alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Édgar Bernal Jáuregui; la rectora de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, Débora Guerra; magistrados de ambas Corporaciones; jueces administrativos y servidores públicos de las diferentes instituciones municipales y departamentales.
    2016-09-22 ORDENAN REPARAR A VÍCTIMA DE RECLUTAMIENTO FORZADO QUE FUE ENCARCELADA El Consejo de Estado condenó a la Nación por haber privado injustamente de su libertad a un joven que fue procesado por rebelión, cuando en realidad era víctima, pues fue reclutado por la insurgencia cuando era menor de edad. El joven perteneció a la guerrilla hasta el 2003, cuando todavía era menor de edad, pero tres años después fue capturado por la Policía y puesto a órdenes de la Fiscalía, que en octubre del 2006 lo acusó de rebelión, cuando completaba ya cuatro meses de estar detenido. El proceso, que en un principio había sido conocido por un juez penal de Aguachica (Cesar), pero pasó después a un juez de familia en mayo de 2008, debido a que los hechos por los cuales se juzgaba al joven sucedieron cuando era menor de edad. El 15 de mayo de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ocaña, Norte de Santander, declaró que el joven era víctima de la violencia y ordenó su libertad inmediata. El joven y su familia interpusieron demanda de reparación directa por la detención y la actuación penal a la que fue sometido, al estimar que había sido víctima de una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. La Sección Tercera determinó que el demandante no solo fue víctima de reclutamiento forzado, sino que fue procesado por funcionarios sin competencia, puesto que los menores tienen derecho a contar con un sistema de responsabilidad penal diferenciado sometido a leyes, procedimientos y autoridades especiales. “El ejercicio de la acción penal en este caso configuró una “revictimización” del que fuera menor reclutado forzosamente, en tanto dentro del proceso penal correspondiente se le reprochó una conducta (pertenecer a un grupo irregular) cuando en realidad era víctima de este”, dice la providencia. La Sala agregó que al demandante se le impuso una medida de aseguramiento como si se tratara de un adulto infractor de la ley penal que se hizo efectiva en un sitio de reclusión para adultos, lo que supuso el desconocimiento de los enfoques de resocialización, rehabilitación, protección, tutela y educación propios del régimen jurídico especial. ver
    2016-09-22 PUBLICAN SENTENCIA QUE ANULÓ DESTITUCIÓN DE PIEDAD CÓRDOBA El Consejo de Estado publicó las aclaraciones de voto del fallo que dejó sin efectos una sanción de destitución e inhabilidad de 18 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad Córdoba hace seis años. La decisión del Ministerio Público fue proferida en septiembre de 2010 y se dio con base, esencialmente, en los documentos que incautó el Ejército Nacional durante la “Operación Fénix” (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vínculos de la entonces senadora con grupos al margen de la ley. La Sala Plena estudió el caso y encontró que eran ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos. “La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, indica la sentencia. ver
    2016-09-22 PUBLICAN SALVAMENTOS DE VOTO EN NULIDAD DE REELECCIÓN DEL PROCURADOR Tras la publicación del fallo que anuló la reelección del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el Consejo de Estado dio a conocer las razones por las cuales salvaron el voto los magistrados María Claudia Rojas Lasso, Martha Teresa Briceño de Valencia, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Carlos Alberto Zambrano Barrera y Guillermo Sánchez Luque, quienes se apartaron de la decisión mayoritaria. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al encontrar que se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política. El artículo 126 constitucional consagra una prohibición que acarrea la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer. En el caso concreto, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó los nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no podía postular al doctor. Ordóñez Maldonado, dada la prohibición del artículo 126 de la Constitución y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos públicos. ver
    2016-09-22 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-21 STELLA CARVAJAL, RAFAEL SUÁREZ Y JAIME RODRÍGUEZ, NUEVOS CONSEJEROS La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Stella Jeannette Carvajal Basto como nueva magistrada de la Sección Cuarta, en remplazo de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, quien terminó su periodo constitucional el pasado mes de abril. La doctora Carvajal Basto es abogada de la Universidad Libre de Bogotá con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y en Derecho Público comparado del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Italia. También tiene una maestría en Derechos fundamentales y tutela judicial efectiva de la Universidad de Jaen en España. El ejercicio de su profesión lo ha desempeñado en el sector privado y actualmente es magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por otra parte, la Sala Plena también eligió a Rafael Francisco Suárez Vargas como nuevo magistrado de la Sección Segunda en remplazo del doctor Luis Rafael Vergara Quintero. El doctor Suárez Vargas es abogado de la Universidad La Gran Colombia con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Docencia Universitaria de la misma institución; además es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Militar. Desde el 2011 ha ocupado diferentes cargos en la Procuraduría General de la Nación, donde actualmente se desempeña como delegado ante el Consejo de Estado. También fue magistrado auxiliar de esta Corporación entre 1997 y el 2011. Finalmente, la Sala Plena eligió a Jaime Enrique Rodríguez Navas como nuevo magistrado de la Sección Tercera, en remplazo de la doctora Olga Mélida Valle de De La Hoz. El doctor Rodríguez Navas es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga con especialización en Derecho Administrativo de la misma institución, y en Derecho Minero Energético y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. También es magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Ha sido asesor jurídico de Cormagdalena, árbitro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, contratista de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, entre otros cargos.
    2016-09-21 CRIMEN DE EXCONCEJAL DE LA UP PODRÍA SER DELITO DE LESA HUMANIDAD El Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar la demanda de reparación directa que interpuso la familia del exconcejal de la Unión Patriótica (UP) Marceliano Medellín Narváez, quien fue asesinado hace 20 años, cuando se desplazaba por la vía que de Apartadó conduce a Chigorodó (Antioquia). La Sección Tercera del alto tribunal determinó que este homicidio y el desplazamiento forzado de sus familiares, aparentemente atribuible a grupos paramilitares, podría constituir un delito de lesa humanidad, lo que obliga a la jurisdicción contencioso administrativa a admitir la demanda, pese a haberse cumplido ampliamente los plazos regulares que tenía la familia de la víctima para reclamar el derecho a ser resarcidos. Marceliano Medellín Narváez había sido elegido concejal de Chigorodó por la UP para los períodos 1992 – 1994 y 1994 – 1996, pero se vio obligado a renunciar a su curul, dicen sus familiares, por haber recibido amenazas contra su vida. Poco después de su salida obligada del cabildo municipal, el dirigente fue sorprendido por motorizados armados que lo asesinaron a él y a su acompañante cuando viajaba en un vehículo por la carretera que de Apartadó lleva a Chigorodó. La familia del exconcejal y sindicalista, que además terminó siendo víctima de desplazamiento forzado, interpuso una demanda con la esperanza de recibir una reparación de parte de las entidades del Estado, 20 años después de ocurridos los hechos. El Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la acción, teniendo en cuenta que, entre el 3 de mayo de 1996, cuando se produjo el lamentable acontecimiento, y el 4 de marzo del 2016, cuando se interpuso la demanda, ya habían transcurrido más de 18 años. La decisión fue apelada y el Consejo de Estado ordenó admitir la acción, por considerar que el hecho que pudo haber originado el daño antijurídico alegado podría constituir un crimen de lesa humanidad, lo que impide que ocurra el fenómeno de la prescripción. “(…) Al momento del estudio de admisión de una demanda o en el trámite de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe el Juez valorar prudentemente si encuentra elementos de juicio preliminares que le permitan aseverar, prima facie, la configuración de este tipo de conductas, caso en el cual hará prevalecer el derecho de acción y ordenará la continuación de la actuación judicial, pues la falta de certeza objetiva sobre los extremos fácticos y jurídicos de la litis deberán ser dirimidos al momento de dictarse sentencia”, dice el auto ver
    2016-09-21 STELLA CARVAJAL, RAFAEL SUÁREZ Y JAIME RODRÍGUEZ, NUEVOS CONSEJEROS La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Stella Jeannette Carvajal Basto como nueva magistrada de la Sección Cuarta, en remplazo de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, quien terminó su periodo constitucional el pasado mes de abril. La doctora Carvajal Basto es abogada de la Universidad Libre de Bogotá con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y en Derecho Público comparado del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Italia. También tiene una maestría en Derechos fundamentales y tutela judicial efectiva de la Universidad de Jaen en España. El ejercicio de su profesión lo ha desempeñado en el sector privado y actualmente es magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por otra parte, la Sala Plena también eligió a Rafael Francisco Suárez Vargas como nuevo magistrado de la Sección Segunda en remplazo del doctor Luis Rafael Vergara Quintero. El doctor Suárez Vargas es abogado de la Universidad La Gran Colombia con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en Docencia Universitaria de la misma institución; además es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Militar. Desde el 2011 ha ocupado diferentes cargos en la Procuraduría General de la Nación, donde actualmente se desempeña como delegado ante el Consejo de Estado. También fue magistrado auxiliar de esta Corporación entre 1997 y el 2011. Finalmente, la Sala Plena eligió a Jaime Enrique Rodríguez Navas como nuevo magistrado de la Sección Tercera, en remplazo de la doctora Olga Mélida Valle de De La Hoz. El doctor Rodríguez Navas es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga con especialización en Derecho Administrativo de la misma institución, y en Derecho Minero Energético y en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. También es magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Ha sido asesor jurídico de Cormagdalena, árbitro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, contratista de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, entre otros cargos.
    2016-09-20 ANULAN DISPOSICIONES QUE REGULABAN LA ACTIVIDAD MINERA El Consejo de Estado hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para que se evite intentar revivir disposiciones que estaban contenidas en el Código Minero, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, utilizando decretos reglamentarios. Así lo concluyó la Sección Tercera del Consejo de Estado en dos sentencias que declaran la nulidad de algunos artículos de decretos que fueron expedidos por el Ministerio de Minas y Energía para regulación del tema minero. La primera sentencia decreta la nulidad de un aparte del artículo 1° del Decreto 0935 de 9 de mayo de 2013, el cual estableció que las áreas que habían estado cobijadas por una propuesta de contrato de concesión o un contrato anterior se entendían libres para presentar proyectos de explotación 30 días después de quedar en firme la decisión de la autoridad competente. La otra disposición que anuló dicha sentencia es el artículo 5 del Decreto 0935 de 2013 que introdujo en el ordenamiento jurídico minero la suficiencia financiera del proponente como uno de los requisitos para presentar una propuesta de contrato de concesión. Se constató que ese artículo incluyó un requisito adicional y una causal de rechazo que tampoco estaba prevista en el Código Minero, siendo que se trata de asuntos que sólo el legislador tiene facultad para regular y no el Gobierno Nacional a través de Decretos. Para la Sala resulta reprochable que en las decisiones demandadas el Gobierno Nacional pretendiera revivir, vía reglamento, algunas de las disposiciones de la inconstitucional Ley 1382 de 2010 (Código Minero) “despreciando el cumplimiento de su deber constitucional de tramitar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que abordara esta materia precedido de la satisfacción del derecho de consulta previa a negritudes y comunidades indígenas”. ver
    2016-09-16 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-14 CONSEJO DE ESTADO ORDENA PROTEGER FUENTES HÍDRICAS EN RISARALDA El Consejo de Estado determinó que el departamento de Risaralda y el municipio de Pueblo Rico violaron el derecho a la moralidad administrativa, al no cumplir con su deber legal de destinar el 1 % de sus ingresos a la recuperación y protección de las cuencas hídricas que abastecen los acueductos, a través de un fallo que fue remitido a las autoridades penales, disciplinarias y fiscales Además, concluyó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) también incurrió en el mismo incumplimiento, debido a que la apropiación de los terrenos destinados al resguardo de estos entornos naturales no fue el resultado de la aplicación de los principios de planeación, eficacia y eficiencia. A pesar de que la Ley (artículo 111 de la Ley 99 de 1993) obliga a que municipios y distritos inviertan el 1 % de sus ingresos en la adquisición de tales predios, cuya administración debe ser asistida por la respectiva CAR, la Sección Tercera de la corporación encontró que, en el caso de Risaralda, entre 1994 y el 2014 se apropiaron 2.590 millones menos a los exigidos. En el caso de Pueblo Rico, dice, ni siquiera se conocen los balances entre 1994 y el 2002 y los registrados entre el 2003 y el 2014 son inferiores a la proporción de los ingresos a los que estaba obligado el municipio por Ley, por lo que se evidencia la violación a los derechos colectivos de la comunidad. Para corregir esta situación, el fallo obliga al municipio de Pueblo Rico y al Departamento de Risaralda a apropiar los dineros faltantes, como máximo, en las vigencias fiscales del 2017 y el 2018. Además, ambos entes territoriales y CARDER deberán diseñar planes y programas que le sumen eficacia a la misión de conservar áreas estratégicas para el abastecimiento de los acueductos, en un máximo de seis meses. Una vez cumplido el término, las entidades accionadas deberán proceder a la adquisición, conservación, recuperación, mantenimiento y administración de los predios, siguiendo las tareas trazadas en la planeación. “Se remitirá copia del expediente y de esta sentencia a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para lo de su competencia”, dice la providencia. ver
    2016-09-14 CONDENAN A LA NACIÓN POR HOMICIDIO DE PERIODISTA JAIME GARZÓN El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa (Ejército Nacional y extinto DAS) por su responsabilidad agravada en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzón, que a su juicio se constituyó en un delito de lesa humanidad. Para la Sección Tercera del alto tribunal, está probado que el asesinato del periodista, ocurrido el 13 de agosto de 1999, fue producto de una violación sistemática a los derechos humanos (DDHH) y de una persecución de la que eran blanco algunos líderes de izquierda. Para la Sala, está probado que el exsubdirector de Inteligencia del DAS José Miguel Narváez y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército general Jorge Eliécer Plazas Acevedo no solo adelantaron seguimientos contra el humorista, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio. Según los testimonios aportados al expediente, las labores del comunicador como mediador en algunos casos de secuestro cometidos por las FARC y su intento para propiciar un desescalamiento del conflicto llevó a ambos agentes estatales a identificarlo como alguien cercano a la guerrilla, que se beneficiaba de esas acciones delictivas que cometía la insurgencia. De ahí que conminaran a Castaño a atentar contra su vida. Las pruebas del proceso dan cuenta de que la muerte del señor Jaime Garzón Forero fue determinada por el entonces máximo jefe del grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada “La Terraza” cometer el crimen. También está probado que por razón de ese delito fue condenado a 30 años de prisión, argumento que utilizaron las entidades demandadas como eximente de responsabilidad, puesto que un tercero fue quien ocasionó el daño que originó la presente acción. ver
    2016-09-13 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-12 ESTADO RECUPERARÁ CERCA DE 7 MIL MILLONES DE PESOS EN REPETICIONES Cerca de 7 mil millones de pesos podrá recuperar el Estado colombiano en 18 condenas por procesos de repetición que falló la Sección Tercera a favor de este, de un total de 53 casos analizados. Las condenas se profieren por diferentes razones, entre ellas, violaciones a los derechos humanos, despido injusto de funcionarios y empleados, accidentes de tránsito, homicidios, violación al principio de planeación en la contratación estatal y actuaciones irregulares de contratistas, en los que se ha visto involucrada la administración pública, la cual posteriormente repite contra los particulares y funcionarios que directamente ocasionaron la falla del servicio. Entre los condenados se encuentra el excontralor General de la República Carlos Ossa Escobar, a quien se le encontró responsable de declarar insubsistente a la jefe de la Oficina de Control Interno de ese organismo en el 2002, sin que pudiera demostrar las razones objetivas que lo llevaron a tomar esa decisión. Según el fallo, el excontralor actuó de manera dolosa y con desvío de poder al demostrarse que la declaratoria de insubsistencia obedeció a que la señora ordenó el archivo de una investigación disciplinaria que se adelantaba contra un funcionario de la entidad y no cambió el sentido de su decisión. En este caso, el organismo de control repitió contra el excontralor, quien fue condenado a pagar más de 1.885 millones de pesos por el daño ocasionado al erario con su decisión. Otro de los condenados es el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien tendrá que pagar más de 183 millones de pesos por no haber cumplido el fallo del Tribunal Administrativo de ese departamento que en el 2001 ordenó reintegrar a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Medellín a un funcionario que consideró injustamente despedido, cuando el mandatario departamental estaba al frente de dicha Secretaría. ver
    2016-09-08 CULTURA DE LEGALIDAD EN CASANARE Con el propósito de alertar a las autoridades regionales sobre las causas más comunes de condena de la jurisdicción contenciosa a las actuaciones de los estamentos departamentales y municipales, este 9 de septiembre el Consejo de Estado promoverá su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en Yopal (Casanare). El objetivo es prevenir a los servidores públicos sobre las medidas que deberían tomar para evitar nuevas sentencias condenatorias que afecten el erario y, eventualmente, terminen generando acciones de repetición contra los responsables de los equívocos generadores de daño antijurídico. Para el Consejo de Estado, la coincidencia de la promoción del programa con el inicio de los períodos de las administraciones municipales y departamentales constituidas a partir de las elecciones regionales del 2015 es propicia, pues se trata de un año de ajuste institucional en el que conviene revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos. El seminario se instalará a las 7:30 de la mañana del viernes 9 de septiembre en el Salón Múltiple de la Policía en Yopal. En el evento se hará una rendición de cuentas de la jurisdicción en la región, se expondrán algunos elementos de las causas más frecuentes de litigiosidad y se compartirán reflexiones sobre la jurisprudencia contenciosos administrativa en asuntos ambientales, electorales y contractuales. Al evento asistirán la alcaldesa de la capital casanareña, Luz Marina Cardozo Solano; el gobernador del Casanare Josué Alirio Barrera Rodríguez; el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del departamento, Néstor Trujillo González; el presidente del Consejo de Estado Danilo Rojas Betancourt, así como jueces y magistrados de la jurisdicción y demás autoridades civiles de los municipios y el departamento.
    2016-09-08 ANULADA LA ELECCIÓN DEL ALCALDE DE CERETÉ, CÓRDOBA La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la nulidad de la elección del actual Alcalde del Municipio de Cereté, Cordoba, Salim Hamed Chagui Flórez, por estar inhabilitado tras haber firmado un contrato de prestación de servicios profesionales con el departamento, apenas unos días antes de su elección. Según encontró la Sala, el acto administrativo de elección fue expedido el 1º de noviembre de 2015, y el nombrado alcalde había celebrado un contrato con el departamento de Córdoba, el 25 de octubre de 2015, es decir, dentro del año anterior a su elección como primera autoridad de dicho municipio Si bien en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Córdoba denegó las pretensiones de la demanda, la Sección Quinta estudió de fondo si el contrato firmado debía o no ejecutarse o cumplirse en el municipio de Cereté, que fue el argumento planteado en el recurso de apelación. La Sala asumió el estudio de los estudios previos, de conveniencia y oportunidad, así como el contrato en sí mismo y encontró que es claro que “debía ejecutarse en todo el departamento de Córdoba, lo cual incluye al municipio de Cereté y por tanto se configura este requisito de la inhabilidad”. En decisión unánime, la Sala revocó la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones, declaró la nulidad del acto de elección de Salim Hamed Chagui Flórez, alcalde municipio de Cereté – Córdoba para el periodo constitucional 2016-2019, y ordenó cancelar las credenciales del alcalde a partir de la ejecutoria de la sentencia.
    2016-09-07 FALLO FAVORECE A SOLDADOS QUE INGRESARON COMO VOLUNTARIOS La Sección Segunda del Consejo de Estado definió que la asignación salarial mensual de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985, es de un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60 %. Así lo precisó el alto tribunal de lo contencioso administrativo al estudiar el caso de un uniformado que, luego de prestar el servicio militar obligatorio entre el 9 de septiembre de 1991 y el 28 de febrero de 1993, se enlistó como soldado voluntario. El uniformado mantuvo esa condición hasta el 31 de octubre del 2003, cuando se incorporó como soldado profesional hasta el 27 de mayo de 2012. En la causa judicial estudiada pudo comprobar la Corporación que, mientras se desempeñó como soldado profesional, al militar no le fue cancelado el salario básico al que tenía derecho en aplicación del inciso 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, consistente en un salario mínimo legal mensual incrementado en un 60 %. Según el fallo, durante su ejercicio como soldado profesional el actor recibió un pago mensual de un salario mínimo incrementado en un 40 %, por lo que se ordenó el ajuste del 20% que había dejado de recibir. Así mismo, precisó el Consejo de Estado que en atención a que el Decreto 1794 de 2000 establece que los soldados profesionales, además de la asignación salarial, tienen derecho a las primas de antigüedad, de servicio anual, vacaciones y navidad, así como al subsidio familiar y a cesantías, y que tales prestaciones se calculan con base en el salario básico, el ajuste salarial ordenado lleva aparejado efectos prestacionales y da lugar a que también sean reliquidadas, en un mismo porcentaje, las referidas prestaciones. Por último, determinó que esta sentencia de unificación no es constitutiva del derecho a solicitar el ajuste salarial y prestacional, por lo que el trámite de dicha reclamación, tanto en sede gubernativa como judicial, deberá atenerse a las reglas que sobre prescripción de derechos contempla el ordenamiento jurídico en los artículos 10 y 174 de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, respectivamente. ver
    2016-09-07 DECISIONES SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas.En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-07 ANULAN REELECCIÓN DE PROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al encontrar que se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política. El artículo 126 constitucional consagra una prohibición que acarrea la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer. En el caso concreto, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó los nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no podía postular al doctor. Ordóñez Maldonado, dada la prohibición del artículo 126 de la Constitución y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos públicos. La decisión adoptada se tomó después de negar las recusaciones formuladas en contra de los consejeros Rocío Araújo Oñate, Stella Conto Díaz del Castillo y Alberto Yepes Barreiro, y de negar también la solicitud de reintegración de la magistrada María Elizabeth García González, quien se había declarado impedida en el curso del proceso. Otros cargos formulados en las demandas no prosperaron.
    2016-09-07 EXMINISTRO FERNANDO CARRILLO CANDIDATO A PROCURADOR La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al exministro Fernando Carrillo Flórez como su candidato para que integre la terna de la que el Senado de la República elegirá al nuevo Procurador General de la Nación en remplazo de Alejandro Ordóñez Maldonado. El doctor Carrillo Flórez es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma institución. También es magíster en Administración Pública y en Derecho y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard. El candidato a Procurador General fue ministro de Justicia y ministro del Interior, embajador de Colombia en España, director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, consejero presidencial para la Reforma Institucional de la Presidencia de la República, representante y asesor legal del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. También ha sido docente en diferentes universidades del país y es autor de varios libros como “Defensa jurídica del Estado”, “Constitucionalizar la democracia social”, “La lucha contra la exclusión social en América Latina” y otros más.
    2016-09-02 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-02 REAPERTURA DE EL QUIMBO ERA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO El decreto que autorizó la generación de energía en la represa de El Quimbo y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional debió ser juzgado por el Consejo de Estado y no por el Tribunal Constitucional. Así lo concluye un auto de ponente proyectado por el consejero Alberto Yepes Barreiro, en el que se explica que el control del decreto que ordenó la reapertura de la hidroeléctrica, correspondía a la máxima instancia contenciosa, por mandato de los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los Estados de Excepción) y el 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Pese a que el Tribunal Administrativo del Huila había ordenado suspender la operación de la represa de El Quimbo, tras conceder una medida cautelar que se impuso en el curso de una acción popular, el Gobierno Nacional dispuso su reapertura como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia social, económica y ecológica que decretó tras el cierre de la frontera colombo venezolana a mediados del 2015. Sin embargo, esa disposición relativa al reinicio de labores en la hidroeléctrica, contenida en el Decreto 1979 del 2015, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-753 del 2015 ejerció el control automático de constitucionalidad, dando lugar una vez más a la suspensión de las actividades de la mencionada hidroeléctrica. Si bien el Gobierno Nacional envió el texto del decreto para el control de esa alta corte, un particular demandó la constitucionalidad del mismo ante el Consejo de Estado. La providencia, que correspondió por reparto al magistrado Yepes, advierte que este control constitucional le corresponde ejercerlo a la Corte Constitucional, si el contenido del acto es de naturaleza legislativa, y al Consejo de Estado, si sus componentes son meramente administrativos. A juicio del consejero Yepes Barreiro, el acto que ordenó la reapertura del proyecto hidroeléctrico debió ser objeto del control automático de legalidad que ejerce la autoridad contenciosa, por tratarse de una decisión de carácter administrativo. Sin embargo, como el Tribunal Constitucional ya había tomado una decisión en el sentido de excluir el decreto demandado del ordenamiento jurídico, cualquier pronunciamiento del Consejo de Estado sería inocuo, además que se imponía el respeto a la cosa juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la Constitución.
    2016-09-01 NIEGAN TUTELA CONTRA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE ONEIDA PINTO La Sección Primera del Consejo de Estado negó la acción de tutela presentada por la exgobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto Pérez con la que pretendía dejar sin efectos el fallo de la Sección Quinta que declaró nula su elección. Según la providencia proyectada por la magistrada María Claudia Rojas Lasso, los consejeros que tomaron esa determinación no violaron ninguna garantía procesal que afectara sus derechos fundamentales. La elección de Pinto Pérez como Gobernadora de La Guajira fue demandada por violación al régimen de inhabilidades, puesto que había ejercido autoridad civil en ese mismo departamento durante el año previo a su elección, lo cual está prohibido. Al estudiar la demanda, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección al encontrar que la exmandataria sí había violado dicha prohibición, por haber sido alcaldesa del municipio de Albania (Guajira) dentro del citado periodo inhabilitante. En la misma decisión, la Sección Quinta unificó su jurisprudencia y advirtió que quienes sean seleccionados para cargos de elección popular en alcaldías y gobernaciones quedan inhabilitados para aspirar a otro cargo de la misma naturaleza durante el año posterior a la terminación de su período. Eso significa que, aun cuando los elegidos renuncien mucho antes de la terminación de su cuatrienio, no podrán inscribirse para las elecciones del período siguiente dentro de la misma circunscripción.
    2016-08-29 ECOPETROL GANA MILLONARIA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO La empresa Caribbean Oil and Services Inc, deberá pagarle a Ecopetrol 1’700.000 dólares, luego de que el Consejo de Estado la hallara responsable del incumplimiento del contrato de asociación entre ellas celebrado para la exploración y explotación petrolera en un sector de áreas ricas en hidrocarburos del Cauca y Nariño, denominado Cóndores. La Sección Tercera del alto tribunal le dio la razón a la Empresa Colombiana de Petróleos, que hizo uso de la facultad de terminación unilateral del contrato celebrado en 1993, debido a que la asociada no cumplió con las obligaciones pactadas para el segundo año de exploración, que eran necesarias para avanzar hacia el tercer año de la mencionada fase exploratoria, donde se daría inicio a las excavaciones. Las partes celebraron un contrato de asociación, dentro del cual Ecopetrol se comprometía a poner a disposición de la firma extranjera la intervención exclusiva en los terrenos ubicados en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Mercaderes y Almaguer, en el Cauca, y El Rosario, en Nariño. Caribbean Oil and Services Inc, por su parte, asumiría la totalidad de los costos de la labor exploratoria, con la expectativa de que, una vez demostrada la comerciabilidad de los hidrocarburos, Ecopetrol le reembolsara algunos de los costos de la fase exploratoria y con la esperanza de acceder a los dividendos de las labores extractivas. Según el expediente, durante el primer año de ejecución del contrato la asociada estaba obligada a reprocesar la información sísmica disponible y a reinterpretar la información geológica y geofísica existente, labor que fue ejecutada sin prueba de inconvenientes. Conforme lo pudo constatar la Sala, no ocurrió lo mismo durante el segundo año, en el que no quedó demostrado que la co-contratante adquiriera el programa mínimo de 100 kilómetros de sísmica nueva, la cartografía geológica de campo y la investigación geoquímica que incluyera un estudio tipo “MOST” a los que se había comprometido. ver
    2016-08-29 CONFIRMAN SUSPENSIÓN DEL GOBERNADOR DE CALDAS GUIDO ECHEVERRY La Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional de la elección de Guido Echeverry Piedrahita como actual gobernador de Caldas. Lo hizo al negar el recurso de reposición que interpuso el propio dirigente político contra el auto de marzo del presente año, por medio del cual esta misma Sección admitió la demanda de nulidad contra su elección y ordenó suspender la misma, como medida cautelar. Algunos de los argumentos del recurso, coadyuvado por el Sindicato Nacional de Trabajadores (Sunet) Seccional Caldas, apuntaban a que la Sala había violado el debido proceso al demandado por no haberle corrido traslado de la solicitud que hizo el actor para que se impusiera la medida cautelar. Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, la Corporación explicó que cuando el accionante aspira a que el juez contencioso decrete una medida de esta naturaleza, las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no obligan a que el accionado reciba traslado del requerimiento que persigue tal suspensión. Además, aclaró que en el caso concreto del gobernador Echeverry procedía la suspensión en grado de urgencia, “en el entendido en que su tardía adopción terminaría por avalar la elección de un candidato que, como se demostró en esta etapa procesal, está incurso en la prohibición constitucional contenida en el artículo 303 Superior, tratándose de un cargo uninominal”. Según la providencia, si bien el Consejo Nacional Electoral pudo haber considerado que el dirigente no violó ninguna prohibición al ser elegido para el período 2016 - 2019, eso no le impedía a la Sección Quinta de la máxima instancia contenciosa juzgar el acto. Aclaró que la evaluación de la autoridad electoral es de carácter administrativa y la del Consejo de Estado es jurisdiccional, lo que desvirtúa la supuesta violación al principio de non bis in ídem, alegada por el sindicato coadyuvante. La continuidad de Guido Echeverry en la Gobernación fue afectada de manera provisional, luego de que la Sección Quinta concluyera que violó la prohibición que pesa sobre los gobernadores para ser reelegidos por períodos consecutivos. El mandatario regional había sido elegido para ocupar la jefatura de la administración del departamento de Caldas entre el 2012 y el 2015, pero no terminó su período debido a otro proceso de nulidad electoral. El Consejo de Estado consideró que así Echeverry no hubiera podido culminar su mandato, por haber sido elegido para el período inmediatamente anterior, se encontraba inhabilitado para ser gobernador durante el presente cuatrienio. Por eso suspendió su elección, decisión que acaba de ser ratificada.
    2016-08-26 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA DEL C E Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-08-25 CULTURA DE LEGALIDAD EN BOLÍVAR Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en la ciudad de Cartagena, el próximo 26 de agosto. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. En Cartagena el evento se realizará en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre, a partir de las 8 a.m., y ese día se hará la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Magdalena, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdicción. Al evento asistirán el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz; el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo de Bolívar, José Fernández Osorio; la Presidenta de la Universidad Libre de Cartagena, Beatriz Tovar, magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-08-23 CULTURA DE LEGALIDAD EN LAS FUERZAS MILITARES El próximo 24 de agosto tendrá lugar el primer encuentro académico entre los Consejeros de Estado y el Ejército Nacional, en el que el objetivo principal será exponer las causas por las que la jurisdicción contencioso administrativa ha emitido sentencias condenatorias en contra del Estado; así mismo, se mostrarán los avances del Ejército Nacional en torno a la prevención del daño antijurídico y en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad entre sus integrantes, encaminadas a disminuir dichas condenas. Otro de los objetivos de este seminario es destacar la importancia del cumplimiento de las normas jurídicas por parte de los servidores públicos y robustecer la confianza de la ciudadanía hacia los operadores judiciales. A este evento, que se llevará a cabo en el teatro de La Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Córdova’, a partir de las 8 a.m., asistirá el Comandante del Ejército Nacional, General Alberto José Mejía Ferrero; el Segundo Comandante, Mayor General Ricardo Gómez Nieto; el Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas, Mayor General Gabriel Hernando Pinilla Franco y los señores Generales, Jefes de Departamentos y Comandos que hacen parte de la Institución, así como el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, y los magistrados de la Sección Segunda y Tercera de ese Alto Tribunal. También se contará con la presencia de los magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, el representante de la ONU para los Derechos Humanos, así como integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, además de organizaciones no gubernamentales.
    2016-08-23 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA DEL C E Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-08-22 25 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA Con el objetivo de analizar el aporte que la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha hecho a la Constitución de Colombia desde su promulgación en 1991, el Consejo de Estado realizará un foro para conmemorar los 25 años de la Carta Política, el cual tendrá lugar en el Congreso de la República de Bogotá, el próximo 22 de agosto, a partir de las 3 p.m. En el foro denominado 25 años de la Constitución Política: aportes del Derecho Administrativo al constitucionalismo, también se examinarán los retos y expectativas que tiene la Jurisdicción Contenciosa frente al desarrollo del derecho constitucional en el país. El evento estará dividido en tres paneles: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde la óptica del constituyente del 91”, que será moderado por el Presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Ramiro Pazos Guerrero; “Desarrollo y aplicación del derecho administrativo durante la vigencia de la Constitución Política de 1991, moderado por la magistrada de la Sección Primera y expresidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso; y el último será “Retos y expectativas del constitucionalismo colombiano y del derecho administrativo en las nuevas dinámicas del país, moderado por la magistrada de la Sección Tercera, Stella Conto Díaz del Castillo. Al foro también asistirán la exministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio; los exconstituyentes Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Abel Rodríguez Céspedes; el Presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el Secretario General del Congreso de la República, Gregorio Eljach Pacheco; magistrados y exmagistrados del Consejo de Estado
    2016-08-19 COMUNICADO SALA PLENA El Consejo de Estado, reunido en sesión extraordinaria los días 17 y 18 de agosto de 2016 en la ciudad de Paipa: a. SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA 1. Destaca la preocupación que la opinión pública tiene sobre la justicia como elemento central para el presente y el futuro de Colombia. 2. Comparte la necesidad de una reforma estructural a la justicia. 3. Propone y reitera la creación de una “Misión Justicia”, toda vez que la complejidad que reviste el tema de la justicia es enorme, no se puede subestimar y demanda serias reflexiones y soluciones integrales. 4. Recomienda que la “Misión Justicia” tenga en cuenta los estudios previos hechos por la Rama Judicial y por otros expertos, para entregar al país propuestas que solucionen de fondo los graves problemas que actualmente afronta el sistema judicial, relacionados con la congestión, la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y administración de la Rama, la independencia y autonomía presupuestal, la acción de tutela, el control disciplinario para magistrados de Altas Cortes, la elaboración y ejecución del Plan Decenal. 5. Relieva la tarea que cumple la justicia en la preservación de los valores fundantes del Estado social y democrático de Derecho. b. SOBRE EL PROCESO DE PAZ 1. Continuará atento al desarrollo del proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en especial en lo relativo a la Rama Judicial y particularmente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2. Resalta que instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Jurisdicción Agraria, las reformas al sistema electoral y su articulación con la acción de tutela y la cosa juzgada, los procedimientos especiales, los costos de nuevas estructuras de cara a las tradicionales necesidades de la justicia y otras semejantes reclaman reflexión con participación de los jueces, en particular de los magistrados de las Altas Cortes, por razones institucionales y por la experiencia y conocimiento acumulados en los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa. 3. Aspira a que el desarrollo normativo, institucional y de política pública del Acuerdo Final contribuya a generar escenarios de reconciliación e integración social que nos consolide como nación democrática y pluralista, todo bajo la vigencia del Estado de Derecho y la necesaria articulación con las disposiciones sobre justicia transicional.
    2016-08-18 CULTURA DE LEGALIDAD EN BOYACÁ Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Tunja para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están haciendo ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se llevará a cabo el próximo 19 de agosto, en el Paraninfo San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás de Tunja, a partir de las 8 de la mañana. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. A la instalación del seminario asistirán el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa; la gobernadora (e) de Boyacá, Ana Carolina Espitia Jerez; el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; la presidenta del Tribunal Administrativo de Boyacá, Clara Elisa Cifuentes; y el rector de la Universidad Santo Tomás, Fray Jorge Ferdinando Rodríguez Ruíz.
    2016-08-11 CULTURA DE LEGALIDAD EN EL MAGDALENA Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en la ciudad de Santa Marta, el próximo 12 de agosto. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. En Santa Marta el evento se realizará en el auditorio Julio Otero de la Universidad del Magdalena, a partir de las 8 a.m., y ese día se hará la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Magdalena, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdicción. Al evento asistirán la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes de Zúñiga; el Alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo del Magdalena, Adonay Ferrari Padilla; el rector de la Universidad del Magdalena, Ruthber Escorcia Caballero; magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-08-11 NIEGAN DEMANDA CONTRA VENTA DE ISAGEN El Consejo de Estado negó la demanda presentada por 12 congresistas en contra de los Decretos 1609 y 2316 de 2013 y 1512 de 2014, en los que se aprobó y reglamentó el proceso de venta de las acciones que el Estado colombiano tenía en la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. Los demandantes argumentaban que la autorización para vender ISAGEN vulneraba el patrimonio público, no estaba sustentada en estudios técnicos que la justificaran y que no era conveniente ni necesaria para financiar las vías 4G, como lo dijo el Gobierno Nacional. La Sección Cuarta explicó que en sentencia del 10 de septiembre de 2015 la Corporación ya había negado una demanda similar, por lo que determinó que en este caso opera la cosa juzgada, pues los argumentos expuestos ya fueron estudiados y decididos. La Sala también señaló que los decretos demandados se fundamentaron en la Constitución y la Ley 226 de 1995 y que los motivos de política pública para justificar la venta de la empresa correspondían a aspectos que, en principio, no pueden ser objeto de un juicio de legalidad. ver
    2016-08-09 DECLARAN NULA SANCIÓN CONTRA EXSENADORA PIEDAD CÓRDOBA El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz, decisión que la había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos. La decisión del Ministerio Público fue proferida en septiembre de 2010 y se dio con base, esencialmente, en los documentos que incautó el Ejército Nacional durante la “Operación Fénix” (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vínculos de la entonces senadora con grupos al margen de la ley. La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos. “La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, indica la sentencia. El fallo también señala que los otros documentos utilizados por la Procuraduría para sancionar a la excongresista constituyen prueba indiciaria que solo se apoya en registros de prensa que son insuficientes para demostrar una supuesta promoción, auspicio, financiación, organización, instrucción o colaboración con grupos armados al margen de la ley. La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014.
    2016-08-04 CULTURA DE LEGALIDAD EN LA GUAJIRA Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Riohacha para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están haciendo ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se llevará a cabo el próximo 5 de agosto, en el auditorio del Sena (calle 21 Avenida Aeropuerto) de Riohacha, a partir de las 8 de la mañana. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. A la instalación del seminario asistirán el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo; el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y la presidenta del Tribunal Administrativo de La Guajira, María del Pilar Veloza Parra.
    2016-08-04 NIEGAN NULIDAD DE RESOLUCIÓN SOBRE DIÁLOGOS DE PAZ El Consejo de Estado negó la demanda presentada contra la Resolución 339 de 19 de septiembre de 2012 que dio vía libre a la instalación de una mesa de diálogo con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y se designaron los negociadores del Gobierno para tales efectos. El demandante alegaba que dicha Resolución era ilegal porque había excluido del proceso de negociación a la guerrilla del ELN y violaba el deber del Estado de proteger la vida de los colombianos, puesto que se seguían cometiendo actos violentos contra la población civil, según informaciones publicadas en medios de comunicación. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, señaló que la Resolución demandada materializa los compromisos adquiridos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, lo cual implicaba que para el cumplimiento de lo allí consignado se diera vía libre a la conformación de la Mesa de Diálogo, debidamente autorizada y dispuesta bajo el amparo estatal. “Constituye la demandada Resolución 339 de 2012 un acto instrumentador de la primera fase de los convenios a los que arribaron las partes, en cuanto que permitió canalizar y aterrizar a la realidad jurídica la decisión consensuada de establecer como pieza angular de la negociación una Mesa de Diálogo con sus respectivos representantes gubernamentales, la cual no hubiese podido obtener entidad jurídica propia de no haber sido por la manifestación de la voluntad inequívoca del Presidente de la República en desarrollo de sus funciones administrativas”, indica la sentencia. La Sala señaló que la coyuntura estuvo dada para que se iniciaran las conversaciones con las FARC-EP y el Acuerdo no se invalida o deslegitima por adelantarse con uno solo de los grupos armados que, creyendo en la salida negociada del conflicto del cual es actor principal, decidió sentarse en la Mesa de Diálogo, lo que a todas luces no hizo el ELN. “Además, del contenido de la Resolución núm. 339 no se infiere que el Presidente de la República no considere fundamental la negociación con el ELN o la deseche de plano, máxime si, precisamente, en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera expresamente se señala la disposición total del Gobierno y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad Colombiana, sin distinción, INCLUIDAS OTRAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS a las que invitan a unirse a ese propósito”, puntualiza el documento. Finalmente el fallo señala que los actos de terrorismo referidos por el actor y que fueron perpetrados por el ELN con posterioridad a la suscripción del Acuerdo General y a la expedición de la Resolución demandada, lejos de probar la existencia de una falsa motivación en estos, lo que permite es reafirmar la necesidad de iniciar cuanto antes un diálogo permanente y fluido con dicha organización, para encontrar una pronta solución negociada a tal conflicto. ver
    2016-07-29 NIEGAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el departamento de Córdoba Nicolás Antonio Jiménez Paternina al considerar que no violó el régimen de incompatibilidades para ejercer su cargo. Jiménez Paternina fue demandado porque supuestamente, siendo congresista, había continuado representando judicialmente al municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba, para el cobro de impuestos. La consejera ponente, Martha Teresa Briceño de Valencia, estudió el caso y encontró que no existía ningún contrato o vinculación entre el demandado y el municipio, puesto que el poder había terminado cinco años antes de su posesión como congresista. El fallo insiste en que el poder judicial conferido al Representante a la Cámara terminó automáticamente en la medida en que el demandado adelantó la gestión que se le solicitó, es decir, obtener mediante mandamiento de pago el recaudo de los impuestos, por lo cual no puede decirse que existió un interés particular ni mucho menos que haya existido simultaneidad entre la labor del congresista y su condición de apoderado.
    2016-07-28 ANULAN MILLONARIO LAUDO POR MALA FE DE ÁRBITRO Las garantías de independencia e imparcialidad deben ser observadas rigurosamente en todo momento por los Tribunales de Arbitramento. Este es el mensaje del Consejo de Estado en un caso donde el Estado se salvó de pagar más de mil millones de pesos a una empresa particular por el incumplimiento de un contrato para la explotación de palma de cera en el Casanare, el cual fue celebrado con el Instituto Financiero de dicho departamento. La decisión fue adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado al anular un laudo arbitral de la Cámara de Comercio del Casanare, después de encontrar que uno de los árbitros del proceso había violado el deber de información pues era habitual contratista de la Gobernación del departamento. “La información omitida por el árbitro resultaba relevante para la determinación de su imparcialidad e independencia por cuanto se trata de la existencia de múltiples vínculos contractuales con la oficina asesora jurídica de la Gobernación del Departamento de Casanare, para prestar servicios de asesoría en materias administrativas y contractuales, estando en cabeza del Gobernador del Departamento concretas competencias respecto del Instituto Financiero de Casanare, como son la designación de su gerente, de un representante suyo en la Junta Directiva además de tener participación allí por medio de dos de sus secretarios de despacho”, indica la sentencia. La Sala hizo un llamado de atención a quienes integran los tribunales de arbitramento para que actúen de buena fe y les garanticen a las partes un proceso justo e imparcial, aspecto en el cual juega un papel preponderante el deber de brindar información relevante veraz, auténtica y completa al momento de su designación o con posterioridad, si alguna circunstancia se presenta. ver
    2016-07-28 CULTURA DE LEGALIDAD EN SUCRE Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en la ciudad de Sincelejo, el próximo 29 de julio. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. En Sincelejo el evento se realizará en el auditorio Fortunato Chadid Jattin de la Gobernación de Sucre, a partir de las 8 a.m., y ese día se hará la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Sucre, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdicción. Al evento asistirán el gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo de Sucre, Rufo Arturo Carvajal Argoty; magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-07-27 CULTURA DE LEGALIDAD EN CÓRDOBA Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Montería para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están haciendo ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se llevará a cabo el próximo 28 de julio, en el auditorio Iraca de la CVS de Montería, a partir de las 8 de la mañana. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. A la instalación del seminario asistirán el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad; el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García; el Director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, Ramiro Vargas Díaz; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y el presidente del Tribunal Administrativo de Córdoba, Pedro Olivella Solano.
    2016-07-21 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR FALSO POSITIVO EN EL TOLIMA Más de 1300 millones de pesos tendrá que pagar el Ministerio de Defensa a la familia de un hombre que murió durante la denominada “masacre de Cajamarca”, ocurrida entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, en la zona conocida como “Semillas de Agua”, en zona rural de dicho municipio del Tolima. La víctima fue presentada como miembro del frente 21 de las FARC por parte de uniformados de la Compañía Búfalo de la Sexta Brigada del Ejército que se encontraba en la zona combatiendo a grupos delincuenciales. Durante la investigación penal no se logró demostrar la vinculación de la víctima con el grupo subversivo, por el contrario, tres militares que pertenecían a dicha compañía fueron condenados no solo por su muerte y el desplazamiento forzado de su familia, sino también por la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de otras personas de la región. La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, manifestó su preocupación por el número de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pública encubren, bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias. “En este caso se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejército Nacional, tendientes a lograr la cabal ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institución deben realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que sus misiones de campo son precisas y concretas”, indica la sentencia. ver
    2016-07-12 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIÓN SEGUNDA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a César Palomino Cortés como nuevo magistrado de la Sección Segunda, en remplazo del Doctor Gerardo Arenas Monsalve, quien terminó su periodo constitucional el pasado mes de mayo. El Doctor Palomino Cortés es abogado, especialista en Administración de Justicia y Resolución de Conflictos, y Derecho Comercial de la Universidad Externado, y en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín; además es magister en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. El ejercicio de su profesión lo ha desempeñado en la Rama Judicial como juez promiscuo municipal, juez civil municipal, juez civil y laboral del circuito por más de 10 años en el departamento del Chocó, y como magistrado de Tribunal por más de 16 años. Actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además se ha destacado como docente en las principales universidades del del Chocó.
    2016-07-12 DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA DEL C E DECISIONES DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, julio 12 de 2016. - Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. ver
    2016-07-11 MUERTE DE LUIS CARLOS GALÁN CONSTITUYE DELITO DE LESA HUMANIDAD El Consejo de Estado señaló que el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento en agosto de 1989 constituye un delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible. La Sección Tercera, Subsección C, confirmó un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó la solicitud de reparación interpuesta por una persona que estuvo vinculada durante 14 años al proceso penal dentro de las investigaciones por la muerte de Luis Carlos Galán, y posteriormente fue absuelta. El actor estimó que por el lapso que duró la etapa de instrucción hubo un defectuoso funcionamiento del aparato judicial. Sin embargo, la Sala explicó que aunque el accionante estuvo vinculado a un investigación penal por más de 10 años, por los punibles de homicidio y lesiones personales con fines terroristas y concierto para delinquir por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, no existe prueba de que se haya librado medida de aseguramiento, boleta de encarcelación, boleta de libertad o un equivalente que certifique que estuvo privado de la libertad. Además, por ser delito de lesa humanidad, la autoridad no está obligada a actuar en lo que denominan “plazo razonable”, sino en lo que se requiere para adelantar adecuadamente la investigación. "En la actuación criminal seguida por el homicidio de Galán Sarmiento el haber sido vinculado a un proceso que se prolongó por más de una década no implica, per se, violación a la garantía convencional y constitucional al plazo razonable, subsumido en el marco de las garantías judiciales (artículo 8 CADH) y el debido proceso judicial (artículo 29 Constitución Política) por cuanto las exigencias de la justicia en un acto calificado por la propia autoridad penal como constitutivo de un acto de lesa humanidad implican la prevalencia del deber de investigar y juzgar respecto a la antecitada garantía judicial de ahí que no pueda esta judicatura censurar el actuar de las autoridades penales por el sólo hecho del periodo por el cual, en sede de instrucción, duró vinculado el demandante", señala la decisión. ver
    2016-07-07 DECLARAN NULA SANCIÓN CONTRA EXMINISTRO SABAS PRETELT El Consejo de Estado declaró la nulidad del fallo disciplinario proferido por la Procuraduría General de la Nación, el cual le impuso 12 años de sanción al exministro Sabas Pretelt de la Vega, el 24 de agosto de 2010. El exministro fue sancionado por presuntamente ofrecer al excongresista Teodolindo Avendaño la vinculación de recomendados suyos a la administración, a cambio de que se ausentara de la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del 3 de junio de 2004, con el fin de conseguir la aprobación del proyecto de acto legislativo de la “reelección presidencial”. Pretelt de la Vega le solicitó al Consejo de Estado declarar nula esa sanción argumentando violación de sus derechos a la defensa y prescripción de la acción, puesto que transcurrieron más de cinco años entre el momento en que supuestamente ocurre la conducta reprochada y la expedición del fallo. Sin embargo, para la Procuraduría, aunque la conducta del exministro inició al momento de realizar el ofrecimiento a Teodolindo Avendaño, los efectos se mantuvieron en el tiempo hasta el 23 de noviembre de 2005 cuando se produjo el resultado, es decir, cuando supuestamente ocurrió el nombramiento de un recomendado del exparlamentario en una notaría de Bogotá. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, explicó que la falta atribuida al demandante y por la que fue investigado se tipifica con el acto de ofrecer, que es una acción pura y simple y su configuración no comporta la aceptación y el cumplimiento de lo ofrecido. “Por ello, si la conducta que se endilgó consistía en el ofrecimiento, es a partir de este y no de los presuntos efectos que empieza a correr el término prescriptivo, pues si se atuviera a sus efectos para entender perfeccionada la falta, estaríamos ante un tipo disciplinario diferente”, indica la sentencia. ver
    2016-07-05 CONSEJO DE ESTADO EN MESA DE SOCIALIZACIÓN DE JUSTICIA El magistrado de la Sección Primera doctor Guillermo Vargas Ayala, en representación del Consejo de Estado, participó el pasado jueves 30 de junio en la mesa de socialización de justicia, correspondiente a los compromisos de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA). Esta es una de las actividades que cumple la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado, que activamente se ha vinculado a las actividades diseñadas con el propósito de cumplir el objetivo de informar a la comunidad sobre la labor realizada en el Alto Tribunal, dentro de su compromiso de mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos. Adjunto puede consultar el video correspondiente a la reunión sostenida con quienes integran AGA, entre otros, la Corporación Excelencia en la Justicia y los Ministerios de Justicia y TIC. https://youtu.be/s3-27-ytlnk
    2016-07-05 PRECISAN COMPETENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN CASO DE BOJAYÁ El Estado no puede tramitar peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra los grupos armados ilegales por las violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante el ataque del grupo insurgente FARC en el municipio de Bojayá, Chocó, en el año 2002. Así lo señaló la Sección Quinta del Consejo de Estado al confirmar un fallo de tutela dictado por la Sección Cuarta de esta corporación que amparó el debido proceso del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, luego de que el Tribunal Administrativo del Chocó, en diferentes sentencias, impuso varias medidas de reparación no pecuniarias en favor de las víctimas de la masacre, a pesar de tratarse de violaciones e infracciones originadas en un mismo hecho. La corporación precisó que en el procedimiento contencioso regional, el Estado no está legitimado para tramitar una petición individual porque esta posibilidad está reservada para las personas, los grupos de personas y las entidades no gubernamentales debidamente reconocidas. Agregó que el Sistema Interamericano no tiene competencia para adelantar procesos contra los grupos armados legales y que no puede ir directamente ante la Corte porque es necesario acudir primero ante la Comisión Interamericana, como organismo competente para llevar el caso ante el tribunal internacional. Con ponencia del consejero de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio, la Sala confirmó la decisión que dispuso que el tribunal administrativo no debe imponer de manera repetida el mismo tipo de medidas de reparación no pecuniarias en todas las sentencias dictadas contra el Estado, ya que las reparaciones adoptadas en los primeros fallos, en virtud del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, son extensivas a todas las víctimas del mismo hecho. La sentencia no afectó las demás decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Chocó en favor de las víctimas de la masacre en los procesos de reparación directa, dado que la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Defensa cuestionaba únicamente las medidas repetitivas no pecuniarias de idéntico carácter. El fallo explicó que la Corte Interamericana tiene reconocido que los órganos del sistema regional de protección no tienen competencia para analizar el incumplimiento de tratados diferentes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos regionales, lo que hace que no pueda pronunciarse sobre la infracción de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, como lo había ordenado el Tribunal Administrativo del Chocó. Recalcó que uno de los fundamentos normativos sobre el cual el Tribunal del Chocó sustentó las medidas no pecuniarias, como es el Convenio IV de Ginebra, no es aplicable al conflicto armado interno porque el mismo está regulado únicamente por el artículo tercero común a los citados convenios y por el Protocolo II Adicional. Respecto de la medida que ordenaba expedir copias de los fallos con destino a la Corte Penal Internacional, la decisión advirtió que, además de ser subsidiaria, la competencia de dicho organismo internacional solo puede ser ejercida sobre crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, por lo que la masacre de Bojayá está por fuera del marco temporal de competencia de este. Adicionalmente, precisó que el principio de activación de la competencia de la CPI no opera con base en la remisión de copias hecha por los jueces del derecho interno y exige demostrar la falta de capacidad del Estado para adelantar la investigación respectiva o la decisión de abstenerse de iniciar la acción penal por tales hechos, lo cual no ocurrió en el caso de Bojayá. “Aparte de las anteriores consideraciones, la Sala no puede desconocer que al ratificar el Estatuto de Roma, el Estado hizo una declaración interpretativa a través de la cual no aceptó la competencia de la CPI para el conocimiento de la categoría de crímenes de guerra por el término de siete (7) años, el cual venció a en noviembre de 2009”, señaló el fallo. La Sección Quinta consideró que tampoco es procedente que instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emita pronunciamiento sobre la crisis humanitaria que azotó al Medio Atrato y afectó a la población civil por la masacre de Bojayá, dado que en el año 2002 dicho organismo elaboró un documento de trabajo sobre la situación por solicitud del Gobierno Nacional y adoptó su posición sobre el hecho en el Informe de la Oficina correspondiente al mismo año. ver
    2016-06-30 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL VALLE DEL CAUCA Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Cali para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están haciendo ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se llevará a cabo el próximo 1 de julio, en el auditorio principal de Comfenalco de Cali, a partir de las 8 de la mañana. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. A la instalación del seminario asistirán la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres; el alcalde de Cali, Maurice Armitage Cadavid; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y el presidente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Franklin Pérez Camargo.
    2016-06-22 ORDENAN A LA FISCALÍA DEJAR SIN EFECTOS TRASLADO DE FUNCIONARIA El Consejo de Estado tuteló los derechos a la unidad familiar y al trabajo en condiciones dignas de una mujer que solicitó conservar su empleo en Bucaramanga, luego de ser trasladada a Bogotá por la Fiscalía General de la Nación. La señora se desempeñaba en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga y en enero de este año fue reubicada en la Subdirección Seccional de Fiscalías de Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, por tal motivo solicitó dejar sin efectos la resolución que ordenó su traslado, debido a que sus padres se encuentran bajo su cuidado. La actora explicó que su madre de 85 años padece de Alzheimer, y a su padre de 89 años le diagnosticaron enfermedad ateroesclerótica, por lo que viven en una casa contigua a la de la demandante para facilitar su cuidado. La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, recordó que en estos casos al juez le corresponde analizar si el traslado fue arbitrario, bien porque no se tuvo en cuenta las condiciones relevantes del trabajador o porque se desmejoró la situación laboral, o si el traslado genera una vulneración a los derechos fundamentales del trabajador o de su familia. “Para la Sala la decisión de trasladar a la señora sí afecta de forma clara, grave y directa el derecho fundamental a la salud de los padres de la actora porque sufren de enfermedades y, que por ser adultos de la tercera edad, requieren de la presencia de su hija”, indica el fallo. En la tutela la actora también alegó ser víctima de discriminación por razones de género, puesto que las únicas dos mujeres miembros de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga fueron las trasladadas. “La Fiscalía General de la Nación no justificó ni probó la inexistencia de actos discriminatorios contra la mujer… En especial, no se probó la ocurrencia de un fin constitucionalmente exigible atado al traslado de la señora”, señala la sentencia. ver
    2016-06-21 DECRETAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE REPRESENTANTE PEDRO ORJUELA La Sala Plena del Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Pedro Jesús Orjuela Gómez, quien fue elegido para el periodo 2014-2018, por el Partido Liberal. La Corporación señaló que en el caso del señor Orjuela Gómez se configura la inhabilidad fijada en el numeral primero del artículo 179 de la Constitución Política, según la cual no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Según se demostró en el proceso, Orjuela Gómez fue condenado, a título de dolo, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, sentencia penal que se encuentra debidamente ejecutoriada. En otra decisión, la Sala Plena negó la pérdida de investidura del excongresista Jaime Alonso Vásquez Bustamante, al no encontrar pruebas que demostraran un supuesto tráfico de influencias. El demandante alegó que el exrepresentante a la Cámara había ingresado de manera irregular, junto con otros congresistas, a la cárcel La Picota de Bogotá para asistir a una fiesta de cumpleaños en un día que no era de visita oficial. Para la Sala el demandante no demostró que Jaime Vásquez Bustamante utilizara su influencia, cuando era congresista, para tener acceso al centro penitenciario.
    2016-06-20 CONDENAN A CLÍNICA DE YOPAL POR MUERTE DE PACIENTE El Consejo de Estado condenó a la Clínica Casanare de Yopal a pagar más de 600 millones de pesos por la falla en la prestación del servicio que ocasionó la muerte de una mujer, a quien no se le diagnosticó a tiempo un cuadro de apendicitis. La señora, que estaba embarazada, ingresó a la clínica el 3 de septiembre de 2003 por un dolor abdominal y, luego de varios exámenes, se le diagnosticó una infección urinaria. Seis días después y en vista de que su estado no mejoraba, la madre decidió firmar su salida voluntaria de la Clínica. El 12 de septiembre del mismo año ingresó a urgencias del Hospital de Yopal donde, al momento de practicársele una cesárea, los médicos se dieron cuenta que tenía perforada la apéndice, razón por la cual le realizaron una apendicectomia. Sin embargo, debido a que su condición de salud no mejoraba, el 19 de septiembre de 2003 se ordenó su remisión a un hospital de tercer nivel en Bogotá, pero falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital San Rafael. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudió el caso y encontró demostrado que los médicos de la Clínica Casanare no utilizaron todos los recursos necesarios para esclarecer el diagnóstico de la patología que padecía la señora. “Estas conductas no se acompasan con el principio de confianza, según el cual los pacientes encomiendan su estado general de salud al profesional médico para que este adopte, según el rol asignado en la sociedad, todas las medidas necesarias para despejar la incertidumbre que supone la conjugación de múltiples síntomas y signos que refiere el paciente… En otros términos, a pesar de que los síntomas de apendicitis podían ser evidentes, los médicos de la Clínica Casanare nunca confirmaron o descartaron dicha patología. ver
    2016-06-14 AVISO El Consejo de Estado informa que procederá a proveer en provisionalidad la vacante que a partir del 16 de junio de 2016 deja la doctora Beatriz Martínez Quintero, magistrada de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el caso de que lleguen lista de elegibles o solicitudes de traslado (art. 134 y 166 de la Ley 270 de 1996), la provisión del cargo se hará en propiedad. Esto se hace en aplicación de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política. ver
    2016-06-10 NIEGAN SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN SOBRE DIÁLOGOS DE PAZ El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la Resolución 339 de 19 de septiembre de 2012, por medio de la cual se autorizó la instalación de una mesa de diálogo con el grupo subversivo FARC y se designaron los delegados del Gobierno Nacional para la misma. La Resolución fue demandada por un particular al considerar que no se ha cumplido con el mantenimiento del orden público y con la obtención de la paz, según informaciones publicadas por los medios de comunicación. “El Gobierno y las FARC actúan contrario a lo que sostiene el Presidente cuando deja por fuera al otro grupo terrorista ELN, desconoce las facultades que se le ha otorgado a la Fuerza Pública y resulta contrario con los mandatos constitucionales que lo comprometen como mandatario con la protección de los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia”, señala el demandante. La magistrada ponente, doctora María Elizabeth García González, estudió los argumentos y encontró que no existe una violación de la Constitución Política, por cuanto el actor se limita a transcribir apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por los grupos armados de las FARC y el ELN. “En el texto de la demanda se hacen elucubraciones acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participación de todos los grupos al margen de la ley… y en contravía del bienestar común que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la población civil”, indica el Auto que resolvió la medida cautelar, el cual no fue objeto de recurso alguno. ver
    2016-06-09 ORDENAN A MINVIVIENDA PRORROGAR SUBSIDIO A MADRE CABEZA DE FAMILIA El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Vivienda y al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) renovar y prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda de interés social que le fue adjudicado a una habitante de Montería (Córdoba), en noviembre de 2011. La decisión fue adoptada en una tutela que fue instaurada por una madre cabeza de familia, quien reclamaba la renovación del subsidio de vivienda, después de que en octubre de 2015 la Gobernación de Córdoba le informara que este había vencido. La señora explicó que durante casi cuatro años estuvo pendiente de la finalización del proyecto “Urbanización Villa Melisa” de Montería, al cual había aplicado, pero debido a que la obra sigue sin terminar, no ha podido recibir el dinero del subsidio porque solo se hace efectivo contra escritura pública del inmueble. La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, señaló que la demora entre la asignación del subsidio y la no entrega del inmueble es ajena a la voluntad de la actora y, además, la perjudica al verse privada de una solución habitacional a la que tiene pleno derecho. Para la Sala, el derecho a la vivienda digna de personas beneficiadas con subsidios no puede verse comprometido ante el incumplimiento contractual de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, así como tampoco los beneficiarios de los subsidios deben asumir las cargas administrativas que se originan de las dificultades técnicas o presupuestales en la ejecución de los proyectos de vivienda. “Los vencimientos de los subsidios no son culpas atribuibles al usuario sino a las entidades accionadas, puesto que lo mínimo que debió haber hecho Fonvivienda, como entidad responsable del seguimiento de la política de vivienda, fue haber buscado una solución con la cual no hubiera declarado vencido el respectivo subsidio”, indica la sentencia. ver
    2016-06-07 ORDENAN ATENCIÓN EN SALUD PARA RECLUSOS DE CÁRCEL DE SINCELEJO El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al departamento de Sucre y a la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras instituciones, adoptar medidas urgentes para controlar y superar la epidemia de varicela que se presenta en la cárcel de Sincelejo. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, al estudiar una tutela interpuesta por el defensor del Pueblo de Sucre, Óscar Luis Herrera Revollo, debido a la grave situación de salud de los internos en dicho centro penitenciario. El funcionario explicó que actualmente en la cárcel de Sincelejo existe un hacinamiento del 143.9 % y que en el penal hay internos diagnosticados con VIH y otras patologías que no reciben tratamiento integral, sumado a un brote de varicela. El fallo ordena aislar y evitar el contacto de los casos infecciosos de varicela con las demás personas privadas de la libertad, realizar brigadas de salud, realizar jornadas de fumigación y desinfección de las áreas de aislamiento e instalar en la entrada del penal un aviso en el que se informe a los visitantes que en las instalaciones se presenta una epidemia. La Sala también le dio 48 horas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que, a través de las entidades que prestan el servicio de salud en el establecimiento penitenciario, se garantice la atención de todos los reclusos del penal y se suministren los medicamentos y tratamientos médicos necesarios para las enfermedades que los aquejan. La sentencia recuerda que la salud, como derecho fundamental, debe ser garantizada a toda la población colombiana sin distinción alguna, y en el caso de los reclusos, dicha obligación recae en manos de las autoridades carcelarias. ver
    2016-06-07 FUERO DE MATERNIDAD COBIJA A MADRES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL La Sección Cuarta del Consejo de Estado advirtió que la terminación del periodo del servicio social obligatorio no es justa causa para que una institución de por terminado el vínculo laboral de una mujer en estado de embarazo. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al tutelar los derechos de una joven que fue nombrada como médico de Sanidad Militar de la Armada Nacional en Buenaventura para que cumpliera el servicio social obligatorio, por el término de un año, a partir del 13 de noviembre de 2014, pero en mayo de 2015 se dio cuenta de que estaba embarazada. Al culminar el servicio, el 12 de noviembre de 2015, la Dirección General de Sanidad Militar dio por terminado el nombramiento, argumentando que el periodo del servicio social obligatorio no podía exceder un año. Con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, la Sala señaló que si bien la culminación de la relación laboral se produjo por la finalización del término del servicio social obligatorio, la joven gozaba del fuero de maternidad que opera, incluso, en las relaciones laborales que surgen con ocasión del servicio social obligatorio. “Esa especial circunstancia —el estado de embarazo— altera sustancialmente las reglas que rigen esa clase de vinculación laboral, toda vez que la expiración del periodo previsto de servicio social obligatorio, que en principio determinaba el tiempo de la vinculación, debe ceder ante la protección constitucional establecida a favor de las mujeres embarazadas”, indica la sentencia. La Sala recuerda que el fuero de maternidad proviene de normas de orden constitucional y, por lo tanto, se imponen a las de rango legal. ver
    2016-06-07 SE DECLARA NULA ELECCIÓN DE LA GOBERNADORA DE LA GUAJIRA En Sala de 7 de junio de 2016, mediante decisión unánime, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Oneida Rayeth Pinto Pérez como Gobernadora de La Guajira. En la demanda se le acusó a la Gobernadora de violar la prohibición contenida en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, según la cual, quien resulte elegido alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes. Ocurre que la demandada fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el período 2012-2015 y ocupó tal dignidad hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada. Pese a lo anterior, la señora Pinto Pérez el 25 de junio de 2015 se inscribió como candidata a la gobernación de La Guajira para las recientes elecciones territoriales de 2015. Entonces, como entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con la modificación de la Ley 1475 de 2011, se imponía a la Sala Electoral de esta Corporación anular la elección de la demandada al cargo de gobernadora de La Guajira. La providencia, que constituye Sentencia de Unificación, genera una nueva jurisprudencia en relación con: (i) la definición del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7, 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, (ii) el alcance de la aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en materia electoral y (iii) los efectos de la declaratoria de nulidades electorales por vicios subjetivos. ver
    2016-06-03 CONDENAN A LA POLICÍA POR MUERTE DE MOTOCICLISTA El Consejo de Estado recordó que si bien es cierto que las autoridades pueden hacer uso legítimo de la fuerza y recurrir a las armas para su defensa, también es cierto que esta potestad solo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un daño menor. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar a la Policía Nacional por la muerte de un civil, cuando se desplazaba en una motocicleta, junto con otra persona, en el barrio Alfonso López de Cali, el 29 de abril de 2006. Según la investigación, los agentes de policía iniciaron una persecución contra los motociclistas y, durante la misma, la víctima recibió un disparo en la parte posterior de su cabeza, cayó del vehículo y fue auxiliado por los agentes que lo trasladaron al centro médico más cercano, donde posteriormente murió. La Policía señaló que la víctima era el jefe de una banda delincuencial y que falleció durante un enfrentamiento entre pandillas, sin embargo, la Sección Tercera no encontró pruebas que demuestren que el hombre, en el momento de su muerte, portara un arma de fuego, ni mucho menos que con esta enfrentara otras personas o que hubiera atacado a los uniformados. Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sala señaló que el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar una vida humana es el último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o repeler un delito o agresión. “No debe perderse de vista que el artículo 2 de la Carta Política asigna en cabeza de las autoridades públicas la protección genérica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive de aquellos que puedan ser catalogados como delincuentes”, indica la sentencia. ver
    2016-06-01 CULTURA DE LEGALIDAD EN NEIVA Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Neiva (Huila) para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos, y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se realizará el próximo 02 de junio en el auditorio de la Asamblea Departamental del Huila, a partir de las 8 a.m. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración. Además de la intervención del señor gobernador del Huila, Dr. Carlos Julio González Villa y de su jefe jurídico, Dr. Juan Felipe Molano, se contará con la participación de cuatros consejeros de Estado que brindarán un panorama de cómo prevenir errores jurídicos que desencadenen en demandas contra el departamento y el municipio, en temas como contratación estatal e impuestos territoriales.
    2016-05-26 CARGO DE MAGISTRADO EN META NO SE ELEGIRÁ La Sala Plena del Consejo de Estado no elegirá magistrado del Tribunal Administrativo del Meta, dentro de la convocatoria pública dada a conocer, debido a que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial informó del concepto favorable de traslado de un servidor de carrera a dicha plaza que se encontraba vacante. En la convocatoria publicada en la página web del Consejo de Estado se informó que la elección a realizar sería en provisionalidad y estaba sujeta a la designación por el procedimiento legal establecido, esto es, por un concepto favorable de traslado o por una lista de elegibles. En el caso de la vacante del Meta, se cumplió el primero de estos. Adjunto se publica el Acuerdo de la Sala Plena, de fecha 23 de mayo de 2016. ver
    2016-05-24 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SALA DE CONSULTA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Óscar Darío Amaya Navas como nuevo magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en remplazo del Doctor William Zambrano Cetina. El Doctor Amaya Navas es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Económico de la misma institución académica, y Doctor en Derecho también del Externado. Se ha desempeñado como director y asesor jurídico de algunas entidades privadas. En el sector público fue viceministro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y actualmente es procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación. Además se ha destacado como autor de varias publicaciones y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia en cátedras como Derecho Económico Ambiental y Derecho del Medio Ambiente.
    2016-05-20 PRIORIZAN DEMANDA CONTRA RESOLUCIÓN QUE APROBÓ NEGOCIACIÓN DE PAZ La Sección Primera del Consejo de Estado viene considerando la demanda promovida por el señor Tomás Javier Oñate Acosta, la cual pretende la nulidad por falsa motivación de la Resolución 108 de 2015 y 339 de 2012, por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo. Según el demandante, pese al proceso de paz, el grupo Farc sigue incurriendo, al momento de la presentación de la demanda, en graves hechos de violencia y ataques a la población civil. Adicionalmente, argumenta que no se vinculó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la negociación. La Sala consideró que dicho proceso no coincide con la demanda promovida por el ciudadano Eduardo Montealegre Lynett, en la cual se demanda la palabra “Acuerdo” contenida en la misma Resolución 339 y en la que se pretende la constitucionalidad condicionada de la citada expresión, en el sentido de que el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz tienen la categoría de acuerdo especial en los términos que establece el Derecho Internacional Humanitario. Según el Alto Tribunal, en la medida en que los dos procesos tienen actores diferentes, varían en sus pretensiones y se apoyan en motivos totalmente distintos, no resulta procedente la promoción de un conflicto de competencias con la Corte Constitucional. Es decir, no se dan los supuestos exigidos para plantear el conflicto ante la entidad competente. Finalmente, y dada la importancia y trascendencia social de la demanda promovida por el señor Oñate Acosta, la Sección Primera dispuso fijar, en el menor tiempo posible, la audiencia de alegatos y de fallo de la referida demanda. Para conocimiento, los reportes del proceso indican que la demanda fue admitida el 10 de septiembre de 2015 y la medida cautelar solicitada fue resuelta negativamente el 30 de noviembre del 2015.
    2016-05-19 CE NO PARTICIPARÁ EN DEMANDA DE EXFISCAL MONTEALEGRE El Consejo de Estado decidió no atender la invitación de la Corte Constitucional para dar su opinión frente a la demanda que presentó el exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnett. El exjefe del ente investigador le pidió a la Corte que la expresión “acuerdo”, contenida en el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se encuentra incorporado en la Resolución 339 de 2012, expedida por el presidente de la República, se entienda como un acuerdo especial a los que se refiere el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra (D.I.H). Actualmente la Sección Primera del Consejo de Estado estudia una demanda contra la misma Resolución 339, la cual fue admitida el 30 de noviembre de 2015 y rechazada la solicitud de medida cautelar. Dentro del trámite se fijó el 19 de septiembre de este año como fecha de la audiencia inicial
    2016-05-19 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CAUCA Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Popayán para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se llevará a cabo el próximo 20 de mayo y tendrá dos escenarios. La primera jornada se realizará de 8 a.m. a 1 p.m. en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, y la segunda jornada será de 3 p.m. a 5 p.m. en el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. Al seminario asistirán el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado; el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo del Cauca, Carlos Hernando Jaramillo Delgado; y el rector de la Universidad del Cauca, Juan Diego Castrillón Urrego.
    2016-05-12 CULTURA DE LEGALIDAD EN EL EJE CAFETERO Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, los días 12 y 13 de mayo del presente año. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. En Armenia el evento se realizará en el Salón Bolívar de la Gobernación del Quindío, el próximo jueves, 12 de mayo, a partir de las 8 de la mañana. En Pereira, el seminario será en el auditorio de la Universidad Libre, el mismo 12 de mayo, pero desde las 3 de la tarde. Por último, el Consejo de Estado estará en Manizales en el auditorio del Palacio Nacional de Justicia “Fanny González Franco”, el viernes 13 de mayo, a partir de las 8 de la mañana. A los tres eventos asistirán el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; magistrados de esa Corporación y de los Tribunales Administrativos del Quindío, Risaralda y Caldas, jueces administrativos y servidores públicos.
    2016-05-11 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR DESAPARICIÓN Y MUERTE DE CIVIL El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional diseñar entre los Comandos de Policía del país un plan integral de inteligencia, con el fin de lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporación, permanencia y funciones de los uniformados de esa institución para evitar actos de corrupción. La decisión fue adoptada por el alto tribunal al condenar a dicho Ministerio por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un civil en la vía que de Bogotá conduce a Madrid (Cundinamarca), el 7 de agosto de 2009. En el proceso se logró demostrar que la desaparición y muerte de esta persona, así como la de otros trece transportadores que operaban en zonas rurales de Bogotá, fue cometida por una banda delincuencial de la cual hacían parte varios agentes de la Policía, quienes realizaban retenes en las vías de Cundinamarca para hurtar camiones y ultimar a sus conductores. Los cuatro agentes de la Policía que hacían parte de la banda fueron destituidos de sus cargos y, uno de ellos, fue condenado a sesenta años de prisión por el asesinato del particular. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que los uniformados de la Policía involucrados utilizaron su condición de agentes activos de la institución para realizar tales retenes, con apariencia de legítimos, lo cual les permitió engañar a su víctima. “Los mandos superiores de la institución deben examinar el proceder de sus hombres con el fin de prevenir y enfrentar todo tipo de actos de corrupción, lo cual pone de manifiesto el incumplimiento de los compromisos de la institución para con la sociedad en general y evidencia un problema estructural de descomposición moral y disciplinaria que se vivencia de tiempo atrás y se expresa en la reiterativa y creciente participación de sus miembros en hechos delictivos de diversa naturaleza acaecidos a lo largo y ancho del país”, concluyó el fallo. ver
    2016-05-05 CULTURA DE LEGALIDAD EN EL AMAZONAS Continuando con su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Leticia (Amazonas) para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. El evento se realizará el próximo 6 de mayo en el aula múltiple de la Biblioteca del Banco de la República, a partir de las 8 a.m. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. A la instalación del evento asistirá el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; la gobernadora encargada, Ana María Almario Dreszer, el alcalde de Leticia, José Úber Araújo Nieto, y el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Alberto Álvarez Parra.
    2016-05-02 MILLONARIA CONDENA CONTRA EL ESTADO POR TOMA DE MIRAFLORES El Consejo de Estado exhortó al Presidente de la República, como cabeza de las negociaciones de paz de la Habana, para que transmita al grupo armado insurgente Farc y a sus máximos dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional sobre el uso de armas no convencionales y el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados secuestrados en la toma a la base militar de Miraflores (Guaviare) el día 3 de agosto de 1998. La Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Olga Mélida Vallle de De la Hoz, condenó a la Nación al pago de más de 8000 millones de pesos como indemnización por los perjuicios que sufrieron 28 víctimas del secuestro (soldados y policías) y tres lesionados. Según la decisión, durante el tiempo que se prolongó la retención, los uniformados se vieron expuestos a tratos crueles, degradantes, negatorios de la dignidad humana, entre ellos: inasistencia médica, alimenticia, sanitaria, torturas físicas y sicológicas, ubicación en sitios humillantes como lo que un soldado llamó “campos de concentración”, encierros con alambre de púa, malla y madera, actuaciones estas que, a juicio de la Sala, “constituyen conductas de carácter sistemático, prolongadas en el tiempo que se acompasaban con la política delincuencial que las Farc tenían respecto del trato que otorgaba a los militares y policiales retenidos”. El fallo enfatiza que lo sucedido en Miraflores representa acciones sistemáticas, continuadas y de profunda violación de las reglas de todo conflicto armado, teniendo en cuenta los sucedido en la Masacre de Puerres, Nariño (15 de abril de 1996), la Toma a la Base Militar de Las Delicias (30 de agosto de 1996), la Toma a la Estación de Policía de Barbacoas, Nariño (6 de junio de 1997), la Toma a la Estación de Policía de Mesetas, Meta (15 de diciembre de 1997), la Toma a la Base Militar del Cerro de Patascoy (21 de diciembre de 1997), el Billar, Caquetá (3 de marzo de 1998). ver
    2016-05-02 ESTADO DEBE RESPONDER POR DESMINADO DE ZONAS IDENTIFICADAS El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a pagar más de 780 millones de pesos por la muerte de un residente de la vereda Ocó Alto del municipio de Tarazá (Antioquia), que fue víctima de una mina antipersonal en el año 2009. El Ejército Nacional apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia por considerar que la erradicación de minas que debe efectuar el Ejército solo se limita a aquellas que el propio Estado había colocado, pues es una “utopía erradicar las minas antipersonal que utiliza la subversión”. Además, estimó que la capacitación en el riesgo de minas no es función del Ejército Nacional sino del Programa Presidencial para la acción integral contra las minas antipersonal. La Sección Tercera explicó que el Estado colombiano ratificó y aprobó la Convención de Otawa en el año 2000, referente a la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha señalado que el Estado está obligado a destruir las minas o asegurar que esto se cumpla, por lo que debe identificar las zonas donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal y deberá demarcar los lugares, vigilarlos y asegurar la exclusión eficaz de civiles. La Sala estimó que en el presente asunto se pueden haber concretado vulneraciones a derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, pues se evidenció una falla en el servicio por incumplimiento, omisión y esencialmente por falta de eficacia en la aplicación e implementación de los medios y herramientas disponibles por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional para la erradicación de estos artefactos. Expuso que razonable y proporcionalmente estas entidades debían haber atendido la grave e insostenible situación que padecían los pobladores del municipio de Tarazá. ver
    2016-05-02 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR CHOCÓ La Sección Quinta del Consejo de Estado mantuvo el acto de elección de los Representantes a la Cámara por el departamento de Chocó, para el periodo 2014-2018, por considerar que “no logró desvirtuarse la presunción de legalidad que ampara el acto de elección acusado y las resoluciones objeto de examen”. Se trata de las demandas acumuladas presentadas por dos ciudadanos contra el Acuerdo número 20 de 16 de julio de 2014, expedido por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se declaró la elección de los representantes Nilton Córdoba Manyoma y José Bernardo Flórez Asprilla Tras estudiar cada una de los señalamientos hechos por los demandantes la sala consideró que: 1. Frente a un supuesto caso de “jurados usurpadores”, dicho hecho no se probó porque no se tuvo en cuenta el último acto que los designó, pues el demandante fundamentó el cargo en el acto de designación de jurados anteriores. 2. En cuanto al supuesto “rompimiento de la cadena de custodia”, es un hecho que tampoco fue probado, pues la Sala pudo establecer que por el contrario las pruebas dan cuenta de la razón del traslado de los documentos electorales, de la custodia y acompañamiento de la Policía Nacional, del acta de claveros que autorizó otra acta triclave dado que la anterior fue insuficiente. 3. De otro lado, las presuntas diferencias en los formularios electorales E-14 E-24 y E-11 E-14 no se demostraron; en unos casos por falta de presupuestos en la formulación de los cargos y en los que sí se cumplió con estos, corregida la votación no incide en el resultado para modificarlo o variarlo, razón por la cual en aplicación del principio de eficacia del voto no hay lugar a anular la elección. ver
    2016-04-27 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN LA REGIONES Barranquilla, abril 27 de 2016. - Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones” en la ciudad de Barranquilla, el próximo 28 de abril. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. En Barranquilla el evento se realizará en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre, a partir de las 8 a.m., y ese día se hará la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Atlántico, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdicción. Al evento asistirán el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo del Atlántico, Óscar Wilches, magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-04-14 PROTECCIÓN A COMUNIDAD WAYÚU El Consejo de Estado determinó que la Nación debe seguir entregando a la Sociedad Salinas Marítimas de Manaure Ltda. (SAMA), cuya actividad está bajo el control de la comunidad Wayúu, los ingresos y activos que se deriven de la explotación de sal en ese municipio de la Guajira. La decisión fue adoptada por la Sección Primera, con ponencia del magistrado Roberto Serrato Valdés, al declarar la nulidad condicionada del artículo 2 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, en consideración a que debe respetarse la transferencia de los activos obtenidos de dicha actividad minera que la Nación se comprometió a entregar a esa población indígena, a través de la Sociedad SAMA Ltda., desde 2004. El Decreto 1070 de 2009 fue demandado por un miembro de la comunidad Wayüu, con fundamento en que al no efectuarse la transferencia de los recursos, la comunidad indígena se vería afectada en sus derechos fundamentales puesto que ese artículo 2 disponía que los ingresos obtenidos por la explotación minera en las Salinas de Manaure debían entregarse a los Ministerios de Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo. Esta disposición iba en contravía de lo dispuesto en la Ley 773 de 2002 que autorizó la creación de la empresa de economía mixta Salinas Marítimas de Manaure Ltda. (SAMA), en cuya escritura de conformación quedó pactada la cesión del 51 % de la participación accionaria de la Nación a dicha Sociedad, con el objeto de emplear esos recursos para la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de las sales que se producen en las salinas marítimas de Manaure y destinar los ingresos a la comunidad Wayúu. “Al disponer el Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, que los activos… de la concesión Salinas… debían entregarse a los Ministerios de Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo y otros, se contrarió lo dispuesto en la Ley 773 de 2002, en cuanto los recursos correspondientes a las salinas de Manaure, debían ser entregados a la sociedad Salinas Marítimas de Manaure Ltda. -SAMA LTDA., sin sujeción a condición alguna y en aras de garantizar los derechos fundamentales de la comunidad Wayúu”, indica la sentencia. ver
    2016-04-13 CONGRESO NO RESPONDE POR LEYES TRIBUTARIAS DECLARADAS INEXEQUIBLES La Sección Cuarta del Consejo Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso del Congreso de la República y de sus miembros y dejó sin efectos la sentencia que le obligaba a pagar una indemnización a la empresa Goodyear de Colombia S.A., por una ley declarada inexequible. La Sentencia revocada fue proferida el 26 de marzo de 2014 por la Sección Tercera, Subsección C, de la misma Corporación, mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del legislador, por incurrir en falla del servicio luego de la expedición de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, que creó la Tasa Especial por Servicios Aduaneros (TESA) y que debía ser pagada por la empresa privada. La falla del servicio en la actividad legislativa, según la Sección Tercera, consistió en que la Corte Constitucional, por conducto de la Sentencia C-992 de 2001, declaró inexequibles los mencionados artículos de la Ley 633 de 2000, por tanto, Goodyear de Colombia S.A. no debió pagar dicha tasa, pues las normas creadoras del tributo nacieron viciadas de inconstitucionalidad. Por su parte, la Sección Cuarta, en la sentencia de tutela, precisó que la condena impuesta al Congreso de la República por la supuesta causación de un daño antijurídico a Goodyear de Colombia S.A resultó violatoria del derecho al debido proceso del legislador y desconoció el mandato de los artículos 90 de la Constitución Política y 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, porque no es posible predicar responsabilidad alguna del Congreso de la República por los pagos de la TESA que hizo Goodyear de Colombia S.A., durante el lapso comprendido entre la expedición de la ley y la declaratoria de inexequibilidad. ver
    2016-04-11 COMUNICADOS DE LA C C NO SUPLEN LA NOTIFICACIÓN DE LOS FALLOS El Consejo de Estado negó una acción de tutela con la cual la Contraloría de Cúcuta pretendía que se revocara un fallo que ordenó el reintegro de un exfuncionario y el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculación en 1999 hasta 2014, fecha de la sentencia. Según el accionante, el Tribunal, al fallar el caso, desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dada a conocer mediante comunicado de prensa, según la cual se debe pagar a título indemnizatorio el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis meses ni pueda exceder de veinticuatro meses de salario. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez, explicó que los comunicados de prensa no son sentencias ni responden a las características propias de las providencias judiciales, motivo por el cual su propósito eminentemente informativo no les confiere fuerza vinculante de ninguna índole. La misma Corte Constitucional ha señalado que su presidente expide los comunicados de prensa con el fin de poner en conocimiento de la comunidad las decisiones adoptadas y con ello de los cambios que implican en el ordenamiento jurídico. No obstante, al no ser la sentencia misma la que se publica no produce efectos jurídicos. En el caso concreto, aunque la Contraloría Municipal de San José de Cúcuta afirmó que la decisión de la Corte Constitucional ya había sido informada a la comunidad mediante el Comunicado núm. 29 de 23 y 24 de julio del 2014, el Tribunal no estaba obligado a fundamentar su decisión en una sentencia que aún no había sido debidamente notificada, por lo que “no podía exigírsele la aplicación de una sentencia que no producía efectos para el momento en que se adoptó la decisión que ahora se debate”, señala el fallo. ver
    2016-04-05 LEGALIZACIÓN DE MINERÍA NO PUEDE EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES El Consejo de Estado suspendió dos decisiones de la Agencia Nacional de Minería del año 2014, mediante las cuales se negó la legalización de minería de hecho (ilegal) para la explotación de un yacimiento de oro, plata y sus concentrados, en terreno localizado en jurisdicción del municipio de Marmato (Caldas). Según los demandantes, para lograr la inscripción en el Registro Minero Nacional se les sometió a una nueva evaluación técnica por parte de la Agencia Nacional Minera, pese a que cumplían con los requisitos de ley, los cuales exigen solo la suscripción del contrato de concesión. En su caso, no se permitió dicha inscripción, pese a que en casos similares y a otros solicitantes sí se efectuó, por lo que se vulneró el derecho a la igualdad. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, explicó que los accionantes explotaron ilegalmente la mina durante 12 años e iniciaron en diciembre de 2004 un trámite administrativo que pretendía su legalización, por lo que presentaron solicitud y propuesta de contrato de concesión, de acuerdo a lo exigido en ese momento por el artículo 271 de la Ley 685 de 2001. Según las normas analizadas en la decisión, “con la suscripción del contrato de concesión concluye la etapa de evaluación administrativa de los requisitos para la legalización de minería de hecho a través de las propuestas de contrato de concesión establecidos en el Código de Minas y su decreto reglamentario”. Adicionalmente, la ley y el Decreto Reglamentario 2390 de 2002, señalaban que el trámite del procedimiento de legalización de minería de hecho, desde su inicio hasta la suscripción final de los contratos de concesión minera, correspondía a la Unidad de Delegación Minera del Departamento de Caldas, la cual se encargó de recibir y solicitar adecuar el procedimiento a lo establecido. Cumplidos dichos requerimientos, la autoridad minera debía impulsar oficiosamente el proceso de legalización. Sin embargo, al efectuar una reevaluación técnica a la solicitud, no establecida en la ley, la Agencia Nacional Minera negó la inscripción, lo que, a juicio de la Sala, vulneró el derecho al debido proceso del accionante. ver
    2016-04-05 ELIGEN MAGISTRADA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Martha Lucía Olano Guzmán como nueva magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en remplazo de Ricardo Monroy Church, quien terminó su periodo constitucional. La doctora Olano Guzmán es abogada de la Universidad Nuestra Señora del Rosario con especialización en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en la Rama Judicial por más de 20 años. También cuenta con experiencia en el sector público, administrativo y financiero. Actualmente se desempeña como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.
    2016-03-31 SUSPENDEN MAGISTRADOS DE LA JUDICATURA La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral presentada contra la elección de cuatro magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y dispuso la suspensión provisional de los efectos de sus nombramientos. Se trata de los magistrados María Rocío Cortés Vargas, Martha Patricia Zea Ramos, Adolfo León Castillo Arbeláez y Rafael Alberto García Adarve, cuyos nombramientos fueron demandados por incurrir en la prohibición de favorecimiento conocida como “yo te elijo, tú me eliges”. En concepto de la Sala, se habría infringido el artículo 126 de la Constitución Política, “por cuanto cada uno de ellos fue nombrado por las personas en cuya respectiva postulación y elección, a su vez, participó, incurriendo de esa forma en la prohibición de favorecimiento conocida como “yo te elijo, tú me eliges”, que, a las claras, deviene en el quebrantamiento de los parámetros de moralidad pública, imparcialidad e independencia”. En otra decisión, la misma Sección Quinta negó la suspensión de los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Martha Lucía Zamora Ávila e Iván Darío Gómez Lee, pero admitió la demanda de nulidad electoral interpuesta en su contra. Según la Sala, los mencionados magistrados ejercen su función tras un nombramiento hecho por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura en provisionalidad y con carácter transitorio, por lo que no se encuentra, en este momento procesal, ninguna extralimitación de funciones, falta de competencia o vulneración de los principios de legalidad, moralidad, transparencia, ni debido proceso.
    2016-03-29 ORDENAN A MINEDUCACIÓN INCLUIR A JOVEN EN PROGRAMA SER PILO PAGA El Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Educación y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) que incluya a un joven en la lista de beneficiarios del programa “Ser pilo paga 2” y se adelanten todas las gestiones pertinentes para la asignación de los recursos y ayudas. La decisión fue adoptada al tutelar los derechos de un muchacho al que el Icetex le negó el acceso a dicho programa por no encontrarse registrado en la base de datos oficial del Sisbén a 19 de junio de 2015, uno de los requisitos para acceder a los beneficios del mismo, pese a cumplir con los demás requerimientos académicos. El Icetex señaló que el programa de crédito educativo “Ser pilo paga 2” está sometido a unos requisitos que los aspirantes deben satisfacer en su totalidad para poder presentar su postulación y en este caso el joven solo apareció en la lista del Sisbén hasta septiembre del año pasado. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, explicó que el requisito de inscripción en el Sisbén para una fecha determinada por el programa de crédito es válido porque fija un criterio de igualdad entre los aspirantes, pero no puede constituir un obstáculo para acceder al derecho a la educación. “En el presente asunto existen algunos elementos fácticos que permiten evidenciar que el hecho de que el joven no haya cumplido con el requisito de estar inscrito en la base certificada del Sisbén con corte de 19 de junio de 2015, no fue precisamente por una actitud displicente o negligente del interesado, sino que la tardanza en el trámite se deriva de circunstancias ajenas a su voluntad que no les permitieron enterarse oportunamente de las fechas en que debía iniciar el trámite, por lo que no resulta razonable que bajo este contexto se le impida el acceso a la educación al joven”, indica la sentencia. ver
    2016-03-29 CULTURA DE LEGALIDAD EN BOGOTÁ Y VALLEDUPAR Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado continúa con la promoción de su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que se acaban de posesionar las nuevas administraciones departamentales y municipales que seguramente están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. Después del lanzamiento del programa en Ibagué, el turno ahora es para Bogotá y Valledupar. En la primera ciudad se realizará el próximo 30 de marzo, en el auditorio de la Gobernación de Cundinamarca, a partir de las 8 a.m. Al evento asistirán el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, el gobernador del Departamento, Jorge Emilio Rey Ángel; el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; magistrados de esa Corporación y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y jueces administrativos. En Valledupar el evento tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Universitaria del Área Andina, el 31 de marzo de este año, desde las 11 a.m. y será instalado por el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth. También asistirán el vicepresidente de la Corporación, Jorge Octavio Ramírez Ramírez; los magistrados de la Sección Tercera, Carlos Alberto Zambrano Barrera y Jaime Orlando Santofimio Gamboa; la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Adriana Guillén; magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y jueces administrativos del Departamento.
    2016-03-15 MILLONARIA CONDENA A LA NACIÓN POR MUERTE DE CIVILES Más de 2 mil millones de pesos tendrá que pagar el Ministerio de Defensa a las familias de cuatro hombres que murieron en confusos hechos en los que se vieron involucrados uniformados del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional, en la vereda San José, en la vía que de Manzanares conduce a Marquetalia, Caldas, el 16 de agosto de 2008. Según el informe entregado por el Ejército, ese día un grupo de militares se encontraba en la zona, debido a denuncias de los habitantes sobre hechos delictivos cometidos por bandas delincuenciales “Bacrim”. A las 10 de la noche observaron a cuatro hombres caminando por la carretera y les ordenaron detenerse, pero los sujetos reaccionaron disparando a la tropa, por lo que se produjo un cruce de disparos que terminó con la muerte de los sujetos. La Sección Tercera estudió el caso y encontró serias contradicciones entre el relato de los uniformados y las pruebas aportadas al expediente. Por ejemplo, los disparos fueron hechos a corta distancia, no como lo declararon los militares, y las armas halladas al lado de los cuerpos no se encontraban en buen estado, por lo que se puede concluir que ese día no se produjo un enfrentamiento entre criminales y el Ejército Nacional. Además, los vecinos del sector aseguraron que en esa zona no se habían presentado extorsiones ni robos como se afirmó. La Sala recordó que las falsas e ilegales acciones, so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales, ejecutadas por miembros de las fuerzas militares como acción sistemática constituyen actos de lesa humanidad que comprometen al Estado y que violan tanto el sistema de derechos humanos, como el derecho internacional humanitario y el orden constitucional interno. ver
    2016-03-10 CONDENAN A LA NACIÓN POR TOMA A LA BASE MILITAR DE LAS DELICIAS El Consejo de Estado declaró responsable al Ejército Nacional por los perjuicios que sufrió un soldado como consecuencia de la toma armada a la Base Militar de Las Delicias en el municipio de La Tagua (Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, y de la posterior privación de la libertad a la cual se vio sometido por parte de las FARC por más de nueve meses. Según la Sección Tercera, Subsección C, por las circunstancias en que ocurrió la toma y, teniendo en cuenta que este tipo de eventos se vienen produciendo en el marco del conflicto armado interno, los hechos generaron una grave vulneración de los derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario y configuración como acto de lesa humanidad. En primer lugar, la Sala analizó la privación de la libertad que debió sufrir la víctima y los tratos crueles a los que fue sometido y señaló que se quebrantó la prohibición de atentar contra la libertad, vida y el ejercicio de los derechos que tiene un ciudadano-soldado, quien, pese a participar en el marco del conflicto, no renuncia al respeto, garantía y eficacia de sus libertades y derechos, por lo que no se le puede eliminar su valor como ser humano. Más bien, se reitera el deber positivo de protección que tiene el Estado para con los soldados que prestan el servicio militar, el cual se acentúa cuando están en medio de un conflicto armado interno. Seguidamente, el fallo señala como miembro de la Convención de Ginebra, el Estado desconoce su obligación de proteger el derecho a la vida e implementar una política pública sobre seguridad ciudadana cuando no adopta las medidas eficaces frente a las acciones de particulares que pueden amenazar o vulnerar dicho derecho, cuando conoce la existencia del riesgo real e inmediato, tal y como sucedió en este caso. ver
    2016-03-10 SUSPENDEN ELECCIÓN DEL GOBERNADOR DE CALDAS La Sección Quinta del Consejo de Estado, en su Sala Electoral, suspendió la elección del Gobernador del Departamento de Caldas Guido Echeverri Piedrahita, al encontrar demostrado, para este momento, que fue reelegido siendo que está prohibida la reelección inmediata de gobernadores, de conformidad con lo establecido en el Artículo 303 de la Constitución Nacional. Frente a la decisión adoptada el día de hoy por la Sala, el magistrado Alberto Yepes Barreiro aclaró su voto en cuanto a los efectos de la nulidad electora. Por su parte, la Consejera Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, también aclaró voto en cuanto considera que la designación inmediata le corresponde al Presidente de la República (de acuerdo a lo establecido en los Artículos 106 y 108 de la Ley 136 de 1994 y en el Artículo 29 parágrafo 3 de la Ley 1475 de 2001). El Gobernador de Caldas ocupó por primera vez ese cargo por 543 días tras ser elegido en el año 2011 y hasta mayo del 2013 cuando el Consejo de Estado anuló su elección por incurrir en violación al régimen de inhabilidades, dado que su esposa había ejercido el cargo de Secretaria de Hacienda de Manizales 12 meses antes de las elecciones en que fue elegido como mandatario regional. En la siguiente contienda electoral, en el año 2015, el señor Guido Echeverri presentó nuevamente su nombre a consideración de los caldenses logrando por segunda vez consecutiva ser elegido como Gobernador del Departamento, cargo que ocupa desde el primero de enero de 2016 y del cual queda suspendido a partir de la fecha y hasta tanto la Sección Quinta del Consejo de Estado tome una decisión de fondo en la demanda de nulidad electoral que cursa en su contra. ver
    2016-03-09 CONDENAN A LA NACIÓN POR DESTRUCCIÓN DE VIVIENDA El Estado tiene el deber de reparar los daños y perjuicios causados a terceros que resultan afectados por cuenta del conflicto armado interno. Así lo recordó el Consejo de Estado al condenar al Ministerio de Defensa Nacional por los perjuicios ocasionados a una familia del municipio de Inzá, Cauca, que se vio afectada por la destrucción de su casa durante un enfrentamiento armado entre uniformados de la Policía y guerrilleros de las FARC que incursionaron en la población, el 12 de diciembre de 2001. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que si bien el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley puede resultar legítimo, las víctimas no están obligadas a soportar los perjuicios sufridos, independientemente de quien los haya causado. “Dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las víctimas del conflicto armado interno que, durante décadas, ha soportado el país, surge para el Estado el deber de reparar los daños y perjuicios causados cuando los derechos e intereses de los particulares ajenos al conflicto resultan afectados, pues es a las autoridades públicas a las que se ha confiado la protección de la población. ver
    2016-03-08 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, con el apoyo del Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID y de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, realizará el próximo lunes 14 de marzo, en la Sala de Audiencias del Honorable Consejo de Estado, la ceremonia de Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este será un día propicio para la reflexión de hechos históricos y una oportunidad para reconocer la participación de mujeres que han marcado la diferencia en la defensa de los derechos de otras mujeres, rememorar los avances legislativos del país en esta temática y destacar el aporte que se hace desde la Rama Judicial a la promoción y defensa de sus derechos humanos. En el marco del evento, se hará el lanzamiento de cinco publicaciones de autoría de los magistrados y magistradas de las altas corporaciones nacionales de justicia, quienes exponen en sus libros la perspectiva de género y las acciones tendientes a construir desde la jurisprudencia una realidad distinta para las mujeres colombianas. Por último, los invitamos a revisar la línea de tiempo recopilada por esta Comisión, la cual da cuenta de los principales sucesos a nivel mundial y en nuestro país que han marcado hito en la conmemoración de esta fecha. ver
    2016-03-02 FÓRMULA DE RELIQUIDACIÓN DE REGALÍAS DE NÍQUEL NO ES RETROACTIVA La norma expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM) que establece la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las regalías y compensaciones de níquel (Resolución 293 de 2015) solo podrá aplicarse a situaciones jurídicas posteriores a su vigencia. Así lo decidió el Consejo de Estado en auto de ponente, al dictar una medida cautelar provisional que permite la interpretación de la disposición y excluye de la aplicación de la nueva fórmula la reliquidación de las regalías ya causadas y pagadas. La nueva fórmula de la ANM señala que el precio base de liquidación se debe establecer teniendo como referencia el promedio del precio internacional que fije la bolsa de metales de Londres, y no el promedio de precios FOB en puertos colombianos. La demanda de nulidad fue interpuesta por Cerro Matoso S.A., quien pedía la suspensión de la norma por considerar que la nueva fórmula implica la modificación de los contratos ya vigentes, pues busca aplicar retroactivamente la metodología para liquidar las regalías que ya fueron pagadas, lo que desconoce los derechos adquiridos y atenta contra la seguridad jurídica. Además, la entidad considera que con la implementación de la resolución se vería enfrentada a pagar sumas exageradas que le acarrearían grave perjuicio económico. La decisión explica que, en principio, la ANM sí es competente para fijar la fórmula y parámetros para determinar los precios base de liquidación de regalías y compensaciones, por lo que podía modificar la fórmula de liquidación. Sin embargo, dicha facultad no le permite modificar los contratos existentes a la fecha de promulgación de la norma, pues se atentaría con la garantía convencional, constitucional y legal de protección del derecho a la propiedad privada y a los derechos adquiridos. ver
    2016-03-02 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS REGIONES Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administración pública y qué medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado lanza su programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones”. La idea es llamar la atención acerca del deber de prevención que les asiste a los servidores públicos para evitar las múltiples condenas contra el Estado, lo cual se traduciría en una disminución de la demanda judicial, la corrupción y la congestión de procesos. Así mismo, se evitarían las acciones de repetición que afecten los patrimonios de servidores y exservidores públicos y se mejoraría la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este año es crucial, puesto que se acaban de posesionar las nuevas administraciones departamentales y municipales que seguramente están en el proceso de hacer ajustes institucionales, situación que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratación pública, establecer ingresos por méritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nación. La primera jornada se realizará en la ciudad de Ibagué, el próximo 3 de marzo de 2016, a partir de las 8 a.m., en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo. Ese día se presentarán algunos casos de condenas contra la Nación por errores de la administración, además de diferentes conferencias. La instalación del evento estará a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, con la participación del ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; la directora de la Función Pública, Liliana Caballero; la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Adriana Guillén; magistrados del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Tolima; y jueces administrativos del mismo departamento.
    2016-02-29 CONDENAN A LA NACIÓN POR MAL ESTADO DE VÍA EN PUTUMAYO El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) a pagar más de 700 millones de pesos por la muerte de un señor durante un accidente en la vía que de Pasto conduce a Mocoa (Putumayo), el 26 de mayo de 1994. Ese día la víctima conducía un camión de su propiedad y se vio en la obligación de detenerse a un lado de la vía, mientras dejaba pasar otro camión, debido a lo estrecho de la misma. Desafortunadamente, se produjo el desprendimiento de la banca asfáltica y el vehículo rodó 200 metros, ocasionando en el conductor múltiples fracturas en la cabeza, por lo que debió ser trasladado de urgencias al hospital del municipio de Colón (Putumayo), donde falleció. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, consideró que el desprendimiento de una parte de la banca de la carretera se originó por su frágil estructura que no le permitió soportar el peso del vehículo. “Esta infraestructura vial no contaba con muros de contención que hubiesen evitado que el automotor rodara por el precipicio, aunado al hecho de que se trataba de un mes lluvioso, situación que pudo debilitar aún más la estructura, lo que demandaba más intervención por parte de la entidad responsable que no acreditó cuales obras de mitigación realizó a fin de evitar la concreción de daños como el que motivo esta demanda”, indica la sentencia. La Sala explicó que el Instituto Nacional de Vías tenía la obligación de mantener en adecuadas condiciones de transitabilidad la vía en la cual se produjo el accidente, lo cual permite concluir que incurrió en una falla en la prestación del servicio. ver
    2016-02-24 PERSONERO DE BOGOTÁ DEBE SER ELEGIDO POR CONCURSO La elección del personero de Bogotá se regula por lo establecido en la Ley 1551 de 2012, es decir, debe efectuarse mediante un concurso público de méritos que deber ser adelantado por el Concejo de Bogotá, según las competencias otorgadas por el Decreto 1421 de 1993.Adicionalmente, y en caso de que el concurso sea declarado desierto o que terminado el periodo del actual personero no se haya concluido el concurso, la provisión del cargo solo se podrá hacer de manera transitoria y por el tiempo estrictamente necesario para adelantar o culminar el concurso que permita la elección definitiva, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.Así lo conceptuó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en respuesta al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes afirmaban que no existía referencia en la Ley 1551 sobre su aplicabilidad en el Distrito Capital.Para la Sala, ante la ausencia de una regla diferente en el estatuto legal que rige las actuaciones del Distrito Capital, la elección del Personero de Bogotá debe hacerse conforme a lo que establece la ley para la generalidad de los municipios, es decir, mediante concurso público de méritos. Este procedimiento se ajusta a fines constitucionales como la transparencia, objetividad, publicidad, participación ciudadana y regla de mérito para acceder a cargos públicos, por lo que no se podría excluir a Bogotá e su aplicación.Con respecto a la facultad de los Concejos para hacerlo, el concepto señala que dichos cuerpos colegiados han sido facultados por la Ley 136 de 1994 para resolver las situaciones administrativas de los personeros, como renuncias, licencias, permisos, etc., y son además los encargados de organizar las contralorías y personerías de sus municipios y distritos e incluso dictar normas de funcionamiento. ver
    2016-02-23 ORDENAN AL ICBF QUE VIGILE CUMPLIMIENTO DE FALLO DE JUEZ DE FAMILIA El Consejo de Estado tuteló el derecho a tener una familia y a no ser separada de ella, de una menor que no ha podido ver a su papá debido a que su madre ha incumplido el régimen de visitas que fijó un juez de familia en Bogotá. La tutela fue interpuesta por un padre de familia que pide el cumplimiento del acuerdo de conciliación al que llegó con la madre de la menor y que fue aprobado por un juez, respecto a la custodia, cuidado personal y visitas de la menor a las cuales él tenía derecho, pero que fueron obstaculizadas por la mamá. Según relató el accionante, él debía recoger a su hija los viernes en el colegio, pero la madre la retiraba horas antes o no la enviaba a la institución e impedía que el padre pudiera verla. Señaló que a raíz de esto, los dictámenes médicos revelaron que la niña tenía problemas de comportamiento por los conflictos de los padres. La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, señaló que en el Código de la Infancia y la Adolescencia se establecieron los mecanismos necesarios para garantizar que las medidas dispuestas por las Autoridades de familia sean eficaces. Recordó además que el Sistema de Bienestar Social está compuesto por todos los organismos y entidades del Estado en virtud del principio de responsabilidad y, especialmente, por los defensores y comisarios de familia, jueces de familia, Policía Nacional y Ministerio Público. Por tal razón, y teniendo en cuenta que aunque el padre había solicitado en varias oportunidades y a diferentes entidades el cumplimiento de lo ordenado por el juez para que se le permitiera ver a su hija y no lo había conseguido, la Sala le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, por intermedio de las defensorías de familia competentes, inicie las actuaciones administrativas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la conciliación, incluso, con la asistencia de la Policía Nacional o la Procuraduría, quienes están facultados para coadyuvar en dicho acatamiento. ver
    2016-02-22 CONDENAN AL EJÉRCITO POR MUERTE DE DOS CIVILES El Consejo de Estado advirtió que es inconcebible que quienes ostentan la calidad de militares y tienen a su cargo la guarda de la soberanía del territorio nacional y la seguridad de los ciudadanos sean los encargados de infundir el pánico en la población civil, valiéndose de amenazas y del uso de las armas para vulnerar derechos fundamentales. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Ejército Nacional por la muerte de dos hombres que fueron hallados sin vida cerca al puesto de salud de la vereda El Otoño, corregimiento de Villa Carmelo, jurisdicción del municipio sde Cali, el 17 de mayo de 2000. Uno de ellos trabajaba como promotor de salud adscrito a la Secretaría de Salud Pública de la capital del Valle. Testigos de los hechos aseguraron que un día antes de su muerte, cuando regresaban de una misión de servicios, los hombres fueron retenidos por miembros del Ejército y conducidos por la plaza del caserío de Villa Carmelo, con las manos amarradas. Al día siguiente hallaron sus cuerpos con signos de tortura. El promotor de salud era víctima de amenazas por haber solicitado el desalojo del centro de salud de esa localidad que había sido tomado como “edificio comando” por los militares, hecho que fue denunciado ante la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, logrando el retiro de los uniformados. Desde ese momento fue tildado de “doctorcito guerrillero” por el comandante de la unidad. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que actitudes como las asumidas por los militares involucrados en estos hechos no representan de ninguna manera la finalidad de la existencia del Ejército Nacional, la cual es defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ver
    2016-02-19 EXPRESIÓN "DIOS" EN EL ESCUDO DE LA POLICÍA NO VULNERA ESTADO LAICO El Consejo de Estado negó la nulidad de la expresión “Dios”, que se encuentra en la Resolución 5916 de 1984, expedida por el Director General de la Policía Nacional, y que la establece como componente del escudo de la institución. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, explicó que el uso de la expresión “Dios” en el escudo se hace con un carácter general y abstracto, sin que implique la intromisión de una iglesia en particular en el desarrollo del ordenamiento jurídico. Para la Sala, la expresión “Dios” en la descripción del escudo de la Policía Nacional no está coartando la actividad de los agentes pertenecientes al cuerpo de policía. Al igual que lo hace el preámbulo de la Constitución Política, su uso “destaca un valor positivo que debe guiar la actividad de sus integrantes, para dar lo mejor de sí mismos en pro de la consecución de los fines esenciales del Estado”. En la decisión se aclara que la expresión “Dios” no está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, pues aunque el Estado no profesa ninguna religión, todas las creencias de las personas son respetadas. En su participación en el proceso, el Ministerio Público señaló que “nuestro Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los Colombianos”. Aunque Colombia es un país laico, no separa la actuación administrativa de los valores que se desprenden de la cultura y arraigo histórico que ha implicado el desarrollo social del País. Sin embargo, el fallo destaca que está prohibido, en todo momento, que las decisiones y actuaciones oficiales de todos los agentes públicos estén fundadas bajo premisas religiosas, confesionales o privilegiando un credo particular sobre otro. ver
    2016-02-18 TUTELAN DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE MUJER QUE BUSCA REPARACIÓN El Consejo de Estado le ordenó al Tribunal Administrativo del Caquetá proferir una nueva sentencia en el proceso de reparación directa interpuesto por una mujer que solicitó se declarara la responsabilidad del Estado por la pérdida de su bebé en gestación luego que fuera atacada por miembros de la Policía Nacional durante una protesta de motociclistas en la ciudad de Florencia, en noviembre del 2006. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al tener en cuenta un dictamen de medicina legal y concluir que la mujer, estando en embarazo, no debió participar en dichas manifestaciones, pues la fuerza pública no conocía su estado y ella “tenía el deber natural y legal de proteger al nasciturus desde su concepción y no exponerse”. La Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, amparó el derecho al debido proceso debido a que el dictamen de medicina legal, que incidió en la decisión, no debió ser valorado por el juez de segunda instancia, pues ese tipo de pruebas deben ser de conocimiento de quien resuelve inicialmente el caso. En el proceso se demostró que en primera instancia no se pidió el informe de medicina legal como prueba y aunque la parte demandante lo solicitó en segunda instancia para que fuera allegado al proceso, se negó por estimar que no era el momento procesal para hacerlo. Sin embargo, por error, el informe fue aportado de manera irregular y sirvió de fundamento para adoptar la decisión. “Se evidenció que la autoridad judicial accionada valoró una prueba indebidamente recaudada en el proceso, como lo es el informe técnico de medicina legal. Se amparará el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia de 12 de noviembre de 2015, y se ordenará al Tribunal Administrativo de Caquetá que en el término de 30 días profiera una nueva providencia en la cual se valoren solo las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”. ver
    2016-02-16 SUSPENDEN BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS La Sala unitaria de la Sección Cuarta, a cargo del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, ha emitido una medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión de la Resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015, por la que el Ministerio de Transporte estableció la base gravable del impuesto de vehículos para el año 2016. La medida ha recaído en el proceso de nulidad interpuesto por la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares en contra de dicha Resolución 5358. El fundamento central de la medida cautelar estriba en que esa Sala unitaria de la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha encontrado prueba de la expedición irregular, por falta de motivación y por inexistencia de trámites previos de divulgación de la Resolución 5358. La medida es provisional y posteriormente el Ministerio de Transporte podría presentar argumentos en favor de la legalidad del acto. ver
    2016-02-15 CONDENAN AL ESTADO POR ACCIDENTE EN ESTADIO DE MEDELLÍN El Consejo de Estado condenó al Instituto de Deporte y Recreación (INDER) de Medellín por los daños y perjuicios ocasionados a una joven que sufrió un accidente mientras asistía a un concierto en la capital antioqueña, el 22 de febrero de 1997. Los hechos ocurrieron en el estadio Atanasio Girardot cuando la joven, que se encontraba con unos amigos en el concierto, cayó cuatro metros al vacío después de que la baranda de protección de las graderías de oriental se desprendiera. La joven sufrió múltiples fracturas y fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas que le ocasionaron incapacidad por algunos meses. La Sección Tercera estudió el caso y concluyó que el INDER no ejerció su función de vigilancia y control del evento, ni le exigió a la empresa que organizó el mismo la adopción de medidas para evitar cualquier tipo de riesgos. “Así mismo, por no disponer oportunamente de los medios normativos y técnicos que razonablemente existía y podía emplear para la administración adecuada del escenario deportivo, estadio Atanasio Girardot, donde se celebró el concierto, con el fin de determinar las condiciones físicas de las infraestructuras, delimitar áreas en las que podía acogerse a los espectadores, y áreas con restricción por deficiencias o por cuestiones de seguridad, lo que queda comprendido dentro del incumplimiento a las obligaciones de prevención, vigilancia y control”, indica la sentencia. La Sala también condenó a la empresa que organizó el concierto por no haber ofrecido a los espectadores las condiciones de comodidad y seguridad para el disfrute y visión del espectáculo. ver
    2016-02-11 POBLACIÓN CIVIL DEBE SER EXCLUIDA DEL CONFLICTO ARMADO El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por los daños y perjuicios ocasionados a varias familias que se vieron afectadas durante la incursión del grupo insurgente Farc el 20 de febrero de 2002 en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar (Cesar). Durante la toma se registró la muerte de una señora, la destrucción de su vivienda, y heridas a un menor de edad y a 14 personas entre ellas tres integrantes de una banda de mariachis que se desplazaban en su vehículo. En su defensa, la Policía Nacional afirmó que el “atentado terrorista no fue selectivo, sino que la acción subversiva se realizó de una manera indiscriminada”. El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda al considerar que el daño fue causado por un tercero, en este caso el grupo armado ilegal, que atacó con fines delincuenciales y para generar desequilibrio social en la población. Afirmó que la Fuerza Pública repelió el ataque sorpresa en condiciones desfavorables debido a que se desconocía el número de subversivos que utilizaba armas no convencionales. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, revocó el fallo del Tribunal por considerar que el deber del Estado es proteger a la población civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con “medios adecuados y estrategias efectivas”. En caso de que esto no sea posible, debe reparar los derechos e intereses afectados, pues “las víctimas tenían que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontación”. ver
    2016-02-10 EXCONTRALOR DEBERÁ REEMBOLSAR MAS DE 800 MILLONES DE PESOS El Consejo de Estado condenó a la sucesión del excontralor General de la República Rodolfo González García al pago de más de 800 millones de pesos, luego que se demostrara que sus decisiones, cuando dirigía la entidad, en 1987, ocasionaron una condena en contra de la Nación y la Contraloría General. Aunque el señor excontralor falleció en el año 2003, serán los sucesores procesales quienes deberán cancelar la suma ordenada en el fallo. El caso hace referencia a la condena impuesta a la entidad por la destitución de una funcionaria que laboraba en la ciudad de Miami y a la cual se le pidió su renuncia poco antes de cumplir dos años de labores, periodo que la hacía acreedora de beneficios económicos. Ante la respuesta de la funcionaria, que manifestó su renuncia pero solo después de cumplir los dos años, el Contralor procedió a declarar su insubsistencia y retirarla del cargo, nombrando en su remplazo a una persona que no cumplía los requisitos del cargo. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, explicó que en el presente caso se demostró que la conducta del funcionario fue dolosa, por cuanto su decisión tenía como propósito que la demandante no cumpliera los dos años de servicio en el exterior, aunque se trataba de un cargo de libre nombramiento y remoción. ver
    2016-02-09 SALA PLENA ESTUDIARÁ DEMANDA CONTRA DECRETO DISTRITAL La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sesión de hoy 9 de febrero, decidió avocar el conocimiento de la demanda de nulidad en contra del Decreto 564 de diciembre de 2012, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el cual se adoptaron “disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012”. El proceso, inicialmente, fue resuelto por el Juez Tercero Administrativo de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda. Posteriormente, pasó en apelación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien lo envió al Consejo de Estado luego que este alto tribunal solicitara el expediente para conocer el asunto, en cumplimiento de la competencia que le asigna la Ley 1437 (art.111, num. 4). Aunque debía ser resuelto por la Sección Primera de la Corporación, la Sala Plena de lo Contencioso decidió conocer el asunto debido a su importancia jurídica, social y económica.
    2016-02-04 CONDENAN AL ESTADO POR SECUESTRO DE CANDIDATO AL CONGRESO El Consejo de Estado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ejército Nacional por el secuestro del que fue víctima un aspirante a la Cámara de Representantes en el departamento del Huila en febrero del 2002, cuando fue retenido por miembros del grupo armado Farc en un retén en la carretera que comunica los municipios de Suaza y Florencia. La decisión ordenó el pago de más de 1.300 millones de pesos por concepto de perjuicios morales a la víctima y sus familiares, debido a los tratos inhumanos que recibió durante sus 18 meses de cautiverio. Así mismo, exhortó al Presidente de la República, como cabeza de las negociaciones de paz en La Habana, para que se transmita a la organización insurgente Farc y a sus dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido y explicar los hechos que constituyeron el secuestro, dentro de los dos meses siguientes. En su defensa, el Ejército afirmó que dentro de sus funciones no está la prestación de seguridad de manera individual y que ninguna de sus actuaciones, por acción u omisión, facilitó el desenlace de los hechos. La Sección Tercera explicó que, en este caso, el secuestro se debió a un conjunto de actividades desplegadas en contra de la población civil, las cuales se desarrollaron con la anuencia, por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberanía y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminación de las negociaciones de paz y de la zona de distención. Por tal razón, se habla de la afectación al principio fundamental de la democracia, pues no se ofreció la seguridad y protección a las personas, especialmente a los actores políticos de la época en sus desplazamientos por el territorio nacional. ver
    2016-02-02 COMUNICADO COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresa su preocupación en relación con los hechos ocurridos el día de ayer en las instalaciones de los edificios “Hernando Morales Molina” y “Nemqueteba” de Bogotá donde funcionan oficinas judiciales. A raíz de lo sucedido invita a las partes a continuar el diálogo sereno y constructivo en torno a las solicitudes de los servidores del Poder Judicial, y recuerda a todas las autoridades el legítimo derecho a la reclamación que los mismos tienen. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial exhorta nuevamente a las autoridades de Policía, para que en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, se observe el máximo respeto hacia los servidores del Poder Judicial, y llama al uso proporcional de la función de policía. De igual forma, invita a los servidores de la Rama Judicial a dignificar con su comportamiento el servicio de justicia que prestan, sin perjuicio del derecho a reclamar que les asiste.
    2016-01-29 ORDENAN ARRESTO DE DIRECTORA TERRITORIAL DE CAPRECOM El Consejo de Estado ordenó el arresto por cinco días de la Directora de la Territorial de Bogotá y Cundinamarca de la Caja de Previsión de Comunicaciones - CAPRECOM E.P.S por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba autorizar los medicamentos y tratamientos que requiere un paciente con leucemia. La tutela fue fallada por el Consejo de Estado en el 2014 y en noviembre de 2015 el paciente informó sobre el incumplimiento de la misma y solicitó la iniciación del respectivo incidente de desacato, argumentando que no le estaban entregando los medicamentos prescritos y que tampoco habían autorizado los examenes que necesita para un trasplante. El médico tratante certificó que hace cuatro meses la EPS no le suministra un medicamento que requiere con urgencia y que estaba pendiente la autorización para el trasplante de médula ósea que necesita como única opción curativa. La Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Rocío Araujo Oñate, señaló que la funcionaria tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y aportar las pruebas para acreditar las actuaciones de la entidad encaminadas a cumplir la orden de amparo, sin embargo guardó silencio. Tal ausencia de respuesta, sin lugar a dudas, debe considerarse como demostración del desacato. “De lo expuesto se tiene que la funcionaria encargada de cumplir la orden de tutela, no lo hizo, poniendo en riesgo la vida del paciente, tal como lo dejó consignado el médico tratante, de tal manera que aparece acreditada –en grado de certeza– la fase objetiva del desacato”, indica la decisión. ver
    2016-01-27 CONDENAN A LA FISCALÍA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de un hombre que fue acusado de constituir ilegalmente la asociación Convivir del Alto Baudó, el 22 de enero de 1996. El Decreto 365 de 1994 permitió la conformación de grupos de vigilancia y seguridad privada denominados “CONVIVIR”, los cuales tenían el objeto de brindar seguridad en zonas consideradas de alto riesgo. Con base en dicho Decreto, un grupo de personas constituyeron la Convivir del Alto Baudó y nombraron como representante legal al demandante en este caso, quien solicitó al gobernador del Departamento del Chocó la correspondiente personería jurídica y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la respectiva licencia de funcionamiento. Sin embargo, el demandante solo estuvo al frente de la asociación hasta marzo de 1996, antes de conocer el resultado de algunas de las peticiones, puesto que renunció a su cargo. El 5 de junio de 2001, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de varias personas, entre ellas el demandante, como posibles autores del delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformación de grupos ilegalmente armados. En el desarrollo de la investigación penal, el accionante estuvo privado de la libertad desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 23 de julio de 2002, día en que un juez especializado de Quibdó lo absolvió de todo cargo al encontrar que solo intervino como representante legal en la etapa de conformación de la cooperativa, es decir que apenas conoció de la obtención de la personería jurídica y no del resultado de las otras peticiones elevadas ante las autoridades correspondientes. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que la responsabilidad patrimonial es imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues en virtud de sus actuaciones se generó el daño al demandante. ver
    2016-01-25 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE UNIFORMADO El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa a indemnizar a la familia de un infante de marina que murió como consecuencia de la descarga eléctrica que recibió de una cerca que rodeaba el batallón al cual pertenecía, en el municipio de Inírida (Guainía), el 13 de junio de 2001, cuando se encontraba en servicio. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, reconoce como probado que el infante de marina salió sin permiso del alojamiento, pese a conocer el peligro que implicaba pasar la cerca de electricidad del batallón, con las consecuencias ya conocidas cuando intentó ingresar nuevamente a las instalaciones del lugar. “Es evidente, entonces, que la víctima no tuvo en cuenta, conociéndolos, los riesgos que se desprendían de su comportamiento imprudente, con lo cual, sin lugar a dudas, contribuyó a la producción del hecho dañoso, derivado de su desacato a la orden de permanecer en el alojamiento y en acuartelamiento de primer grado”, indica la sentencia. Sin embargo, la Sala explica que la actuación de la víctima no fue la única causa de su fallecimiento, puesto que, según la inspección judicial realizada por la Fiscalía en el lugar de los hechos, la concertina de seguridad que pretendió sobrepasar la víctima estaba construida con un alambre de púas intercalado con una cuerda de “mínimo” voltaje hecha para retener el ganado, es decir que no debía tener la capacidad suficiente para generar una descarga letal, como la que produjo la muerte del uniformado. “Resulta posible atribuir responsabilidad también a la parte demandada, pues es claro que la cuerda estaba presentando una falla en la medida en que estaba conduciendo electricidad de mayor intensidad”, indica la sentencia. ver
    2016-01-21 CONDENAN A HOSPITAL DE TUNJA POR FALLA EN EL SERVICIO El Consejo de Estado condenó al Hospital San Rafael de Tunja a indemnizar a la familia de un paciente que quedó en estado vegetativo después de una cirugía. Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 1994, cuando un joven de 21 años ingresó al hospital con una herida de bala en su pierna derecha, la cual le ocasionó fractura del fémur. Sin embargo, solo 15 días después fue intervenido quirúrgicamente, pero al finalizar el procedimiento presentó dificultad respiratoria y bradicardia severa que terminó en una embolia que lo mantuvo en estado vegetativo cerca de dos años hasta que murió. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, explicó que, aunque el tromboembolismo podía generarse per se por virtud de la lesión como explicaron los peritos, también era evidente que entre mayor tiempo se mantuviera el paciente sin que fuera reducida la fractura, se incrementaba el riesgo de padecerlo. “El hospital demandado incurrió en falla en la prestación del servicio médico al demorar sin justificación científica la reducción quirúrgica de la fractura de fémur que aquejaba al paciente, falla que determinó el deceso del paciente, por cuanto lo sometió por un término excesivo al riesgo de embolia, que terminó por ocurrir y que derivó en la hipoxia que mantuvo al paciente en estado vegetativo”, indica la sentencia. Según la Sala, aunque es cierto que el paciente no podía ser operado de inmediato por su estado de salud, el hospital debió ponderar el riesgo que conllevaba la demora en el procedimiento para la vida del paciente, sin tener en cuenta “la cantidad de cirugías pendientes”, como lo anotó en la historia clínica al reprogramar la cirugía que ya tenía fecha. ver
    2016-01-20 ORDENAN SUSPENDER CONVOCATORIA DE MIEMBROS DEL CGJ El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la Convocatoria 01 de 2015, por medio de la cual se dio inicio al proceso de elección de los tres miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial. La decisión fue adoptada por la ponente del proceso, magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, al considerar que dicha convocatoria pública no establece unos parámetros de evaluación de las hojas de vida de los aspirantes, ni los criterios de méritos a tener en cuenta para elegir a los miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial. “De igual modo, no previó dar traslado a los aspirantes de las observaciones que la ciudadanía formulasen en su contra, ni contempló una etapa para resolverlas, circunstancias que dan al traste con los postulados de publicidad, transparencia y mérito, pues… no existe certidumbre de las valoraciones realizadas por el Consejo de Gobierno Judicial a la hora de realizar una lista de preseleccionados, ni de cuáles fueron los criterios de mérito utilizados para seleccionar a los tres miembros del listado de preseleccionados”, indica la decisión. La ponente también explica que la Convocatoria 01 de 2015 modificó los requisitos para aspirar al cargo de miembro permanente del Consejo de Gobierno que estableció la Reforma de Equilibrio de Poderes (10 años de experiencia en diseño, evaluación o seguimiento de políticas públicas, modelos de gestión o administración pública). ver
    2016-01-19 ELIGEN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Danilo Rojas Betancourth, magistrado de la Sección Tercera, como nuevo presidente de la Corporación, y al magistrado de la Sección Cuarta Jorge Octavio Ramírez Ramírez, como Vicepresidente de la misma. El Doctor Rojas Betancourth es abogado de la Universidad Libre de Bogotá; magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; especialista en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante (España); especialista en Derecho Público de la Universidad Nacional de Colombia; especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Aquino (Bogotá); y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su experiencia laboral se ha desempeñado como consultor en materia de derechos humanos y políticas públicas con organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. También está vinculado a la docencia en distintas universidades colombianas y extranjeras como profesor de pregrado y postgrado de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, teoría jurídica, filosofía del Derecho y Derechos Humanos; y a la investigación socio-jurídica en derechos humanos, políticas públicas y administración de justicia. Por su parte, el Doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la misma institución y Magister en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Durante el ejercicio de su profesión ha desempeñado varios cargos como juez promiscuo municipal, abogado litigante, coordinador de procesos judiciales en las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Además es docente en algunas universidades del país.
    2016-01-18 MINSALUD PUEDE REVISAR CONTENIDO DE LOS EMPAQUES DE CIGARRILLOS El Ministerio de Salud y Protección Social, como autoridad sanitaria a cargo de la política pública del sector salud, tiene competencia para revisar los empaques y las etiquetas de las cajas de cigarrillos. El pronunciamiento fue hecho por el Consejo de Estado al negar una demanda que interpuso una sociedad productora de tabaco en contra de tres comunicaciones del Ministerio de Salud que prohibieron la inclusión de lemas en las cajetillas de cigarrillos. Según el demandante, el Ministerio no tiene competencia para controlar la información contenida en la totalidad del empaque de cigarrillos, puesto que la Ley solo habla de controlar las frases de advertencia y pictogramas que ocupan el 30 % del empaque. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, señaló que sería ilógico que el Ministerio no hiciera un estudio previo del etiquetado y empaque de los cigarrillos y se limitara a revisar las advertencias y pictogramas, permitiendo que salgan al mercado con mensajes ambiguos o no armónicos. “Considera la Sala que los empaques y etiquetas de tabaco y sus derivados no deben ser ambiguos, por ello, como lo dispone la ley, antes de que se produzcan y comercialicen los productos, las empresas deben enviar al Ministerio de Salud una simulación de estos para un control previo, precisamente para prevenir que existan elementos publicitarios que alienten y estimulen su consumo”, indica la sentencia. La Sala explica que estas medidas no impiden que una compañía tabacalera fabrique un nuevo producto o cree nuevas presentaciones del mismo, pero lo que no es permitido es su publicidad y promoción. ver
    2016-01-12 NIEGAN MEDIDA CAUTELAR EN CASO ISAGEN El Consejo de Estado negó la medida cautelar de urgencia presentada por el Senador Antonio Navarro Wolff, la cual pretendía que se suspendiera la subasta de las acciones que posee la Nación en ISAGEN. La razón fundamental radica en el hecho de que en el proceso se está impugnando la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichas acciones y no los actos administrativos que regularon el procedimiento mismo o la validez de la eventual adjudicación. La decisión señala que los argumentos expuestos no hacen parte del texto de la demanda que presentaron algunos parlamentarios el año pasado, entre ellos el Senador Navarro Wolff, contra los decretos del Gobierno que autorizan la venta de ISAGEN. “La demanda no se refiere a la pluralidad de oferentes, a la libre competencia, a la legalidad del procedimiento de enajenación o a la defensa de otro bien jurídico semejante. Solo, se insiste, en la validez de los decretos que autorizaron la enajenación de dichos activos”, señala la decisión. En el Auto se explica que los argumentos de la demanda deben estar acordes con la solicitud de medida cautelar, situación que en este caso no se cumple. “Si lo que se pretende es atacar la forma en la que se reguló el procedimiento de la subasta, lo procedente era solicitar la nulidad del reglamento de enajenación y adjudicación de la segunda etapa de enajenación, acto que no hace parte del objeto de la demanda de la referencia y, por ende, no puede ser atacado o cuestionado mediante la solicitud de una medida cautelar”, puntualiza la decisión. Ya en auto del 12 de diciembre de 2015 se había negado la suspensión provisional de dichos decretos con base en una sentencia de la Sección Cuarta que declaró validos dichos actos. ver
    2015-12-18 ADMITEN DEMANDA CONTRA NORMA QUE FIJA PRECIO LIQUIDACIÓN DE REGALÍAS El Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por Cerro Matoso S.A. en contra de la norma expedida por la Agencia Nacional de Minería que establece los parámetros, criterios y la fórmula para la fijación del precio base de liquidación de las regalías y compensaciones de Níquel (Resolución 293 de 2015). La Sección Tercera, subsección C, estableció que es competente para conocer la acción y esta se interpuso dentro de los términos que establece la ley (4 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución). Además, la demanda de nulidad cumple con los requisitos formales establecidos. El magistrado ponente informará oportunamente a través de la secretaría la fecha fijada para la realización de la audiencia preliminar en la cual se resolverá la solicitud de la medida de suspensión provisional elevada por los demandantes. ver
    2015-12-16 MINEDUCACIÓN TENDRÁ QUE PAGAR MILLONARIA SUMA POR LAUDO El Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad del laudo mediante el cual se condenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) del Ministerio de Educación, a pagar más de 31.470 millones de pesos por el desequilibrio económico generado en un contrato celebrado con las clínicas Santa Ana y Valledupar, y varias entidades de los departamentos de Cesar y Santander por la prestación de servicios médicos asistenciales. El Ministerio solicitó la nulidad del laudo arbitral por considerar que este se profirió después del vencimiento del término fijado para resolver el proceso arbitral y por negarse, de manera injustificada, unas pruebas oportunamente solicitadas que tenían incidencia en la decisión. La Sección Tercera, Subsección C, explicó que en este caso las partes no estipularon un término para que el Tribunal de Arbitramento resolviera el asunto, por lo que se aplica lo estipulado en la Ley: seis meses contados desde la primera audiencia. Además, se deben sumar los tiempos en los cuales se suspendió el proceso por solicitud de las partes. Aunque el Fomag solicitó la suspensión, posteriormente alegó que la misma no estaba firmada adecuadamente por su contraparte, por lo que no se debía tener en cuenta dicha petición. Así, el Fomag señalaba que el laudo arbitral fue dictado fuera del término legal, lo cual es una de las causales de nulidad de dichas decisiones. Por otro lado, argumentó que una de las solicitudes de suspensión fue elevada por su representante legal y no por el apoderado judicial lo cual, en su criterio, viciaría tal petición. La Sala, por su parte, encontró que debía darse prevalencia a lo que señala la ley (derecho sustancial) sobre los procedimientos (derecho procesal) y que con la invocación de la causal se puso en juego principios vitales como la lealtad entre las partes, buena fe en las actuaciones procesales y el respeto que se debe a las partes entre sí y con los árbitros. ver
    2015-12-16 CONTROLADORES TERRITORIALES PUEDEN ASPIRAR A DIRECTOR DE CAR El Consejo de Estado conceptuó que la actividad que desempeña un contralor territorial, que ejerce control y vigilancia de la gestión fiscal ambiental, puede aportarse como cumplimiento de requisitos exigidos a los aspirantes a ocupar el cargo de director general de una Corporación Autónoma Regional. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Álvaro Namén Vargas, señaló que quienes han sido contralores territoriales pueden acreditar su trabajo como cumplimiento del requisito que exige experiencia en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, para postularse como candidatos a ocupar dichas direcciones. La Sala aclaró que aunque existe una norma mediante la cual el Ministerio de Ambiente explicó qué se entendía por experiencia relacionada con medio ambiente (Decreto 3685 de 2006), dicha disposición está suspendida por decisión del Consejo de Estado. Por tal razón, el requisito se encuentra establecido por el Decreto 1076 de 2015, el cual no exige experiencia específica y puede ser equiparable a las funciones en materia de vigilancia que cumplen los contralores. “El cumplimiento de las funciones de los contralores territoriales involucra necesariamente el conocimiento y comprensión de un marco conceptual del medio ambiente y los recursos naturales tanto de sus elementos fácticos como jurídicos, económicos y técnicos, que les permitirá ejercer con diligencia y responsabilidad las funciones del cargo, so pena de responder disciplinariamente e incluso penalmente por negligencia, impericia o imprudencia”, señala la providencia. ver
    2015-12-10 CONSEJO DE ESTADO CAMBIA SU REGLAMENTO La Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento con el fin de agilizar las elecciones de los máximos dignatarios de la Corporación, mediante un procedimiento sencillo y expedito. De esta manera, a partir del año entrante el Presidente y Vicepresidente serán elegidos por la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los miembros activos de la Corporación, durante la primera sesión del año. Si ninguno de los candidatos alcanza los votos requeridos, en las sesiones siguientes los máximos dignatarios serán elegidos con las tres quintas partes de los miembros en ejercicio del Consejo de Estado. Con estos cambios no solo se busca hacer más ágil el proceso de elección, sino también adaptar los reglamentos a las nuevas realidades constitucionales, sociales y políticas del país. Además, se debe responder a la necesidad planteada en la Reforma de Equilibrio de Poderes de tener un mecanismo de elección oportuno. Por otra parte, se acaba con la anacrónica tradición de la alternatividad partidista que por años gobernó estas elecciones al interior del Consejo de Estado.
    2015-12-03 CONDENAN AL ESTADO POR EQUIVOCACIÓN EN FOTO DE EXPARAMILITAR El Consejo de Estado le hizo un llamado de atención a las entidades encargadas del manejo de la inteligencia y contrainteligencia del Estado y a quienes ejercen su control, para que el ejercicio de sus funciones esté enmarcado en el cumplimiento de la Constitución, la ley y las normas de Derecho Internacional. El pronunciamiento fue hecho al condenar al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por los daños ocasionados a un hombre al publicarse su foto en televisión, en un aviso que anunciaba la búsqueda del exjefe paramilitar Carlos Castaño, ofreciendo recompensa de mil millones de pesos para quien colaborara con su ubicación. La foto fue tomada de un artículo sobre Cooperativas de Seguridad publicado por una revista en diciembre de 1997, el cual estaba ilustrado con la imagen del afectado, quien en realidad laboraba como conductor del director de dicho medio de comunicación. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de De La Hoz, señaló que, aunque el aviso en televisión solo fue publicado un día porque rápidamente se advirtió del error, no es suficiente para exonerar de responsabilidad a la entidad, puesto que la vida del demandante fue puesta en peligro. “Resulta inadmisible que irregularidades como esta fuese considerada como un simple error que rápidamente se corrigió y no produjo mayores consecuencias, cuando en realidad resulta de máxima gravedad que la entidad encargada de las labores de inteligencia, hubiese puesto a circular en los medios de comunicación, una información que no fue previamente verificada”, indicó la sentencia. ver
    2015-12-01 REVOCAN MILLONARIO PAGO A FEDEMUNICIPIOS El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obligaba al Distrito Capital a pagar el 10 % de todas las multas de tránsito que se recaudaron a través del Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito (Simit), desde el 2002, a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), suma que actualizada podría superar los 187 mil millones de pesos. La decisión fue adoptada en Sala Plena de este 1º de diciembre, al revisar la acción popular fallada por el Tribunal en el año 2009 y en la cual se amparó el derecho a la moralidad administrativa que consideraron afectado por parte del Distrito Capital por negarse a cumplir la Ley 769 de 2002, que imponía dicho pago. La solicitud de revisión fue elevada por el Distrito Capital, el Ministerio de Transporte, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Distrital. La Sala, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, consideró que en este caso no se demostró la afectación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, que ameritara su protección. Recordó que tal afectación no puede estar soportada solo en el desconocimiento e incumplimiento de una ley, sino que es necesario que se pruebe la conducta desviada o deshonesta del funcionario que tenía la obligación de realizar el pago, o la intención de favorecer intereses propios o de terceros. Así, se demostró que tanto el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá como el Tribunal no siguieron los parámetros establecidos por la jurisprudencia para declarar que había desconocimiento de dicho derecho colectivo, que establece que está ligado a la función administrativa, la cual debe cumplirse por el servidor público y por tanto evidenciarse y probarse su desconocimiento. En el fallo, se aclaró que la acción popular es un medio autónomo y no es residual como ocurre con la tutela. Además, se reiteró la competencia que tiene el Consejo de Estado para realizar la revisión de las acciones populares, con el fin de unificar la jurisprudencia, por ser el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
    2015-11-24 ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER El Palacio de Justicia se une al Día Internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Este 25 de noviembre, el color naranja, símbolo de solidaridad, paz, no violencia, esperanza, alegría, energía y cambio, iluminará la fachada de este lugar, junto a otros edificios emblemáticos a nivel nacional e internacional como el Palacio de Nariño, las pirámides de Egipto y el Empire State Building, entre otros.Las propuestas eficientes para la erradicación de la violencia contra la mujer ha sido uno de los principales propósitos de la Comisión de Género de la Rama Judicial. Por ello, junto con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Comité Seccional de Género de Bogotá-Cundinamarca y los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca realizarán un acto conmemorativo que permitirá reiterar el compromiso y analizar el papel de la Administración de Justicia en la consecución de dicho logro.El evento, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Consejo de Estado el miércoles 25 de noviembre de 8:00 am a 10:00 am, contará con la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas en el programa “Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra las mujeres y niñas”.Todos pueden unirse a la causa mundial portando en su vestimenta algún elemento de color naranja, símbolo visible del rechazo a la violencia contra las mujeres.Según la ONU, este día se conmemora porque la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos; es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género; además, la violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. Sin embargo, “la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial”.
    2015-11-24 ELEGIDO MAGISTRADO DE LA SALA DE CONSULTA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Édgar González López como nuevo magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en remplazo del doctor Augusto Hernández Becerra. El Doctor González López es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, donde se graduó también como especialista en Derecho Privado. Es también especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Rosario y en Derecho Público Económico de la Universidad de Los Andes. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en el sector privado y público. Se ha desempeñado como abogado litigante, director de posgrados en Universidades privadas, socio y gerente de firmas de abogados, vicepresidente jurídico de Telecom, asesor jurídico de la Personería Distrital y Juez Promiscuo Municipal, entre otros. Como docente, se ha distinguido en los niveles de pregrado y posgrado en instituciones como Universidad Externado, Javeriana, Central y Libre, entre otras. Como conferencista ha sido invitado de importantes instituciones iberoamericanas con el fin de dar a conocer sus publicaciones sobre contratos, arbitraje, derecho de regulación y de las telecomunicaciones, derecho económico de la competencia, etc. Actualmente se desempeña como árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, labor que ha ejercido desde febrero del año 2014.
    2015-11-23 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE NIÑO DEBIDO A MAL ESTADO DE VÍA El Consejo de Estado confirmó la decisión de declarar responsable al departamento de Nariño por la muerte de un menor de edad que fue víctima de un deslizamiento de tierra en una vía cuando se desplazaba bajo la supervisión del colegio oficial donde estudiaba, ocurrida en diciembre de 2005. En el proceso se demostró que el menor, que cursaba grado séptimo, se desplazaba para representar al colegio en un torneo deportivo y el bus en el que viajaban debió detenerse por obstrucción de la vía debido a su mal estado, y algunos estudiantes, entre ellos la víctima, descendieron del mismo y el docente nada hizo para impedirlo, omisión que los expuso a un riesgo innecesario, ya que al poco tiempo se produjo la avalancha que arrastró al menor. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, explicó que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino también del hecho de aquellos que estén a su cuidado. En este caso, “los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado (…)”, custodia que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina, debe observarse en todo momento, no solo durante el tiempo en que el estudiante permanece en el colegio, sino durante otras actividades educativas o de recreación. Con los testimonios se evidenció el mal estado de la vía, que era destapada y no tenía señalización, y la época de lluvias que afrontaba la zona, incluso, tres días antes del deslizamiento de tierra en el que falleció el estudiante se produjeron otros derrumbes que taponaron la vía. Por tanto debió existir precaución por parte del profesor que tenía a su cargo la vigilancia de los menores. Así mismo, las entidades territoriales tenían bajo su supervisión el mantenimiento de las vías y no se demostró que este se haya realizado. “Para exonerarse de responsabilidad, las autoridades comprometidas tienen la obligación de acreditar que, en los casos en que se presentan hechos de la naturaleza, como ocurrió en el presente asunto, estos no podían preverse ni resistirse”, señala el fallo. ver
    2015-11-19 ECOPETROL RECIBIRÁ MILLONARIA SUMA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO El Consejo de Estado declaró el incumplimiento por parte de una sociedad privada del contrato celebrado con Ecopetrol para la exploración y explotación de hidrocarburos que se encontraran en el área de Guayuyaco, ubicados en jurisdicciones municipales de Villa Garzón, Puerto Guzmán y Mocoa en el departamento del Putumayo y Piamonte en el departamento de Cauca, y ordenó el pago de más de 6.200 millones de pesos. La demandante estimó que no se entregó a Ecopetrol lo que le correspondía de acuerdo al contrato establecido, es decir, el 30 % de la producción de crudo que se obtuvo en la etapa de pruebas extensas de producción llevadas a cabo en el periodo de exploración en dicha zona. La Sala explicó que la sociedad privada, al momento de suscribir el contrato, conoció las cláusulas del contrato y las obligaciones y derechos derivados del mismo, por lo que en aplicación del principio de la buena fe contractual debió informar sus inconformidades, solicitar aclaraciones, hacer las salvedades del caso y plantear nuevas fórmulas o el rediseño del contrato o de la oferta para equilibrar la situación que consideraban presentaba irregularidad. Sin embargo, la demandada guardó silencio y solo hasta cuando Ecopetrol le exigió el cumplimiento de la obligación manifestó su inconformidad y se sustrajo de entregarle el porcentaje que le correspondía. Dicha actitud, señala el fallo, “deviene contrario a la buena fe contractual que es de carácter objetivo y que exige que la conducta de cada una de las partes en cada etapa contractual (precontractual, contractual y post contractual) consulte y se dirija a satisfacer el interés esperado por su contraparte desde el inicio de la relación negocial”. Adicionalmente, la entidad privada interpretó unilateralmente las cláusulas del contrato y determinó que la distribución y rembolso del porcentaje correspondiente a Ecopetrol debía hacerse como quedó pactada para la explotación y no para la etapa de pruebas extensas de producción, por ser más favorable a sus intereses. ver
    2015-11-18 NIEGAN TUTELA A OFICIAL DEL EJÉRCITO El Consejo de Estado negó una tutela interpuesta por un oficial del Ejército, con la que pretendía que se dejara sin efectos la condena dictada en su contra por la muerte de varios soldados en la toma a la Base Militar del Cerro de Patascoy (Nariño), el 21 de diciembre de 1997. La condena fue proferida por la Sección Tercera de ese Alto Tribunal, en octubre de 2014, y en ella se declaró responsable al Ministerio de Defensa y se condenó de manera solidaria a dos oficiales del Ejército que fueron llamados en garantía para que reembolsaran a la Nación las sumas de dinero que esta última debía pagar como consecuencia del fallo. Alegando violación al debido proceso y a la igualdad, el oficial que interpuso la tutela acudió en primera instancia a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que le negó el amparo, por lo que impugnó el fallo ante la Sección Quinta del mismo Tribunal. La ponente de la decisión, la magistrada Rocío Araújo Oñate, de la Sección Quinta, estudió el caso y concluyó que los argumentos del accionante reflejan más un desacuerdo con el análisis y la decisión adoptada que resultó desfavorable a sus intereses. “La acción de tutela no puede constituirse en una tercera instancia que se pueda emplear para que se revise lo definido por el juez natural de la especialidad, como lo pretende el tutelante”, indica la sentencia. La Sección Quinta señaló que, tal como lo reseñó la Sección Tercera, resultó abundante el material probatorio que permitió condenar al Estado por el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, aunque la toma a la base militar fue perpetrada por la guerrilla de las FARC. ver
    2015-11-09 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ASUMIRÁ PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL DAS El Consejo de Estado unificó su criterio y determinó que los procesos judiciales adelantados en contra del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) deberán ser asumidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y no por la Fiscalía General de la Nación. La Sección Tercera en pleno determinó que no se puede dejar a la Fiscalía General de la Nación, perteneciente a la Rama Judicial, como sucesora procesal de los asuntos judiciales que se iniciaron en contra del DAS, que perteneció a la Rama Ejecutiva. Hacerlo violaría los principios constitucionales y convencionales que establecen la separación de poderes y la distribución de competencias de las entidades públicas extintas. Por tal razón, la Sala inaplicó, por inconstitucional, inconvencional e ilegal, el artículo 7 del Decreto 1303 de 2014, que anunció la asunción de procesos judiciales y conciliaciones judiciales del extinto DAS por parte de la Fiscalía General y determinó que será el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el encargado, hasta tanto el Presidente de la República reglamente el asunto. Según la providencia, en el Decreto Ley 4057 de 2011, que suprimió el DAS, se dejaron claras directrices sobre quién debía asumir las funciones de dicho departamento y señaló que la representación judicial debería quedar a cargo de una entidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Presidente de la República, al expedir el Decreto Reglamentario 1303 de 2014 no tuvo en cuenta dicha directriz y excedió su potestad reglamentaria al asignar la representación del extinto órgano a una entidad de la Rama Judicial, como lo es la Fiscalía General. ver.
    2015-11-05 CONDENAN AL ESTADO POR OCUPACIÓN DE LA SEDE DEL CICR El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 980 millones de pesos a los dueños de la sociedad Administradora Hotelera S.S. Ltda por los perjuicios que les ocasionó la ocupación de un grupo de desplazados de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al norte de Bogotá, en diciembre de 1999.Según los demandantes, como consecuencia de la ocupación se ordenó el cierre de la vía pública donde se encontraba ubicada la sede de la Cruz Roja, afectando la explotación económica de varios negocios aledaños, entre ellos un hotel de su propiedad, puesto que se restringió el paso de peatones y vehículos. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade, estudió el caso y concluyó que ese lamentable hecho de desplazamiento ameritaba medidas estatales serias, que de manera contundente y eficaz hubieran evitado que la situación se agravara, ocasionando además perjuicios económicos para los vecinos del sector.“De conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, tuvo que transcurrir casi un año de haberse producido la ocupación de la vía pública y del CICR por parte de las personas desplazadas para que la Nación, en virtud de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional, procediera a brindar soluciones a dicha problemática social; sin embargo, según se observa, a pesar de que se brindaron varias ayudas humanitarias, éstas no resultaron eficaces, pues dicha ocupación se prolongó por más de dos años”, indica la sentencia.La Sala aclara que este fallo no está respaldando las ocupaciones ilegales de bienes privados, pero entiende que las autoridades administrativas pueden encontrar dificultades en la ejecución de medidas de desalojo, debido a la situación social y de violencia que atraviesa el país. ver
    2015-11-04 DECLARAN NULA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE JUAN CARLOS LOZADA El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del Representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas y declaró legal la elección de Andrés Felipe Villamizar Ortiz, como integrante de la misma corporación legislativa, para el período constitucional 2014-2018. Como consecuencia, se canceló la credencial entregada al primero y se ordenó expedir la del último. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, encontró probado que la votación de los dos candidatos del Partido Liberal Colombiano fue objeto de falsedad. Al doctor Andrés Felipe Villamizar Ortiz, le descontaron injustificadamente 241 votos, y al doctor Juan Carlos Lozada Vargas le adicionaron sin ninguna razón válida 19 votos, lo cual llevó a que la votación final del primero quedara en 17.861 votos, mientras que la votación final del segundo quedó en 17.644 votos. En cambio, se negaron las pretensiones de otra demanda porque si bien se probó que hubo falsedades en la votación al interior de la lista inscrita por el Partido Conservador Colombiano, pues al candidato Telésforo Pedraza Ortega le adicionaron injustificadamente 9 votos y al candidato Jairo Gómez Buitrago le descontaron sin ninguna explicación 25 votos, ello no produjo ninguna modificación frente al acto de elección demandado, dado que la votación final del primero quedó en 10.964 votos, en tanto que la votación final del segundo quedó en 10.660 votos. Por último, en el fallo se determinó que no era necesario fijar fecha para practicar el nuevo escrutinio, pues se contaba con todos los elementos de prueba requeridos para hacerlo en la misma sentencia, como en efecto así se hizo. ver
    2015-10-29 MINISTERIO DE SALUD DEBE PROTEGER DERECHOS DE LA MUJER El Consejo de Estado hizo un llamado al Ministerio de Salud para que adopte medidas que permitan reforzar el respeto a la dignidad de la mujer en el marco de la atención gineco obstétrica, teniendo en cuenta que es sujeto de especial protección. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y al Hospital Universitario San Ignacio por los perjuicios ocasionados a una mujer y a su bebé, al momento de dar a luz. Los hechos ocurrieron en septiembre de 1997 cuando una mujer en estado de embarazo y con síntomas de preeclamsia fue remitida al Hospital San Ignacio, donde tuvo una niña que nació con parálisis cerebral. La bebé permaneció en el centro hospitalario hasta febrero de 2000 y después fue acogida por un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), puesto que sus padres se negaron a recibirla. Finalmente la niña murió en julio de ese mismo año. Según la familia de la menor, el parto fue atendido por médicos que no tenían la experiencia suficiente para casos de alto riesgo, lo cual ocasionó que las labores de parto se prolongaran por más de 18 horas, con el consiguiente sufrimiento fetal que desencadenó el padecimiento de una isquemia y una parálisis cerebral permanente. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que las pruebas dentro del proceso demuestran que las entidades demandadas no efectuaron un constante monitoreo. “Esto era imprescindible para que se asegurara en grado sumo la integridad del bebé que, según los expertos, debe hacerse al menos cada 15 minutos durante los momentos finales del alumbramiento, pues de lo contrario se corren riesgos como el que se concretó en la patología isquémica sufrida por la niña”, indica la sentencia. La Sala agregó que el centro asistencial tampoco adelantó las averiguaciones respectivas para explicar lo que ocurrió al momento del parto, lo cual es una omisión que sirve como señal para hablar de una deficiente atención médica. ver
    2015-10-29 ELIGEN NUEVO REGISTRADOR NACIONAL Al concluir el concurso de méritos para elegir Registrador Nacional del Estado Civil, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado designaron al doctor Juan Carlos Galindo Vacha como sucesor del saliente registrador Carlos Ariel Sánchez Torres. El doctor Galindo Vacha, nacido en Bogotá y quien resultó elegido luego de haber logrado un total de 891,44 puntos, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magister en Derecho y Economía de Seguros por la Université Catholique de Louvain. En su trayectoria laboral ha ocupado los cargos de Gerente Delegado para las Elecciones Cafeteras, Asesor de la Contraloría General de la República, Director y Abogado de la firma Galindo Vacha Abogados S.A.S., Registrador Nacional de Estado Civil en provisionalidad, Magistrado Auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Secretario General y Jurídico de la EPS Famisanar, Procurador Delegado ante el Consejo de Estado y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación. Docente de la Universidad Javeriana y autor de múltiples libros. ver
    2015-10-28 CONDENAN AL EJÉRCITO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional por la muerte, en noviembre del año 2002, de un joven con un arma de dotación oficial durante los operativos realizados en la ciudad de Medellín que pretendían la captura de una banda de extorsionistas y malhechores de entidades bancarias de la ciudad. Según se demostró durante el proceso, se trató de una ejecución extrajudicial por parte del entonces director del Gaula (Antioquia), pues los informes de balística demostraron que el disparo que recibió la víctima (trayectoria de atrás hacia adelante) reflejó la situación de indefensión de la misma y, por ende, constituyó un uso desproporcionado de la fuerza. “Si bien el operativo militar se desarrolló en cumplimiento de un deber legal, ni la ejecución ni el uso de la fuerza letal pueden entenderse como el cumplimiento de ese deber, ni tampoco como una reacción de legítima defensa; en consecuencia, es posible afirmar que se usó la fuerza de manera arbitraria y desproporcionada, sin que obre otro medio conducente y razonable de prueba en el plenario que permita erigir una hipótesis diferente”, señala el fallo. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, explicó que los daños ocasionados a los ciudadanos en operativos militares y policiales, como las ejecuciones extrajudiciales de civiles en estado de inferioridad e indefensión, no guardan un vínculo “próximo y directo” con el servicio, e implica una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, tales situaciones no pueden estar cubiertas por una jurisdicción de excepción, como es la jurisdicción penal militar. La Sala recordó que aunque se puede argumentar la legítima defensa y el cumplimiento del deber como causales de exoneración de responsabilidad, no se acepta que el uso de la fuerza sea utilizado como primer recurso en contextos diferentes al conflicto armado. En tales casos, constituye no solo una grave violación a los derechos humanos, la vida, integridad personal y libertad de circulación, sino también una seria infracción a mínimos humanitarios. ver
    2015-10-27 ADMINISTRACIÓN NO PUEDE MODIFICAR REQUISITOS DE TRÁMITES El Consejo de Estado amparó los derechos al debido proceso y mínimo vital de un joven abogado que cursó sus estudios de pregrado y posgrado de Derecho en el exterior y buscaba convalidar su título en Colombia, pero al cumplir los requisitos, cambió la normativa al respecto. Según el Ministerio de Educación, hasta diciembre de 2014 se permitía convalidar títulos en Derecho con el curso de unas materias específicas o con la presentación del examen Ecaes. Sin embargo, a partir de ese momento, se eliminó la posibilidad de hacerlo con la aprobación del Ecaes y ahora solo se puede hacer a través de la aprobación de algunas materias en Derecho. El accionante señala que cuando consultó al Ministerio sobre los requisitos, estaba la posibilidad de hacerlo con la aprobación de Ecaes, por lo que se preparó para el mismo y lo presentó en noviembre del 2014 y el resultado lo conoció en marzo de 2015, fecha en la cual aún en la página web del Ministerio así lo señalaba. No obstante, cuando quiso hacer su solicitud se le informó que la norma se modificó en diciembre del 2014 y ya no era válida. Por tal razón consideró vulnerado su derecho al debido proceso y al mínimo vital, pues no podía acceder al mercado laboral por no poseer un título que así se lo permitiera. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo, explicó que la Administración pública está sujeta al principio de buena fe, es decir, que sus actuaciones deben respetar los compromisos a los cuales se han obligado y deben garantizar la estabilidad y durabilidad de las reglas establecidas, y solo puede alterarlas si se otorga un periodo de transición para que los particulares se ajusten a la nueva situación jurídica. La Sala aclaró que en este caso específico, el Ministerio debió conceder un plazo de gracia a aquellos interesados en el proceso de convalidación que estaban pendientes de la presentación y resultados del examen saber pro, como único requisito faltante para la homologación del título de pregrado en derecho, y no sorprenderlos intempestivamente con un cambio de regulación que les desfavorece. ver
    2015-10-23 CONFIRMAN TUTELA SOBRE CONSULTA ANTITAURINA El Consejo de Estado negó las solicitudes de nulidad interpuestas en contra del fallo de tutela que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual se decidió, a través de tutela, que la consulta popular no puede prohibir la actividad taurina por ser el Congreso de la República el único competente para impedir o permitir la práctica del llamado “espectáculo taurino”. Así mismo, se confirmó la decisión de tutela mediante la cual dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avaló la iniciativa del Distrito de promover una consulta popular para conocer si la ciudadanía de Bogotá está o no de acuerdo con la realización de las corridas de toros. Quienes solicitaron la nulidad del fallo, argumentaron que no fueron notificados debidamente, pues no se les informó del proceso de tutela a las asociaciones antitaurinas. Además, estimaron que la tutela no era el medio para dejar sin efectos una consulta popular. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, explicó que según la normativa una acción de tutela se debe notificar a las partes e intervinientes en la forma que el Juez considere más expedita y eficaz. Tal requisito se cumplió mediante la publicación de la admisión de la tutela en la página web del Consejo de Estado y en aviso publicado en el periódico El Tiempo, diario de amplia circulación. Dicha divulgación cumplió con la finalidad de garantizar el principio de publicidad y permitir el acceso a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que se empleó el recurso tecnológico con el que cuenta actualmente la Corporación. Por su parte, la divulgación en el periódico se dirigió a los terceros interesados “y no pretendió suplir la notificación que eventualmente debiera hacerse a personas que pudieran resultar afectadas en su posición jurídica con las resultas del proceso, porque no se constató la existencia de dicha afectación y, por consiguiente, se descarta la obligación de notificar a todos los hipotéticos interesados”, señala la sentencia.
    2015-10-22 REGISTRADURÍA PUEDE REVISAR RESPALDOS A CANDIDATOS El Consejo de Estado negó la suspensión de las resoluciones expedidas por la Registraduría General de la Nación, mediante las cuales la entidad estableció el procedimiento para la revisión de firmas para la respectiva inscripción de candidatos que aspiren a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL, y reguló la verificación y validación de apoyos. A juicio del demandante, se debía suspender la norma por cuanto la Registraduría excedió sus facultades, pues esas regulaciones solo le corresponde realizarlas al Congreso de la República a través de Ley Estatutaria, por considerar que se limita el derecho fundamental de acceso a cargos públicos. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, explicó que se negó la suspensión de la norma, como medida cautelar, por cuanto la verificación de firmas por parte de la Registraduría Nacional es un aspecto de carácter fundamentalmente operativo que busca establecer la veracidad de la identificación y demás datos de las personas que manifiestan su respaldo a la aspiración de un candidato. Señala la decisión que la revisión y verificación de firmas no es una labor ajena a las funciones de la entidad. Dicha actividad está a cargo de la dirección de censo electoral y “es una labor instrumental cuya ejecución tiene como objetivo servir como soporte en las etapas previas del proceso electoral, (…) y contribuye a la confiabilidad que el proceso debe ofrecer desde la inscripción para el debate electoral”. Por tal razón, para el magistrado ponente, solo en el estudio de fondo, que se hace en la sentencia, se podrá definir el supuesto desbordamiento de las atribuciones propias del funcionario y la posible invasión de la competencia del Congreso. ver
    2015-10-21 ELIGEN A MAGISTRADOS DE LA SECCIÓN SEGUNDA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a William Hernández Gómez y Gabriel Rodolfo Valbuena Hernández como nuevos magistrados de la Sección Segunda, en remplazo de los Doctores Alfonso Vargas Rincón y Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, respectivamente. El Doctor Hernández Gómez es abogado de la Universidad de Caldas con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Comercial de la misma institución académica. También es especialista en Administración Universitaria de la Universidad Santiago de Chile. Se ha desempeñado como magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Manizales, Jefe de Recursos Humanos de la Universidad de Caldas y Rector de la Universidad de Manizales, entre otros cargos. Actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas. Por su parte, el Doctor Valbuena Hernández es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Ambiental y en Gestión de Empresas Públicas y Desarrollo, y Magister en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil del Estado de la Universidad Externado y en Derecho de las Empresas Públicas de la Universidad de París XI. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en la empresa privada y en la Rama Judicial, ocupando cargos como Jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría General de la Nación, Asesor Jurídico Externo del Terminal de Transportes y Magistrado auxiliar del Consejo de Estado desde el 2008 hasta la fecha.
    2015-10-20 ORDENAN AL GOBIERNO APROBACIÓN DE CONPES SOBRE POLÍTICA CARCELARIA El Consejo de Estado le dio un mes al Ministerio de Justicia para que promueva la aprobación del documento Conpes que deberá definir y adoptar el plan estratégico y financiero de política carcelaria en el país. La decisión fue adoptada al resolver una acción de cumplimiento interpuesta por la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) al considerar que se han incumplido algunos de los artículos de la Ley 1709 de 2014 sobre política para las cárceles, entre ellos la elaboración del documento Conpes. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, estudió el caso y encontró que si bien el Ministerio de Justicia señaló que ya se han adelantado varias reuniones para la formulación y aprobación del documento Conpes, no presentó copia de ninguna de las actas que se elevaron con ocasión de las mismas, lo cual impone considerar que la obligación impuesta por la norma se ha incumplido. “El documento que se reclama debió expedirse hace tiempo y debe contener las recomendaciones de política carcelaria en los temas que determinó la ley y que se concretan en: i) Compromisos presupuestales, ii) Fuentes de financiación, iii) Plan de construcciones e infraestructura, iv) Plan de dotación para la resocialización, el empleo y la educación, v) Plan de sanidad y vi) Plan de personal, guardas, funcionarios y servidores públicos”, indica la sentencia. La Sala también le da tres meses al Gobierno Nacional para que reglamente el régimen de los establecimientos de reclusión de alta seguridad, y seis meses al Presidente de la República para que presente al Congreso un proyecto de ley que permita determinar lo correspondiente a la privación de la libertad de los miembros de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas, previa consulta con los mismos. ver
    2015-10-19 CONDENAN AL ISS POR MAL PROCEDIMIENTO MÉDICO El Consejo de Estado condenó al Instituto de Seguros Sociales, por los daños causados a una mujer que se sometió a un procedimiento quirúrgico en marzo del 2001 y debido a una falla médica, se le causaron complicaciones permanentes en su estado de salud. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y explicó que aunque la decisión de someterse a la cirugía fue consentida por la paciente, la mala praxis ocasionó que tuviera secuelas que no solo afectaron su estado físico, sino su calidad de vida, pues quedó con incontinencia urinaria permanente y debía someterse al uso continuo de pañales. Señala la sentencia que “es posible inferir que la causa de las complicaciones padecidas por la señora fue determinada por las fallas médicas en que incurrió el Instituto de Seguros Sociales durante el acto médico quirúrgico, toda vez que si bien fue sometida a un procedimiento quirúrgico – histerectomía – que fue expresamente autorizado por la paciente y avalado por un testigo, la Sala no puede pasar por alto que en el expediente se encuentra plenamente acreditado que la intervención practicada para mejorar su salud se realizó de manera deficiente”. La falla en la cirugía obligó a la paciente a someterse meses después a una nueva intervención quirúrgica sin los resultados esperados, lo que le generó grandes incomodidades, sufrimientos y el sometimiento a procesos de recuperación, varios de los cuales le exigieron cuidados especialmente molestos para el manejo adecuado de elementos extraños implantados en su cuerpo, además del uso de pañales, que tuvieron efectos negativos importantes en sus relaciones interpersonales. ver
    2015-10-14 POLICÍA DEBE VIGILAR A SUS AGENTES EN SERVICIO El Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional por el secuestro de una profesora en la ciudad de Valledupar en mayo del año 2002, en hechos en los que se participaron miembros activos de la Policía y quienes cobraron cerca de 182 millones de pesos por su rescate. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar que el secuestro extorsivo sucedió por la acción de los agentes agresores. Aunque dicha conducta delictiva no hacía parte de la prestación del servicio público que les había sido encomendado, ni al desempeño de las funciones propias del cargo del cual estaban investidos, sí existió falla del servicio. A juicio de la Sala, los dos miembros de la Policía que participaron en el secuestro no se encontraban en vacaciones ni bajo licencia de algún tipo, sino que estaban en servicio activo. Así, pese a conocer sus obligaciones, desviaron y pervirtieron el servicio público que se les había encomendado por la Constitución y las leyes, y se valieron de esa condición para planear y perpetrar los ilícitos por los cuales se les investigó y condenó penalmente. En primera instancia, el Tribunal no accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que la culpa era exclusivamente de los agentes de Policía y no de la institución. Sin embargo, dentro del proceso se determinó que la condición de policías fue lo que les permitió cometer el secuestro, pues mientras se encontraban en horario de servicio vigilaron los movimientos de la víctima para conocer su rutina y saber en qué momento podía ser plagiada. A esa conclusión llego la Sala al demostrarse que uno de los agentes de Policía realizaba patrullajes en el sector donde ocurrieron los hechos. Además, utilizando esa misma condición de policías, mediaron o persuadieron a otros miembros de la Fuerza Pública para sobrepasar dos retenes de la Policía y uno del Ejército que fueron dispuestos a raíz del hecho, sin que fueran detenidos. ver
    2015-10-06 ESAP PUEDE APOYAR A CONCEJOS EN ELECCIÓN DE PERSONEROS En este momento, época preelectoral, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, puede apoyar a los concejos municipales, de manera gratuita, en la realización del proceso de selección para elegir a los personeros municipales. Así lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil al responder a una consulta elevada por la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la posibilidad de que la ESAP preste apoyo logístico a los municipios en el proceso de elección de dichos dignatarios. La Sala, con ponencia del magistrado William Zambrano Cetina, explicó que la Ley de garantías electorales señala que dentro de los cuatro meses anteriores a una elección popular las entidades no pueden suscribir convenios interadministrativos que representen la ejecución de recursos públicos, como puede ser la realización de obras, la prestación de servicios, la adjudicación o entrega de estímulos o recursos. Sin embargo, aclara el concepto, en este caso, los convenios de apoyo en la elección de personeros tienen características especiales: se hace con los concejos municipales y no con los alcaldes, y son estos concejos los beneficiarios del mismo; es gratuito, pues no implica ningún gasto para la entidad territorial; se ofrece y puede ser recibido por cualquier concejo municipal que lo requiere; y no guarda ninguna relación con actividades políticas ni proselitistas. La providencia recordó que la elección de los personeros por parte de los concejos municipales debe hacerse previo concurso público de méritos y la ESAP cuenta con los recursos y la capacidad para brindar apoyo a los concejos municipales en la realización de dicho concurso público. ver
    2015-10-02 APLAZAN PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES A LA REGISTRADURÍA El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional acordaron modificar el cronograma del concurso para elegir al Registrador Nacional del Estado Civil. Los Presidentes de las Altas Cortes prorrogaron por 15 días la publicación de los clasificados al concurso, mientras se resuelven los recursos presentados por tres de los aspirantes que fueron excluidos de la lista inicial. ver
    2015-10-02 AMPARAN DERECHO A LA SALUD DE MUJER ACOSADA LABORALMENTE El Consejo de Estado amparó los derechos al trabajo, mínimo vital y salud de una persona que se vio afectada mental y físicamente debido a la carga laboral y al acoso del que era víctima en un juzgado de la Guajira, por lo que se ordenó su reubicación en otro despacho hasta que se emita un concepto médico favorable sobre su rehabilitación o se consolide su derecho a la pensión si es el caso. Pese a sus condiciones de salud, su solicitud de traslado no fue atendida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira y, según la actora, se le manifestó que para acceder a la reubicación, era ella quien debía informar la disponibilidad de cargos existentes en el circuito de Riohacha. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó que en este caso se evidenció que el entorno laboral del juzgado donde laboraba la accionante le causó constantes molestias psíquicas depresivas que han incidido en su estado de salud físico y psicológico, dificultando sustancialmente su desempeño laboral, situación que da lugar a un trato especial. En el proceso se tiene en cuenta el concepto del médico tratante, adscrito a la EPS, del Comité de Convivencia y Conciliación de la Rama Judicial – Sección La Guajira y de la ARL correspondiente, quienes coincidieron en sugerir la reubicación de puesto de trabajo de la actora con el fin de mejorar su desempeño laboral y su estado de salud. “Ante el estado actual de salud de la tutelante, resultaría contrario al orden constitucional obligarla a permanecer en el espacio físico y junto a las personas que le motivan su estado de depresión, pues en la práctica ello comportaría que la violación de sus derechos fundamentales se mantuviera en el tiempo”, señala la decisión. La Sala señaló que la Corte Constitucional ha enfatizado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada conlleva para el trabajador el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo conforme a sus condiciones de salud, cuando se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la disminución de su capacidad física. ver
    2015-10-02 ESTADO SE SALVA DE PAGAR MILLONARIA INDEMNIZACIÓN Cerca de 400 mil millones de pesos se salvó de pagar el Estado colombiano por una demanda que interpusieron los accionistas de la liquidada Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, en contra de la Superintendencia Bancaria, Fogafín y el Banco de la República.Los socios de la entidad financiera reclamaban la indemnización de los perjuicios supuestamente causados por Fogafín al ordenar la reducción del valor nominal de octubre de 1998, luego de que la Superintendencia Bancaria ordenara la capitalización de la entidad y esta no se cumpliera.La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que no se logró demostrar que con la orden de Fogafín la reducción nominal de acciones causara un perjuicio real, pues era necesario probar, entre otras cosas, que la acción efectivamente había bajado en el mercado de valores.“Tampoco advierte la Sala que, con la reducción del valor nominal de sus acciones, se impusiera a los accionistas restricción alguna para negociar su participación en la Corporación de Ahorro y Vivienda que pudiera configurar una lesión a sus derechos patrimoniales”, indica la sentencia.La sentencia explica que las acciones realizadas por la Superintendencia Bancaria y Fogafín se adoptaron con el fin de solventar la situación financiera de Granahorrar que podía conducir a su liquidación, situación que podía incidir de manera positiva y no negativa en el valor de mercado de las acciones.“La Sala encuentra que si bien es cierto que la reducción del valor patrimonial afectó a la Corporación de Ahorro y Vivienda –aunque en estricto sentido la medida tenía por objeto ajustarse a la realidad patrimonial de una sociedad que se encontraba insolvente-, ello no implica una afectación a los derechos patrimoniales de los accionistas”, puntualizó el fallo.
    2015-10-02 FINALIZA ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA La paz fue el tema central de la clausura del XXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se realizó en la ciudad de Paipa, Boyacá, los días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre del presente año. El Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, se refirió al acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC en La Habana y sostuvo que contempla reglas y sanciones que le garanticen a las víctimas la máxima justicia posible con verdad, reparación y garantías de no repetición. “Es un acuerdo para construir un nuevo futuro, de sana convivencia y reconciliación para mirar hacia adelante, para garantizar que no haya más víctimas y que cese la guerra”, indicó el Presidente Santos. El Jefe de Estado les agradeció a los jueces y magistrados de Colombia que con su trabajo, conocimientos y ponderación contribuyen a consolidar un país más justo y en paz. Por su parte, el Presidente del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, aseguró que no puede haber justicia plena en un país donde se asesina y amedrenta a los jueces y funcionarios judiciales, donde desaparecen testigos y se destruyen pruebas y donde existen carteles de falsos testigos. “Soluciones perfectas no las ha habido, ni las habrá, y serán, en verdad, muchos los tragos amargos que tendremos que beber los colombianos para conseguir ese fin supremo. Ojalá que los años que nos quedan podamos ver un país pacificado, para el disfrute de las futuras generaciones de colombianos”, indico el Doctor Vergara Quintero. ver
    2015-10-01 COLEGIOS DEBEN ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR MATONEO El Consejo de Estado hizo un llamado para que las instituciones educativas tomen medidas que permitan prevenir, detectar, atender y hacer el respectivo seguimiento a las situaciones de violencia escolar. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, señaló que quien debe detectar las situaciones anómalas de comportamiento son las instituciones educativas, más si se tiene en cuenta que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en el colegio. Por tanto, no basta con la adecuación de los manuales de convivencia y que estos se ajusten a las normas nacionales al respecto, sino que debe haber actuaciones positivas. El pronunciamiento se hizo dentro de un fallo de tutela interpuesto por una mujer en representación de su hijo menor de edad, que debió abandonar una institución educativa, alegando que sufrió maltrato por parte de sus compañeros e incluso de su propia profesora que lo molestaba diciéndole que era homosexual. En el caso específico, la Sala demostró que los procedimientos, estrategias y acciones a seguirse para el adecuado tratamiento de actos de violencia escolar mostraron ser inoperantes en dicho colegio, pues el joven debió soportar la quema de su uniforme, situación que fue conocida por la psicóloga, pero esta omitió informar de ese suceso al Comité de Convivencia Escolar, para que este a su turno activara el Protocolo de Atención Integral. Aunque en el presente caso se negó la tutela debido a que el accionante no aportó las pruebas del caso que demostraran el ciberacoso y que probaran el cyberbullying, en la decisión se reitera que el acoso escolar entre otras conductas se presenta con el hostigamiento, intimidación, maltrato, violencia, exclusión social y discriminación que sufre un niño en el entorno escolar por parte de uno o varios compañeros. De este modo, el acoso puede provenir la violencia física, verbal, simbólica y en particular emocional, que atenta contra la dignidad del menor de edad y ocurre de manera intencional, reiterada y continua. ver
    2015-09-30 INSTALACIÓN ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN El Consejo de Estado está comprometido con los actos que incorporen al ordenamiento jurídico los acuerdos que en materia de paz se logren en La Habana, pero también tiene un compromiso con la institucionalidad que será defendida con todo el rigor del caso. Así lo manifestó el Presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara Quintero, durante la instalación del XXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se realiza en la ciudad de Paipa, Boyacá, los días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre del presente año. El magistrado señaló que después de 55 años de guerra es difícil encontrar visiones unificadas sobre cómo solucionar este problema, por lo que no se puede pretender un consenso pleno frente al proceso de paz. “Todos los colombianos tenemos una mirada distinta conforme han sido nuestros padecimientos en esta oscura noche de nuestra historia… pero lo cierto es, que los adultos de hoy aspiramos a que los años que nos queden de vida, podamos ver una Colombia en paz. Soluciones perfectas no las hay ni las habrá, serán muchos los tragos amargos que nos tocará tomarnos, y como dicen por allí, de difícil digestión”, indicó el magistrado. El Presidente del Consejo de Estado también se refirió al papel que cumple actualmente el juez administrativo que pasó de ser un simple controlador de la legalidad de los actos administrativos, a un protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Los retos para el fututo son muchos, empezando por rescatar entre otras cosas, la confianza pública, la credibilidad en las instituciones y la majestad de la Justicia”, explicó el Doctor Vergara Quintero. ver
    2015-09-29 CRC DEBERÁ RESOLVER CONFLICTO ENTRE ETB Y COMCEL El Consejo de Estado advirtió que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá resolver el conflicto entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la empresa Comcel (hoy Claro), las cuales sostienen una disputa desde hace varios años. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que cualquier conflicto de interconexión entre operadores de redes y servicios de comunicaciones es de competencia de la autoridad nacional de comunicaciones del país donde se presta el servicio, que en el caso de Colombia es la CRC. La decisión fue adoptada al declarar infundado el recurso de anulación interpuesto por Comcel S.A., contra el laudo arbitral de octubre de 2014, proferido por el Tribunal de Arbitramento que se constituyó para dirimir las diferencias surgidas entre estas dos empresas por la firma de un contrato de interconexión en 1998. El Tribunal de Arbitramento concluyó que no era competente para resolver las pretensiones de la demanda de Comcel que reclama de la ETB el pago de las obligaciones contraídas con la firma del contrato de interconexión. Por tal motivo, Comcel le solicitó al Consejo de Estado anular el fallo de dicho Tribunal y decidir la controversia económica. Al estudiar el caso la Sección Tercera señaló que, como era su obligación, el Tribunal de Arbitramento acogió en su integridad el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual afirma que la autoridad nacional de comunicaciones del país miembro de la CAN donde se genere la controversia es la competente para resolver los conflictos de este tipo. “No es el recurso extraordinario de anulación el escenario para cuestionar las decisiones de los organismos jurisdiccionales de orden internacional y no puede pretender el recurrente que las autoridades nacionales, especialmente el Consejo de Estado, como máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, desconozcan tales decisiones”, indica el fallo. La Sala concluyó que para evitar que el conflicto suscitado entre las partes quede sin resolver, se ordenará remitir la totalidad del expediente a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que resuelva de fondo las solicitudes formuladas por Comcel S.A. ver
    2015-09-29 ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA EN PAIPA Bajo el lema “Por una pronta y cumplida justicia administrativa, abierta al mundo”, se realizará el XXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Paipa, Boyacá (Centro de Convenciones del Hotel Estelar), los días 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre del presente año. El evento tendrá como temas centrales el “Análisis crítico sobre la implementación de la Ley 1437 de 2011 y propuestas de reforma legislativa”, para evaluar las ventajas y desventajas de la aplicación de dicha Ley, y la “Dimensión Internacional de la Justicia Administrativa”, en cuanto a su participación en el marco de una justicia transicional. El jueves y el viernes la jornada académica se desarrollará con varias conferencias y paneles que estarán a cargo de magistrados del Consejo de Estado y algunos invitados especiales. El Encuentro contará con la participación del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado; el Ministro de Tecnologías de la Información, David Luna Sánchez; el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre; el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón; Consejeros de Estado, Magistrados de otras Altas Cortes, Magistrados de Tribunales y Jueces Administrativos de todo el país, entre otras personalidades. El XXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo será transmitido por el Canal Institucional y a través de la página web www.consejodeestado.gov.co.
    2015-09-24 CONDENAN A INSTITUCIONES HOSPITALARIAS POR DEFICIENTE SERVICIO La no entrega a los jueces de las historias clínicas de los pacientes que demandan a las instituciones de salud por mal servicio, como estrategia para evitar una condena de reparación dejó de ser una herramienta funcional por decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado.La Sala amparó los derechos de una mujer de 32 años, con un embarazo de 41 semanas que acudió en un mismo día cinco veces al centro de salud de Mamatoco en Santa Marta, con dolores asociados al trabajo de parto y las cinco oportunidades fue devuelta a su casa; al final fue remitida al Hospital Central donde le practican una cesárea de urgencia y encuentran el feto muerto por sufrimiento por parto prolongado.Tras la demanda de la paciente que responsabiliza a los centros asistenciales por el hecho, en primera instancia el juez condenó solo al puesto de salud y en segunda instancia ambas entidades fueron exonerados bajo el argumento de que no había sido enviada la historia clínica y no existía claridad sobre los hechos ni pruebas de que se tratara de un embarazo normal.Encontró la Sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado que la historia clínica no fue aportada pese a reiteradas solicitudes y conminaciones de ambas instancias judiciales cuyas respuestas fueron evasivas y estratagemas, y al final la entrega parcial de la historia, sin los documentos principales, hecho que “debió tomarse como indicio del ocultamiento de una situación adversa a la entidad” consideró la Sala.Señaló que si bien la parte demandante debía demostrar el yerro, en este caso le era “extraordinariamente difícil o prácticamente imposible” por tanto debió invertirse la carga probatoria y la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend tenía el deber, “de demostrar que su actuación fue apropiada, correcta diligente y oportuna para evitar el daño en cuestión” y no lo hizo. ver
    2015-09-24 CONSULTA POPULAR NO PUEDE PROHIBIR ACTIVIDAD TAURINA La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que es exclusiva competencia del Congreso de la República prohibir o no la práctica del llamado “espectáculo taurino”, por lo tanto no es viable la realización de una consulta popular como lo propuso el Alcalde Mayor Bogotá. Así lo definió la Sala al fallar una acción de tutela mediante la cual dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró ajustada a la Constitución Política, la iniciativa del Distrito de promover una consulta popular para conocer si la ciudadanía de Bogotá está o no de acuerdo con la realización de las corridas de toros y novilladas en la capital de la República. Tras estudiar las tutelas interpuestas por defensores de la actividad taurina, la Sección Quinta, con ponencia del Doctor Alberto Yepes Barreiro, encontró que el Tribunal violó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes por cuanto desconoció el precedente de la Corte Constitucional contenido en la tutela T-295 de 2013 y en la sentencia C-889 de 2012, que expresamente señalan que los entes territoriales no pueden exigir requisitos adicionales a los fijados por el Congreso de la República para el desarrollo de la actividad taurina, “lo cual necesariamente implicaba la imposibilidad de configurar la prohibición de esta práctica dentro de su territorio”, señaló Adicionalmente, advierte la decisión que por tratarse de una expresión artística, definida así en su momento por el legislador, a través de una consulta popular no se puede decidir si existe en este caso el “principio de arraigo”, “pues es una categoría que no puede medirse mediante la regla de las mayorías”. Deja clara la Corporación que el Alcalde Mayor de Bogotá no podría hacer obligatoria la decisión de la consulta, pues de hacerlo, desconocería “los efectos y la fuerza vinculante de las decisiones judiciales, en este caso, las proferidas por el Tribunal Constitucional”. Finalmente ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en diez días profiera una sentencia que reemplace a la que mediante esta tutela quedó sin efectos. ver
    2015-09-22 SE MANTIENE SUSPENSIÓN DE NORMA SOBRE CONCESIONES MINERAS El Consejo de Estado mantuvo la suspensión de las Resoluciones de la Agencia Nacional de Minería que establecen exigencias de términos, diferentes a las contempladas en el Código de Minas, para que los grupos indígenas y comunidades negras obtengan un contrato de concesión minera. La ANM fijó el procedimiento que se debe adelantar para radicar solicitudes de concesión minera y estableció que existe un derecho de preferencia que obliga a la autoridad minera a dar aviso a dichas comunidades para que dentro del mes siguiente radiquen una propuesta de contrato de concesión. Sin embargo, con la nueva normativa, si los grupos no presentan su propuesta en dicho término se genera una consecuencia jurídica que es entender que desisten de su derecho de prelación. La Sección Tercera, Subsección C, explicó que la norma desconoce el derecho de preferencia que está consagrado a nivel convencional y constitucional para los grupos indígenas y comunidades negras para obtener, preferentemente, contrato de concesión minera para explorar y explotar los yacimientos y depósitos mineros, por lo que confirmó la decisión que en ese sentido había tomado la doctora Olga Valle, el 15 de junio de 2015. Además, la norma suspendida crea nuevos requisitos a dichas comunidades, no exigidos en la ley para el ejercicio del derecho de preferencia, en este caso, fijar la regla del desistimiento por la no concurrencia de manifestación de interés de grupos indígenas y/o comunidades negras en el contrato de concesión minera. “La interacción entre los derechos de los grupos indígenas y las comunidades negras frente a la actividad minera demanda por parte del Estado del despliegue de acciones positivas dirigidas a garantizar de manera real y efectiva [no formal o ficticia] el derecho de estos pueblos de i) consulta previa respecto de cualquier medida (legislativa o administrativa) que puedan impactar sus derechos y/o su territorio y, por otra parte, ii) de preferencia para la exploración y explotación de yacimientos y depósitos mineros que se ubiquen en zonas mineras indígenas, negras o mixtas”, señala la decisión. ver
    2015-09-17 CONDENAN AL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a indemnizar a un hombre que fue detenido en tres oportunidades por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), pese a que no tenía ningún requerimiento por parte de la justicia. En mayo de 2000, el Tribunal Superior de Cali absolvió a esta persona por el delito de enriquecimiento ilícito y ordenó su libertad inmediata, pero en octubre de 2003, y luego en noviembre del mismo año, fue detenido por el CTI en Cali en cumplimiento de una medida de aseguramiento que aparecía en el sistema de la Fiscalía. Un año después, en noviembre de 2004, la persona vuelve a ser detenida en un evento en Cali, pese a que supuestamente había sido borrado del sistema en enero, lo cual ocasionó que demandara al Estado por daños y perjuicios. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que en este caso se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable a las entidades condenadas, puesto que no existen pruebas que demuestren que el Tribunal Superior de Cali le informó a la Fiscalía de la sentencia absolutoria a favor del actor para que se actualizara la base de datos de antecedentes penales y, por otra parte, aunque supuestamente esta se modificó a principios de 2004, ese mismo año volvió a ser detenido. “Es claro que las actuaciones de los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación constituyen un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues sus acciones y omisiones afectaron el derecho de la libertad y de la locomoción del actor, lo cual le causó un daño que no estaba en la obligación de soportar”, indica la sentencia. El fallo agrega que si bien la Fiscalía presentó demanda de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali (fallada en contra de los intereses del actor en el 2005), lo cierto es que esto no afectaba el beneficio de libertad otorgado al afectado en el 2000. ver
    2015-09-17 MODIFICAN LISTADO DE ASPIRANTES A LA REGISTRADURÍA El Consejo de Estado y las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional acordaron excluir a los doctores Néstor Iván Osuna Patiño, Wilson Ruíz Orejuela y Pedro Alonso Sanabria Buitrago del concurso de méritos que se adelanta para elegir al Registrador Nacional del Estado Civil, en remplazo de Carlos Ariel Sánchez. Las Altas Cortes explicaron que, según el Acto Legislativo 02 de 2015, quien aspire a ser Registrador no puede haber ejercido en propiedad el cargo de miembro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad que remplazó al Consejo Superior de la Judicatura, lo cual implica la homologación jurídica de ambos órganos en el orden constitucional. Por tal razón, los doctores Osuna, Ruíz y Sanabria, que se desempeñan o desempeñaron como magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo hicieron dentro del periodo inhabilitante señalado en dicha reforma constitucional. La decisión aclaró que en cualquier etapa del proceso de selección se puede dar la exclusión de un aspirante que no cumpla con todos los requisitos que exige el concurso. ver
    2015-09-14 CONDENAN A HOSPITAL POR DEFICIENTE ATENCIÓN A PACIENTE El Consejo de Estado advierte que el diligenciamiento de la historia clínica de un paciente constituye una obligación inexcusable para el personal médico. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Aranzazu, Caldas, por la muerte de un paciente debido a la atención médica prestada en esa entidad el 10 de junio de 1996. Ese día ingresó el paciente a la institución hospitalaria con heridas producto de un accidente de tránsito. Allí se le suturó la herida y se ordenó su remisión a un hospital de mayor nivel para continuar con su atención, pero en la historia no refirieron las condiciones de contaminación de la herida, sino la necesidad de practicar una radiografía. Luego de dos días de estar internado en la otra institución, el hombre presentó signos de infección, situación que se agravó hasta el punto que fue necesario la amputación de su pierna. Dos meses después la persona falleció a causa de las múltiples complicaciones. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, analizó el caso y señaló que la información consignada por el Hospital San Vicente de Paúl en la historia del paciente no permitió a los médicos de la otra institución brindar el tratamiento adecuado para la infección que presentaba. “No puede compartir la Sala el argumento del médico tratante relativo a que era de mayor importancia atender al paciente que llenar la historia, por cuanto el diligenciamiento completo de ese documento legal constituye una obligación inexcusable para el personal médico, de vital importancia en este caso particular”, indica la sentencia. El Hospital San Vicente de Paúl de Aranzazu tendrá que pagar más de 680 millones de pesos a la familia del paciente por los daños y perjuicios ocasionados. ver
    2015-09-11 NIEGAN ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN CASO DE REPRESENTANTE A LA CÁMARA La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración de la sentencia mediante la cual se declaró la nulidad de la elección de la Representante a la Cámara por el departamento del Huila Ana María Rincón Herrera. Advierte la Sala que la defensa de la demandada “plantea como puntos de aclaración de la providencia aspectos que a juicio de la Sala le son tan claros que puede oponerse y criticarlos bajo su propia interpretación jurídica, lo que denota en contraste, que no le fueron confusos sino que le son opuestos”. Como se recordará, el Consejo de Estado a través de la Sección Quinta, declaró la nulidad de la elección de la Representante a la Càmara por el departamento del Huila para el periodo 2014 – 2018, por al considerar que se acreditó suficientemente la intervención en gestión de negocios ante la entidad pública “Acueductos y Alcantarillado del Huila-Aguas del Huila S.A. E.S.P.” y con el municipio de Baraya, dentro del período inhabilitante que es de seis (6) meses anteriores a la elección, hecho que ocurrió el 9 de marzo de 2014.
    2015-09-11 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES POR SUCRE En Sala del 7 de septiembre de 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió los procesos de nulidad electoral contra la elección de los Representantes a la Cámara por el Departamento de Sucre, Yahir Fernando Acuña Cardales y Candelaria Patricia Rojas Vergara, y negó las pretensiones de las demandas. La Sala Electoral del Consejo de Estado decidió que las demandas no estaban llamados a prosperar. En ellas se cuestionaba la inscripción de los candidatos para el Congreso de la República efectuada por el Movimiento “Cien Por Ciento Por Colombia”, con ocasión de la pérdida de su personería tiempo después de la fecha de inscripción; al respecto la sentencia expresa que la pérdida de la personería jurídica de un partido o movimiento político una vez inscritos y elegidos sus candidatos no es causal de nulidad electoral. Explicó además que Yahir Fernando Acuña Cardales no estaba incurso en doble militancia ya que el movimiento “Ciento por Ciento por Colombia” que lo inscribió, tuvo origen en “Afrovides” colectividad a la que anteriormente pertenecía el demandado, y, por tanto, esta circunstancia no deriva en la prohibición a él atribuida. Las decisiones fueron unánimes y contaron con el voto del Conjuez Gabriel De Vega Pinzón y con los de los Consejeros de Estado Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Carlos Enrique Moreno Rubio, y Alberto Yepes Barreiro, este último, ponente de las sentencias. Los Magistrados Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Alberto Yepes Barreiro aclararon su voto. ver
    2015-09-10 CONDENAN A LA NACIÓN POR MUERTE DE SENADOR JORGE CRISTO El Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Policía Nacional y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte del senador Jorge Cristo Sahiun, ocurrida el 8 de agosto de 1997 en la ciudad de Cúcuta a manos del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Sección Tercera señaló que en este asunto la responsabilidad de la Nación se configura a partir “de la omisión en su actuar para evitar el resultado”, pues las medidas de seguridad que debe ofrecer el Estado a los ciudadanos, y especialmente a los actores del sistema político-democrático, deben ser idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales para hacer frente a la situación de amenaza demostrada. En este caso, la Sala evidenció en el proceso que el ataque fue fríamente calculado días antes con la presencia de personas sospechosas que se hacían pasar por vendedores ambulantes, merodearon el lugar donde se encontraba el consultorio médico del legislador y quienes finalmente lo atacaron. Tal situación expuso la ausencia de medidas preventivas, de inteligencia o contrainteligencia para la protección de la víctima. Con respecto a la responsabilidad estatal, en el fallo se reitera la existencia de la obligación por parte de las autoridades de proteger la seguridad personal y la posición de garante que ostenta el Estado cuando tiene conocimiento del peligro al que está sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejerce. En el caso concreto, la protección de los denominados actores sociales, como aquellas personas que desempeñan cargos de representación democrática, los cuales, “en razón al ejercicio de su labor pública pueden ser objeto de protección reforzada, más cuando se acrediten, directa o indiciariamente, circunstancias que exceden la normalidad, o los peligros ordinarios bien sea por la ubicación del lugar en donde desempeña sus actividades, o por las condiciones del conflicto interno que se presentaban para la época de los hechos”, señala la decisión. En el proceso quedó demostrado que para 1997 el orden público se encontraba seriamente turbado en el departamento de Norte de Santander, pues la propia Policía Nacional en sus órdenes internas de trabajo dijo que había una “delicada situación de orden público”, lo cual coincide con las declaraciones de algunos de los testigos que afirmaron el temor del Senador Cristo por su seguridad y su precario esquema de seguridad. ver
    2015-09-10 CONDENAN AL EJÉRCITO POR TRES CASOS DE FALSOS POSITIVOS El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a pagar más de 1300 millones de pesos por la muerte de tres civiles durante supuestos combates con unidades militares en Casanare y Caldas en el 2007. En los tres casos (análisis de contexto) la Sección Tercera encontró ciertos patrones comunes que llevan a concluir que se presentaron falsas e ilegales acciones, so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales por parte de miembros de las fuerzas militares, tales como que la posición en la que se encontraba la unidad militar respecto de la víctima no era propicia para un enfrentamiento y que ninguno de los uniformados pudo ver a los miembros del presunto grupo armado o de bandas criminales a los que supuestamente pertenecían los civiles. Inclusive, en uno de los casos, se comprobó que la víctima era una persona con discapacidad mental, lo cual limitaba su comprensión y comunicación, haciéndolo vulnerable ante el accionar de los militares que lo presentaron como un presunto bandido, narcotraficante o miembro de un grupo armado insurgente. En los otros dos casos las víctimas trabajaban en un taller de carros y en un almacén de muebles y desaparecieron sin ninguna explicación. La Sala señaló que las falsas e ilegales acciones ejecutadas por miembros de las fuerzas militares como acción sistemática constituyen actos de lesa humanidad que comprometen al Estado y que violan tanto el sistema de derechos humanos, como el de derecho internacional humanitario y el orden constitucional interno. “El Estado debía cumplir con su deber positivo, concretado en la protección de la vida e integridad de las personas que se vieron afectadas, y no a desplegar “falsas acciones para el cumplimiento de mandatos constitucionales” como única justificación para poder aniquilar o exterminar a personas ajenas al conflicto armado, pero de las que se sirve el aparato militar para garantizar resultados, contradiciendo tanto las normas convencionales, como el orden constitucional, y poniendo en cuestión su propia legitimidad democrática”, indica la sentencia. ver
    2015-09-10 ANULAN RESOLUCIÓN DE NEGÓ USO DE SÍMBOLO URIBE CENTRO DEMOCRÁTICO El Consejo de Estado anuló las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante las cuales se negó el registro de la denominación, símbolo y emblema del grupo significativo de ciudadanos Uribe Centro Democrático. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, explicó que aunque la Ley estatutaria establecía una prohibición clara y expresa, conforme a la cual la denominación de los conglomerados políticos no podía hacer alusión a personas, la Corte Constitucional declaró inexequible tal disposición y que la única limitación razonable al derecho a conformar organizaciones políticas, era la que concernía a que el nombre del partido o movimiento político no hiciera alusión a símbolos o emblemas estatales. El fallo señaló que el CNE puede negar la inscripción de un nombre o símbolo, “pero solo cuando aquel afecte la seguridad del Estado o ponga en peligro el sistema electoral mismo, evento en el cual la autoridad electoral deberá sustentar con argumentos y pruebas por qué aquel no puede ser registrado. La Sala recordó que la conformación de los partidos y movimientos políticos debe realizarse sin mayores límites u obstáculos, por lo que no puede limitarse el ejercicio del derecho político. Otro de los aspectos analizados tenía que ver con el supuesto desequilibrio en las elecciones a favor de un grupo político, por el uso de la imagen de una persona. Sin embargo, se determinó que esa situación no siempre es en favor, pues esa dualidad también puede afectar de manera negativa al ciudadano que prestó su nombre y/o imagen para representar el grupo significativo de ciudadanos que apoya su candidatura, frente a aquellos que no sean afines a sus ideales. Por tal razón no se demuestra que exista vulneración al principio de igualdad. En el fallo, se hace claridad con respecto a que lo decidido no genera restablecimiento automático del derecho del movimiento. ver
    2015-09-10 NIEGAN NULIDAD DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR DE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad del acto mediante el cual, se nombró al señor Edgar Parra Chacón Rector de la Universidad de Cartagena, advirtiendo que las Universidades Públicas son entes autónomos, que los estatutos de la Universidad no consideran una edad de retiro forzoso para quien ejerza el cargo de Rector y que los docentes tienen un régimen especial para su retiro. De esta manera se confirmó la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar que desestimó las pretensiones de las cinco demandas que fueron acumuladas en un solo proceso pues coincidían en señalar que al ser elegido el rector contaba con 65 años, y que siendo esa la edad de retiro forzoso estaba inhabilitado para ocupar el cargo. El Consejo de Estado consideró que si bien existe un régimen general que fija en 65 años la edad de retiro forzoso, también hay un régimen especial que permite que los docentes universitarios continúen en el ejercicio de funciones por diez años más. En este caso, la Sección Quinta encontró que entre los requisitos para ser rector, está el de haber sido docente de esa institución por al menos 10 años; así que dado que quien desempeñe las funciones de rector debe tener la calidad de docente, en dicha condición lo cobijan las normas especiales que fijan la edad de retiro a los 75 años.
    2015-09-10 COMUNICADO CASO ISAGEN La Presidencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se permite informar que en la Sala de decisión de hoy 10 de septiembre de 2015, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, integrada por los magistrados Martha Teresa Briceño de Valencia, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez y Jorge Octavio Ramírez Ramírez, dictó sentencia en los casos 21025, 20946 y 21047, en los que se debatía la legalidad de los Decretos 1609 y 2316 de 2013 que definieron la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén. El fallo dispone: 1. Denegar la pretensión de nulidad de los artículos 1, 2 y 8 (acusado parcialmente) del Decretos 1609, y primero del Decreto 2316, ambos de 2013, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Levantar la medida cautelar de suspensión del procedimiento para la venta de la participación accionaria que la Nación tiene en Isagén. 3. A partir de la ejecutoria de esta sentencia, restituir 4 meses y 10 días al plazo establecido en el Decreto 1512 de 2014, para que el Gobierno Nacional reanude y culmine el programa de enajenación de la participación accionaria que la Nación tiene en Isagén, sin perjuicio de lo que pudiera disponer para ampliar el plazo. 4. Declarar probada la excepción de ausencia de interés que propuso la sociedad Isagén S.A. En consecuencia: desvincular de este proceso a la sociedad Isagén. ver
    2015-09-09 CONTINÚA SUSPENDIDA LICITACIÓN PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA El Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del proceso de licitación pública adelantado por la Agencia Colombia Compra Eficiente que pretende seleccionar a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para los servicios de vigilancia y seguridad privada. La Sección Tercera recordó que los Acuerdos Marco de Precios consisten en agrupar, en una bolsa cerrada, un número limitado de proveedores para suministrar bienes y servicios a las entidades del Estado, lo que implica que se cierra temporalmente un segmento del mercado público para los demás competidores. La Sala hizo un pronunciamiento sobre esta modalidad de contratación y señaló que esta figura negocial debe ajustarse a los principios constitucionales y legales de función administrativa, como el artículo 209 de la Constitución, la libre iniciativa privada, la libre competencia y los principios y valores de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. “La Constitución protege los elementos esenciales de la libre competencia, tales como es el derecho que se tiene para ingresar y salir libremente del mercado, participar o competir por él conforme a las condiciones y ventajas comerciales que cada participante encuentre pertinentes y la posibilidad de que sus bienes o servicios puedan llegar a sus consumidores”, señala la decisión. Por tal razón, el uso del mecanismo de contratación conocido como Acuerdo Marco de Precios le impone a la Administración Pública el respeto y el sometimiento de aquellas estipulaciones establecidas en Tratados Internacionales sobre el derecho contractual del Estado. ver
    2015-09-09 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE SENADOR JUAN MANUEL GALÁN La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad de la elección del Senador Juan Manuel Galán Pachón, tras desestimar una demanda ante una supuesta inhabilidad por haber sido elegido simultáneamente al Congreso de la República con su hermano Carlos Fernando Galán, en el mismo periodo y por el mismo partido, según consideraba el demandante. La Sala con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, consideró que no se configura la causal de inhabilidad contenida en el artículo 179 núm. 6 de la Constitución Política, que fue invocada por el actor, por cuanto contrario a lo asegurado en la demanda, lo cierto es que los partidos Cambio Radical y Liberal Colombiano, son del todo distintos. Mantuvo así la Sala de Sección la posición fijada en mayo pasado cuando negó las pretensiones en otra demanda con la que se pretendía anular la elección del también Senador Carlos Fernando Galán, por los mismos motivos. En ambas oportunidades la Sala rechazó enfáticamente el argumento según el cual, por haber surgido el partido Cambio Radical del Partido Liberal y tener algunos pilares e ideologías en común, son el mismo partido. La Sección Quinta advirtió que si bien hay algunas similitudes entre las dos agrupaciones, son innegables las grandes diferencias entre ambas y ello hace inexistente las inhabilidades alegadas
    2015-09-08 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EXPLOTACIÓN MINERA El Consejo de Estado amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio público, goce de un ambiente sano, preservación y restauración del medio ambiente y protección de áreas de especial importancia ecológica, vulnerados por una sociedad particular que realizó construcciones sobre el cauce del río Magdalena en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca), para realizar explotación minera ilegal, y contó con la complacencia de algunas entidades ambientales estatales: Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR). “La sociedad vulneró el derecho a un ambiente sano y a la protección ambiental, pues adelantó obras de infraestructura en el cauce del río Magdalena, sin contar con la autorización de la CAR para edificar, desconociendo la normatividad ambiental que así lo exige. Además, extrajo material de arrastre en exceso al autorizado, sin estimación alguna respecto al impacto ambiental que pudo implicar el desatender los postulados normativos. Perjudicando, además, el patrimonio público”, señala la decisión. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, encontró demostrado que la Sociedad no presentó estudios, planos ni presupuesto previos a la obtención de la autorización ambiental, ni cumplió lo estipulado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1994, que obliga a que toda ocupación de cauces cuente con la debida autorización. Por su parte, las entidades demandadas, además de no ejercer sus facultades constitucionales y legales dieron lugar a que la conducta infractora continuara y adoptara apariencia de legalidad. Respecto a la complacencia de las autoridades ambientales, la Sala explicó que aunque la Corporación Autónoma Regional adelantó diligencias en campo, adoptó medidas preventivas y dio inicio al proceso sancionatorio, el procedimiento no fue efectivo, pues se permitió su continuidad, pese a que no contaba con la autorización respectiva. Incluso, transcurridos 7 años de actividad minera ilegal, dio por superada la infracción, con fundamento en que la sociedad infractora ya había hecho la petición a la Autoridad Nacional de Licencias ANLA para obtener la modificación al Plan de Manejo Ambiental y la ocupación del cauce del río Magdalena.
    2015-09-03 NIEGAN REPETICIÓN CONTRA EXCONTRALOR TURBAY El Consejo de Estado negó la acción de repetición mediante la cual se pretendía que el excontralor General de la República Julio César Turbay Quintero reintegrara más de 400 millones de pesos, monto de una condena impuesta a la entidad por la declaratoria de insubsistencia de uno de sus empleados. Según la Contraloría, Turbay Quintero debía responder por los daños ocasionados a la entidad, debido a que su administración actuó con desviación de poder, pues aunque el cargo era de libre nombramiento y remoción, la decisión no podía ser arbitraria y debía sujetarse a la necesidad del mejoramiento del servicio público. La Sala no encontró probadas las causales para la procedencia de la acción, pues se demostró que la persona designada para remplazar a quien fue declarado insubsistente cumplía con los requisitos del cargo y tenía amplia experiencia para su desempeño. Señala la sentencia que “para la Sala no se encuentra configurado el dolo en la actuación del Dr. Julio César Turbay Quintero, todo lo contrario, lo que se observa es que hizo uso legítimo de la facultad otorgada por la misma entidad para la provisión de cargos directamente relacionados con su Despacho, lo anterior, en aras de poner en ese cargo a la persona que en su criterio mejor podía desempeñar las funciones correspondientes”. En la decisión, la Sección Tercera señala que existe falta de diligencia y cuidado de las entidades del Estado en la interposición de este tipo de acciones, pues carecen del más mínimo análisis de la conducta del servidor público, la cual no puede fundarse en una equivocación simple o leve, por el contrario, debe catalogarse de dolosa o gravemente culposa. Adicionalmente, la providencia expone que la interposición de estas acciones no debe ser un formalismo legal por parte de las entidades públicas para salvarse de responsabilidades y evitar los juicios administrativos y fiscales de los entes de control, pues el propósito que las debe guiar es la preservación de los recursos públicos. ver
    2015-09-02 MUJER NO PUEDE SER SOMETIDA A TRATOS DEGRADANTES El Consejo de Estado advirtió que la mujer no debe ser objeto de tratos indebidos y degradantes que vayan en contra de su dignidad y del respeto que se merece. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al negar una condena contra la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de un hombre que fue acusado de intentar extorsionar a su novia para que no lo abandonara. Los hechos ocurrieron en el 2002 en San Andrés, cuando la joven denunció que su novio le estaba exigiendo 3.500.000 pesos para no publicar en internet un video íntimo de los dos. La Fiscalía inició la investigación y ordenó su detención, pero ocho meses después un juez lo declaró inocente del delito de tentativa de extorsión, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de San Andrés al considerar que el acusado persiguió un afán de venganza por la terminación de la relación sentimental y no un interés económico, puesto que al momento de la entrega del dinero no lo recibió, por lo que no se configuró el delito imputado. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudió la demanda instaurada por el joven en contra de la Fiscalía y encontró que, si bien quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, en este caso las pruebas aportadas al proceso muestran que el comportamiento del demandante provocó que el ente de investigación iniciara un proceso penal en su contra, en el que se profirieron las medidas que lo afectaron. “La privación de la libertad de la que fue víctima el demandante obedeció a su propia culpa, toda vez que, como quedó visto, violó una obligación a la que estaba sujeto sin duda, cual fue la de abstenerse de ejecutar un acto tan reprochable como el de coaccionar a su pareja amenazándola con divulgar un video íntimo, a fin de que esta continuara con la relación sentimental que sostenían, razón por la cual la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal en su contra, en desarrollo del cual y conforme a las pruebas que militaban en el proceso penal, vio la necesidad de implementar las medidas que lo afectaron y, por tanto, es obvio que dicho señor estaba obligado a soportarlas”, indica la sentencia. ver
    2015-08-28 NIEGAN SUSPENSIÓN DE CONCURSO EN LA PROCURADURÍA La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante decisiones de agosto 25 y 27 de 2015, negó las medidas cautelares que pretendían la suspensión del concurso de méritos que adelanta la Procuraduría General de la Nación para proveer cerca de 276 cargos de Procurador Judicial grados I y II en la entidad. Los magistrados ponentes, Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Gerardo Arenas Monsalve y el Presidente de la Corporación Luis Rafael Vergara Quintero, coincidieron al afirmar que los argumentos expuestos por los demandantes para solicitar la suspensión son insuficientes. Aunque la petición de las medidas cautelares, según el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no requiere de mayores formalidades, “ello no implica que el juez deba estudiar desde el inicio el proceso para determinar las consecuencias de un acto administrativo”, afirma la providencia, por lo que la solicitud debe estar bien argumentada y respaldada. Adicionalmente, se explicó que el concurso de la Procuraduría General no puede ser igual al que se realizó en la Rama Judicial para proveer cargos de jueces y magistrados, pues cada entidad pertenece a una carrera especial diferente. Por tal razón, el examen que se encuentra programado para el día 13 de septiembre del 2015 deberá realizarse tal y como lo había ordenado la Corte Constitucional. En consecuencia, el concurso sigue adelante, tal como está programado. ver
    2015-08-27 NIEGAN TUTELA A FAMILIA QUE RECLAMABA MICO AULLADOR El Consejo de Estado negó devolver un “mico aullador” a una familia que lo reclamaba como propio por haberlo criado y “educado”, por considerar que no se cumplían los condicionamientos legales para la tenencia de fauna silvestre. La familia accionante argumentaba que el animal contribuía en el tratamiento de cáncer de uno de los integrantes de la misma y que por tanto se vulneraba su derecho a la salud y vida digna. La Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, explicó que el concepto de propiedad respecto de la fauna silvestre es limitado, pues está sujeto a evitar la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies animales para que no haya un deterioro ambiental. Además, se debe tener en cuenta que el Estado es el propietario de la fauna silvestre y su tenencia solo puede hacerse de manera legal por medio de zoocriaderos o de caza en las zonas permitidas, con permiso, autorización o licencia. Con respecto al argumento de la violación al derecho a la salud del actor, la Sala señaló que aunque no se desconoce que este derecho implica el mejoramiento de sus condiciones de vida a través de terapias no convencionales, como el uso de animales, su uso debe estar sujeto a un tratamiento médico y a un plan de rehabilitación. “Es menester aclarar, que en los casos estudiados por la Corte Constitucional cuando se ha ordenado este tipo de tratamiento paliativo ha sido en instituciones especializadas en tratamientos de rehabilitación con animales”, señala la sentencia. Aunque un certificado expedido por el Hospital Central de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional dice que el paciente debe mantener la presencia de mascotas que han compartido con él varios años, y el actor asegura que la pérdida del mico ha empeorado su salud, por padecer de cáncer de próstata, el fallo afirma que “dicha aseveración no puede ser de recibo, pues como ya lo destacó la Sala, un mico no puede ser una mascota pues hace parte de la fauna silvestre del país”. ver
    2015-08-25 ELIGEN NUEVA MAGISTRADA DE LA SECCIÓN TERCERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a la antioqueña Martha Nubia Velásquez Rico como nuevo magistrada de la Sección Tercera, en remplazo del Doctor Mauricio Fajardo Gómez. La Doctora Velásquez es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Es además economista de la Universidad Autónoma. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en la Rama Judicial y en la Academia. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado desde el año 2008. Su experiencia académica la llevó a ocupar el cargo de Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia durante seis años (2002-2008). Sus distinciones como docente en importantes universidades del país, sus reconocimientos y publicaciones le permitieron llegar al máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
    2015-08-25 REABREN PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA CONSEJO DE GOBIERNO JUDICIAL El Consejo de Estado fijó un nuevo calendario de inscripción para los servidores judiciales que desean postularse para hacer parte del Consejo de Gobierno Judicial, por considerar que la Comisión Interinstitucional fijó a los aspirantes requisitos especiales superando su competencia natural cual era “organizar” dichas elecciones. En este sentido la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, ponente de una demanda de nulidad de contenido electoral, decretó la suspensión provisional de algunos apartes de los Acuerdos mediante los cuales, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial al organizar las elecciones, como se le ordenó en el Acto Legislativo conocido como de Equilibrio de Poderes, ejerció facultades reglamentarias y extraordinarias de legislador. Se trata específicamente de los artículos 3º y 5º del Acuerdo No. 06 de 2015, por cuanto en ellos se impuso a los aspirantes la condición de no haber sido sancionados en los últimos cinco años, excediendo la facultad otorgada “por cuanto se ha creado una inhabilidad por un órgano diferente al Congreso de la República, sin que exista autorización constitucional que ampare tal actuar.” señaló la Consejera de Estado. Adicionalmente se exigió a los aspirantes, acompañar su inscripción con firmas que equivalgan al 20% del número de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional. Sobre este aspecto consideró la Magistrada ponente que “constituye en un requisito, que a todas luces es contrario a la facultad otorgada de organización electoral.” Advirtió que “es una carga adicional que estableció la Comisión Interinstitucional, sin estar facultada para ello, y que además no tiene ningún fundamento, pues establecer el 20% resulta arbitrario ya que no existen estudios o argumentos que sustenten esa cifra y puede ser cualquier otra: el 15% o 5% o el 30%.”. ver
    2015-08-20 COMPULSAN COPIAS PARA QUE SE INVESTIGUE AL ELN El Consejo de Estado recordó que el actor armado insurgente tiene deberes de protección respecto de la población civil, tal y como lo contemplan los protocolos de Ginebra. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar a la Policía Nacional por la muerte de un concejal de Coromoro, Santander, el 3 de abril de 2006 en la vereda La Mina, perteneciente a dicho Municipio, al ser víctima de un atentado cometido presuntamente por miembros del Grupo Armado Insurgente ELN. Según la demanda, el Estado es responsable por la muerte del político, debido al descuido en la protección de su vida, puesto que eran de conocimiento público las amenazas de grupos armados al margen de la ley contra los alcaldes y concejales de todo el país en vísperas de las elecciones del 12 de abril de 2006. La Sección Tercera señaló que el presente caso constituye una violación al principio democrático y a los derechos políticos, ya que la entidad demandada no ejecutó acciones efectivas para proteger la vida de los Concejales del Municipio de Coromoro que venían recibiendo amenazas contra su vida. “Bajo ninguna circunstancia puede concebirse que el ejercicio de los derechos políticos por parte de los ciudadanos suponga una amenaza o exposición antijurídica a los derechos humanos fundamentales de sus titulares”, indica la sentencia. La Sala explica que este caso constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario por parte del grupo insurgente, puesto que se trata de la realización de actividades hostiles en contra de la vida e integridad física de miembros de la población civil que deben estar siempre al margen del conflicto armado interno. En la sentencia se compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si en este caso el grupo armado insurgente violó las normas de Derecho Internacional Humanitario o las reglas de la guerra. ver
    2015-08-19 NIEGAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS El Consejo de Estado negó la perdida de investidura de la Senadora Claudia López Hernández y de la Representante a la Cámara Angélica Lozano Correa, al no encontrar una supuesta violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de las congresistas. Según el demandante, las dos parlamentarias se inscribieron para el mismo periodo al Congreso de la República y por el mismo partido político, sin tener en cuenta que convivían como pareja en unión permanente. La Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación, señaló que no se logró demostrar que la relación sentimental entre las dos demandadas violara la ley, puesto que dicha relación no reúne las características de una unión permanente como son la cohabitación bajo un mismo techo de forma continua e ininterrumpida con el ánimo de ayudarse bajo una comunidad de vida estable como cualquier familia. “La Senadora y la Representante fijaron sus residencias antes, durante y después de las elecciones al Congreso en sitios distintos, pues al momento de sus inscripciones la primera estudiaba en el exterior y la segunda ejercía como concejal de Bogotá”, indica la sentencia. En el fallo también se recuerda que hoy en día el término “Familia” puede predicarse de las uniones maritales de hecho integradas por dos hombres o dos mujeres que deciden crear una convivencia. “Bajo ese contexto se concluye que las prohibiciones o inhabilidades que contiene la Constitución para el ejercicio de congresista son asimilables a las parejas homosexuales en unión libre…, lo contrario resultaría adverso al interés general de evitar que una misma familia acapare los máximos cargos políticos de elección popular”, puntualiza la sentencia.
    2015-08-14 REASIGNACIÓN DE PROCESOS EN LA FISCALÍA DEBE TENER CONTROL La libertad que tiene el Fiscal General de la Nación para asignar o reasignar procesos no está exenta de control judicial por parte del Consejo de Estado. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, explicó que esa libertad que le otorga la Constitución al Fiscal General en la asignación de procesos a otros fiscales debe ser controlada para garantizar la transparencia de la administración de justicia. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al anular una Resolución de septiembre de 2011, expedida por la entonces Fiscal General, para variar la asignación de una investigación. “La liberalidad extrema en la asignación o reasignación de investigaciones penales a fiscales delegados, genera dos consecuencias graves para el carácter judicial de la Fiscalía General de la Nación: la mecanización irrazonable del investigador como un simple operador, a quien se lo ubica o remplaza por el mero arbitrio de una autoridad superior, y por consecuencia, la desaparición por completo de cualquier indicio de independencia y criterio propio de un servidor judicial, lo que evidentemente merma la transparencia en el compromiso y oponibilidad de una función judicial primordial del Estado”, indica la sentencia. La demanda instaurada en contra de esa Resolución señalaba que en el 2011 se ordenó la reasignación de una investigación que adelantaba la Fiscalía por estafa, hurto agravado y falsedad. Dicho proceso se inició con la denuncia que fue presentada por el señor Manuel Rincón, esposo de la excongresista Lucero Cortés, en contra de quienes fueran sus socios en la desaparecida empresa Superview. Según la demandante, dicho proceso fue reasignado sin que existieran razones objetivas calificables como excepcionales para adoptar esa decisión, lo cual la llevó a acudir al Consejo de Estado. La Sección Segunda estudió el caso y encontró que antes de la reasignación del proceso un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia había señalado que no era conveniente cambiar el fiscal que venía conociendo el caso; sin embargo, se ordenó el cambio con los mismos argumentos que utilizó el Fiscal delegado para decir que no. ver
    2015-08-12 ACLARAN MEDIDA CAUTELAR EN CASO ISAGÉN El Consejo de Estado aclaró que el plazo fijado para la enajenación de las acciones de Isagén también quedó suspendido cuando se profirió la medida cautelar que ordenó la suspensión temporal de la venta. La aclaración fue hecha por el ponente del proceso, magistrado de la Sección Cuarta, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en respuesta a una solicitud hecha por los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía. El magistrado señaló que el plazo fijado por el Gobierno Nacional para ejecutar la enajenación de la participación accionaria en Isagén fue fijado finalmente por el Decreto 1512 de 2014, plazo que vencería el 24 de septiembre de 2015. “En consecuencia, la Sala Unitaria mantendrá la medida cautelar decretada el 14 de mayo de 2015. No obstante, la aclarará, en el entendido de que la orden de suspender temporalmente el procedimiento o actuación para la venta de las acciones que la Nación posee en Isagén, implica también la suspensión del plazo fijado por el Decreto 1512 de 2014”, indica el Auto de la aclaración. ver
    2015-08-10 PIDEN A FISCALÍA INVESTIGAR A LAS FARC POR DESPLAZAMIENTO FORZADO El Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las Farc por el delito de desplazamiento forzado. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que el grupo al margen de la ley transgredió las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario al provocar el desplazamiento forzado del dueño de tres predios en el municipio de Mesetas (Meta), durante la zona de distensión que se estableció al sur del país como parte de las conversaciones de paz que se iniciaron con las FARC en 1998. Según el demandante, en diciembre de 1999 hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, luego de recibir amenazas constantes para que se cancelara la denominada “vacuna”. Por tal motivo, se vio obligado a abandonar sus tierras. Aunque no se logró establecer el número exacto de las cabezas de ganado perdidas y de los bienes muebles, la Sala encontró que con la puesta en marcha de la llamada “zona de despeje” se configuró un daño al demandante que se concretó en la imposibilidad de continuar ejerciendo su derecho de posesión sobre los predios ubicados en el municipio de Mesetas (Meta), debido a las amenazas por parte de las FARC. “La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuación legítima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasión se haya generado… un daño antijurídico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado”, indica la sentencia. Agrega el fallo que, teniendo en cuenta que en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, dentro de los que se encuentran los principios de distinción y de protección (llamado también de humanidad o inmunidad) en atención a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil. ver
    2015-08-06 ETB PIERDE PLEITO CONTRA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES El Consejo de Estado se inhibió de pronunciarse de fondo en la demanda que interpuso la ETB contra el Ministerio de Comunicaciones y en la cual reclamaba el pago de cerca de 22.000 millones de pesos como indemnización debido a la supuesta falta de información por parte del Fondo de Comunicaciones para obtener la compensación de los subsidios entregados en 1998 a los estratos 1, 2 y 3. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto, explicó que la ETB debió interponer una demanda de nulidad contra las Resoluciones que negaron el reembolso de los subsidios, expedidas con fundamento en normas mediante las cuales el Ministerio precisó cómo serían distribuidos los excedentes que ingresaran al Fondo y que se originaran de los superávits y en qué casos procedería el desmonte de los auxilios. Según la demanda, durante los años 1998 y 1999, la ETB otorgó subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales como no pudieron ser compensados con las contribuciones de los estratos 5 y 6, predios industriales y comerciales, le generaron un déficit que superó los dos mil millones de pesos. Por tal razón, solicitó el reembolso de los dineros al Fondo de Comunicaciones, quien respondió de forma negativa a través de un acto administrativo. En el 2001, el director de contabilidad y revisor fiscal de la ETB señalaron que el valor neto de subsidios y contribuciones durante el año 1998 ascendió a la suma de $21.895.851.314. La ETB argumentó falta de información y, por tanto, consideró que existió omisión por parte del Ministerio, pues no podía autónomamente suspender los subsidios porque se afectaría a los usuarios, por lo que considera que el déficit debe ser suplido. La Sala, por su parte, explicó que lo que la ETB pretende es enjuiciar la legalidad de las decisiones de la administración y de los actos administrativos que estaban vigentes, por lo que no debió acudir a una acción de reparación directa, sino a una acción de nulidad contra dichas resoluciones. ver
    2015-08-04 ANULAN ELECCIÓN DE REPRESENTANTE POR EL HUILA La Sección Quinta del Consejo de Estado -sin intervención del Consejero Alberto Yepes Barreiro a quien desde el inicio del proceso se le aceptó el impedimento por amistad cercana con la demandada- declaró la nulidad de la elección de la doctora Ana María Rincón Herrera como Representante a la Cámara por el Departamento del Huila para el periodo 2014-2018, por cuanto encontró demostrado que dentro de los seis meses anteriores a su elección ejerció como gerente Regional del Banco Finandina y desplegó actividades que se materializan en gestión de negocios con el Municipio de Baraya y con Aguas del Huila S.A. ESP. Para el Consejo de Estado, estas actividades que fueron realizadas por la doctora Rincón Herrera, en su calidad de gerente bancaria, le permitieron potenciar su prestigio para su candidatura, lo cual se halla prohibido por el artículo 180 de la Constitución Política. En Sala de Sección, la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y los señores conjueces Dra. Esperanza Gómez de Miranda y Dr. Augusto Hernández Becerra, encontraron que la doctora Rincón Herrera, al fungir como gerente del Banco Finandina, en desarrollo de su gestión participó y tomó parte “en actuaciones y diligencias ante entidad pública, que implicaron acercamientos a organismos estatales, que se trató de negocios privados y lucrativos” “y en forma directa gestionó negocios a favor de un tercero, en este caso el Banco Finandina” Señaló el Consejo de Estado que la entonces gerente bancaria “dentro del período inhabilitante de los seis meses anteriores a la elección, intervino en la gestión de negocios y con ello favoreció a un tercero (Banco Finandina) y potencializó en beneficio propio su nombre ante las entidades estatales, circunstancia que no es igualitaria para todos aquellos participantes en las justas electorales.” Sin embargo, al decidir sobre la Demanda de Nulidad interpuesta por el señor Iván Medina Ninco, la Sala decidió que no prosperaba la causal de celebración de contratos dentro de los seis meses anteriores que invocaba el demandante, porque estableció que el contrato referido se celebró cerca de once meses antes de la elección, es decir por fuera del periodo inhabilitante que es de seis meses.
    2015-08-04 DECLARAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE SECRETARIO DE COMISIÓN SEXTA DE SENADO La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de Jorge Eliecer Laverde, Secretario de la Comisión Sexta Constitucional del Senado, contenida en el Acta de 2 de agosto de 2014. Concluyó la Sección que el acto de elección desconoció los plazos contenidos en la convocatoria para la elección, sin justificación constitucional o legal para ello. En el acto de elección del mencionado secretario, se presentó una anomalía en el procedimiento de elección, vulnerándose el debido proceso al modificar sustancialmente y sin fundamento normativo, los términos para presentar las hojas de vida, sin que dicha alteración al procedimiento estuviese avalada ni en la convocatoria ni en el reglamento del Senado. La sentencia señala como regla para los procedimientos de elección o selección, que los términos y condiciones de una convocatoria son plenamente vinculantes y aquellos no podrán ser modificados, salvo cuando lo autorice el cronograma o reglamento de la respectiva entidad, o cuando acaezca una situación que se pueda catalogar de fuerza mayor o caso fortuito.
    2015-08-04 NIEGAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del Senador Juan Manuel Corzo Román y de la Representante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, al considerar que no incurrieron en ninguna causal de inhabilidad. En el caso del Senador Corzo, el demandante aseguraba que el congresista había incurrido en tráfico de influencias para que fuera elegido Luis Lizcano Contreras en la Dirección de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), en el 2006. La Sala Plena analizó las pruebas aportadas al proceso y concluyó que no era posible demostrar que Juan Manuel Corzo, en su condición de Senador, hubiera influido en alguna de las personas que componían el Consejo Directivo de Corponor, que era el órgano encargado de la elección del Director General de la entidad, para que se designara al señor Luis Lizcano en ese cargo. En el caso de la Representante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, la Sala Plena tampoco encontró demostrado una supuesta inhabilidad que alegaba el demandante por haber estado vinculada a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), antes de inscribir su aspiración al Congreso.
    2015-07-28 ARMADA DEBERÁ RESPONDER POR OCUPACIÓN ILEGAL DE HOTEL EN SAN ANDRÉS El Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa por los perjuicios causados a una entidad particular de la isla de San Andrés debido al allanamiento, incautación y ocupación realizada sobre un hotel de su propiedad entre 1989 y 1994, por lo que ordenó el pago de una indemnización por más de 1.900 millones de pesos. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, explicó que tanto la Dirección Nacional de Estupefacientes como la Armada Nacional fundamentaron el decomiso y ocupación del Hotel y demás bienes en su supuesto nexo con actividades de narcotráfico. Sin embargo, no se demostró que en ese lugar se conservaran sustancias alucinógenas, ni cualquier otro elemento vinculado, por el contrario, se aclaró que los representantes del Hotel no estaban investigados penalmente, no eran requeridos por ninguna autoridad, no tenían antecedentes judiciales ni de Policía, y sus bienes habían sido adquiridos mediante el desarrollo de actividades comerciales legales. En este caso, la sentencia afirmó que “no se acreditaron los hechos previstos en la ley para que fuera procedente el decomiso y ocupación de los bienes que conformaban el mencionado Hotel, se deduce la prueba de la falla del servicio por parte de la Armada Nacional quien realizó la ocupación y el decomiso de los bienes muebles e inmuebles y de la Dirección Nacional de Estupefacientes que destinó provisionalmente tales bienes a la Armada Nacional”. Adicionalmente, la Dirección Nacional de Estupefacientes tenía como objetivo fundamental la correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos investigados por sus dependencias y debía supervisar la utilización de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios. La Armada Nacional asumió las mismas obligaciones que impone la Ley para los secuestre judiciales, es decir, el cuidado de los bienes a su cargo, por lo que debía restituir la misma cosa o cosas recibidas y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, con todas sus accesiones y frutos. En este caso, se demostró el deterioro del hotel y demás bienes a su cargo como consecuencia del uso indebido al que fueron sometidos por parte de la Armada Nacional. Por tal razón, se configuró una falla del servicio y una responsabilidad solidaria, pues mientras la DNE no vigiló el uso de los bienes a su cargo, la Armada no devolvió los bienes que le fueron dejados a su guarda en las mismas condiciones en las que los recibió. ver
    2015-07-28 DECRETAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE EXSENADOR HÉCTOR JULIO ALFONSO El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador Héctor Julio Alfonso López, solicitada por el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Doctor Rafael María Merchán por incurrir en violación al régimen de incompatibilidades constitucionalmente establecido, concretamente la de gestionar la celebración de contrato con entidad pública, prevista en el artículo 180 numeral 2 de la Carta Política. Encontró la Sala Plena del Consejo de Estado que el entonces senador de la República ejerció simultáneamente su actividad como congresista e intervino en su calidad de socio accionista de la sociedad Aposucre S.A., en la autorización para la celebración de un contrato para la concesión de juegos y apuestas con la Empresa Comercial de Juegos, Suerte y Azar (Emcoazar). La Corporación analizó los aspectos objetivos de la causal de inhabilidad atribuida al excongresista, por cuanto fungiendo como Senador de la República simultáneamente en calidad de socio de la persona jurídica Aposucre S.A. actuó en forma directa en el acto de Asamblea Extraordinaria en el que se aprobó, por unanimidad, autorizar al representante legal para celebrar contrato de concesión para la explotación del monopolio del juego de chance en el Departamento de Sucre con la empresa industrial y comercial del orden departamental, según consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 003-2013 de 2 de julio de 2013. Para el Consejo de Estado no fueron de recibo las razones que el demandado expuso en su defensa, según las cuales, tenía poca participación accionaria, argumento que se descartó en aplicación de la figura de la subordinación societaria; y, supuesto mandato que había otorgado para que lo representaran en la Asamblea de Accionistas celebrada el 2 de julio de 2013, el cual no probó, razón suficiente para entender que si la decisión societaria –se lee en el Acta de Asamblea- fue adoptada por todos los socios, incluido el excongresista. Tampoco logró demostrar la venta de acciones que le eran propias, por cuanto se probó que se realizó el 24 de julio de 2013 tiempo después de haberse dado la autorización para contratar la concesión de los juegos de suerte y azar en el Departamento de Sucre.
    2015-07-27 EN FIRME, AUTO DE PRUEBAS EN CASO ISAGÉN El Consejo de Estado rechazó, por improcedente, el recurso de súplica contra el auto que decretó pruebas en el proceso que pretende la nulidad de los Decretos 1609 y 2316 de 2013, mediante los cuales se autorizó el proceso de venta de las acciones de propiedad de la Nación en Isagén. El demandante, en la audiencia pública realizada el pasado 8 de julio, interpuso recurso de súplica con el fin de que se tuviera en cuenta dentro del proceso una prueba adicional, relacionada con la modificación al reglamento de la segunda etapa de la venta de acciones de Isagén, que fue publicada el 3 de marzo del 2015. Según el demandante, la adición del reglamento establece que se les debe exigir a los inversionistas precalificados que en los siguientes siete años no se puede cambiar el domicilio social de Isagén de la ciudad de Medellín. Por tanto, estima que deben solicitarse y tenerse en cuenta informes que presente la DIAN sobre el impacto tributario y fiscal que representa para el Estado el hecho de que cumplido el plazo de los siete años, el nuevo dueño de Isagén decida cambiar su domicilio legal. La Sección Cuarta, con ponencia de la magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia, explicó que el recurso de súplica, según lo establecido por la ley, debe pretender controvertir la decisión del magistrado ponente y en este caso no se cumple dicho requisito. Por el contrario, el demandante pretende adicionar pruebas, “lo cual resulta a todas luces extemporáneo en esta etapa procesal, pues las oportunidades para pedir pruebas en el proceso contencioso administrativo son las previstas en el artículo 212 de la Ley 1437 del 2011”. Aunque el demandante afirma que es un hecho sobreviniente, teniendo en cuenta que el reglamento fue publicado en marzo de este año, y la demanda se interpuso en octubre del 2013, la Sala es clara al señalar que el plazo de los siete años siguientes a la fecha de cierre de la venta no fue establecida el 3 de marzo de 2015 en la modificación del reglamento, porque estaba instituida desde el 25 de noviembre de 2013, fecha en que se expidió el Reglamento de la Segunda Etapa. Señala la decisión que “si el demandante quería controvertir la legalidad de dicha regla, contaba con la oportunidad procesal de reforma de la demanda para añadir este “nuevo argumento”, teniendo en cuenta que su demanda fue finalmente admitida el 28 de agosto de 2014”. Por tanto, existen reglas claras del procedimiento contencioso administrativo para salvaguardar el derecho de defensa de las partes ver
    2015-07-23 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR MUERTE DE MENOR El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por la muerte de un menor durante un enfrentamiento que se presentó entre uniformados de la Policía Nacional y un grupo de delincuentes que pretendían asaltar a unos repartidores de leche en el Barrio Comuneros de Cali, en octubre de 2000. El menor salía de su casa en una bicicleta justo en el momento en que se presentó el intercambio de disparos, resultando herido por una bala que se incrustó en su cuerpo. De inmediato fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, donde falleció a los tres de días de haber ingresado. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que, aunque se demostró que el proyectil que impactó en el menor no corresponde a los que portaban los uniformados de la Policía en ese momento, se presentó una falla en el servicio puesto que los agentes no podían llegar al lugar disparando. “No puede ser aceptable para la Sala que una patrulla motorizada de la Policía Nacional incursione en el lugar de los hechos disparando, sin consideración a que se encontraba en una zona residencial, precisamente donde era previsible la permanencia de residentes y transeúntes, elementos de prueba que permiten entender que los policiales actuaron de manera defectuosa en el cumplimiento de sus funciones o que durante la prestación del servicio desatendieron los procedimientos de rigor para los cuales han sido preparados”, indica la sentencia. La Sala explica que si bien el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los delincuentes puede resultar legítimo, la víctima no tiene por qué soportar los perjuicios sufridos en tales circunstancias, independientemente de quién los haya causado. El Ministerio de Defensa deberá indemnizar a los familiares del menor con 218 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados. ver
    2015-07-22 ELIGEN NUEVO AUDITOR GENERAL DE LA REPÚBLICA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte como nuevo Auditor General de la República para el periodo 2015-2017, en remplazo de Laura Emilce Marulanda, que termina su periodo constitucional este 23 de julio. El doctor Córdoba Larrarte es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira (Risaralda) y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España). El nuevo Auditor tiene amplia experiencia profesional en el sector público y privado, como Director Nacional del Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, Vicecontralor General de la República, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Director de Promoción y Desarrollo y Contralor General encargado, Director de Despacho de la Gobernación de Risaralda, Secretario de Gobierno y Alcalde encargado de Pereira y Coordinador Nacional del Área para la Proyección Social, la Oficina de Cooperación Internacional y el Programa de lucha contra la corrupción para jóvenes de la Presidencia de la República. Entre sus publicaciones se destacan el Manual para la Vigilancia y Control de las Regalías Directas y la Importancia de los Medios de Telecomunicación en Colombia.
    2015-07-22 ELIGEN MAGISTRADOS DE LAS SECCIONES QUINTA Y PRIMERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Carlos Enrique Moreno Rubio como nuevo magistrado de la Sección Quinta, en remplazo de la Doctora Susana Buitrago Valencia, y a Roberto Augusto Serrato Valdés como nuevo magistrado de la Sección Primera, en remplazo del Doctor Marco Antonio Velilla Moreno. El Doctor Moreno Rubio es abogado de la Universidad Libre con especialización en Derecho Administrativo de la misma institución académica. También es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado y en Derecho Procesal Civil de la Universidad del Rosario, y Doctor en Derecho Tributario de esta última institución. Se ha desempeñado como Magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Juez Laboral del Circuito y abogado litigante. Actualmente es magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por su parte, el Doctor Roberto Serrato Valdés es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, con una Maestría en Conciliación extrajudicial en asuntos de lo Contencioso Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Desde 1992 ha desempeñado diferentes cargos en la Procuraduría General de la Nación como profesional especializado en la oficina para la defensa de los Derechos Humanos, Procurador Auxiliar en Asuntos Disciplinarios, Procurador Judicial para Asuntos Administrativos y desde el 2004 es Procurador Delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado.
    2015-07-21 CONFIRMAN LAUDO EN CONTRA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA El Consejo de Estado negó la nulidad del laudo que falló en contra del Banco de la República y lo obliga a pagar más de 1.044 millones de pesos a varias aseguradoras, que según la entidad debían asumir la responsabilidad que se le endilgó al Banco en el caso del Upac. A juicio del Banco Central, en el contrato de seguros se pactó una cláusula según la cual las aseguradoras indemnizarían al Banco respecto de su responsabilidad derivada de la prestación de servicios bancarios, lo que debía incluir su función de fijar la metodología para determinar los valores de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac). La situación generada por las decisiones del Banco llevó a varias demandas contra entidades financieras relacionadas con el tema Upac, en los que el banco fue llamado en garantía y por tanto pretendía que fuera cubierto por las aseguradoras. Sin embargo, las aseguradoras se negaron a los pagos, pues estimaron que dicha cláusula no incluía la posible responsabilidad que le fuera atribuible al Banco de la República en su ejercicio de Reglamentación, que fue lo que hizo con el tema de las tasas y cobros. La situación fue definida por un Tribunal de Arbitramento en noviembre del 2012, que estimó que las aseguradoras no debían cubrir la responsabilidad del Banco por su función de reglamentación, sino solo de servicios bancarios, lo que no aplicaba en el caso del Upac. Además, se condenó al banco para que asumiera el 65% de los gastos del proceso, por lo que pidió la nulidad del fallo arbitral ante el Consejo de Estado. La Sección Tercera, Subsección C, negó la nulidad del fallo, pues consideró que lo que el Banco pretendía era controvertir su inconformidad con el monto de la condena, lo cual no es procedente dentro del recurso de anulación. La Sala explicó que el recurso de anulación de un laudo tiene causales que están expresamente definidas en la ley y que solo procede por vicios en su procedimiento, pero no por inconformidades con el juzgamiento del caso. ver
    2015-07-21 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIÓN TERCERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Guillermo Alfonso Sánchez Luque como nuevo magistrado de la Sección Tercera, en remplazo del Doctor Enrique Gil Botero. El Doctor Sánchez Luque es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo de la misma institución académica. También es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid (España) y Magister en Derecho Constitucional de la Universidad de París. Se ha desempeñado como abogado de tutela de la Corte Constitucional, Asesor de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios y Jefe de la Oficina Jurídica de la misma entidad. Actualmente es magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Además se ha destacado como docente en diferentes universidades de Bogotá como la Javeriana, la Nacional de Colombia, el Externado y el Rosario.
    2015-07-15 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIÓN SEGUNDA La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Carmelo Darío Perdomo Cuéter como nuevo magistrado de la Sección Segunda, en remplazo de la Doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez. El Doctor Perdomo Cuéter es abogado de la Universidad Católica de Colombia con especialización en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad Nacional. También tiene una Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. Se ha desempeñado como magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá y Casanare, Procurador Delegado, Asesor del Despacho del Procurador General y jefe de la División Política de la misma entidad. Actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También se ha destacado como docente de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en diferentes universidades de Bogotá como la Autónoma, la Gran Colombia y la Católica de Colombia.
    2015-07-13 CONDENAN A EPS PRIVADA POR FALLA MÉDICA El Consejo de Estado declaró responsable al Seguro Social y a una institución prestadora de salud (IPS) privada, por la muerte de una mujer debido a una falla en la atención médica posoperatoria, en hechos ocurridos en la ciudad de Medellín en el año 1998. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, condenó a las entidades a pagar más de 612 millones de pesos como indemnización por perjuicios materiales e inmateriales a la familia de la víctima. La Sala explicó que aunque la IPS es privada, su responsabilidad debe ser juzgada bajo los principios del derecho público y debe responder como si la entidad fuese oficial, debido a que su actividad y conducta tiene un componente de interés general. En el caso analizado, la Sala encontró probada la falla en el servicio por parte de la IPS sociedad médica, pues luego de un procedimiento ambulatorio de laparoscopia a una paciente, y pese a que ella presentó alteraciones en su estado de salud luego del mismo, no se atendió oportuna ni adecuadamente y se generó un proceso infeccioso que desencadenó en la muerte de la mujer luego de dos meses de padecimientos. “La clínica fue contratada por el Instituto de Seguros Sociales para la prestación de los servicios de salud. Por ello, le asiste a dicha clínica la calidad de agente respecto del I.S.S.”, explica la sentencia. Entre otras cosas, el fallo registró que se aportó la historia clínica incompleta, lo que permitió “inferir la falta de diligencia en la prestación del servicio”, teniendo en cuenta que este documento “no solo es el pilar basilar que da fe de la calidad ofrecida en la atención médica hospitalaria, sino también porque es uno de los principales medios probatorios, que en compañía de las reglas de la experiencia y la sana critica, permiten de manera inequívoca la formación del grado de convicción del juez”. ver
    2015-07-10 SE PROHIBE VENTA DE TIERRAS EN LOS FARALLONES DE CALI El Consejo de Estado amparó los derechos colectivos a la protección de áreas de especial importancia ecológica y exhortó a la alcaldía de Cali a que conserve los baldíos que tenga en su poder y evite la comercialización de tierras que hacen parte de la Reserva Forestal o del Parque Natural los Farallones de Cali. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó que la omisión del Ministerio de Ambiente de inscribir en la Oficina de Registros Públicos la Resolución 92 de 1968 mediante la cual el Incora declaró como Parque Natural los Farallones de Cali, 15.000 hectáreas y 2.000 metros cuadrados de reserva, afecta la protección de dichas tierras, para evitar su comercialización. “La entidad ha excedido los límites de lo razonable para inscribir la afectación, amenazando directamente el ecosistema del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali y violando el derecho colectivo a la protección de áreas de especial importancia ecológica por la prolongada y manifiesta transgresión de este mandato normativo”, señala la sentencia. Pues han pasado más de 30 años desde que se dio la orden, y aunque el Ministerio fue creado en 1993, ello no lo exime de cumplir en un tiempo prudencial dicha obligación. Con respecto a la sustracción de cerca de 1.050 hectáreas de dicha zona de reserva que hizo el Ministerio de Ambiente en 1998 para la construcción de vivienda de interés social, la Sala explica que se cumplieron los presupuestos para efectuar las exclusiones de terrenos protegidos, pues hubo una situación razonable y de interés social. Sin embargo, el fallo exhorta a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Ministerio de Ambiente y al Municipio de Cali a velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2ª de 1959, acerca de la prohibición de vender tierras que hacen parte de Parques Nacionales Naturales, pues dicha actividad vulnera el derecho colectivo a la protección de áreas de especial importancia ecológica. ver
    2015-07-09 ABREN CONCURSO PARA ELEGIR REGISTRADOR NACIONAL Los presidentes de la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado abrieron la convocatoria para el concurso público y abierto que permitirá la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, por un periodo constitucional de 4 años, en remplazo del doctor Carlos Ariel Sánchez que finaliza su periodo el 5 de diciembre del 2015. Los ciudadanos interesados, que cumplan los requisitos exigidos por la Constitución en sus artículos 266 y 232 (modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015), podrán hacer sus inscripciones en las secretarías generales de las tres Altas Cortes desde este 9 de julio y hasta el próximo 30 de julio del 2015. Los aspirantes deben presentar declaración juramentada de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo. Así mismo, deberán anexar el formulario de inscripción que se publicará en la página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Constitución, la Ley 1134 de 2007 y el Acuerdo 01 de 2007, expedido por los presidentes de las Altas Cortes.
    2015-07-08 POLICÍA DEBE SER EJEMPLO EN TRATO A LA MUJER La policía nacional impone a quien voluntariamente ingresa a la institución, un compromiso de conducta pública y privada intachable, con el fin de posicionar a los uniformados como referentes sociales o modelos a seguir, en los ámbitos personal, familiar, laboral, social e institucional. Así lo señaló el Consejo de Estado al declarar la responsabilidad de la Policía por el feminicidio, precedido de violencia de género, de una señora cuyo compañero era miembro de la institución. Los superiores del agresor, pese a conocer la situación de violencia intrafamiliar, toleraron la conducta, lo cual constituye una falla del Estado, pues no actuaron con la debida diligencia para proteger a la mujer de la violencia. La víctima fue encontrada muerta en su casa, por un impacto con el arma de fuego de dotación del policial. Inicialmente, y según su compañero permanente, ella se había suicidado debido a una crisis de celos. Sin embargo, luego del análisis forense y de balística, se desestimó tal argumento y se comprobó que fue agredida. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, explicó que la violencia doméstica puede ser más grave que la que se ejerce abiertamente, ya que puede convertirse en una verdadera tortura y, en esa medida, no puede invocarse la intimidad y el resorte personal de los hogares para justificar la agresión contra la mujer. En el caso analizado por la Sala, se demostró el maltrato físico y psicológico del que era víctima la mujer. Los testimonios de vecinos, amigos e incluso compañeros de trabajo del agresor, señalaron sus constantes infidelidades con menores de edad y las repetidas discusiones y agresiones físicas que mantenía la pareja por esas circunstancias. Señala la decisión que este caso se trató de un feminicidio, máxima agresión en contra de la mujer, debido a que el comandante de la estación no sancionó la conducta de infidelidad pública con menores de edad del oficial ni verificó su situación familiar, pese a la infracción de deberes éticos y su compromiso con factores de riesgo de violencia conyugal y le permitió llevar su arma de dotación a su casa, pese a conocer las denuncias de agresión que pesaban sobre él. “La violencia de género padecida por la señora requiere de tiempo para asediar, humillar, maltratar o manipular, hasta el punto de producir en la víctima lesiones psicológicas, debidas al desgaste, la complicidad implícita o el consentimiento del resto del grupo y a la tolerancia del entorno”. ver
    2015-07-07 NIEGAN NULIDAD DE CONCURSO DE JUECES Y MAGISTRADOS El Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad de la expresión “solo se permitirá la inscripción de un cargo”, contenida en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, que reguló el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. El demandante argumentaba que la restricción a un solo cargo que tenía la convocatoria vulneraba el principio de igualdad, pues en concursos anteriores se permitió aspirar a varios cargos y en varias especialidades. La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, explicó que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, tiene las atribuciones de administrar la carrera judicial y dicha facultad, entregada por la Constitución es directa, especial, exclusiva y autónoma. Según la Sala, tal potestad le permite al Consejo Superior dictar los reglamentos necesarios en los aspectos no previstos por el legislador, para que el ejercicio de administrar la carrera administrativa, así como su funcionamiento, sea eficaz. “Nada dijo la Ley 270 de 1996, ni los Decretos 052 de 1987 y 1660 de 1978, sobre el contenido o la forma como debía adelantarse la inscripción de los concursantes al proceso de selección, y ante el vacío normativo advertido, este preciso tópico constituye un claro ejemplo de un ámbito de regulación sobre el cual el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, puede ejercer su potestad reglamentaria especial, directa, excepcional, exclusiva o autónoma, como la define la Corte Constitucional”, señala la decisión. Explica la sentencia que el límite impuesto por la norma: inscripción a un solo cargo, no transgrede el postulado constitucional relacionado con el derecho a ocupar cargos públicos, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional nunca ha reconocido a los ciudadanos la garantía o prerrogativa de inscribirse o aspirar a todos los cargos objeto de concurso. Así las cosas, tampoco implica un desconocimiento a los demás principios y valores constitucionales como la igualdad, el trabajo, el debido proceso y la dignidad humana. ver
    2015-07-06 SOLICITAN INCLUIR TEMA AMBIENTAL EN NEGOCIACIONES DE PAZ El Consejo de Estado le solicitó al Gobierno Nacional incluir la protección del ambiente sano, los bienes ambientales, recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad y la naturaleza en las agendas para la paz que están en curso en la Habana (Cuba), y que se tengan en cuenta en cualquier negociación con grupos insurgentes. La Subsección C de la Sección Tercera le solicitó además a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si es procedente investigar a la organización insurgente FARC y a aquellos miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996, en jurisdicción del municipio de Puerres (Nariño), para lo que se le pide a las autoridades ambientales y territoriales enviar los respectivos informes que se hayan elaborado por esos hechos. Según los informes escritos del Comité de Atención de Desastres, las explosiones ocasionadas produjeron daños ambientales, definidas como las afectaciones a las actividades de las personas que se surtían de bienes ambientales (pesca), y daños ecológicos, referidos a la degradación o modificación del medio natural, derivados de la contaminación en los bienes ambientales de la zona. La Sala señala que los bienes ambientales están protegidos convencional y constitucionalmente, por lo que tales situaciones representaron la violación del artículo 55 del Convenio I de Ginebra, que regula los conflictos armados internacionales y establece que “en la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o supervivencia de la población. 2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias”. Así mismo, y según el artículo 14 del Protocolo II al Convenio de Ginebra, se prohíbe atacar o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. El pronunciamiento lo hace el alto tribunal al declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa por la muerte de un miembro del Ejército encargado de la protección del oleoducto transandino cuando fue víctima de una emboscada propiciada por un grupo insurgente en la vía Puerres-Ipiales (Nariño), el 15 de abril de 1996. ver
    2015-07-02 NIEGAN SUSTITUCIÓN PENSIONAL A VIUDA DE CONGRESISTA El Consejo de Estado negó la sustitución pensional a la esposa de un excongresista que falleció en septiembre de 2006, por no cumplir los requisitos de ley para obtener la mesada. La señora alegaba que su esposo había laborado al servicio del Estado por un lapso de 16 años, 5 meses y 13 días, habiéndose desempeñado como congresista al culminar su vida laboral, y que completó más de 20 años de servicio con la publicación de dos libros de su autoría, los cuales fueron debidamente avalados por instituciones educativas. Según la demandante, la Ley 50 de 1886 permite que la producción de un texto sea equivalente a dos años de servicio al Estado y, como su esposo publicó dos, significaría que se produjo la homologación de los mismos por cuatro años de tiempo de servicios; con lo que reunió la edad y el periodo de labor requeridos para obtener la pensión jubilatoria. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, señaló que la producción intelectual de los libros tuvo lugar por fuera del ejercicio de la labor docente, pues el autor en ningún momento prestó sus servicios al Estado en el magisterio. “La producción aislada de los libros, es decir, despojada de la prestación del servicio de instrucción o magisterio, no se puede predicar como labor válida en los términos de la ley para efecto pensional, si se tiene en cuenta que la pensión jubilatoria en nuestro ordenamiento se constituye a través de las décadas, en esa recompensa a la que se hace merecedor su destinatario con ocasión de los servicios que por largo tiempo prestó al Estado”, indica la sentencia. La Sala explica que no se puede pretender la obtención del derecho pensional sin cumplir con ese requisito de carácter indispensable como lo es el de la prestación del servicio público. ver
    2015-07-01 BENEFICIARIO DE PENSIÓN DE CONGRESISTA A DEVOLVER DINEROS El Consejo de Estado le ordenó a un particular devolver los dineros que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) le pagó en exceso al reconocerle una sustitución pensional a la que no tenía derecho. Esta persona interpuso acción de tutela para que Fonprecon le siguiera reconociendo su mesada, pese a que ya había cumplido 25 años de edad, tiempo que concede la ley después de los 18 años para que la persona que dependía del pensionado, pueda culminar sus estudios universitarios. Un juez de Barranquilla le concedió la tutela y le ordenó a Fonprecon continuar pagando la mesada pensional, lo cual se hizo hasta diciembre de 2002, aunque el Congreso demandó a esta persona para que reintegrara esos dineros. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, señaló que en este caso está comprobada la mala fe por parte del demandado, teniendo en cuenta que la Ley 100 de 1993 es clara cuando determina que solo es posible para el ciudadano percibir la pensión sustitutiva hasta los 25 años, lo cual se traduce en que se produjo un enriquecimiento ilícito a su favor. “Se encuentra que por tratarse de una orden de tutela que el Fondo acató, es evidente que no existe mala fe de su parte, lo que no puede predicarse del demandado, quien movió el aparato judicial, para a través del mecanismo constitucional de amparo, obtener la prolongación del pago de la mesada en el tiempo”, indica la sentencia. La Sala también señala que esta persona ni siquiera tenía derecho a la sustitución pensional, puesto que su padre solo laboró como congresista nueve meses y, pese a ello, Fonprecon asumió el pago de la pensión jubilatoria, ordenó su reliquidación y la sustitución en favor de su cónyuge sobreviviente y de sus dos hijos, entre ellos, el demandado. ver
    2015-06-30 NIEGAN PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE SENADOR ROY BARRERAS El Consejo de Estado negó la pérdida de investidura del Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre al no encontrar demostrado que el congresista haya incurrido en tráfico de influencias ante entidades del sector salud. La demanda presentada por el Director de la Red de Veedurías Ciudadanas Pablo Bustos Sánchez, señalaba que el Senador, cuando se desempeñó como Presidente del Congreso en el 2013, solicitó al Superintendente Nacional de Salud cambiar al interventor de la EPS Solsalud. La Sala Plena, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, señaló que las pruebas aportadas al proceso no demuestran que el demandado haya efectuado ante las autoridades de salud gestión alguna para lograr el nombramiento de personas recomendadas por él, o el cambio de interventores en empresas intervenidas por la Superintendencia. “Si bien está probado que el Senador habló con el Superintendente y el Ministerio de Salud de la problemática de la EPS Solsalud no hizo un requerimiento o gestión específica con el fin de satisfacer un interés personal o de un tercero”, indica la sentencia. En el fallo también se explica que el demandante fundamentó los hechos denunciados en publicaciones de diferentes medios de comunicación, las cuales no pueden ser tenidas en cuenta como pruebas porque no cumplen con los requisitos que exige la ley. Además, en el proceso se tomaron las declaraciones del entonces Superintendente de Salud Gustavo Morales Cobo, y del Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe, quienes negaron que el Senador hubiese solicitado puestos o cuotas burocráticas. ver
    2015-06-24 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR MAL PROCEDIMIENTO MÉDICO El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por los daños ocasionados a una señora después de que se le realizara un procedimiento quirúrgico en el Dispensario de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, el 25 de septiembre de 2002. A la señora se le practicó una laparoscopia diagnóstica, debido a un fuerte dolor pélvico que presentaba, procedimiento que demoró menos de una hora. Ese mismo día salió de la institución al por no presentar ninguna complicación. Sin embargo, al día siguiente tuvo que acudir a urgencias de una clínica en Palmira (Valle) por dolor abdominal y de allí fue remitida primero al Dispensario de la Tercera Brigada de Cali y luego a la Fundación Clínica Valle del Lili. Después de realizados varios exámenes se le detectó una perforación intestinal y peritonitis. De ahí en adelante la paciente ingresó varias veces a centros hospitalarios por infección abdominal con graves consecuencias para su salud, hasta el punto que presentó insuficiencia cardiaca y respiratoria y le tuvieron que amputar unos dedos del pie por la sepsis. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudió el caso y concluyó que las complicaciones del estado de salud de la señora se derivaron del primer procedimiento que le realizaron en el Dispensario de la Tercera Brigada. “Sí puede hablarse de una falla en la prestación del servicio médico al haberle dado salida a la paciente sin valorar su evolución y, por tanto, sin percatarse de la perforación intestinal que habían ocasionado en el procedimiento, así como, en el hipotético caso de que la perforación intestinal no hubiera ocurrido en el centro asistencial sino horas después, por no dejarla en observación”, indica la sentencia. Para la Sala es claro que todas las dolencias que la paciente continuó presentado después de que se le practicara la laparoscopia guardan relación con la sepsis abdominal derivada de ella y, aunque no está plenamente acreditado que en ese procedimiento existió una falla del servicio, lo cierto es que a raíz del mismo surgió el daño por el que se demanda. ver
    2015-06-22 DECLARAN NULA ALERTA SANITARIA DEL INVIMA El Consejo de Estado declaró la nulidad de la Alerta Sanitaria del Invima que prohibió el consumo y comercialización de productos elaborados con hoja de coca, provenientes de los territorios indígenas, circunscribiendo estas actividades únicamente a dichos territorios y no al resto del país. La demandante, que pertenece al resguardo indígena de Calderas (Cauca), argumentó que dicha Alerta Sanitaria es ilegal ya que genera un injustificado agravio contra los pueblos indígenas y varios de sus derechos fundamentales. El Invima defendió la expedición de la Alerta Sanitaria señalando que reconoce y respeta el uso ancestral de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas derivadas de su tradición y cultura, pero que dichos usos deben estar restringidos a sus resguardos. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García Gonzalez, advirtió que no es admisible que el Estado colombiano, a través de entidades como el Invima, induzca a la comunidad en general a que se abstenga de consumir cualquier producto que contenga la hoja de coca, derivado de los territorios indígenas, dado que ello restringiría su desarrollo económico a nivel nacional. “Existen suficientes antecedentes jurisprudenciales… que respaldan la diversidad étnica y cultural en sus distintas manifestaciones… Esta protección se traduce, entre otras, en el respeto a su identidad cultural, que aplicado al caso sub examine, adquiere gran relevancia, pues estudios tanto históricos como científicos han demostrado que el uso de la hoja de coca por parte de las comunidades indígenas hace parte fundamental de su tradición milenaria y tiene grandes beneficios medicinales como alimenticios”, puntualiza el fallo. ver
    2015-06-17 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE ESCOLTA DE LILIANA GAVIRIA El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por la muerte de un agente de la Policía que fue asesinado mientras se desempeñaba como escolta de la señora Liliana Gaviria Trujillo, hermana del expresidente de la República César Gaviria Trujillo. Los hechos ocurrieron en abril de 2006, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), cuando la señora Gaviria y su escolta se movilizaban en una camioneta de la Policía Nacional y fueron interceptados por varios hombres armados que les dispararon, ocasionándoles la muerte. La familia del agente de la Policía demandó al Ministerio de Defensa argumentando que el atentado era previsible, teniendo en cuenta que la señora Gaviria pertenecía a una familia prestante y que el uniformado ejercía funciones de escolta y de conductor del vehículo asignado, al mismo tiempo, circunstancia que le impidió cumplir su misión de protección. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que la muerte del escolta fue causada por la acción de un grupo armado al margen de la ley, lo cual constituye una causal exonerativa de responsabilidad. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, explicó que si bien en la práctica los “hombres de protección” también ejercen actividades de conducción de vehículos automotores, lo cierto es que ambas son funciones completamente distintas y de imposible cumplimiento simultáneo en forma adecuada, razón por la cual no deben concurrir en una sola persona. “Tanto es así que su capacidad de respuesta como hombre de protección fue prácticamente nula, pues, al no encontrarse en posición de alerta con su arma de fuego, quedó en completa exposición –junto con su protegida– a la acción de los agresores, los cuales, además, no encontraron barrera alguna en las condiciones de seguridad del vehículo, que no contaba con ningún tipo de blindaje”, indica la sentencia. ver
    2015-06-16 ORDENAN TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD El Consejo de Estado ordenó a la Dirección General de Sanidad de la Policía Nacional realizar el tratamiento odontológico que requiere una persona de la tercera edad para recuperar en su totalidad las piezas dentales que había perdido. La decisión fue adoptada al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedió una tutela a un señor de 73 años de edad que reclamaba la realización de un procedimiento odontológico prescrito por su médico tratante, debido al dolor que presentaba en sus dientes, lo cual le impedía consumir alimentos y comprometía su salud. La Dirección General de Sanidad señaló que el paciente recibió atención en el Hospital Central de la Policía Nacional y en las demás Unidades Médicas pertenecientes a la Seccional Sanidad Bogotá, pero que el tratamiento prescrito de los núcleos y coronas no era viable por tratarse de un procedimiento odontológico de carácter estético que no contempla el plan obligatorio de salud (POS). La Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia, estudió el caso y concluyó que no solamente el actor carece de los recursos económicos suficientes para sufragar el costo de las coronas y los núcleos, sino que dentro del plan obligatorio de salud no existe otro tratamiento que supla el prescrito, lo cual permite que vía tutela se ordenen los medicamentos o tratamientos que se encuentran excluidos del mismo. “Es claro que el tratamiento para la rehabilitación oral es necesario para el aspecto funcional de la ingesta de alimentos del actor, además teniendo en cuenta que es una persona de la tercera edad (73 años), operado de cirugía de corazón abierto, resulta acreditada la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, los cuales deben ser sujetos de protección”, indica la sentencia de tutela. ver
    2015-06-10 MINSALUD DEBE REGLAMENTAR UNIDADES DE ATENCIÓN DE CÁNCER INFANTIL El Ministerio de Salud y Protección Social tiene un plazo de tres meses para que reglamente todo lo concerniente a la Red de Unidades de Atención de Cáncer Infantil del país. Así lo determinó el Consejo de Estado al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que resolvió una acción de cumplimiento interpuesta por un particular para que dicho Ministerio regulara algunos artículos de la Ley 1388 de 2010 que estableció medidas de atención para los niños con cáncer en Colombia. La Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia, señaló que las pruebas dentro del proceso no demuestran que a la fecha el Ministerio de Salud ya hubiese reglamentado los criterios para la conformación de la Red de Unidades de Atención de Cáncer Infantil del país, disposición que se encuentra contemplada en el artículo 11 de la Ley 1388 de 2010. “Si bien el Ministerio reglamentó la Red de Prestación de Servicios Oncológicos, dicha red se encamina a la prestación del servicio para la atención del cáncer en adultos, circunstancia que no permite tener por acatada la disposición del artículo 11 de la Ley 1388 de 2010 que, se reitera, se encamina a reglamentar todo aquello con la atención del cáncer en menores”, indica la sentencia. La Sala explicó que, aunque el Ministerio de Salud sostuvo que mediante la Resolución 1419 de 2013 procedió a reglamentar lo relativo a la Red de Unidades de Atención de Cáncer Infantil, se observa que en el citado acto administrativo lo que reglamentó fue el artículo 13 de la Ley 1384 de 2010, conocida como la Ley Sandra Ceballos, la cual establece acciones para el control integral del cáncer en la población colombiana adulta. ver
    2015-06-04 CONDENAN A LA POLICÍA POR MUERTE DE MENOR El Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional por los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte de un menor de edad debido a la explosión de una mina antipersona en zona urbana de Barrancabermeja (Santander), en hechos ocurridos en abril de 1997. La Sección Tercera, Subsección C, explicó que la Policía tenía el deber de proteger a la población civil y desminar la zona, teniendo en cuenta que era indiscutible la situación de orden público y el estado de violencia generalizada que afrontaba la localidad donde sucedieron los hechos, no solo por informes de prensa que daban indicios de lo sucedido, sino por los testimonios de los pobladores y la ocurrencia de explosiones similares. En su defensa, la Policía argumentó que no conocía de la existencia de las minas antipersona en la zona y que debió ser la población la que diera aviso de su presencia. Por su parte, el Ministerio Público señaló que no se podía catalogar esa región como “zona roja de orden público”, pues tal calificación solo vino de un testigo, pero no había pruebas que lo demostraran. Afirma la decisión que no les corresponde a la población civil ni a los menores elaborar informes de inteligencia ni rastrear la actividad de los grupos subversivos y ponerlos en conocimiento de la Fuerza Pública, ni tampoco tomar medidas de protección para sí mismos, pues este es un deber del Estado, conforme a las obligaciones adquiridas a través de las convenciones de Derechos Humanos y DIH. “No se tomó medida alguna para la protección de los menores, sujetos de especial protección al interior de la población civil; por el contrario, lo probado en el plenario denota es la inactividad total de la Policía Nacional, en cuanto a dicha protección, pues se limitó a esperar a que la comunidad les informara la existencia de minas antipersonales”, acota la providencia. ver
    2015-06-03 CONSEJO DE ESTADO PRECISA INHABILIDAD ELECTORAL Las personas cuya elección a un cargo de elección popular fue declarada nula podrán volver a postularse al mismo cargo, siempre que antes de esa postulación otro servidor haya sido elegido y se respeten los términos de inhabilidad. Así lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil al responder una consulta elevada por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En el concepto, la Sala explicó que cuando se declara la nulidad de la elección, esa decisión judicial no es una sanción, sino un control de legalidad del acto administrativo, y por la sola nulidad no se configura la inhabilidad. Además, debido a que los efectos del fallo son desde el momento en que se produjo el acto de elección, se considera que el ciudadano a quien se le decretó la nulidad de la elección no desempeñó el cargo y no está cobijado por la prohibición de la reelección. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la inhabilidad para aspirantes a ser alcaldes o gobernadores establece que no pueden inscribirse quienes hayan ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar durante los 12 meses anteriores a su inscripción. Esto quiere decir que el cargo que quedó vacante por la nulidad electoral debió ser suplido por elecciones atípicas. La Sala aclaró que este concepto se ajusta a la jurisprudencia existente de la Sección Quinta al momento en que se produjo la consulta, pero que la misma puede variar de acuerdo al caso, pues dicha Sección puede modificar o modular los efectos de sus sentencias. ver
    2015-06-02 ETB TENDRÁ QUE PAGAR A TELEFÓNICA MILLONARIA SUMA DE DINERO El Consejo de Estado, dentro de un proceso en el que Telefónica Móviles Colombia S.A. le reclamaba a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB) el pago de más de 41 mil millones de pesos, ordenó a esta última cancelar la suma adeudada con los intereses de mora causados desde el 2005. En 1998 las empresas firmaron dos contratos en los que la ETB se comprometía a pagar la utilización de la red de telefonía móvil en llamadas internacionales entrantes y terminadas, es decir, cada vez que la ETB recibiera a través de su red una llamada y la interconectara a través de la red móvil de Telefónica, tenía que pagar una remuneración al dueño de la red utilizada, bajo el esquema de minuto o fracción. En el 2005 Telefónica acudió a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT (hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC) para que dirimiera el conflicto que se suscitó con la ETB por el pago de la remuneración de la interconexión directa, controversia que fue resuelta indicándole a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá que debía pagar conforme a cualquiera de las dos alternativas que le ofrecía la normatividad vigente en la época en que se celebraron los contratos. Telefónica inició un proceso para reclamar el pago ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual fue negado argumentando que los documentos proferidos por la CRT no eran los idóneos para la reclamación que se pretendía. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudió el caso y concluyó que de los documentos aportados al proceso se desprende una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la ETB y a favor de Telefónica Móviles Colombia S.A. “La obligación es clara, en la medida en que de los documentos que integran el título base del recaudo se deduce, sin el menor asomo de duda, que: (i) la ETB S.A. E.S.P. debía pagar a Telefónica Móviles Colombia S.A. (antes a Celumóvil S.A. y a Cocelco S.A.) por el acceso a la red de TMC cada vez que aquella recibiera a través de su red de TPBCLDI una llamada y la completara a través de la interconexión con la red de esta última… Las partes acordaron que el pago de acceso a la red de TMC se haría por minutos o por fracción de llamada completada. De esta manera quedó planteado el esquema básico de remuneración en los contratos de interconexión”, indica la sentencia. ver
    2015-06-01 SE CREA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA DEL C E El Consejo de Estado formalizó la creación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Corporación, hecho de especial relevancia si se tiene en cuenta que es la primera vez que un alto tribunal se compromete con el cumplimiento de estándares internacionales de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas.La Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas fue creada por decisión unánime de la Sala Plena del Consejo de Estado, en colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. De esta manera la Corporación se suma a los estándares de transparencia y buen gobierno que se exigen en el proceso de ingreso de Colombia a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).El Alto Tribunal ha tomado este reto con especial entusiasmo con el impulso de su Presidencia y está fijando los temas y metas objeto de un eventual acuerdo al que se comprometería, de conformidad con las exigencias de la AGA, para ser cumplido en los próximos dos años, todo con la certeza de los beneficios que tal compromiso genera no solo para el Consejo de Estado, el orden institucional, la democracia colombiana, sino en especial, para la comunidad en general.“La idea es que seamos una Corporación de manos abiertas y transparentes, que no se esconda nada, que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre sus trámites y asuntos de manera oportuna y eficiente”, aseguró el Presidente del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara Quintero.Por su parte, el secretario de Transparencia Camilo Enciso, señaló que la transparencia en la Rama Judicial es urgente, inaplazable e irremplazable. Con la creación de esta Comisión, este tribunal está tomando la delantera y le está dando a Colombia una oportunidad de oro para demostrar cómo se llevan a cabo procesos de transparencia en la Rama Judicial. ver
    2015-05-29 ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS EN EL CONSEJO DE ESTADO El Consejo Superior de la Judicatura publicó los Acuerdos mediante los cuales se dan a conocer los listados de elegibles al cargo de magistrado en remplazo del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno de la Sección Primera, que cumple periodo constitucional el próximo 7 de julio, y de los exconsejeros Bertha Lucía Ramírez de Páez, Enrique Gil Botero y Susana Buitrago Valencia, de las Secciones Segunda, Tercera y Quinta, respectivamente. Los candidatos seleccionados para conformar la lista de aspirantes elegibles para la Sección Primera, en remplazo del doctor Velilla Moreno son: Cristina Amparo Cárdenas de Bohórquez, Marino León Tadeo Henao Ospina, Jhon Jaiver Jaramillo Zapata, Gerardo Iván Muñoz Hermida, Germán Alfonso Pardo Carrero, Rosa Isabel Rojas Romero, Roberto Augusto Serrato, Ángela María del Pilar Sorzano Espinosa y Óscar Alonso Valero Nissimblat. Para la Sección Segunda, en remplazo de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, que dejó su cargo el pasado 27 de octubre, los candidatos son: Rosalba Josefa Caballero Carbonell, María Eugenia Carreño Gómez, Jorge Alirio Cortés Soto, Enrique Dussán Cabrera, Mary Lucero Novoa Moreno, Carlos Alberto Orlando Jaiquel, César Palomino Cortés, Carmelo Perdomo Cuéter, Guillermo Poveda Perdomo, Milciades Rodríguez Quintero, Janet Patricia Sanabria Rodríguez, Rafael Francisco Suárez Vargas, Luis Fernando Javier Tafur Galvis y Alberto Vergara Molano. En la Sección Tercera, el doctor Enrique Gil Botero cumplió su periodo el pasado 12 de diciembre del 2014 y los aspirantes a remplazarlo son: Lola Elisa Benavides López, Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Jaime Enrique Rodríguez Navas, José Roberto Sáchica Méndez, Guillermo Alfonso Sánchez Luque y Leonardo Augusto Torres Calderón. Por su parte, la lista de aspirantes al cargo de la Sección Quinta, que dejó la doctora Susana Buitrago el pasado 22 de mayo, está conformada por: Rodolfo Arango Rivadeneira, Stella Jeannette Carvajal Basto, Zoranny Castillo Otálora, Laura Emilse Marulanda Tobón, Carlos Enrique Moreno Rubio y Cristián Eduardo Pinzón Ortíz. Luego que los listados sean remitidos a la Sala Plena del Consejo de Estado, se iniciará el proceso para la respectiva audiencia pública de presentación de los candidatos y la posterior elección. Los listados fueron publicados por la Sala Administrativa durante estas dos últimas semanas.
    2015-05-28 NIEGAN RECURSOS CONTRA SUSPENSIÓN DE VENTA DE ISAGEN La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en auto del 28 de mayo de 2015, confirmó la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión temporal del procedimiento para la enajenación de las acciones que la Nación posee en ISAGÉN, que había sido decretada mediante auto de Ponente el 14 de mayo del 2015. De esta forma, se denegaron los recursos de súplica interpuestos por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con los que pretendían revocar la medida de urgencia. A juicio de la Sección, el análisis realizado en el auto recurrido se ajustó a los presupuestos legales para el decreto de la medida cautelar. Así mismo, la Sala reiteró que con la medida adoptada se pretende hacer efectiva la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, quienes a través de la interposición de acciones legítimas solicitan que el juez realice el control judicial pertinente sobre el proceso de venta de las acciones de ISAGÉN, por lo que una vez dictada la sentencia en el proceso se podrá transmitir seguridad jurídica al Estado y a los inversionistas. La Sección Cuarta de la Corporación continuará con el estudio de las demandas interpuestas, para lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, dará a este proceso impulso preferente en atención al interés público que envuelve la decisión judicial. Por tanto, una vez notificada esta providencia, el Ponente continuará de inmediato con el trámite de ley. ver
    2015-05-26 PANEL SOBRE REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Con el objetivo de abrir un espacio de debate sobre el proyecto de Equilibrio de Poderes que se discute en el Congreso de la República, el Consejo de Estado y la Facultad de Derecho de la Universidad Libre realizarán un panel el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10 a.m., en la Universidad Libre de Bogotá. El panel, que tiene por nombre el Consejo de Estado y el Proyecto de Reforma “Equilibrio de Poderes”, busca que la comunidad en general conozca la propuesta y las posiciones de los diferentes actores involucrados en el tema como son el Congreso, el Gobierno, la Rama Judicial y organizaciones sociales. En el evento participarán como panelistas el presidente del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el senador Hernán Andrade Serrano, el representante a la Cámara Hernán Penagos Giraldo, y la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero. Ad portas de su último debate en el Congreso, se espera que el panel sea la oportunidad para que las tres ramas del poder público se encuentren y expongan sus puntos de vista sobre este proyecto de reforma constitucional de trascendencia nacional. El panel tendrá lugar en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre sede La Candelaria (calle 8a No. 5-80 Bogotá D.C.) y podrán asistir todas las personas interesadas en el tema. También será transmitido vía streaming por las páginas web www.consejodeestado.gov.co y www.unilibre.edu.co
    2015-05-25 PARTIDO LIBERAL DEBERÁ INAPLICAR SUS ACTUALES ESTATUTOS El Consejo de Estado le ordenó al Partido Liberal que, en máximo un mes, deje de aplicar los estatutos que suscribió mediante la Resolución 2895 del 2011 y que fueron aprobados por la Asamblea Liberal Constituyente en diciembre de ese año, por considerar que no fueron expedidos por el órgano competente para hacerlo ni se respetó el procedimiento exigido. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, le ordenó al Partido Liberal que se rija por los estatutos que estaban vigentes a la entrada en vigencia de la ley que dictó las reglas de organización de los partidos (Ley 1475 del 2011) y los ajuste a esta normativa, para lo cual deberá conformar un comité que garantice el principio de participación democrática. La decisión se adoptó en un fallo de acción popular en el cual se amparó el derecho a la moralidad administrativa, vulnerado por la Dirección Nacional del Partido Liberal y por el Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo en cuenta que en los nuevos estatutos se incluyeron modificaciones como facultar al director del Partido para que sustituyera o alterara unilateralmente su estructura interna, y esto fue avalado y registrado por el CNE. Así, dentro de las modificaciones hechas por la nueva facultad del director, se permitió excluir a los simpatizantes, afectar el derecho de participación de las bases sociales en la organización del partido, desconocer el principio de equidad e igualdad de género, en cuanto excluyó a las mujeres de la organización, de los órganos de dirección y administración y demás mecanismos internos de participación, discriminar a las minorías, limitar los mecanismos internos de control y protección de los derechos de los asociados, limitar el derecho a disentir y sustituir al órgano competente para modificar los estatutos. La Dirección Nacional, en los nuevos estatutos, se atribuyó facultades para determinar los candidatos que deben ser apoyados por quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control dentro del partido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, decidir todo lo relativo a los sectores sociales, presidir la Comisión Política Central y el Consejo Directivo de Instituto de Pensamiento Liberal y elegir al Auditor Nacional, entre otros. ver
    2015-05-20 CONDENAN A HOSPITAL DE VILLAVICENCIO El Consejo de Estado condenó al Instituto de Salud Descentralizado de Villavicencio (Empresa Social del Estado–E.S.E.) por la muerte de una menor de 3 años que no fue atendida a tiempo, pese a presentar síntomas de dengue. Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2002, cuando los padres de la niña la llevaron al puesto de salud del barrio La Esperanza, perteneciente a la E.S.E. Villavicencio, por presentar fiebre intensa, vómito y diarrea. Allí fue valorada por un médico general que le ordenó varios exámenes de laboratorio que no fueron practicados, debido a que el servicio no se prestaba ni los viernes en la noche, ni los fines de semana. El sábado 21 de septiembre la niña fue nuevamente llevada a urgencias, pero solo le recetaron diclofenaco. Los exámenes ordenados fueron practicados hasta el lunes siguiente y de inmediato fue hospitalizada con diagnóstico de dengue clásico. Desafortunadamente su estado de salud empeoró progresivamente y falleció un día después de ser internada. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, aseguró que del análisis de la totalidad de las pruebas se puede concluir que la paciente no recibió la atención apropiada ni oportuna y que hubo negligencia en la actuación de los médicos que atendieron el caso. “La falla del servicio en este caso reviste una mayor gravedad por tratarse la paciente de una niña menor de edad, es decir sujeto de especial protección por parte del Estado, toda vez que la Constitución Política de 1991 establece la prelación de los derechos de los niños”, indica la sentencia. ver
    2015-05-20 ORDENAN SUSPENDER ÁREAS ESTRATÉGICAS DE EXPLOTACIÓN MINERA El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos jurídicos de las normas que crearon 516 zonas mineras en 22 departamentos del país, con una extensión de 20.470.200 hectáreas (Resolución 180241/12 del Ministerio de Minas y Resoluciones 0042/12 y 429/13 de la Agencia Nacional Minera). La ponente, doctora Olga Mélida Valle de De la Hoz, explicó que era imperativa la protección de las comunidades étnicas que se pudieran ver afectadas con las medidas tomadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Minas y Energía (Minminas), teniendo en cuenta que para la expedición de dichas resoluciones no se agotó la consulta previa con las comunidades. En su defensa, la ANM señaló que no se realizó la consulta previa debido a un concepto del Ministerio del Interior, según el cual no era necesario agotar tal procedimiento debido a que las medidas no otorgaban títulos mineros, sino establecían áreas estratégicas mineras, es decir “creaban meras expectativas”. Sin embargo, la providencia señala que “hasta que se establezca si era o no necesaria la consulta previa en la expedición de las resoluciones y hasta tanto se haga el estudio de legalidad de las mismas, el Despacho las suspenderá de manera provisional, buscando evitar cualquier menoscabo de los derechos de las comunidades étnicas”, sin que esto constituya un prejuzgamiento. En la decisión, se recuerda que la consulta previa se fundamenta en el derecho que tienen las comunidades a decidir dentro de los procesos de desarrollo y planes de organización que tengan dentro de su comunidad y las medidas concernientes a la explotación de recursos naturales, para que estas sean proporcionales, coherentes y respetuosas de sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Por tal razón, consultar a las comunidades étnicas, previo a la toma de decisiones o medidas administrativas que busquen implementar planes de desarrollo y explotación minera, se constituye en un derecho fundamental. La providencia señala que dentro de las zonas en donde se delimitaron áreas estratégicas mineras, que ascienden al 17,43 % del territorio nacional, se encuentran territorios que han sido habitados ancestralmente por comunidades indígenas y negras, que deben ser protegidas de manera preferente. Tal es el caso de los departamentos de Nariño, Putumayo, Chocó, Amazonas, Guajira, Valle, Cauca y Antioquia, entre otros. ver
    2015-05-15 CONDENAN AL ESTADO POR DESAPARICIÓN DE MISIÓN MÉDICA El Consejo de Estado señaló que el Estado está obligado convencionalmente a proteger a su personal sanitario y a garantizar la verdad y memoria histórica de quienes procurando la defensa de la salud favorezcan a víctimas dentro del conflicto armado. Por tal razón, la Sección Tercera declaró administrativamente responsable al Ministerio de Salud por la desaparición forzada de cinco personas que integraban el Servicio de Erradicación de la Malaria en hechos ocurridos el 29 de octubre de 1984 en jurisdicción del municipio de Saravena (Arauca). Según la Sala, el Ministerio de Salud no realizó un estudio sobre la pertinencia de medidas de protección para los integrantes de la misión sanitaria, pese a que la zona en la cual laborarían era de orden público, se conocía la presencia de fuerzas insurgentes y los funcionarios no conocían el sector. La sentencia señala que aunque convencionalmente, mediante el Protocolo II y los Cuatro Convenios de Ginebra, se obliga a las partes de un conflicto armado a respetar y proteger al personal sanitario, tal obligación se extiende a quienes ofrecen dichos servicios en zonas de conflicto, así no estén atendiendo actividades propias de la guerra. Teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en 1984, es decir antes de que los Protocolos fueran adoptados en la legislación colombiana, esa obligación era exigible para el Estado colombiano, puesto que las normas de protección da la población civil y especialmente del personal que integra misiones sanitarias constituían disposiciones perentorias del Derecho Internacional General por responder al principio elemental de humanidad, con fundamento en la jurisprudencia internacional e inclusive de la Corte Constitucional colombiana. ver
    2015-05-14 NIEGAN TUTELA QUE RECLAMABA CAMBIO DE SEXO EN REGISTRO CIVIL El Consejo de Estado negó una tutela que reclamaba de la Registraduría Nacional el cambio de sexo de una persona en su registro civil. La accionante argumentaba que en el 2011 inició el trámite legal para solicitar la autorización del cambio de su sexo, de femenino a masculino, en los documentos de identificación, pero en el 2013 desistió de su demanda al considerar que el examen físico y morfológico ordenado como prueba de oficio por un juez de Ibagué vulneraba su derecho a la intimidad. Ese mismo año le solicitó a la Registraduría cambiar su sexo en el registro civil y en la cédula de ciudadanía, petición que fue negada porque necesitaba de una orden judicial para ello, lo cual motivó la tutela. La Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, señaló que la entidad acusada actuó conforme a la ley, debido a que el cambio de sexo implica una alteración en el estado civil que solo está en capacidad de realizar un juez. La Sala también explica que el examen decretado por el juez de familia de Ibagué no es caprichoso, irracional ni desproporcionado, puesto que es el más adecuado para establecer el sexo biológico de una persona. “Para la Sala no es ajeno que para algunas personas el examen de su cuerpo por parte de personas extrañas puede ser considerado como una violación a su intimidad, por tal razón, en principio estos exámenes deben contar con el consentimiento del paciente. Sin embargo, cuando los exámenes se ordenan en un proceso de jurisdicción voluntaria ante un organismo técnico científico como condición para obtener una evidencia indispensable al interior del sumario, el interesado deberá ponderar entre la eventual incomodidad del examen y el fin que se busca con la prueba médica. Por lo tanto, es determinación autónoma del interesado decidir si soporta la carga del examen sobre su cuerpo –en todo caso, se itera, razonable y proporcionada- o si afronta las consecuencias jurídicas de no realizar dicho examen”, indica la sentencia. ver
    2015-05-14 ORDENAN SUSPENDER VENTA DE ISAGEN El Presidente del Consejo de Estado informa que la Sala Unitaria de la Sección Cuarta a cargo del Magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas concedió una medida cautelar consistente en la suspensión temporal de la subasta y demás actos relativos con la enajenación de las acciones que la Nación tiene en Isagén S.A. E.S.P. La medida se dictó dentro de tres procesos acumulados en los que se pide la nulidad de los Decretos 1609 de 2013 y 2316 de 2013, decretos que aprobaron el programa de enajenación de acciones que la Nación posee en Isagén. La medida se tomó no propiamente por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad sino para evitar posteriores y eventuales daños al interés público en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados y luego, el Consejo de Estado declarara la nulidad de los actos que autorizaron la venta. El auto en cuestión tiene la siguiente parte resolutiva: 1. ORDÉNASE la suspensión temporal del procedimiento o actuación administrativa que actualmente se surte con ocasión del cumplimiento del Decreto 1609 del 30 de julio de 2013 dictado por el Gobierno Nacional, que aprobó el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en Isagén S.A. E.S.P. 2. En concreto: SUSPÉNDASE la subasta y demás actos programados para el 19 de mayo de 2015 en relación con la enajenación de las acciones que la Nación tiene en Isagén S.A. E.S.P. 3. ORDÉNESE al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público asegurar que se cumpla esta orden judicial mediante las respectivas órdenes administrativas, instrucciones y demás medidas pertinentes para ese cometido. ver
    2015-05-13 FARC SON SUJETOS RESPONSABLES DE ACATAR EL DIH El Consejo de Estado declaró responsable al Ejército Nacional por los perjuicios que sufrió un soldado como consecuencia de la toma armada a la Base Militar de Las Delicias en el municipio de La Tagua (Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, y de la posterior privación de la libertad a la cual se vio sometido por parte de las FARC por 288 días. Por tal razón, ordena a las autoridades competentes que los hechos sucedidos en dicha ocasión sean tenidos en cuenta dentro de las investigaciones que se adelanten contra dicho grupo armado, por su presunta violación a las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado en anteriores oportunidades. La Sección Tercera, Subsección A, explicó que en aplicación del Derecho Internacional Humanitario en una confrontación armada interna es necesario reconocer la existencia de un conflicto armado, que permita distinguirlo de acciones delincuenciales comunes, y reconocer que no es jurídicamente correcto denominar terroristas a los actores que participan de dicho conflicto, pues de recibir dicha categorización no serían susceptibles de exigirles respeto y acatamiento del DIH. Sin embargo, dicha posición no significa que el grupo armado reciba algún reconocimiento de legitimidad a sus actuaciones y pretensiones, y tampoco quiere decir que pueda descartarse el hecho de que los referidos actores del conflicto incurran en actos terroristas y/o cometan crímenes de guerra, los cuales por expresa previsión del DIH deben comprometer la responsabilidad penal individual de los combatientes que incurran en tales procederes. En estos casos, los actores del conflicto realizaron ataques a objetivos militares como participantes en las hostilidades propias de dicha confrontación armada, por tal razón, estos actos armados no pueden catalogarse, con fundamento en las reglas del DIH, como atentados terroristas. Sin embargo, la sentencia subraya que el propio DIH exige que con ocasión de tales ataques se respeten las reglas del citado Derecho de los conflictos armados. ver
    2015-05-06 CONFIRMAN SANCIÓN A POLICÍA POR ROBO DE CARRO El Consejo de Estado confirmó la sanción impuesta a un patrullero de la Policía Nacional por haber participado en el robo de un carro que sirvió para cometer un hurto. El patrullero fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, después de que se comprobara que estaba involucrado en el cambio del carro que había sido utilizado en el hurto y que fue abandonado por los delincuentes en la localidad de Bosa de Bogotá, en diciembre de 2006. Las autoridades llevaron el automotor a la SIJIN de la Policía Metropolitana, mientras se adelantaban las indagaciones del caso. Según la investigación adelantada por la propia Policía, el uniformado adquirió un vehículo que estaba para chatarrizar, lo hizo pintar y lo adecuó para que quedara igual al carro inmovilizado y, con la ayuda de otro uniformado, ingresó al parqueadero de la SIJIN y lo cambió por el automotor involucrado en el hurto. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bogotá inició la indagación preliminar al conocer un informe de la Fiscalía en el que se advertía que el vehículo abandonado en la localidad de Bosa no era el mismo estacionado en el parqueadero de la SIJIN, a pesar de tener características similares. En primera y segunda instancia el uniformado fue declarado disciplinariamente responsable, al igual que un capitán y otro patrullero, por incurrir en una conducta descrita en la Ley penal como delito cometido con ocasión del cargo. El patrullero interpuso demanda de nulidad contra la decisión adoptada por la Inspección General del Grupo de Procesos Disciplinarios de la Policía, alegando violación al debido proceso. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, estudió el caso y no encontró ningún vicio en el trámite del proceso que permitiera su anulación. “Las argumentaciones que se hacen en la demanda no resultan válidas para quebrar el principio de legalidad que ampara el acto acusado y por lo tanto se denegarán las súplicas”, indica la sentencia. ver
    2015-05-05 ENFERMEDADES DE ALTO COSTO EXENTAS DE CUOTAS MODERADORAS El Consejo de Estado señaló se deben inaplicar las normas que exigen el pago de las cuotas de recuperación y moderadoras requeridas para acceder a los servicios de salud cuando estas afectan derechos como el mínimo vital, la vida digna o la salud de los pacientes. La Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, explicó que el propósito del sistema es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder efectivamente a la atención en salud, por lo cual, aunque legalmente se deben exigir pagos moderadores y cuotas de recuperación, se contempla la exoneración de ese pago por parte del paciente en determinados eventos, como en el caso de las enfermedades catastróficas o de alto costo. El pronunciamiento lo hizo el Alto Tribunal al tutelar los derechos a la salud y a la vida digna de una persona a la cual se le exigía el pago del “5 %” del costo de los procedimientos ordenados para el tratamiento del “tumor maligno del cerebro” que padece sin tener en cuenta su condición económica y que se trata de una enfermedad catastrófica. La Sala recordó la Jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a las excepciones en los pagos de cuotas de recuperación y destacó el que los pacientes demuestren su precaria situación económica o, en algunos casos, el hecho de que padezcan enfermedades de alto costo. Reiteró que “los pagos moderadores no pueden transformarse en barreras de acceso al servicio bajo ninguna circunstancia”. “Puede la Sala concluir que, actualmente, el cáncer y algunos de los procedimientos que se requieren para su tratamiento, están catalogados como enfermedades o servicios de alto costo. Significa lo anterior que, aquellos pacientes que sean diagnosticados con dicha enfermedad pueden estar exentos del pago de cuotas para los tratamientos o servicios referidos en las normas transcritas”, concluye la sentencia. ver
    2015-05-04 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DEL AMAZONAS La Sección Quinta del Consejo de Estado, negó una acción que pretendía la nulidad de la elección del Representante a la Cámara por el Departamento de Amazonas Eduar Luis Benjumea Moreno.Tras estudiar una demanda en la que aseguraban que el hoy Representante estaba inhabilitado porque habría participado en la ejecución de un contrato suscrito entre la Gobernación del departamento de Amazonas - Secretaría de Salud Departamental y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E., la Sala encontró que dicha acusación no contaba con el respaldo probatorio y por lo tanto no puede llegarse a la conclusión de que existía una inhabilidad.Finalmente, la Sección decidió excluir una grabación magnetofónica que fue irregularmente obtenida, con la que querían sustentar la presunta inhabilidad, pues “se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo y además no es clara ni directa para inferir la conclusión que el demandante pretende atribuirle”, puntualizó la Sección Quinta.
    2015-04-30 CONDENAN AL DISTRITO DE BOGOTÁ POR ACCIDENTE EN CIRCO El Consejo de Estado condenó al Distrito de Bogotá a indemnizar a una joven que fue atacada por un oso, cuando se encontraba junto con sus padres en la presentación de un espectáculo circense, cerca al Coliseo El Campín de la Capital, en julio de 1996. Los padres de la menor, que para el momento de los hechos era una niña, demandaron al Distrito por las lesiones craneanas, faciales, funcionales y psicológicas causadas a su hija, debido a que las autoridades encargadas no verificaron las condiciones de seguridad que debía reunir el espectáculo público. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de De La Hoz, encontró que la autoridad responsable recibió la solicitud de permiso para presentar el espectáculo sin constatar que la misma no cumplía con los requisitos exigidos. “De acuerdo con la normativa vigente para la época de los hechos, correspondía a la Dirección de Rifas, Juegos y Espectáculos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor, otorgar permiso escrito a los solicitantes que hubieren satisfecho los requisitos exigidos para el efecto, teniendo facultades para rechazar las solicitudes de permiso, y revocar los permisos otorgados cuando se tratara de presentaciones riesgosas para los asistentes”, indica la sentencia. La Sala recuerda que la autoridad Distrital tenía el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación del espectáculo, lo cual no ocurrió. “A pesar de que la solicitud de permiso presentada por el promotor del espectáculo no cumplió con el requisito de describir detalladamente la clase de evento –estando obligado a hacerlo-, la autoridad correspondiente no sólo recibió la solicitud sin percatarse de la ausencia del lleno de los requisitos exigidos, sino que otorgó el permiso; y una vez iniciada la temporada, habiendo tenido que constatar la presencia de animales fieros a través de la obligatoria presencia de sus delegados en cada una de las funciones, no tomó ninguna medida preventiva antes de ocurrido el accidente, ni paliativa aún después de ocurrida la agresión contra la niña, pues se tiene noticia de que el espectáculo siguió presentándose 23 días más, gracias a la pasiva complicidad de la autoridad competente”, puntualiza el fallo. ver
    2015-04-29 COMUNICADO SALA PLENA La Sala Plena del Consejo de Estado manifiesta que: 1. El Senado de la República aprobó en sexto debate el proyecto de acto legislativo sobre “Equilibrio de Poderes”, y se avanza en forma desafortunada en aspectos relacionados con la justicia, que habrán de afectar sensiblemente la autonomía e independencia de la Rama Judicial. 2. A pesar de que las serias y fundadas observaciones formuladas por esta Corporación no tuvieron incidencia, persistirá en destacar las bondades y desaciertos que tiene la reforma constitucional de “Equilibrio de Poderes”, con el exclusivo propósito de que se adopten decisiones acordes con los principios y valores de la Constitución de 1991. 3. Reitera que el proyecto, en relación con la Administración de Justicia, es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende dar respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses. 4. Reclama que se establezca para los Magistrados de Altas Cortes y demás aforados un juez independiente, imparcial y eficaz, del más alto nivel, para controlar sus conductas reprochables, pero considera que la Comisión de Aforados que contempla el proyecto no cambia en nada el sistema actual que no ha sido eficaz para evitar la impunidad…. 5. No se opone a que se reformen las instituciones y menos aún en la Rama Judicial, pero rechaza aquellas iniciativas que pueden afectar el Estado Social de Derecho y la democracia. El estudio realizado por la Corporación sustenta esta posición y por eso invita al Congreso a su riguroso examen.... ver
    2015-04-29 JUECES DEBEN AJUSTARSE A PARÁMETROS LEGALES Como una limitante a quienes interponen demandas de nulidad y restablecimiento de derechos, calificó la Sección Quinta del Consejo de Estado, la fórmula según la cual en estos casos, las pretensiones económicas deben estimarse con base en los últimos cuatro meses previos a la presentación de la demanda, independientemente de cual sea el caso y el monto a que se aspire. El pronunciamiento fue hecho en un fallo de tutela de una funcionaria del municipio de Anapoima con 18 años de vinculación laboral y cobijada con el régimen de cesantías con retroactividad, quien solicitó liquidación de sus cesantías y en respuesta el municipio le informó que las había consignado en anualidades a un fondo de cesantías. Inconforme con la decisión y tras surtir los trámites pertinentes, interpone una acción de tutela en la que informa que su estimación razonada de la cuantía que debía serle cancelada, superaba los 52 millones de pesos, más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes que estimaba, le debía ser cancelada. Sin embargo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar la competencia aplicó una fórmula que arrojaba como resultado que el monto no superaría de ninguna manera los nueve (9) millones de pesos y que por tanto lo debía asumir un Juzgado Administrativo del Circuito. La Sala consideró que en este caso se violaron abiertamente los derechos de la tutelante, pues la interpretación de la norma por parte del Tribunal era un planteamiento que no tiene soporte legal o jurisprudencial, por lo que ordenó al Tribunal pronunciarse sobre la admisión de la demanda, antes de cinco días, “bajo parámetros legales o jurisprudencialmente aceptados, los cuales no pueden ser los que expuso en los autos dejados sin efectos por esta sentencia”, puntualizo la Sección Quinta. ver
    2015-04-28 REVOCAN SUSPENSIÓN DE RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA La Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la suspensión provisional de la Rectora de la Universidad Colegio Mayor del Cauca, cuya elección fue demandada por una supuesta irregularidad en su elección. Al admitir la demanda el Tribunal Administrativo del Cauca, había ordenado separar del cargo a la funcionaria, decisión que revocó la Sala tras considerar que la petición del demandante no tenía fundamentos ni un señalamiento concreto de las normas supuestamente vulneradas. Se trata de la señora Paula Andrea Umaña, elegida el pasado diciembre por una mayoría de cuatro votos del Consejo Directivo de la institución, y sus demandantes argumentan que la normativa interna advierte que debe ser elegida por siete votos por lo que solicitaron y se les concedió en primera instancia la medida cautelar, que ahora el Consejo de Estado revoca por absoluta falta de sustento en este momento procesal. ver
    2015-04-27 MUNICIPIOS OBLIGADOS A SUMINISTRAR AGUA En dos decisiones que favorecen a los municipios de Tocaima, Apulo y Viotá (Cundinamarca) y al municipio de Santa Cruz de Lorica (Córdoba), el Consejo de Estado señaló que la falta de recursos económicos no es excusa para no adelantar programas que garanticen el suministro de agua potable a sus habitantes.La Sección Primera, con ponencias de las magistradas María Elizabeth García González y María Claudia Rojas Lasso, explicó la obligación que tienen los alcaldes de construir, ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura de los servicios públicos en sus jurisdicciones.Según el Alto Tribunal, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es quien debe prestar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios para diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural.En el caso de Santa cruz de Lorica, los accionantes denunciaron que el municipio carece de servicios de agua potable y saneamiento básico, incluso hay caseríos y veredas que no tienen letrinas y “los campesinos tienen que realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas y luego botarlas al monte”.Con respecto al caso de los municipios de Tocaima, Apulo y Viotá (Cundinamarca), la Corporación instó al Ministerio de Vivienda para que les preste apoyo técnico y administrativo con el fin de implementar un sistema de acueducto adecuado en el sector rural.Señaló la providencia que “mientras se ejecutan e implementan las obras ordenadas, se debe continuar con la prestación del servicio de acueducto mediante el abastecimiento continuo de agua potable en condiciones que supongan un nivel de riesgo bajo para la población, campañas de educación sanitaria que instruyan a los habitantes de las veredas sobre las precauciones que deben observar al momento de consumir el agua suministrada”.(Expedientes 23001233300020130036101 y 25000232400020110042501) ver
    2015-04-23 COMUNICADO SALA PLENA COMUNICADO La Sala Plena del Consejo de Estado frente al proyecto de Reforma de Equilibrio de Poderes que actualmente cursa en el Congreso de la República, MANIFIESTA: 1. El proyecto de reforma es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisación. 2. Afecta de manera significativa la estructura establecida por el Constituyente de 1991, lo que podría implicar una sustitución a la Constitución. Además, no guarda una unidad de materia, puesto que mezcla asuntos estrictamente políticos de carácter electoral o partidista con una reforma en la estructura y organización de la justicia. 3. El proyecto de reforma en relación con la justicia es insuficiente, en la medida en que no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama Judicial como el presupuesto, la descongestión, mayor acceso a la justicia, seguridad jurídica, etc., lo que hace que resulte inconveniente. 4. La Corporación apoya la idea de eliminar las funciones electorales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero observa con gran preocupación la forma como se asumen dichas competencias por las otras ramas del Poder Público, lo cual podría generar una concentración y un desequilibrio de poderes....... ver
    2015-04-20 NIEGAN TRASLADO DE BASE MILITAR DE ITUANGO El Consejo de Estado revocó una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y negó la solicitud de traslado de la Brigada Móvil Nº 18 que se encuentra en la zona urbana del Municipio de Ituango (Antioquia) y que fue solicitada por algunos habitantes de la población con el argumento de que su permanencia ponía en peligro a la comunidad ante posibles ataques de grupos armados ilegales. La Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, negó la protección de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente que argumentaban algunas personas eran vulnerados por la existencia de la Brigada frente a una sede del Sena y en medio de varias viviendas. En la decisión, la Sala señaló que los ciudadanos tienen el deber de soportar, como carga social, la ubicación de un puesto de control de la fuerza pública en su vecindario, como apoyo a la autoridad. Por tal razón, el solo hecho de la instalación de una base militar en una determinada población no puede suponer por sí misma una amenaza o vulneración al derecho colectivo a la seguridad pública. Por su parte, el Ejército argumentó que “de nada serviría que la Fuerza Pública se estableciera en lugares apartados de las zonas donde hay problemas reales y delicados de orden público, pues de requerirse la presencia de la autoridad tardaría en llegar al sitio donde se necesite”. Con respecto al traslado de las sedes de las dependencias de la Fuerza Pública, el Alto Tribunal recordó que dicha determinación está condicionada a que exista una amenaza grave e inminente para la vida e integridad de la población y a que se demuestre que hay una situación de debilidad que les impida a los pobladores cumplir con sus deberes constitucionales de apoyo a la autoridad. Aunque la Sala reitera que se puede usar la Acción Popular en estos casos, la sola incertidumbre o el temor al que están sometidos los habitantes de la población por un posible ataque terrorista no es suficiente para que se ordene el traslado de una estación de policía, sino que se debe acreditar que existe una amenaza grave e inminente a las personas que viven cerca de la estación. ver
    2015-04-16 CONDENAN A MUNICIPIOS DE FUNZA Y MOSQUERA El Consejo de Estado condenó a los municipios de Mosquera y Funza (Cundinamarca), a pagar más de 200 millones de pesos a dos familias que debieron demoler sus viviendas debido a que se permitió el relleno de un humedal, lo que ocasionó inundaciones que causaron daños irreparables a sus inmuebles. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de De la Hoz, explicó que en la Ley 99 de 1993 se consagran como funciones de los municipios controlar y vigilar el medio ambiente y los recursos naturales, y proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, deben velar porque los particulares cumplan con sus deberes en materia ambiental. Así mismo, la Sala recordó que las Corporaciones Autónomas Regionales deben garantizar que los trabajos adelantados en zonas especiales de protección ambiental cumplan con los requisitos contenidos en las normas ambientales, para evitar consecuencias negativas en el entorno a causa de labores como el relleno de predios. En el caso concreto, el Alto Tribunal señaló que el Municipio de Mosquera no colaboró armónicamente con la autoridad ambiental y omitió el cumplimiento de las funciones que como ente territorial le correspondía en la vigilancia de los trabajos que un particular estaba haciendo para elevar el nivel del predio de su propiedad. En el caso del Municipio de Funza, este fue notificado de la generación del daño causado a los demandantes por su vecino y esta entidad territorial no dispuso de los medios necesarios para la recuperación de la zona ni contribuyó con los estudios y actividades para evitar la inundación y las consecuencias ambientales ocasionadas. Aunque se argumentó que el terreno en el que los actores edificaron sus viviendas eran terrenos cercanos a la altura de inundación del río Bogotá, lo cierto es que no fueron anegados por este río, sino todo lo contrario, pues quedó demostrado que la misma se produjo por los rellenos de predios vecinos y por la falta de control y vigilancia de los entes territoriales y de la CAR sobre esa actividad, la cual ocasionó el taponamiento de los canales que servían de drenaje. Así, se desvirtuó la supuesta responsabilidad de los propietarios de las viviendas afectadas por haber construido a nivel de inundación. ver
    2015-04-15 CONSEJO DE ESTADO HACE LLAMADO AL MINISTERIO DE SALUD El Consejo de Estado le hizo un llamado al Ministerio de Salud para que se presente al Congreso de la República un proyecto de ley que establezca un sistema que permita asumir los costos de los riesgos que conlleva la atención hospitalaria, cuando los pacientes adquieren infecciones bacterianas al interior de clínicas u hospitales. El pronunciamiento fue hecho por la Sección Tercera al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual condenó al Hospital Militar Central de Bogotá por los daños ocasionados a un hombre que perdió su ojo izquierdo, después de contraer una bacteria durante una intervención quirúrgica en marzo de 2001. La sentencia, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señala que debe estudiarse la posibilidad de crear un fondo especial o seguro contra esta clase de riesgos para que el Estado pueda reparar a las víctimas cuando se demuestre que la infección fue adquirida por el paciente dentro de la institución hospitalaria y que se trata de una bacteria resistente al tratamiento médico. “No resulta constitucionalmente aceptable absolver a la administración, en razón de que carece de medidas legislativas y de una organización administrativa y presupuestal dirigidas a corregir inconsistencias en la distribución de los gastos asociados a la reparación del daño. Por ello, si el actual diseño del sistema de salud no cuenta con mecanismos que eviten la concentración desproporcionada de la carga indemnizatoria en establecimientos directamente intervinientes en el tratamiento del paciente afectado con una infección nosocomial, esta circunstancia ha de asumirse como una disfuncionalidad interna del sistema de salud, cuya solución no puede afectar el derecho del usuario del servicio”, indica la sentencia. Según el fallo, la disfuncionalidad en la organización del sistema de salud que impide una distribución adecuada del riesgo que conlleva la atención hospitalaria y que, de ninguna manera debe ser asumido por la víctima, alerta sobre la necesidad de crear un marco legal que permita una forma más racional de asumir la carga indemnizatoria por parte del Estado. La decisión explica que no se puede eximir de responsabilidad a una institución hospitalaria cuando se alega vulnerabilidad del paciente para contraer cualquier tipo de bacteria, debido a su estado de salud, puesto que es obligación de las clínicas y hospitales extremar las medidas de prevención para evitar la adquisición de infecciones de carácter nosocomial (intrahospitalarias). Finalmente, en la sentencia también se hace un llamado a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que, haciendo uso de su facultad de presentar iniciativas legislativas, acompañe el proyecto del Ministerio de Salud. ver
    2015-04-13 RESPUESTA A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO SOBRE PETICIONES DE REPARACIÓN El Consejo de Estado aclaró que las peticiones de la población víctima del conflicto armado para obtener indemnizaciones por reparación administrativa deben ser resueltas en un término de 60 días, aunque no exista norma que así lo establezca. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, tuteló el derecho a una respuesta efectiva a una víctima de desplazamiento, inscrito en el registro único de población desplazada desde el año 2010. El Alto Tribunal le ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que resuelva, en un término de 60 días, dicha petición. Aunque no existe norma que establezca el término para atender esos requerimientos, la Sala recordó que es necesario que el juez de tutela analice las circunstancias de cada caso particular para determinar si se presenta o no vulneración del derecho de petición. “En garantía del derecho de petición y de la protección especial que requieren las víctimas de la violencia, el hecho de que no exista un término claramente aplicable a las peticiones de reparación administrativa como las presentadas por los demandantes, no puede convertirse en un impedimento para la resolución de fondo de la controversia planteada, y por consiguiente para la garantía de sus derechos fundamentales”, señala la providencia. La Sala explicó que el término de 60 días previsto en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011, para resolver las solicitudes de inclusión en el Registro Único de Víctimas, también es aplicable a la resolución de peticiones de reparación administrativa, sobre todo frente aquellas que fueron presentadas durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008. ver
    2015-04-13 COMUNICADO PRESIDENCIA CONSEJO DE ESTADO El Presidente del Consejo de Estado, Doctor Luis Rafael Vergara Quintero, se permite aclarar a la opinión pública las informaciones de prensa que dan cuenta de un supuesto rechazo a la posibilidad de que la Corte Constitucional reforme su reglamento interno para apartar de su cargo al Presidente de esa Corporación, Doctor Jorge Pretelt Chaljub, tal y como lo han informado algunos medios de comunicación. En primer lugar, el Consejo de Estado respeta la autonomía de las otras Altas Cortes y no interviene en las decisiones que se adopten o puedan adoptar al interior de cada Corporación. Por lo tanto, no se puede referir a informaciones divulgadas por los medios de comunicación y mucho menos descalificar acciones que no han ocurrido. En segundo lugar, cuando algunos periodistas entrevistan al Presidente del Consejo de Estado, durante un evento en la Universidad del Rosario, sus afirmaciones sobre el Doctor Jorge Pretelt Chaljub, se refieren a que, como cualquier ciudadano, debe tener las mismas garantías a un debido proceso y a una defensa justa. Así que, se falta a la verdad cuando se descontextualizan sus palabras para decir que se estaba refiriendo a las informaciones de prensa que dan cuenta sobre una supuesta propuesta para reformar el reglamento interno de la Corte Constitucional. Bogotá, 13 de abril de 2015 LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO Presidente ver
    2015-04-08 COTIZACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A PENSIÓN El Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad de la norma que establece la obligación de los trabajadores independientes de efectuar sus cotizaciones a pensión y salud. Sin embargo, la Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, explicó que dicha obligación debe respetar lo señalado por la Administración y la Corte Constitucional, en el sentido que los trabajadores independientes que no puedan cotizar para pensión debido a sus ingresos pueden mantener su vinculación al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud o pueden afiliarse al Régimen Subsidiado con la opción de cotizar al Sistema General de Pensiones. La otra opción que tienen quienes no cuentan con los ingresos suficientes para cotizar a pensión es acceder al Sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que es un mecanismo que permite ahorrar de manera individual y voluntaria, con el fin de asegurar una protección para la vejez de la población más vulnerable. El Alto Tribunal señaló que no se podía declarar la nulidad de la expresión “y pensión” contenida en el artículo 1º de la Resolución 0634 de 2006, que señala: “Si el tipo de cotizante es independiente, está obligado a aportar a salud y pensión”, pues se respaldaría que no es obligatorio para todos los trabajadores independientes su afiliación al Sistema de Pensiones, “lo cual iría contra la Constitución y la Ley, y por lo mismo contra todos los principios que gobiernan la Seguridad Social en Colombia”. Para la Sala, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes se debería adecuar para que el trabajador independiente pueda hacer solamente los pagos que tanto la Ley como la Jurisprudencia exigen. La decisión reiteró que los trabajadores independientes que “se encuentran en el Régimen Contributivo de Salud y tienen capacidad de pago, están obligados a hacerlo de acuerdo con sus ingresos, y es por ello que el Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, conocido como PILA, adoptado por la Resolución parcialmente acusada, es una herramienta que permite verificar la veracidad y consistencia de los datos que informa el cotizante”. ver
    2015-03-27 ECOPETROL PUEDE SER SUJETO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO El Consejo de Estado determinó que las empresas que administran oleoductos, como Ecopetrol, pueden ser sujetas del impuesto de alumbrado público que establezcan los municipios en los cuales reciban el servicio habitual u ocasionalmente. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, negó la nulidad de un Acuerdo expedido por el municipio de Zona Bananera, que fijó como sujetos del impuesto de alumbrado público a las empresas oficiales, privadas o mixtas que tengan cualquier tipo de infraestructura en la jurisdicción del Municipio. El fallo explicó que además del Congreso, los concejos municipales también pueden fijar los elementos del impuesto territorial cuando la ley que autorizó crear el tributo no fijó alguno de los elementos, o lo hizo de manera parcial. En su defensa, Ecopetrol había señalado que el Acuerdo que fijó el impuesto era violatorio de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, teniendo en cuenta que el único vínculo que tiene Ecopetrol con el Municipio de Zona Bananera es el paso de una tubería en su jurisdicción, en su mayor parte bajo tierra, lo que no lo hace usuario potencial del servicio de alumbrado público, pues la empresa no tiene residencia en ese municipio. Sin embargo, la Sala aclaró que aunque el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna, la colectividad tiene el deber de contribuir a su financiación para garantizar su sostenibilidad y expansión. Por tanto, el solo hecho de ser usuario potencial, receptor de este servicio, convierte a la empresa en sujeto del impuesto. ver
    2015-03-26 LLAMADO PARA QUE SE CONTROLE PROCESO DE CHATARRIZACIÓN El Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Puertos y Transporte, según corresponda, deberán ejercer control de las gestiones tendientes a depurar la información a nivel nacional sobre los registros de vehículos automotores de carga con obligación de cumplir con el proceso de chatarrización para modernizar el parque automotor de este tipo de vehículos. Así lo ratificó el Consejo de Estado al confirmar una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedió una acción popular a unos particulares que denunciaron un supuesto detrimento patrimonial a las arcas oficiales por procedimientos ilegales como la chatarrización ficticia de vehículos o la expedición de certificados falsos, encontrándose que un mismo vehículo aparecía varias veces chatarrizado. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, revisó el fallo de segunda instancia y encontró evidencia de acciones encaminadas a evadir el cumplimiento de las políticas de modernización del parque automotor de carga del país. “…[Estas acciones ilegales] tendrán implicaciones no solo en el medio ambiente, sino también en la seguridad y salubridad pública razones para encontrar demostrado la amenaza a los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y la seguridad y salubridad públicas”, señala el fallo. La Sala recuerda la obligación que tienen los servidores públicos y los particulares que administran recursos del Estado o los que cumplen funciones públicas, de ejercer la actividad administrativa conforme al ordenamiento jurídico, motivados solo por razones del servicio, la protección de los usuarios y la defensa de los intereses estatales. “La moralidad administrativa propende por el actuar ético del Estado y sus funcionarios durante el ejercicio de las actividades a él encomendadas, las cuales deben ser adelantadas conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico con miras a satisfacer el interés general”, indica la sentencia ver
    2015-03-25 ORGANISMOS DE SALUD DEBEN RESPETAR CREENCIAS SOCIALES El Consejo de Estado condenó al Instituto de los Seguros Sociales “ISS” en liquidación, por las lesiones personales, de carácter psicofísico, que se le causaron a una joven paciente de 28 años en el municipio de Bello, cuando sufrió lesiones durante la práctica de una citología rutinaria. La paciente y sus progenitores demandaron al ISS por la pérdida de la virginidad que sufrió la joven paciente, quien una vez finalizado el examen acudió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, toda vez que presentó serias complicaciones y dolor permanente. La Sección Tercera, con ponencia de la Magistrada Olga Mélida Valle de De la Hoz, señaló que los jueces no pueden invadir la órbita subjetiva e individual de las mujeres para reprochar sus creencias y valores en torno a su sexualidad, y demostró que el daño sufrido por la joven, representado en una ansiedad fóbica, produjo una serie de perjuicios morales y a la salud que tienen que ser indemnizados a la paciente y sus familiares. En el caso concreto, la Sala hizo una serie de consideraciones sobre la responsabilidad del Estado por la práctica de exámenes de laboratorio, así como un estudio profundo sobre la noción psicológica de virginidad y las consecuencias que puede acarrear para la mujer la mala práctica de exámenes de laboratorio. El ISS, en su defensa, señaló que al asociarse la virginidad con el himen de la mujer se le discrimina y se le pone en una situación desigual respecto del género masculino, por lo cual se debe desligar los ámbitos fisiológico y psicológico en relación con el inicio o el despertar sexual de la persona, pues no se puede hablar de un daño. Por su parte, la Sección Tercera concluyó que si bien ha existido un trocamiento en los conceptos de virginidad y de integridad del himen, lo cierto es que la paciente sí sufrió una lesión a su integridad psicofísica, al grado tal que padeció una ansiedad fóbica que produjo introversión y depresión en la víctima directa, razón por la que se le reconoció una indemnización a título de perjuicios morales y por concepto de daño a la salud, pues aunque la paciente no perdió su virginidad con la práctica de la citología ella así lo creyó, lo que le produjo un cuadro psicológico que se encuentra demostrado en el proceso. “No es posible descalificar el daño irrogado a la víctima, toda vez que, lejos de tratarse de una lesión bagatelar o irrisoria, la mujer dentro de la órbita de su libertad sexual y reproductiva tiene el derecho a que se le respeten sus creencias religiosas o sociales, relacionadas con su sexualidad y, por lo tanto, es imprescindible que los jueces garanticen la protección de la mujer en ese sentido”. ver
    2015-03-19 COLEGIOS DEBEN RESPONDER POR SEGURIDAD DE SUS ALUMNOS El Consejo de Estado condenó al Municipio de Sonsón (Antioquia) a pagar más de 200 millones de pesos por la muerte de un joven que se ahogó en aguas del río Sonsón en octubre de 1996, cuando regresaba a su casa después de prestar el servicio social de Vigía de la Salud como requisito para obtener el grado de bachiller. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de De la Hoz, explicó que el servicio obligatorio estudiantil, por ser un componente integral del currículo y del proyecto educativo, constituye una actividad académica extracurricular que se encuentra dentro de los deberes de vigilancia de las instituciones educativas públicas, establecidas en el artículo 2347 del Código Civil. Según la Sala, la institución educativa, mediante la instructora del programa Vigías de la Salud, debía indicar la ruta de regreso de los estudiantes, teniendo en cuenta que el recorrido inicial fue acompañado por algunos profesores. “En lo concerniente al deber de cuidado que pesa sobre las instituciones que prestan el servicio público de educación, vale decir que este imperativo obedece a razones de tipo subordinario y de garantía, en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere, automáticamente, y por vía Constitucional y Legal, la obligación de velar por quienes acuden a ese proceso, teniendo en cuenta que, por regla general, se trata de menores de edad inmersos en la búsqueda del conocimiento, los que por esa sola razón ameritan un grado especial de protección”, señala la sentencia. El fallo señala que ese deber de vigilancia se extiende incluso a actividades académicas que tengan lugar por fuera del establecimiento educativo, como el servicio social educativo obligatorio, pues es un requisito para optar al título de bachiller, tal como lo define la Ley 115 de 1993. La sentencia del Consejo de Estado revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que consideró que no existía responsabilidad debido a que el joven tomó una ruta de regreso diferente y optó por el río, por lo que consideró que “la víctima desbordó la órbita del colegio y la supervisión directa del cuerpo docente de la institución”. Tal argumento fue rebatido por considerar además que la subordinación que existe entre alumnos y docentes genera una posición de garante, por tanto, el prestador del servicio está obligado a asumir el rol de garante de los derechos de quienes están bajo su custodia y cuidado ver
    2015-03-18 CONCESIONES MINERAS ESTÁN PROHIBIDAS EN LOS PÁRAMOS Desde la expedición de la Ley 1382 del 2010, quedó prohibido otorgar títulos mineros o celebrar contratos de concesión minera en los páramos. Así lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al responder una consulta elevada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En su concepto, la Sala enfatizó que quienes, antes de la Ley 1382 del 2010 no obtuvieron licencias ambientales para realizar trabajos de explotación minera en los páramos, no podrán conseguirla, porque la autoridad ambiental debe aplicar la nueva legislación que establece dicha prohibición. Así mismo, cuando terminen los contratos de concesión minera, las autoridades competentes deberán efectuar el acompañamiento necesario para que se asegure la restauración y reparación de cualquier daño ambiental causado a los ecosistemas de páramo. Si los contratos celebrados antes de la Ley 1382 del 2010 ponen en riesgo los ecosistemas de páramo, no podrán seguir ejecutándose y deberá darse prevalencia al interés general de protección del medio ambiente sobre los intereses particulares del concesionario minero. Estos casos deben ser analizados para determinar si son necesarios los acuerdos de compensación económica, para evitar reclamaciones judiciales. La providencia explicó que los Ministerios de Ambiente, Agricultura y Minas están obligados a iniciar programas de sustitución y capacitación ambiental o de reconversión para las actividades agropecuarias que se desarrollaban en los páramos, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450 del 2011. Sin embargo, si alguna de dichas labores pone en riesgo el ecosistema, el Estado podrá expropiar el predio para buscar la restauración y conservación ambiental. “Por ello se ha indicado que un objetivo central de las normas ambientales es subordinar el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente44. De este modo, frente a una eventual oposición entre el derecho a un medio ambiente sano y la garantía constitucional de situaciones particulares y concretas, la "primacía del medio ambiente parece difícilmente controvertible", por las razones de interés general que justifican su protección”, señala el concepto. ver
    2015-03-17 C E MANTIENE MEDIDAS CAUTELARES AL ALCALDE DE BOGOTÁ El Consejo de Estado negó el recurso de súplica interpuesto por la Procuraduría General de la Nación que pretendía revocar las medidas cautelares otorgadas al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego. A juicio de la Sala Plena, se deben reiterar los argumentos expuestos en la providencia que decretó las medidas cautelares, teniendo en cuenta que no está claramente demostrado que la falta disciplinaria atribuida al señor Petro Urrego sea imputable a título de dolo, pues se recuerda que este debe ser plenamente probado y se requiere comprobar la motivación de la conducta. Así mismo, se reiteró el carácter provisional de las medidas cautelares al inicio de un proceso, por lo que será en el fallo mismo en el que se analizará a profundidad los argumentos expuestos por las partes. La Sección Segunda de la Corporación continuará el estudio de la demanda interpuesta por Petro Urrego, la cual pretende dejar sin efectos el fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos.
    2015-03-13 MUNICIPIO DE CALI SE SALVA DE PAGAR 4 MIL MILLONES DE PESOS El Municipio de Cali se salvó de pagar 4 mil millones de pesos de indemnización a los dueños de dos lotes ubicados en el sector de Alto Meléndez, en la capital del Valle, por la invasión ilegal de los mismos, en mayo de 2001. Los demandantes alegaban que la invasión de numerosas familias, que se instalaron en sus predios y crearon una urbanización ilegal, les causaron enormes perjuicios, sin que las autoridades municipales tomaran las medidas necesarias para impedirlo. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, negó las pretensiones por caducidad, puesto que se excedió el tiempo de dos años que da la ley para interponer la demanda una vez se causa el daño. “Las pruebas indican que los predios de propiedad de los actores fueron ocupados definitivamente a partir del 23 de mayo de 2001 por los invasores y, por consiguiente, es claro que en ese momento se consolidó el daño que aquéllos dijeron haber sufrido, de suerte que la demanda debió instaurarse, a más tardar, el 24 de mayo de 2003; sin embargo, ésta fue presentada el 6 de febrero de 2004, esto es, por fuera del término de ley”, indica el fallo. La Sala también aclara que no se puede decir que, aunque los predios continuaban invadidos al momento de instaurar la demanda, no se puede argumentar que la acción no estaba caducada. “El hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no impide que el término de caducidad comience a operar, de lo contrario, esto es, en los casos en que el daño sea permanente, la acción no caducaría jamás”, puntualiza la sentencia. ver
    2015-03-12 CONDENAN AL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA POR ABUSO DE MENOR EN COLEGIO El Consejo de Estado condenó al Municipio de Floridablanca (Santander) a pagar más de 650 millones de pesos por los daños ocasionados a una menor de 7 años de edad en las instalaciones de un Colegio Oficial donde fue víctima de abuso por parte de dos de sus compañeros, en el año 1998. La Sección Tercera declaró la responsabilidad de la Administración Municipal por considerar que se vulneró un bien convencional y constitucional como lo es la protección del interés superior del niño, cuya seguridad debe ser garantizada en los establecimientos encargados de su cuidado. Dentro de las órdenes impartidas, el Municipio deberá elaborar un diagnóstico psicológico de la víctima, ahora mayor de edad, para determinar si perviven secuelas psíquicas que sean consecuencia del trauma sufrido cuando tenía 7 años de edad y, si es necesario, suministrar el tratamiento psicológico para superar tales secuelas. La Sala demostró que la menor fue lesionada mientras se encontraba en el Colegio, y esto significa que la vigilancia de la que disponía esta institución educativa no tuvo la eficacia suficiente para garantizar la seguridad de la menor. Por lo que el comportamiento de las directivas del colegio infringió normas convencionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. “Los establecimientos educativos deben tener las normas de seguridad necesarias para impedir que la integridad corporal y psíquica de los niños sea vulnerada. Y es evidente que en el caso sub judice dichas normas de seguridad no fueron implementadas o resultaron ineficaces; toda vez que una menor impúber, fue agredida en sus genitales, mientras estaba en el Colegio público al que concurría cotidianamente”, señala la Sentencia. El Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander por estimar que se valoraron indebidamente las pruebas, pues en estos casos, aunque no exista una prueba directa de cómo ocurrieron los hechos, no se pueden desconocer las reglas de la experiencia según las cuales cuando se dan este tipo de agresiones quienes las acometen obran encubiertos y al escondido de otras personas que los puedan delatar. ver
    2015-03-11 DECLARACIÓN PÚBLICA La Sala Plena del Consejo de Estado, reunida en sesión extraordinaria los días 9 y 10 de marzo de 2015 en la ciudad de Paipa (Boyacá), teniendo en cuenta: PRIMERO: Que graves acontecimientos y distintas causas vienen afectando la credibilidad y transparencia de la Administración de Justicia en general y de las altas cortes en particular. SEGUNDO: Que la opinión pública tiene derecho a recibir información veraz e imparcial, con ocasión de los sucesos que comprometen la dignidad y el decoro de la Rama Judicial –en especial de las altas cortes-. TERCERO: Que, de otra parte, el contenido de algunos aspectos del proyecto de reforma constitucional denominado de “Equilibrio de Poderes”, que en breve iniciará su segunda vuelta en el Congreso de la República, puede amenazar la independencia y autonomía de la Rama Judicial, Hace el siguiente pronunciamiento: 1. Deplora el grave episodio que afecta actualmente a la justicia, hechos que indignan a la sociedad y desmoralizan a miles de jueces y empleados probos y diligentes, que diariamente ejercen sus funciones con decoro. 2. Solicita a los órganos competentes adelantar con prioridad y urgencia las investigaciones para esclarecer y, de ser el caso, sancionar con todo rigor a los responsables. 3. Informa a la opinión pública que, luego de un examen de la reforma constitucional –llamada de “equilibrio de poderes”- en los términos aprobados en la primera legislatura, ha decidido participar en la segunda vuelta, con sentido crítico pero constructivo, siempre en defensa de los principios de autonomía, transparencia e independencia judicial. 4. Convoca, al efecto, a un evento académico de carácter nacional, cuya fecha se anunciará próximamente, para analizar públicamente los aspectos de la reforma relacionados con la Rama Judicial, en especial, sobre el gobierno y administración de la rama, su presupuesto, sus funciones electorales y el control y sanción de sus miembros. Igualmente, avanzará en un ejercicio de rendición de cuentas en la Rama Judicial, en el marco del proyecto que se denominará Justicia y Transparencia. 5. Resalta que la institucionalidad reclama el mayor cuidado en el tratamiento del tema de la justicia, habida cuenta de lo que esta representa para la democracia, la sociedad y el Estado, y no puede verse deteriorada por hechos particulares, por graves que estos resulten. ver
    2015-03-09 REVOCAN AUTO QUE SOLICITABA DIRIMIR CONFLICTO DE COMPETENCIAS Por considerar que el Consejo de Ancianos, Jueces Supremos Indígenas de la Etnia Puinave y Curripacos no acreditan su carácter de autoridades indígenas, la Sala de Súplica de la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el auto mediante el cual se había trabado un conflicto positivo de competencias frente a la demanda de nulidad contra la elección como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía del señor Edgar Alexander Cipriano Moreno. Señalan los Consejeros que dado que se trata de un proceso de nulidad electoral y no se juzga al Representante a la Cámara en su condición de Cacique Indígena, ni desde el punto de vista civil ni desde el penal, y se controvierte únicamente la legalidad del acto, admitir la solicitud de competencia, podría afectar el debido proceso. Si bien el resto de los integrantes de la Sección Quinta coinciden en las consideraciones de la Consejera Ponente sobre la competencia incontrovertible del Consejo de Estado en el presente caso, señalan que la solicitud de competencia presentada por un tercero facultado por un Cacique, Curaca y Juez Indígena del Pueblo Puinave del “Resguardo El Paujil” y un Curaca, Cacique Integrante del Consejo Indígena “Resguardo El Paujil”, carece de legitimación para intervenir en el proceso al no tener la condición de parte ni el reconocimiento como coadyuvantes en el proceso de nulidad que se adelanta. En consecuencia se deberá continuar con el trámite procesal. ver
    2015-03-06 DECLARAN NULIDAD DE AUTO EN CASO DE CURULES AFRODESCENDIENTES La Sala de Súplica de la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró de oficio, la nulidad del auto emitido en el proceso contra la elección de los Representantes a la Cámara por las comunidades Afrodescendientes, que permitió la posesión del señor Moisés Orozco Vicuña y de la señora María del Socorro Bustamante Ibarra. Pese a haberse radicado un recurso de súplica contra el mencionado auto, la Sección Quinta consideró que la decisión adoptada afectó el debido proceso y el principio de legalidad, por lo que declaró de oficio su nulidad, relevándose de estudiar la súplica presentada. Tras el análisis hecho, los Consejeros de Estado encontraron varios aspectos en los que discrepan de la decisión de la ponente como en el hecho de que, en un ‘auto de impulso procesal’, se hayan incluido decisiones como agregar a los propios otros procesos que avanzan en la sección, obviar el requisito de notificación a las partes intervinientes para que ejercieran los recursos a que habría lugar y el que, mediante meras apreciaciones sobre la vigencia de las medidas provisionales de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se avalara la posesión de los Representantes a la Cámara. Por lo tanto, la Sala al decidir la nulidad del auto, ordenó comunicar la decisión a la Cámara de Representantes para lo de su competencia y devolvió al Despacho de la Magistrada Ponente los procesos para que se pronuncie sobre la procedencia de la acumulación, de aquellos que avanzan en varios despachos. Finalmente se insistió en que, como había sido decidido previamente de manera unánime por la Sección Quinta, los procesos contra la elección del señor Moisés Orozco Vicuña como Representante a la Cámara por la circunscripción especial de comunidades Afrodescendientes, se tramiten de manera independiente a aquellos que cursan contra la elección de la señora María del Socorro Bustamante Ibarra, por la misma circunscripción. ver
    2015-03-06 FUERZA PÚBLICA DEBE PROTEGER DERECHOS DE LAS MUJERES El Consejo de Estado le hizo un llamado de atención al Ministerio de Defensa Nacional para que adopte las medidas necesarias que permitan evitar cualquier tipo de violencia contra las mujeres por parte de la fuerza pública. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Ejército a pagar una indemnización a una joven que fue víctima de abuso sexual por parte de dos miembros de esa institución. Los hechos ocurrieron en septiembre de 1999, cuando la joven, que se encontraba con dos compañeros en la plazoleta “Lanceros” del municipio de Tame (Arauca), fue abordada por dos hombres que la obligaron a subir a la moto en la que se movilizaban. Posteriormente la llevaron a un lugar solitario, donde fue violentada sexualmente. Los agresores, que en un principio de identificaron como miembros de la guerrilla, resultaron ser dos suboficiales en servicio activo del Ejército que esa noche habían ingerido licor y conducían un vehículo destinado a la estación de policía municipal. Por estos hechos, un juez de Saravena (Arauca) los condenó a pagar 15 y 12 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento. La familia de la víctima demandó al Estado, pero el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones en primera instancia. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, señaló que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas de los actos criminales que puedan cometer sus propios agentes u otros individuos, más aún cuando se trata de prevenir y proteger a la mujer de cualquier forma de violencia o discriminación en su contra. “Aunque la violencia sexual ejercida por algunos miembros de la Fuerza Pública debe interpretarse como un fenómeno atribuible a agentes individualmente considerados y no como una práctica general de la institución, es innegable que los altos índices de participación de miembros de esa institución en tales hechos evidencian una situación que, cuando menos, debía alentar a la entidad a adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar su ocurrencia”, indica la sentencia. La Sala señala que la agresión a esta mujer hace parte de un contexto general de violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado interno, pues para la época de los hechos, la violencia sexual en medio de la guerra era un fenómeno extendido y sistemático, en el cual participaban, aunque en menor escala, miembros de la Fuerza Pública. “El crimen cometido tenía un propósito múltiple: no solo pretendía la satisfacción de la lascivia de los agresores, sino que, además buscaba el desprestigio del enemigo, mediante la imputación falsa de una conducta criminal específica para lograr sobre él una ventaja militar. Este tipo de acciones son típicas de la guerra y, en la medida en que implican la utilización de la población civil para fines estrictamente relacionados con el conflicto, comprometen la responsabilidad del Estado”, explica la sentencia. El fallo también hace un llamado a la Policía y a la Fiscalía General para que eviten que sus funcionarios incurran en conductas discriminatorias o en prejuicios de género al adelantar investigaciones y, especialmente, al interrogar a víctimas y testigos en casos de violencia contra la mujer. El Ministerio de Defensa tendrá que pagar más de 483 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima y a su familia, y además, tendrá tres meses para diseñar e implementar un programa de capacitación de los miembros del Ejército Nacional que cumplen funciones en el departamento de Arauca, orientado a la amplia difusión y socialización de los derechos de la mujer. Esta sentencia fue nominada a los premios “Género y Justicia al Descubierto” de la Organización Internacional Women´s Link Worldwide, los cuales buscan resaltar las decisiones de los Altos Tribunales en el mundo que han ayudado a la equidad de género. ver
    2015-03-05 ADMITEN DEMANDA DE NULIDAD DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE SANTOS La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de nulidad electoral contra la elección de los señores Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras como Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente, para el período constitucional 2014-2018 al tiempo que negó la suspensión provisional de los demandados. El demandante fundamentó sus peticiones en el hecho de que la declaratoria de elección no habría atendido normas constitucionales y del código electoral sobre mayorías, y señala que “se desconocieron la validez jurídica y constitucional que tienen todos los votos depositados por los electores, los votos depositados por cada candidato, los votos depositados, válidos, en blanco, los votos depositados nulos y los votos depositados en tarjetas no marcadas. Es decir, se desconocieron los principios fundamentales constitucionales de la participación democrática, del pluralismo democrático, de la soberanía del pueblo, y del derecho fundamental constitucional de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y el derecho fundamental constitucional de elegir, que tienen los electores”. La Sala de la Sección Quinta al admitir la acción de nulidad, advirtió que “en esta etapa del trámite cuando el proceso apenas comienza, no surge que la elección demandada adolezca del vicio que se le endilga” y que, dado que la controversia gira alrededor de las expresiones “el mayor número de votos” y “la mayoría de los sufragios”, se hace necesario “profundizar en aspectos de mayor complejidad que son propios de la sentencia”. ver
    2015-03-03 SUBSIDIO FAMILIAR DEBE INCLUIRSE EN PENSIÓN DE SOLDADOS PROFESIONALES El Consejo de Estado tuteló el derecho fundamental al mínimo vital y a la igualdad de un soldado profesional a quien no se le incluyó dentro de su liquidación de la asignación de retiro lo pagado por concepto de subsidio familiar. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, inaplicó, por inconstitucional, el aparte del Decreto 4433 de 2004 (art. 16), según el cual se excluye como partida computable en la liquidación de la asignación de retiro de los Soldados Profesionales el subsidio familiar. A juicio del Alto Tribunal, no existe justificación para tener un trato desigual entre soldados profesionales y oficiales y suboficiales, a quienes sí se les incluye dicho rubro en su liquidación de la asignación de retiro. “Si se tiene en cuenta que la finalidad del plurimencionado subsidio es la de ayudar al trabajador al sostenimiento de las personas que se encuentran a su cargo en consideración a sus ingresos, resulta desproporcionado y en consecuencia, inconstitucional, que se haya previsto dicha partida para los Oficiales y Suboficiales que se encuentran un rango salarial más alto que los Soldados Profesionales”, señaló la sentencia. La Sala explicó que es inaceptable que el Decreto 4433 de 2004 haya previsto el subsidio familiar como partida computable para los miembros de las Fuerza Pública que tienen una “mejor categoría – los Oficiales y Suboficiales – dejando por fuera a los que devengan un salario inferior y en consecuencia, a quienes más lo necesitan”, que son los Soldados Profesionales. Esta ha sido también la posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien ha ordenado que se inaplique, por inconstitucional, dicha discriminación entre los miembros de la Fuerza Pública. ver
    2015-03-03 LUIS RAFAEL VERGARA, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al magistrado de la Sección Segunda Luis Rafael Vergara Quintero como nuevo Presidente de la Corporación para el año 2015. El Doctor Vergara es abogado de la Universidad Externado de Colombia y Especialista en Derecho Administrativo, con 29 años de experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado como Secretario Privado del Ministro de Agricultura, Jefe de División, Secretario General y Director Regional del extinto Inderena, Abogado Asesor y Jefe de Departamento de la Empresa de Energía de Bogotá. Desde 1989 ha estado vinculado a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como Magistrado de Carrera de los Tribunales Administrativos de Sucre y de Cundinamarca (Sala Laboral); catedrático de Derecho Procesal Administrativo, Función Pública, Laboral Administrativo y Práctica Forense Administrativa en diferentes Universidades del país, entre ellas la Universidad Libre, Santo Tomás y Cecar de Sucre. El nuevo Presidente del Consejo de Estado obtuvo 23 votos de los 21 que se requerían para ser elegido en el cargo.
    2015-03-02 RECOGERÁN TESTIMONIOS DE SENADORES SERPA Y GALÁN La Sección Quinta del Consejo de Estado citó a diligencia de testimonios a los senadores Juan Manuel Galán y Horacio Serpa Uribe dentro del proceso de Nulidad Electoral Acumulado No. 2014-00041 y otros contra el Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico Mauricio Gómez Amín. El demandado pretende, con esta prueba, desvirtuar acusaciones según las cuales habría incurrido en doble militancia por supuestamente haber recibido durante la campaña política, apoyos de candidatos al Senado y de personas de partidos distintos al partido al cual pertenece, el Liberal Colombiano. Asegura el Representante Mauricio Gómez, que los Senadores Serpa y Galán visitaron los días 1 de marzo y 5 marzo de 2014 respectivamente la ciudad de Barranquilla para apoyar públicamente su candidatura a la Cámara Baja, con lo que estaría probada su fidelidad al partido Liberal Colombiano. Los testimonios los recogerá la Consejera Ponente Lucy Jeannette Bermúdez en Audiencia Pública que se realizará el próximo 18 de marzo a partir de las 2:30 PM.
    2015-02-27 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NO PUEDEN AFECTAR MÍNIMO VITAL La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de una persona que tras incapacidades que sumaron 180 días y pasar su caso a cargo del Fondo de Pensiones y Cesantías, le fue suspendido el pago argumentando trámites administrativos. Se trata del señor Jhonatan Steve Sotelo, quien se empleó en una planta de cerámicas donde recibía el salario mínimo, trabajó dos meses y sufrió un accidente laboral que afectó su columna y le generó incapacidades que ya superan los 180 días. Tras llegar al límite de sus obligaciones, en junio pasado la EPS dio traslado al Fondo de Pensiones y Cesantías Coomeva para que asumiera su competencia; así, el tutelante obtuvo el reconocimiento de la prestación económica por invalidez, pero su fondo de pensiones decidió esperar a terminar los trámites con la Aseguradora para iniciar el pago que le obliga la ley, poniendo en riesgo el mínimo vital del señor Sotelo y de su familia Al proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la salud y la seguridad social, la Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió tajantemente que “las vicisitudes administrativas” que deba afrontar el fondo de pensiones no pueden ser trasladadas a sus afiliados, máxime en este caso en que los dineros reclamados son la única fuente de ingreso de la que se dispone para proveerse el sustento. ver
    2015-02-25 USO DE LA FUERZA LETAL POR PARTE DE LA POLICÍA El Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de una persona que se movilizaba en un carro con dos acompañantes, luego que uniformados hicieran, de manera irresponsable, disparos indiscriminados, con sus armas de largo alcance, en un retén en jurisdicción del municipio de Donmatías (Antioquia), en el año 2000. Los policías señalaron que su conducta obedeció al ejercicio de la legítima defensa, toda vez que, estando en un operativo por el asalto a un bus de servicio público intermunicipal, los ocupantes del vehículo habían disparado primero. Sin embargo, luego se demostró que los asaltantes se movilizaban en un vehículo diferente al interceptado por la Policía. Por lo tanto, la entidad demandada deberá pagar más de 420 millones de pesos como indemnización de perjuicios. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, señaló que en el presente caso, la Policía incurrió en un uso excesivo y desbordado de la fuerza letal, pues aunque el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y, por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad solo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. El fallo destacó que las operaciones que no tienen como propósito atacar un objetivo militar definido y autorizado están sujetas al marco jurídico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DD.HH), en el que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso, a diferencia de las operaciones que tienen como propósito un objetivo militar y están inmersas en actos de guerra, las cuales se sujetan a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que autoriza hacer uso de la fuerza letal como primer recurso, por razones de ventaja militar y factor sorpresa, bajo el cumplimiento de las condiciones que impone este derecho especial: respeto absoluto al principio de proporcionalidad, distinción, necesidad y humanidad. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado el uso letal de la fuerza en operaciones militares como último recurso en contextos de alta inestabilidad del orden público, bajo tres grandes limitantes: excepcionalidad, proporcionalidad y racionalidad, circunstancias que no se ajustaban al presente caso. “Si bien el procedimiento de policía se desarrolló en cumplimiento de un deber legal, el uso de la fuerza letal no fue una reacción de legítima defensa, en consecuencia, es posible afirmar que se usó de manera arbitraria y desproporcionada la fuerza letal, sin que obre otro medio conducente de prueba en el plenario que permita erigir una hipótesis diferente”, señala la decisión. ver
    2015-02-25 ARCHIVAN DEMANDA CONTRA ELECCIÓN DE SENADORES La Sección Quinta del Consejo de Estado, decidió dar por terminado el proceso de nulidad electoral que interpuso el excongresista Jorge Eduardo Géchem Turbay, contra la elección de Senadores de la República para el período 2014-2018. De acuerdo con la decisión de la Alta Corporación, Géchem Turbay no cumplió de manera oportuna con el trámite establecido por la ley, que lo obligaba a publicar, a través de un aviso, las notificaciones sobre la admisión de la demanda en contra de los senadores y demostrar que la publicación se efectuó en el término legal, allegando al expediente constancia de que lo hizo. “El demandante Jorge Eduardo Géchem Turbay tenía la carga de cumplir lo dispuesto en el literal g) del numeral 1º del artículo 277 del CPACA, que establece: Si el demandante no acredita las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las notificaciones por aviso previstas en los literales anteriores, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente”, precisó el auto. En consecuencia, el Consejo de Estado en su Sección Quinta decidió archivar el proceso por abandono del mismo por parte del demandante. ver
    2015-02-24 DECLARAN NULIDAD DE SANCIÓN DE LA PROCURADURÍA El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al Exsubsecretario Técnico de Tránsito y Transporte de Bogotá, Heriberto Triana Alvis, por supuestamente haber incumplido sus obligaciones para evitar el accidente que le costó la vida a 21 niños del colegio Agustiniano Norte y a otros dos adultos, el 28 de abril de 2004, en la Avenida Suba de Bogotá. El funcionario fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos al encontrar el Ministerio Público que había incumplido su obligación de diseñar las estrategias de contingencia para enfrentar la afectación del tránsito vehicular en el sector de la Avenida Suba, donde se realizaban en ese momento, las obras de la Troncal II de Transmilenio. La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, estudió el caso y encontró que el accidente de la recicladora de asfalto, que cayó sobre el bus escolar, ocurrió por la infracción de las normas de tránsito del operario que la conducía, pues este tipo de maquinaria debía ser transportada en cama baja, además de otras causas como la impericia del conductor y el mal estado de la máquina. “El señor Heriberto Triana Alvis no infringió las funciones asignadas a su cargo, y por ende, no incurrió en una conducta susceptible de ser sancionada disciplinariamente, por tal razón, habrán de ser anulados los actos administrativos enjuiciados”, indica la sentencia. El Exsubsecretario Técnico de Tránsito y Transporte de Bogotá tendrá que ser indemnizado con más de 600 millones de pesos por los daños y perjuicios que se le ocasionaron. ver
    2015-02-24 FUERO DE MATERNIDAD GENERA OBLIGACIONES PARA EL EMPLEADOR Así lo advirtió la Sección Quinta del Consejo de Estado al proteger los derechos fundamentales al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada y seguridad social de una empleada temporal que terminó su contrato sin saber que tenía cinco semanas de gestación. Se trataba de un “contrato de obra” que contempla la desvinculación al cesar la labor, como efectivamente sucedió; la Sala consideró que si bien la desvinculación se produjo por haber terminado la labor para la que fue contratada y no por su estado de gravidez, procede el amparo en cuanto al pago de la licencia de maternidad por parte de la empresa de empleo temporal a la que pertenecía y no por el sistema de seguridad social, pues el avance de su gestación, en principio, le impediría gozar económicamente de dicha licencia por no haber cotizado previamente. De otra parte la Sala aplicando la jurisprudencia, negó sus pretensiones de reintegro y el pago de indemnizaciones pues su retiro de la empresa no se produjo por un acto irregular de la empresa sino por terminación de la labor contratada. ver
    2015-02-23 EPS DEBERÁ RESPONDER ANTE FISCALÍA Y SUPERSALUD La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales de una madre cabeza de familia, con dos hijos menores, trabajadora independiente diagnosticada con cáncer gástrico, a quien la EPS Salud Total S.A. se niega a pagar las incapacidades generadas, por no haber pagado una multa por desatender una cita odontológica y en alguna oportunidad pagar extemporáneamente sus aportes de salud, pese a existir una medida provisional de amparo. El Representante Legal de la EPS Salud Total S.A. no atendió la medida provisional adoptada por el Consejo de Estado al admitir la tutela, que le ordenó pagar las incapacidades para garantizar el mínimo vital de la paciente y de sus hijos, por lo que la Sección Quinta del Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que lo investigue por posible “fraude a resolución judicial” por desconocer y omitir el cumplimiento de una orden judicial, así como a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante las investigaciones a que hubiere lugar por posible negligencia. La negativa de la entidad prestadora de servicios de salud a atender la orden emitida por la corporación, puso en riesgo los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la vida digna, al negarle el pago de las incapacidades desde septiembre de 2014, pues le impidió satisfacer las necesidades básicas de sus dos hijos menores, pero sí recibió los dineros correspondientes a las cotizaciones mes a mes, incluyendo la sanción por mora que canceló la paciente. Finalmente advierte la Sección, que según la normativa vigente la EPS estaba en la obligación no solo de reconocer y pagar oportunamente las cinco incapacidades generadas, sino además de eximirla de los copagos y prestarle un tratamiento integral por la enfermedad catastrófica que padece, y así lo ordenó al resolver la tutela. ver
    2015-02-23 CONFIRMAN SANCIÓN A EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES El Consejo de Estado confirmó la sanción que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso a una reconocida empresa de telecomunicaciones por facturar a sus usuarios, en varias regiones del país, el cobro del cargo fijo por periodos que van desde uno, tres, seis, ocho y doce meses, sin que estos contaran con la disponibilidad del servicio. La empresa demandó la sanción impuesta por la Superintendencia al considerar que nunca buscó su beneficio con el cobro de cargos cuando el servicio estaba suspendido, sino que, por el contrario, su conducta fue la de efectuar ajustes en beneficio de los usuarios. Además, consideró la multa desproporcionada. La Sección Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, confirmó la decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al señalar que la entidad demandada sí justificó la naturaleza de la sanción impuesta, al explicar que la conducta investigada constituyó una falta grave que daba lugar a una multa. “Esa calificación en efecto es pertinente en criterio de la Sala, pues resulta de la mayor gravedad que una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios no garantice una prestación continua, ininterrumpida y eficiente del servicio y además de ello cobre a sus usuarios cargos por servicios no prestados”, indica la sentencia. La Sala aseguró que es obligación del Estado evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional, correspondiéndole a la ley delimitar el alcance de dicha libertad económica cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. “En la facturación se debe tener en cuenta que en el precio que se cobre al suscriptor o usuario el elemento principal es el consumo o el valor de los bienes o servicios efectivamente recibidos. Esta estipulación no se cumplió rigurosamente por la parte actora, pues cobró un cargo fijo sin prestar efectivamente a sus usuarios el servicio de telefonía, conducta ésta que de acuerdo con el régimen jurídico es constitutiva de abuso de la posición de dominio”, puntualizó el fallo. ver
    2015-02-20 SAN ANDRÉS DEBERÁ ABRIR LICITACIÓN La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que para que el Departamento de San Andrés Providencia y Santa Catalina pueda hacer aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos del relleno sanitario es necesario realizar un proceso licitatorio que permita escoger la entidad que lo hará. Según el Alto Tribunal, la Ordenanza de la Asamblea Departamental autorizaba al Gobernador entregar los terrenos del relleno sanitario Magic Garden, con el objeto de que el operador los usara para prestar el servicio de disposición final de residuos sólidos y se encargara de la operación del relleno sanitario por un término de 20 años. Sin embargo, la autorización no incluía actividades complementarias del servicio público de aseo, como la generación de energía con dichos residuos. Así mismo, el contrato suscrito con el concesionario Sopesa S.A. ESP para la prestación exclusiva del servicio de energía eléctrica no incluía la posibilidad de que esta entidad efectuara el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos para la generación de energía. Tal disposición se hizo en adiciones del contrato, que no respetaron los requisitos establecidos de contratación estatal, por tanto, no son vinculantes. La Sala explicó que aunque existe un contrato de concesión para entregar tal contrato a Sopesa S.A., este no obliga al Departamento, pues los documentos que comprenden las manifestaciones de las partes para el aprovechamiento de residuos sólidos “no configuran un contrato estatal, pues omitieron los requisitos o formalidades que las leyes exigen para su existencia, como es la celebración de un contrato escrito en el que conste el objeto y la contraprestación y la realización de un proceso de licitación pública por parte de la entidad territorial para que la empresa de servicios públicos asuma la prestación correspondiente”. Por tanto, la Sala concluye que es necesario adelantar un proceso licitatorio para adjudicar dicho contrato. ver
    2015-02-19 TÉRMINO DE CADUCIDAD EN DEMANDAS DE REPARACIÓN El Consejo de Estado ordenó admitir y tramitar una demanda de reparación directa que interpuso la familia de dos jóvenes, que presuntamente habían sido víctimas de los denominados “falsos positivos” en julio del 2007 en la ciudad de Armenia, cuando fueron presentados como muertos en combate en La Celia, Risaralda. Inicialmente, el Tribunal Administrativo de Risaralda rechazó la demanda por considerar que se trataba de un caso de desaparición forzada y que había operado la caducidad de la acción, es decir, que ya no se podía tramitar debido a que se sobrepasó el término de dos años que fija la ley para interponer la demanda. Tal decisión fue confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, revocó la decisión inicial y, al resolver una acción de tutela contra dicha providencia, ordenó al Tribunal admitir y tramitar la demanda, por considerar que a la luz de las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos (DD.HH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, podían, según las circunstancias, equivaler a “el genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Por tal razón, dicha conducta se podría catalogar como una infracción al DIH y no se le aplican las mismas condiciones para determinar la caducidad. Adicionalmente, y según el Convenio de Ginebra, ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades, pues por ese hecho adquieren el estatus de personas protegidas. Por tanto, ajustándolo a la Ley Penal Colombiana (art. 133 del Código Penal), en este caso no se trata de una desaparición forzada, sino de un homicidio en persona protegida. La Sala señala que no desconoce la finalidad e importancia de la figura de la caducidad de la acción de reparación, que resulta adecuada para dotar de seguridad jurídica. Sin embargo, no puede aplicarse en este caso bajo el mismo rasero al de otras conductas, pues por la connotación de los hechos analizados, debe haber un tratamiento diferente, con el fin de lograr la garantía de los derechos de las víctimas. Por tanto, la sentencia explica que el momento para empezar a contar el término de caducidad de la acción no se hace con la muerte de la “persona que se dice “fue dado de baja en combate”, sino con la decisión de la jurisdicción, en este caso, la penal, en la que se señale que el sujeto era una persona protegida y, por ende, que el Estado descoció su carácter de garante de aquella, al involucrarlo en las hostilidades”. “En otros términos, la caducidad, en estos casos, en concepto de la Sala, solo se puede contar a partir de la ejecutoria de la sentencia penal. En consecuencia, este no es un presupuesto que se pueda analizar al momento de la admisión del medio de control, cuando aquella no exista, pues la presunción de la que venimos hablando solo podría desvirtuarse en el transcurso del proceso administrativo, si no hay fallo penal, y, por tanto, únicamente al momento de dictarse el respectivo fallo será posible establecer la realidad de los hechos frente a los cuales se demanda la responsabilidad del Estado”, afirma el fallo. ver
    2015-02-18 JUDICATURA TENDRÁ QUE DIRIMIR CONFLICTO DE COMPETENCIAS Un conflicto de competencias entre la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Jurisdicción Nacional Indígena quedó planteado, a propósito de la demanda de nulidad electoral que conoce la Sección Quinta del Consejo de Estado contra la elección como Representante a la Cámara por el Departamento de Guainía del señor Edgar Alexander Cipriano Moreno. El Consejo de Indígenas de la Comunidad del Resguardo Puinave y Piapoco, reclamó la competencia al considerar que el hoy Congresista “contaba con el aval previo de los Consejeros Mayores” para los actos de la campaña y que “debió cumplir y acatar este mandato impartido”; que adicionalmente los votos que lo eligieron fueron “netamente de los indígenas” y que por tanto tienen la facultad legal para asumir el proceso de nulidad de elección del actual representante ante la Cámara baja. El Consejo de Estado en su Sección Quinta, señaló enfáticamente que “La jurisdicción natural y legalmente establecida para conocer y enjuiciar los actos administrativos que declaran una elección o nombramiento es la jurisdicción de lo contencioso administrativa y concretamente, en el caso que nos ocupa, será el Consejo de Estado el encargado de resolver el litigio”. La providencia hace especial énfasis, en que aún en el evento de que el hoy Representante a la Cámara cuya elección esta demandada, hubiese sido elegido en la circunscripción indígena, el cargo que ocupa no obedece a una organización propia y exclusiva de los grupos indígenas, sino que se trata del órgano legislativo creado por el constituyente para la representación política de los colombianos. La colisión de competencias se traba con ocasión del proceso de nulidad electoral que actualmente adelanta la Sección Quinta del Consejo de Estado en contra del Representante a la Cámara por el Departamento del Guainía, Edgar Alexander Cipriano Moreno, por presunto constreñimiento a los electores, en las elecciones del 9 de marzo de 2014. La Sección Quinta dio traslado a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, corporación que tiene la competencia para dirimir el conflicto de jurisdicción planteado ver
    2015-02-17 VOTO EN BLANCO REGULADO POR NORMAS DE CAMPAÑAS ELECTORALES El Consejo de Estado respaldó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir campañas a favor del voto en blanco durante las elecciones atípicas para gobernador del Huila en el año 2013. La Sección Quinta, con ponencia de la doctora Susana Buitrago Valencia, explicó que la Constitución Política, en su artículo 265, le otorgó al CNE funciones de policía administrativa, entre ellas la regulación del voto en blanco. Por tanto, la prohibición de adelantar campañas de voto en blanco era legal. Según el demandante, el CNE se valió de sus facultades de vigilancia y control y pretendió favorecer la militancia en las organizaciones políticas y exceder sus facultades, porque dichas atribuciones puede ejercerlas frente a las organizaciones políticas, pero no sobre los ciudadanos que deciden divulgar propaganda a favor del voto en blanco. La Sala reiteró que la libertad de expresión y de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político son derechos fundamentales, que permiten expresar ideas en torno a la política y a los candidatos que se postulen a los cargos y corporaciones públicas de elección popular y que se puede, válidamente, manifestar la preferencia por la opción del voto en blanco como señal de protesta o inconformismo con los candidatos inscritos. Sin embargo, la Ley 1475 del 2011 (art. 28) consagra que la promoción del voto en blanco solamente puede llevarse a cabo por los partidos y movimientos políticos y los comités independientes, es decir, por las organizaciones políticas, quienes para ello deben cumplir algunas exigencias, entre otras, inscribirse ante la autoridad electoral competente para formalizarlo. Por tanto, dicha propuesta también está sujeta a las normas que rigen las campañas electorales. “La posibilidad de que las campañas electorales dedicadas a promover esa opción política se adelante por personas naturales, al margen de las citadas organizaciones políticas y sin formalizar la inscripción ante la autoridad electoral competente para ello podría conllevar a desconocer el principio de transparencia en la medida que el CNE no podría cumplir sobre ellas sus funciones de inspección, vigilancia y control”, señala la sentencia. Además, la financiación de las campañas electorales debe correr por cuenta del Estado, al menos parcialmente. Es decir, que de permitirse, los promotores del voto en blanco no tendrían derecho a reposición de votos, o, en un momento dado no se podría establecer quiénes y con qué dineros se están auspiciando esas campañas. ver
    2015-02-17 CONDENAN A LA ARMADA NACIONAL POR OCUPACIÓN DE PREDIO La Armada Nacional tendrá que indemnizar a los dueños de una empresa, por la ocupación temporal de una parte del inmueble rural denominado “Tokio”, ubicado en el corregimiento de El Queremal, en jurisdicción del municipio de Dagua (Valle del Cauca). Según el proceso, en 1973 el padre de los propietarios del inmueble enajenó a Telecom una hectárea del predio, en la que fueron instaladas torres de comunicaciones, las cuales eran vigiladas por tropas de la Infantería de Marina. Con el paso del tiempo, la Armada Nacional incrementó el personal apostado en ese lugar, al punto que empezó a invadir paulatinamente el predio y construyó garitas, helipuertos y restringió el acceso al lugar de los propietarios de la finca y de sus trabajadores. Desde 1997 los dueños del predio solicitaron la devolución del terreno y en varias ocasiones la Armada respondió que se adelantaban los trámites correspondientes para la compra del mismo, situación que nunca se dio. En el 2001, se produjo una incursión guerrillera en el predio que dejó varios uniformados y algunos guerrilleros muertos, así como cuantiosos daños materiales, lo cual ocasionó, según los demandantes, la depreciación del valor del inmueble, pues éste fue destruido. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda al considerar que los dueños del inmueble no demostraron los perjuicios que supuestamente se les había ocasionado. Sin embargo, la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, revocó dicho fallo y encontró responsable al Ministerio de Defensa –Armada Nacional por la ocupación de una franja de terreno del predio “Tokio” y la destrucción sufrida con ocasión de dicha ocupación y del ataque guerrillero. “En asuntos como éste, en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquier otra causa, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada temporal o permanentemente por la Administración o por particulares que actuaron autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tienen porqué asumir los afectados”, indica la sentencia. El Ministerio de Defensa tendrá que indemnizar a los dueños del predio con cerca de 200 millones de pesos por los perjuicios ocasionados. ver
    2015-02-13 EPS OBLIGADAS A CUBRIR EXCEDENTES DE SERVICIOS DE SALUD EN ACCIDENTES El Consejo de Estado señaló que cuando la recuperación de una persona que sufrió un accidente de tránsito exceda los montos autorizados por el SOAT, la entidad médica EPS o prepagada a la que se encuentre afiliada debe continuar prestando el servicio integral de salud. La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, explicó que el seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito (SOAT) cubre hasta 800 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) al momento del accidente y el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) - Subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito, ECAT, cubre 300 salarios mínimos diarios legales vigentes, para un cubrimiento total de 1.100. Así las cosas, cuando la recuperación definitiva del paciente exceda de esos 1.100 salarios mínimos diarios, será la Empresa Promotora de Salud, la prepagada o el régimen subsidiado, según sea el caso, quien se hará cargo del pago de los servicios que hagan falta. Según el numeral 1º del artículo 2º del Decreto 3990 del 2007, “las cuentas de atención de los servicios médico quirúrgicos en el caso de los accidentes de tránsito, que excedan el tope adicional serán asumidos por la Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo o del régimen subsidiado en los términos de su respectivo plan de beneficios a la cual está afiliada la persona”. En el presente caso, la Sección amparó el derecho a la salud de una persona que requiere de dos procedimientos específicos para superar las lesiones causadas en un accidente de tránsito ocurrido en octubre del 2014. Se aclaró que la EPS solo está obligada a autorizar los servicios médicos, en lo que exceda los 1.100 smdlv. Finalmente, la Sala recordó que aunque todas las personas tienen libertad para escoger su EPS, “los usuarios deben acogerse a la IPS a la que son remitidos por sus respectivas EPS, aunque sus preferencias se inclinen por otras instituciones”. ver
    2015-02-12 DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD El Consejo de Estado advirtió que un medicamento sin registro del INVIMA puede ser suministrado a un paciente que lo requiera, siempre que haya sido ordenado por el médico. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al conceder una tutela a una señora de la tercera de edad que padece un cáncer de estómago y a quien su EPS le había negado el medicamento por no contar con el respectivo registro del INVIMA. La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, explicó que el derecho a la salud de una persona implica que se le garantice el acceso al medicamento que requiere, así no cuente con registro del INVIMA, si fue ordenado por su médico tratante. El Alto Tribunal señala que solo si se demuestra que existe otra alternativa médica o que la medicina prescrita por el médico tratante no ofrece seguridad ni es eficiente para tratar la enfermedad del paciente, se podría negar el suministro. “Es procedente el suministro de medicamentos no registrados en el INVIMA a menos que se demuestre que… (i) el medicamento puede ser sustituido por otro con el mismo principio activo, sin que se vea afectada la salud, la integridad o la vida, y (ii) los otros medicamentos con registro sanitario vigente, cuyo principio activo es el mismo, se encuentran efectivamente disponibles en el mercado colombiano”, indica la sentencia. Sin embargo, la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha señalado que un juez no puede ordenar una medicina que se encuentre en etapa experimental, puesto que se debe evitar poner en riesgo la vida del paciente. Por tanto, es necesario evaluar la prescripción del médico tratante con base en estudios científicos. La sentencia le ordena a la EPS el suministro del medicamento que la señora necesita, además de la prestación de un tratamiento integral que incluya todos los procedimientos, medicinas, exámenes de apoyo diagnóstico y de seguimiento, y todos los servicios que su enfermedad demande. ver
    2015-02-12 DERECHO A LA SALUD DE LA TERCERA EDAD El Consejo de Estado advirtió que un medicamento sin registro del INVIMA puede ser suministrado a un paciente que lo requiera, siempre que haya sido ordenado por el médico. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al conceder una tutela a una señora de la tercera de edad que padece un cáncer de estómago y a quien su EPS le había negado el medicamento por no contar con el respectivo registro del INVIMA. La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, explicó que el derecho a la salud de una persona implica que se le garantice el acceso al medicamento que requiere, así no cuente con registro del INVIMA, si fue ordenado por su médico tratante. El Alto Tribunal señala que solo si se demuestra que existe otra alternativa médica o que la medicina prescrita por el médico tratante no ofrece seguridad ni es eficiente para tratar la enfermedad del paciente, se podría negar el suministro. “Es procedente el suministro de medicamentos no registrados en el INVIMA a menos que se demuestre que… (i) el medicamento puede ser sustituido por otro con el mismo principio activo, sin que se vea afectada la salud, la integridad o la vida, y (ii) los otros medicamentos con registro sanitario vigente, cuyo principio activo es el mismo, se encuentran efectivamente disponibles en el mercado colombiano”, indica la sentencia. Sin embargo, la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional ha señalado que un juez no puede ordenar una medicina que se encuentre en etapa experimental, puesto que se debe evitar poner en riesgo la vida del paciente. Por tanto, es necesario evaluar la prescripción del médico tratante con base en estudios científicos. La sentencia le ordena a la EPS el suministro del medicamento que la señora necesita, además de la prestación de un tratamiento integral que incluya todos los procedimientos, medicinas, exámenes de apoyo diagnóstico y de seguimiento, y todos los servicios que su enfermedad demande. ver
    2015-02-11 ORDENAN TRAMITAR ACCIÓN POPULAR DE ISLEÑOS POR FALLO DE LA HAYA El Consejo de Estado ordenó tramitar una acción popular que fue interpuesta por algunos residentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que alegan vulneración de sus derechos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, del 19 de noviembre del 2012. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de San Andrés rechazó la acción argumentando que no cumplió los requisitos exigidos para tramitarla. Sin embargo, la Sección Primera, con ponencia de la doctora María Claudia Rojas Lasso explicó que aunque la demanda presentaba una deficiencia en el cumplimiento de las cargas procesales y probatorias para que proceda su admisión, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que se puede obviar ese requisito cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos. Por su parte, los isleños afirman que se han afectado sus derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la defensa del patrimonio público y la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas. Dentro de sus argumentos, los residentes de la isla afirmaron que los pescadores de la isla quedaron afectados por la repentina pérdida de mar, pues la población raizal se vio expuesta a la pérdida del mayor “banco de pesca”, por lo cual se ha quedado sin alternativas de trabajo. Además, recordaron que en el año 2000, la Unesco declaró el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva Mundial de la Biósfera Seaflower, en tanto es la reserva marina más grande del mundo y debe ser preservada. La Sala señaló que “el daño contingente al que hizo alusión el actor se refirió básicamente a exponer que el mismo ya se causó con el desempleo de los “aborígenes”; la baja economía del turismo; la indefensión de zonas ecológicas a un probable sometimiento de explotación y extracción de crudo en alta mar; el uso del “mar perdido” para el tránsito interoceánico de países asiáticos y la vulnerabilidad de las fuerzas militares para proteger la zona, cargo que también es comprensible en virtud del derecho sustancial como principio fundamental de la función jurisdiccional. Por tal razón y teniendo en cuenta la importancia del tema, se ordenó la admisión de la demanda, independientemente de si prospera o no. ver
    2015-02-10 LLAMADO DE ATENCIÓN A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO NINGUNA CONDICIÓN PUEDE OBSTACULIZAR EL INMEDIATO TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD CATASTRÓFICA Bogotá, febrero 10 de 2015.- Un llamado de atención a la Secretaría Distrital de Salud realizó la Sección Quinta del Consejo de Estado al amparar los derechos a la salud, a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana de un ciudadano que tras cinco años de haberse clasificado en el Nivel 2 del Sisbén, no fue afiliado al régimen subsidiado de salud. Se trata del señor Manuel Eduardo Celeita, diagnosticado con un tumor maligno del cerebro a quien, por la omisión de la entidad territorial de salud, le exigen pagar hasta el 10% del costo del tratamiento que requiere, lo que significa que solamente para tomar cada día las medicinas que le fueron prescritas para un procedimiento que le fue ordenado por su médico tratante, él debería contar con más de dos millones de pesos, sin tener en cuenta los montos que le correspondería asumir por los tratamientos adicionales que requiere. La Sala Quinta del Consejo de Estado evidenció en su providencia que, “la Secretaría Distrital de Salud no demostró que hubiese emprendido las medidas necesarias para garantizarle la afiliación al régimen subsidiado, de manera que es posible concluir que no se siguió el proceso de los 8 días previsto en la ley.” Con ponencia de la Doctora Lucy Jeannette Bermúdez, se ordenó a la Secretaría de Salud del Distrito realizar antes de 48 horas los trámites necesarios para afiliar al señor Celeita a una EPSS, garantizar el suministro de los medicamentos que requiera de manera oportuna y exonerarlo de los pagos de cuotas de recuperación que le son exigidas por cuanto la que padece está clasificada como “enfermedad catastrófica o de alto costo”. Insistió la Sala en que “así como ocurre con los pagos moderadores, las cuotas de recuperación en ningún caso pueden convertirse en barreras de acceso a los servicios de salud, de manera que si por su cobro se afectan derechos como el mínimo vital, la vida digna o la salud, entonces deberán inaplicarse las normas que las dispongan.” ver
    2015-02-06 VISITA FISCALES DE LA CPI AL CONSEJO DE ESTADO Los fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), Freizer Guariglia, Xavier Aguirre Aranburu, Eugenia Valenzuela, Auro Frazer y Franco Mantillana, visitaron el Consejo de Estado y se reunieron con la Presidenta y Vicepresidenta de la Corporación, doctoras María Claudia Rojas Lasso y Martha Teresa Briceño de Valencia, y con los integrantes de la Sección Tercera de la Corporación. El propósito de la visita protocolaria fue conocer la jurisprudencia de la Sección Tercera que se ha producido en favor de la protección de los Derechos Humanos (DD.HH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el marco del conflicto armado interno. Los fiscales de la CPI aclararon que en ningún caso su visita tenía como propósito obtener información sobre los diálogos de paz que actualmente se desarrollan en La Habana (Cuba), sino que estaban interesados en conocer el papel que juega la Jurisdicción Contencioso Administrativa y su colaboración armónica con la Fiscalía General de la Nación, para determinar la responsabilidad del Estado en algunos hechos que han constituido violaciones de los DD.HH y DIH. Por tal razón, la Sección Tercera preparó un documento que recoge los casos más emblemáticos en materia de DD.HH y DIH, en el cual se reseña el trabajo jurisprudencial que ha permitido determinar la responsabilidad del Estado y de los miembros de grupos armados ilegales en conductas que atentan contra tales derechos. La Sección Tercera estuvo representada por su vicepresidente, doctor Ramiro Pazos Guerrero. Asistieron además los magistrados Olga Mélida Valle de De la Hoz, Stella Conto Díaz del Castillo, Hernán Andrade Rincón, Jaime Orlando Santofimio Gamboa y Danilo Rojas Betancourth, quienes presentaron casos fallados en sus diferentes subsecciones y que han trazado la jurisprudencia de la Sala.
    2015-02-05 CONDENAN AL EJÉRCITO POR ABANDONAR ARTEFACTO EXPLOSIVO El Consejo de Estado condenó al Ejército Nacional a pagar más de 420 millones de pesos por la muerte de un menor de edad y las heridas producidas a otro niño, luego de que manipularan una granada que encontraron en jurisdicción del municipio de Santuario (Antioquia) en el año 2000, donde se produjo un enfrentamiento con la guerrilla. La Sección Tercera encontró que la no remoción de una granada que quedó en el lugar del enfrentamiento entre el Ejército y el grupo armado ilegal Farc, sin importar a quién le pertenecía, vulneró los convenios internacionales, especialmente el de Ginebra, suscrito por Colombia, y el cual obliga a la remoción de artefactos explosivos de los lugares donde se desarrollen operativos y de zonas sobre las cuales la Fuerza Pública tenga el control. La Sala explicó que era obligación de las tropas del Ejército limpiar la zona donde se desarrolló el enfrentamiento porque logró el control del lugar. Sin embargo, como no se hizo así y el artefacto abandonado lesionó a los menores, el daño sufrido por los menores es atribuible al Ejército. En su defensa, la entidad demandada señaló que no era responsable por cuanto la granada fue abandonada por el grupo armado ilegal y quienes la hicieron explotar fueron los menores. Sin embargo, la decisión señala que aunque se pudo probar que la guerrilla portaba granadas, no se acreditó que la que explotó y ocasionó las lesiones a los menores hubiese sido abandonada por dicho grupo. Añade la sentencia que la culpa no puede atribuirse al menor que encontró el arma, pues la manipulación de la granada no fue la causa exclusiva de las lesiones sufridas por el menor, sino que también fue el abandono del artefacto explosivo después del operativo militar. ver
    2015-02-03 ORDENAN A LA POLICÍA RECONOCER SUSTITUCIÓN PENSIONAL A SEÑORA El Consejo de Estado le ordenó a la Dirección de la Policía Nacional que realice los trámites necesarios para otorgarle la sustitución pensional a una señora de 75 años en situación de discapacidad. La señora se vio obligada a interponer una acción de tutela en contra de esa institución, puesto que, a pesar que desde enero de 2014 tenía un fallo de un Juez de Neiva que le ordenaba el reconocimiento de la sustitución pensional, la Policía le informó que el trámite sería demorado porque apenas estaban solucionando las peticiones del año anterior. La tutelante señaló que se encuentra en delicado estado de salud, debido a la amputación de una de sus piernas, y que no cuenta con otros recursos para poder subsistir. Sin embargo, a pesar de su situación, en primera instancia la tutela le fue negada. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, explicó que es difícil comprender cómo el Estado, a través de sus representantes, en este caso la Policía Nacional, contempla requisitos que desconocen el respeto por la dignidad de quienes deben ser tratados de manera preferencial. “Si bien la Policía Nacional estableció un sistema de turnos para hacer efectivo el pago de las diferentes cuentas de cobro (procedimiento normal para las y los ciudadanos), no es posible que desconozca la especial situación de la señora, quien como ya se dijo, además de pertenecer a la tercera edad y ser una persona en situación de invalidez, no está en la capacidad de soportar los trámites y requerimientos impuestos por la Corporación que hoy se demanda”, indica el fallo. La Sala le dio un plazo de 48 horas a la Dirección de la Policía Nacional para que cumpla la sentencia del Juez de Neiva y le otorgue la sustitución pensional a la señora. ver
    2015-01-30 ESTADO SE SALVA DE PAGAR 30 MIL MILLONES DE PESOS El Consejo de Estado negó una tutela presentada por un extranjero con la que pretendía el reconocimiento de 30 mil millones de pesos por el embargo de un buque, de bandera hondureña, en el puerto de Buenaventura. La embarcación arribó al país el 30 de diciembre de 1991 con carga de harina de pescado y debía zarpar con destino a Balboa, en Panamá. El 11 de mayo de 1992 un juez de Buenaventura (Valle del Cauca) ordenó el secuestro de la embarcación dentro de un proceso adelantado en contra del representante legal del barco y de la sociedad extranjera propietaria del mismo, por el no pago de acreencias laborales a la tripulación que había sido contratada en el país. El extranjero alegaba que el juez actuó de manera irregular al ordenar el secuestro de un barco extranjero y que la Capitanía del Puerto de Buenaventura también se había extralimitado en sus funciones al prohibir que la embarcación zarpara. En enero de 1997, el extranjero interpuso una demanda por los daños que le ocasionó el secuestro del buque, pero tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el 2000 como el Consejo de Estado en el 2012, negaron las pretensiones al concluir que el demandante suministró de manera extemporánea unos documentos con los que pretendía demostrar su titularidad sobre la motonave. El demandante interpuso una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado alegando violación al debido proceso y al derecho de defensa, acción que fue negada en primera y segunda instancia por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, al considerar que las pruebas sí habían sido valoradas debidamente. La tutela llegó en revisión a la Corte Constitucional y le dio la razón al demandante, por lo que ordenó la práctica de nuevas pruebas para proferir otro fallo. La Sección Tercera del Consejo de Estado analizó el caso y decidió confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle al encontrar que los jueces actuaron conforme a las leyes colombianas y a los tratados internacionales. “Queda claro que los inconvenientes laborales presentados entre la sociedad propietaria del Buque y los miembros de la tripulación, obedeció únicamente al incumplimiento por parte del dueño de sus obligaciones laborales, tales como el pago de los salarios, el pago de las vacaciones, así como, a la negativa de atender las solicitudes por ellos presentadas y llegar a un acuerdo”, indica la sentencia. La Sala tampoco encontró ninguna actuación irregular por parte de la Capitanía de Puerto, como autoridad pública encargada de preservar el orden y hacer cumplir las leyes y disposiciones relacionadas con las actividades marítimas y portuarias. “Fue diligente la actuación de la Capitanía de Puerto al preocuparse por la situación de las embarcaciones extranjeras que permanecen en Buenaventura que presentan una situación anormal y que se ven incursas en las sanciones legalmente establecidas”, puntualizó el fallo. ver
    2015-01-30 CONCEPTO SOBRE REGULACIÓN DERECHO DE PETICIÓN Desde el 1° de enero del 2015 y hasta que empiece a regir la nueva Ley Estatutaria sobre el derecho de petición, se reviven las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984) sobre la materia. Así lo explicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al resolver una consulta elevada por el Ministro de Justicia, quien señala que existe un posible vacío normativo en cuanto al ejercicio y trámite del derecho de petición porque entró a operar la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el capítulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 del 2011) que regulaba la materia. Además, aún no se ha sancionado la Ley Estatutaria expedida por el Congreso, que regula el tema. La Sala, con ponencia del doctor Álvaro Namén Vargas, explicó que en la tradición jurídica nacional existe la figura de la reviviscencia de las normas, que permite revivir disposiciones que fueron derogadas, siempre que se conserve el equilibrio entre justicia y seguridad jurídica. En este caso, recobran vigencia los preceptos establecidos en el Decreto 01 de 1984 sobre el derecho de petición, que fueron derogados expresamente por la Ley 1437 del 2011, para evitar la inseguridad jurídica por la inexistencia de una regulación específica. “Las normas de dicho decreto que regulaban sistemáticamente el derecho de petición no pueden considerarse derogadas a partir del 10 de enero de 2015, dado que se entienden reincorporadas al ordenamiento jurídico en virtud del fenómeno de la reviviscencia”, señala la providencia. Aunque la Ley 1437 del 2011 derogó, en su artículo 309, el Decreto 01 de 1984, al ser declaradas inexequibles las disposiciones que regulaban el derecho de petición en el CPACA, sin que exista todavía una normativa integral que las sustituya, deben resurgir los preceptos correspondientes del Decreto Ley 01 de 1984. Sin embargo, la Sala, teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional sobre el particular, aclaró que la reviviscencia de estas normas es solo parcial y transitoria, pues solo se produce con respecto al derecho de petición, y entre el 1 de enero del 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria al respecto. El concepto señaló que en ningún momento está desprotegido el ciudadano, porque el derecho de petición es fundamental y está consagrado en el artículo 23 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional. Más bien, lo que se resuelve es el trámite para atender el requerimiento, el ejercicio de este derecho y los términos a que están sujetas las peticiones de los ciudadanos. ver
    2015-01-29 DAN VÍA LIBRE A TITULACIÓN DE PREDIOS EN LA CUENCA DEL RÍO NAYA El Consejo de Estado dejó en firme las resoluciones expedidas en el 2008 por la Unidad Nacional de Tierras Rurales, mediante las cuales expropió cerca de 117 mil hectáreas a la Universidad del Cauca para titularlas a las comunidades afro que habitan en la cuenca del Río Naya. El Alto Tribunal conmina a la Procuraduría General de la Nación para que supervise el proceso de titulación colectiva de tierras promovido por las comunidades afro descendientes que pueblan la zona de la cuenca del Naya. La Universidad del Cauca afirmaba que dichas resoluciones eran ilegales debido a que el Consejo de Estado ya se había pronunciado, en 1976, sobre la ilegalidad de expropiar esos terrenos y porque la expropiación solo se puede hacer por vía judicial. Además, argumentó que el Estado no puede expropiar tierras que están bajo su dominio, teniendo en cuenta que la institución educativa es pública. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, explicó que era procedente la extinción del derecho de dominio porque la propietaria, en este caso la Universidad del Cauca, no ejercía ninguna actividad productiva en el terreno, por lo que omitió el cumplimiento del sentido social, económico y ecológico que debe tener el aprovechamiento de la tierra. Además, el procedimiento se hizo de acuerdo a la ley. Respecto a la supuesta improcedencia de realizar extinción por un medio diferente a la acción judicial, la sentencia señaló que la Constitución permite la extinción del dominio por medio de una acción administrativa, siempre y cuando las decisiones correspondientes sean revisadas en sede jurisdiccional por el Consejo de Estado, de quien depende la posibilidad de ejecutarla o no. Aunque la Universidad argumentó que no pudo explotar los terrenos debido a las condiciones de inseguridad de la región, por presencia de grupos paramilitares, se demostró que la comunidad Naya fue la más afectada y sin embargo esta población permaneció y explotó el lugar, pues dichas condiciones no fueron permanentes. Además, la institución no hizo ningún requerimiento de seguridad para ejercer su posesión. Señala la sentencia que “la Universidad del Cauca no cumplió con la carga de evidenciar la existencia de actividad alguna relacionada con el potencial agrícola o pecuario del inmueble rural y, antes bien, las pruebas recaudadas señalan que el inmueble estaba siendo artesanalmente aprovechado por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, entre ellas el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del río Naya, quien en el presente juicio actúa defendiendo la legalidad de las decisiones administrativas acusadas”. En el presente caso no existe cosa juzgada, pues los actos administrativos estudiados por el Consejo de Estado en 1976 eran diferentes a los ahora examinados, afirma la decisión. Así mismo, las normas sobre extinción de dominio de carácter agrario permiten revisar periódicamente las condiciones de explotación de los predios, revisando los tres años antes de iniciado el proceso, por lo que “jurídicamente queda excluida la posibilidad de alegar un doble juzgamiento”. Finalmente, la Sala explicó que dichos terrenos no eran de uso público, que son aquellos a los que todos los ciudadanos tienen acceso y por tanto son inembargables e imprescriptibles. Por el contrario, dichas tierras son un bien fiscal, es decir, un bien comercial, que se habían entregado a la Universidad y por tanto podían ser expropiadas si se demostraba que no cumplían la función social que tenían y eran improductivas. ver
    2015-01-26 CONDENAN A HOSPITAL PÚBLICO POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE El Consejo de Estado condenó al Hospital Pedro León Álvarez de la Mesa (Cundinamarca) a pagar más de 630 millones de pesos a una mujer que resultó contagiada del virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, como consecuencia de una transfusión sanguínea efectuada durante una intervención quirúrgica llevada a cabo en septiembre del 2001. Se demostró que tres de las cinco unidades que le fueron transfundidas no fueron objeto de análisis o estudio alguno previo a su suministro, y un día después de la transfusión los exámenes arrojaron un resultado positivo para VIH mediante las pruebas de Elisa y Westerblood. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, determinó que se presentó una falla en el servicio, por el comportamiento negligente y descuidado del hospital demandado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones respecto del análisis clínico de sangre para determinar o descartar la presencia de enfermedades transmisibles. Dicha omisión llevó finalmente a que la paciente resultara infectada con sangre contaminada con VIH. El fallo explicó que las instituciones de salud dedicadas a la extracción, procesamiento, conservación y transporte de sangre total o de sus hemoderivados tienen expresas obligaciones contempladas en el Decreto 1571 de 1993. Entre ellas, la realización de pruebas de laboratorio que establezcan su viabilidad. “No se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de vigilancia y control, sino de su grave incumplimiento por parte de la Administración Pública de tales deberes, todo lo cual produjo las nefastas consecuencias vistas en este asunto”, señala la sentencia. Como consecuencia de la contaminación por VIH de que fue víctima, la señora sufrió una grave alteración de su forma de vida, que tiene importantes implicaciones en su estado mental y espiritual. Por tal razón, se reconoció el daño a la salud y se fijó, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, el reconocimiento de los gastos en que pudo incurrir desde el momento del contagio hasta el cumplimiento de 64.2 años de edad, tiempo de vida probable según las tablas legales. Como medida de no repetición, debido a la falta de diligencia de la entidad demandada y la forma desentendida y gravemente anormal como se manejó la transfusión de sangre a la paciente, se ordenó enviar copia del fallo al Ministerio de Salud y a la Supersalud para que publiquen en sus páginas web la decisión, una divulgación pedagógica, para que una situación como la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir. ver
    2015-01-26 COMUNICADO SALA PLENA La Sala Plena del Consejo de Estado, en sesión extraordinaria llevada a cabo el día de hoy, informa a la opinión pública: 1. Que de acuerdo con lo ordenado en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, viene ejecutándose un plan de descongestión que tiene por finalidad evacuar los procesos existentes en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2. Que el pasado 31 de diciembre de 2014, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSAA14-10282, mediante el cual prorrogó parcialmente las medidas de descongestión que venían operando y suprimió, en forma inconsulta, 1830 cargos. 3. Que en consideración a la gravedad que representa para la buena marcha de la administración de justicia la supresión de múltiples cargos, esta Corporación, luego de analizar esta situación en tres (3) Salas Plenas Extraordinarias, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura revocar el Acuerdo expedido el 31 de diciembre y proceder al restablecimiento inmediato de todas las medidas de descongestión que venían operando. 4. Que hasta la fecha no se ha obtenido respuesta favorable a la anterior solicitud, lo que está ocasionando un grave traumatismo al desenvolvimiento de la actividad judicial, a cargo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en todo el país. 5. Que de no lograr el inmediato restablecimiento de las medidas de descongestión y la consecuente reincorporación de todo el personal que venía laborando en esos cargos, se producirá inevitablemente un colapso tanto en el Consejo de Estado como en todos los Tribunales y Juzgados Administrativos del país y, en consecuencia, la imposibilidad de continuar con el plan de descongestión ordenado por el nuevo código. 6. Que, pese a las medidas de emergencia que el Consejo de Estado ha adoptado con el fin de morigerar el impacto de las medidas adoptadas, la afectación en la prestación del servicio es indiscutible y tiende a agravarse. 7. Que el Gobierno Nacional, con respeto de la autonomía e independencia de la Rama Judicial, debe contribuir a la solución inmediata de esta grave situación, permitiendo a la Sala Administrativa el manejo directo y oportuno de los recursos que fueron asignados para la descongestión judicial por la Ley de Presupuesto. 8. Que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, debe realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para reestablecer prontamente las medidas de descongestión, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.
    2015-01-23 CONDENAN A LA AERONÁUTICA CIVIL POR ACCIDENTE DE AVIÓN El Consejo de Estado condenó a la Aeronáutica Civil por los daños que ocasionó el accidente de un avión que se estrelló contra una bodega, donde funcionaba un taller de mecánica automotriz, en la autopista que de Bogotá conduce a Medellín. Los hechos ocurrieron en octubre de 1995, cuando el avión HK-913P de servicio privado, que había despegado siete minutos antes del aeropuerto El Dorado de Bogotá, con cinco ocupantes, hacia el aeropuerto alterno de Guaymaral, se precipitó a tierra y colisionó contra la bodega, resultando destruido gran parte del inmueble, la mercancía almacenada y algunos vehículos que eran reparados en el lugar. La Aeronáutica se defendió argumentando que las causas del accidente son responsabilidad única y exclusivamente de la tripulación de la aeronave y del dueño de la misma por no cumplir con los requisitos exigidos para realizar un vuelo. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que, los funcionarios de la torre de control del aeropuerto El Dorado permitieron el despegue del avión sin que existiera un plan de vuelo registrado para el decolaje, lo cual impidió que se percataran de que la tripulación no estaba capacitada para su operación. “Para la Sala no son de recibo los motivos de defensa expresados por la entidad apelante, pues lo cierto es que si la entidad demandada hubiera cumplido a cabalidad con sus deberes de supervisión aeronáutica, el despegue de la aeronave jamás se hubiera autorizado, lo cual habría interrumpido la cadena causal de eventos que condujeron a las consecuencias que hoy son materia de juzgamiento”, indica la sentencia. La Sala también explicó que la falta de revisión del plan de vuelo también impidió a las autoridades enterarse de que la aeronave despegó con un exceso de peso, hecho este que quedó demostrado en el informe final del siniestro, en el que se consigna que el mismo estaba excedido en 276 libras de su peso máximo de despegue para la altura del aeropuerto El Dorado. ver
    2015-01-22 INSTAN AL GOBIERNO A BUSCAR SOLUCIONES DE VIVIENDA El Consejo de Estado instó al Ministerio de Vivienda y a las autoridades municipales de Barbosa (Santander) para que busquen soluciones que permitan satisfacer la necesidad de vivienda de la población en situación de debilidad manifiesta del Municipio, a quien se le creó la ilusión de tener su casa propia. El pronunciamiento lo hizo la Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, al confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que negó la tutela interpuesta por dos mujeres víctimas de desplazamiento que pretendían que se continuara con el plan de vivienda de interés prioritario, suspendido por recomendaciones de la Contraloría, Findeter y la Aeronáutica Civil. Dichas entidades rindieron concepto negativo debido a que el lote destinado para el plan de vivienda es propiedad de la Aeronáutica y actualmente funciona el aeropuerto de la localidad, cuyo traslado no se tuvo en cuenta, por lo que podría acarrear en un detrimento patrimonial. Además, Findeter determinó que el terreno no es apto para el desarrollo de proyectos de vivienda. En la decisión se determinó que el hecho de que las accionantes hubiesen sido censadas y se encuentren, en principio, en la población objeto de priorización, no consolida en su favor ninguna situación jurídica, derecho o expectativa que pueda ser objeto de protección por medio de tutela, pues su inclusión en el censo solo permite establecer la población potencialmente beneficiaria. La Sala señaló que “el derecho a la vivienda digna no es absoluto, pues éste tiene que cumplir con ciertos presupuestos para que sea considerado como fundamental, los cuales no se dieron en el presente caso, dado que no se demostró su efectiva transgresión, ya que hasta que no exista una convocatoria en la que resultaren seleccionadas como beneficiarias del subsidio, no puede hablarse de un derecho adquirido, pues mientras tanto solo tienen una mera expectativa”. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que no se puede desconocer el problema de falta de vivienda en el municipio, por lo que instó al Ministerio de esta especialidad, junto con las autoridades municipales y Fonvivienda, para que busquen una solución que permita satisfacer la necesidad de los pobladores. Por otra parte, en el mismo fallo la Sección Primera ordena al Tribunal Administrativo de Santander que tramite una Acción Popular para proteger el derecho a la moralidad administrativa, debido al descuido en el que se encuentra el lote de terreno donde funciona el aeropuerto, pues el Municipio no ha realizado las adecuaciones sugeridas por la Aeronáutica Civil. ver
    2015-01-21 CONDENAN AL INPEC POR MUERTE DE EXDIRECTOR DE CÁRCEL DE FLORENCIA El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por la muerte del exdirector de la cárcel de Florencia, ocurrida en 1997, debido a que conocía la situación por la que atravesaba el penal y las amenazas de que era objeto la víctima. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, explicó que el Inpec incumplió sus deberes constitucionales y legales de protección al exdirector del penal pese a que se hicieron evidentes las amenazas contra el funcionario que trató de impedir algunas irregularidades en el centro carcelario y por ello denunció a un guardián que, al parecer, participó en un robo y en la entrada y salida irregular de presos, armas y estupefacientes. La Sala señaló que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida, es decir, “de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio”. Según se demostró en el proceso, la víctima, desde su cargo como director, impuso medidas de disciplina y formuló denuncias por el caos que imperaba en el establecimiento. Él perdió la vida a los seis meses de haber llegado y emprendido una labor de corrección de irregularidades en el establecimiento. Pese a las denuncias que hizo, la investigación se inició después del homicidio del director y aún no se conoce el resultado. Señala la sentencia que “echa de menos el acompañamiento que esa labor requiere por parte de las instituciones, pues no se trata de que funcionarios valerosos pierdan la vida en cumplimiento del deber, sino que este sea un objetivo institucional, para lo cual, quienes se comprometen con la labor deben contar con la garantía de que su misión dará frutos y que no serán inmolados impunemente”. Aunque no existían pruebas directas que demostraran que la muerte del exdirector de la cárcel fue con ocasión del servicio, la Sala explicó que las circunstancias conocidas, “en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia”, llevó a la convicción de que la muerte del señor se causó por razón del cumplimiento de su deber y, por ende, del servicio. ver
    2015-01-19 CONDENAN AL EJÉRCITO POR MUERTE DE HOMBRE EN RETÉN MILITAR El Consejo de Estado recordó que la Fuerza Pública, en cumplimiento de sus funciones, solo puede hacer uso de las armas como último recurso, después de haber agotado todos los medios a su alcance para evitar violar los derechos fundamentales de las personas. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Ministerio de Defensa por la muerte de un hombre que se desplazaba en un vehículo por el cruce Nuevo Tolima, en jurisdicción de San José del Guaviare, cuando miembros del Ejército Nacional que patrullaban la zona dispararon contra el automotor, en octubre de 1996. Los uniformados le solicitaron a la víctima que detuviera el carro, pero como no obedeció la orden abrieron fuego y una de las balas le causó la muerte al hombre que conducía. En la investigación se estableció que la víctima transportaba en su vehículo 20 bultos de un producto denominado cal viva, cuyo nombre químico es óxido de calcio, el cual constituye un precursor químico cuyo tráfico está prohibido. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, estudió el caso y concluyó que, aunque está claro que la persona intentó evadir la presencia de los uniformados en un retén militar, la fuerza pública debió utilizar otros medios a su alcance para causar el menor daño posible. “Ese actuar de la víctima no constituyó la causa determinante del daño, toda vez que ante ese hecho los agentes del Estado procedieron de manera inmediata a accionar sus armas de fuego y si en realidad lo hubieren hecho solo en señal preventiva, claramente no habría resultado muerto el conductor del automotor, por la sencilla pero suficiente razón de que nadie distinto a los militares accionó un arma de fuego en el lugar de los hechos”, indica la sentencia. La Sala concluye que la fuerza pública no podía actuar de otra manera, pues lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, la Sala estima que como la actuación de la víctima contribuyó a la producción del daño por evadir el llamado de los militares, la Sala redujo en un 50 por ciento el monto de la indemnización, por lo que el Ejército deberá pagar cerca de 361 millones de pesos a la familia del hombre muerto. ver
    2015-01-16 ORDENAN INDEMNIZAR A EXGOBERNADOR DEL CASANARE El Consejo de Estado declaró responsable a la Rama Judicial por el fallo que anuló la elección de Miguel Ángel Pérez Suárez como Gobernador del Casanare para el periodo 1996-1999 debido a que dicha decisión no se ajustó a derecho. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, ordenó el pago de una indemnización de más de 300 millones de pesos por perjuicios materiales y morales causados al exfuncionario, al estimar que los jueces, por su decisión, ocasionaron un daño por error judicial. El señor Pérez Suárez fue elegido en remplazo de Emiro Sossa Pacheco, quien había sido designado gobernador para el periodo 1995-1997 y a quien se le anuló su elección. Por tal razón, la Sección Quinta del Consejo de Estado estimó que el nuevo mandatario local debía cumplir el periodo institucional para el cual fue elegido el funcionario anterior y no un periodo individual de tres años (1996-1999), por lo que anuló su elección. Por su parte, el demandante afirmó que dicha posición del Consejo de Estado desconocía la jurisprudencia constitucional existente, que determinó que el periodo de los gobernadores era personal e individual y por tres años, como lo disponía en ese momento el artículo 303 de la Constitución. Dicho argumento fue acogido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declaró la responsabilidad de la Nación. La Sala explicó que “independientemente de la jerarquía, en el Estado Social de Derecho, toda autoridad pública está potencialmente expuesta a generar un daño antijurídico, que ningún asociado está obligado a soportar. En ese sentido, que el daño provenga de una Alta Corporación, no constituye una razón suficiente para exonerar al Estado de responsabilidad”. ver
    2015-01-15 CONDENAN AL MUNICIPIO DE QUIBDÓ El Consejo de Estado declaró la responsabilidad del municipio de Quibdó (Chocó) por la destrucción de una bodega comercial y la muerte de una persona, a causa de un incendio que no pudo ser atendido por el cuerpo de bomberos de la ciudad debido a la falta de equipos y herramientas suficientes para contenerlo. Los hechos ocurrieron en julio del 2001. La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, señaló que el Estado tiene la obligación de prestar eficientemente el servicio público esencial de prevención y control de incendios y demás calamidades conexas, para mejorar la calidad de vida de la población y garantizar su bienestar general. Por ello, los municipios y distritos tienen la obligación de prestar dicho servicio. “La Ley 322 de 1996 dispone que el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia hace parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, por lo que resulta evidente que su ineficiencia o falta de capacidad de acción, impide la prestación eficiente del servicio público de prevención y atención de incendios y demás calamidades, a cargo de estas instituciones, con la generación de un grave riesgo para la comunidad afectada”, señala el fallo. En el caso concreto, la Sala demostró que el municipio de Quibdó no contaba con un cuerpo de bomberos con capacidad suficiente para atender un incendio de gran magnitud, ni para cubrir una ciudad como Quibdó; en esa ocasión, no tenían trajes de acercamiento al fuego ni máscaras antigases que permitieran el ingreso al inmueble afectado y solo existía una máquina de bomberos. Además de que no se tenía una adecuada capacidad técnica, tampoco se contaban con hidrantes para recargar la máquina de bomberos debido a la falta de acueducto, lo que hizo inútiles los esfuerzos del cuerpo de rescate, pues “los avances logrados en la disminución de las llamas se perdían cuando el carro debía recorrer un kilómetro y medio hasta la sede del acueducto local para recargar el agua”. En la decisión, se condenó en abstracto al municipio de Quibdó por la pérdida del inmueble y de las mercancías que estaban allí y por las utilidades dejadas de percibir, por lo que deberá hacerse una liquidación de las mismas. El Consejo de Estado ordenó enviar una copia del fallo al Ministerio de Defensa, para que se adopten las medidas necesarias que permitan mejorar la prestación del servicio bomberil y se conozca el problema de falta de hidrantes e inadecuado equipamiento del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quibdó. ver
    2015-01-14 COMUNICADO SALA PLENA La Sala Plena del Consejo de Estado, en sesión extraordinaria llevada a cabo en la mañana del día de hoy, solicitó perentoriamente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la revocatoria del Acuerdo No. PSAA14-10282 del 31 de diciembre de 2014 y el inmediato restablecimiento de todas las medidas de descongestión que venían operando hasta el pasado mes de diciembre. Esta solicitud tuvo como fundamento, entre otros, el desconocimiento del artículo 304 de la Ley 1437 de 2011, que prevé un Plan de Descongestión Especial a cuatro (4) años en la justicia contencioso administrativa, el cual no ha concluido. En el caso particular de la justicia contencioso administrativa impide, además, la continuidad del Plan de Descongestión ordenado por el mismo código que llevaría a finalizar los procesos pendientes de decisión que venían del código anterior. Se espera una solución definitiva por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en la sesión del día de mañana.
    2015-01-13 ORDENAN TRAMITAR DEMANDA CONTRA MUNICIPIO DE SAHAGÚN (CÓRDOBA) El Consejo de Estado ordenó continuar el estudio de la demanda de reparación directa interpuesta por algunos ciudadanos del municipio de Sahagún que piden que se declare la responsabilidad de la Administración por la contaminación del medio ambiente y reservas forestales, por vertimientos de aguas negras residuales en el río San Juan. Según los demandantes, la construcción reciente de las obras de adecuación y de la puesta en ejecución parcial del plan maestro de alcantarillado o recolección de aguas negras generó alta contaminación al ecosistema del agua del arroyo San Juan, porque las aguas negras residuales de varias lagunas de oxidación vierten directamente esas aguas al lecho principal del arroyo, produciendo daños al ecosistema, a la flora y a la fauna. Tal situación ha generado, según los accionantes, afectación en su predio y depreciación económica, deterioro en la salud de los propietarios, y la limitación en el uso del predio a las actividades ganaderas. La Sección Tercera revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que decretó la caducidad de la acción, es decir, que ya no se podía tramitar debido a que se sobrepasó el término de dos años que fija la ley para interponer la demanda contra el Estado. La Sala explicó que cuando se trata de afectaciones al medio ambiente, la concreción de los daños puede ser histórica, instantánea, permanente, diferida, sucesiva o continuada, como lo fue en este caso, y para medir los perjuicios por estos hechos es necesario hacer un juicio de valor y determinar los efectos. Por tanto, “resulta ineficaz tomar como punto de inicio del término de caducidad la fecha de finalización de la construcción del alcantarillado”, pues con la sola obra de infraestructura no se concretaba el perjuicio, pues es necesario examinar qué daños ambientales y ecológicos se produjeron como consecuencia de la contaminación, desencadenada por el desarrollo de la obra de infraestructura. Señala la decisión que “no se discute que la obra construida por el Municipio de Sahagún o la realización de los alcantarillados son el origen del presunto daño ocasionado a la parte demandante. Sino que el debate jurídico se centra en los daños ambientales presuntamente producidos como consecuencia de la contaminación derivada del vertimiento inadecuado de aguas negras residuales al río San Juan”, por lo que debe continuar el trámite del proceso. ver
    2014-12-19 CONDENAN AL ESTADO POR EXCESOS DE LA FUERZA PÚBLICA El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General y al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a pagar más de 1600 millones de pesos de indemnización a la familia de un hombre que fue detenido por supuestamente haber asesinado a su esposa. Los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 1994, cuando hombres armados del Ejército, el DAS y la Fiscalía realizaron un operativo contra miembros de grupos subversivos en el barrio San José de la Cima, ubicado en la comuna nororiental de Medellín, pero al llegar al sector abrieron fuego indiscriminado en contra de las viviendas, ocasionando la muerte de dos mujeres. El esposo de una de las víctimas tomó su revólver personal y realizó varios disparos hacia el exterior de la casa para defender a su familia, luego de lo cual tuvo que rendirse y fue detenido acusado de haber causado la muerte de su compañera y lesiones personales a empleados oficiales. La Procuraduría apeló la decisión de la Fiscalía y, en segunda instancia, este último organismo ordenó la libertad inmediata del procesado, un año después de haber sido detenido, al encontrar que el proceso que se le siguió fue una acción destinada a encubrir a los verdaderos responsables de los hechos. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, explicó que, a pesar de que la diligencia de allanamiento estaba debidamente amparada en una orden judicial, el operativo estuvo lleno de irregularidades que terminaron con la muerte de las dos mujeres, entre ellas la esposa del demandante. “Los angustiosos testimonios de los menores hijos de la víctima dan cuenta de la barbarie con que arremetieron Ejército, Fiscalía y DAS en contra del humilde hogar de una familia que derivaba su sustento de una tienda que atendían en la misma vivienda, y de cómo tuvieron que, no sólo ver que un desconocido irrumpía en la casa y, disparaba en contra de su madre, sino además, ser testigos del maltrato en contra de su padre y víctimas de la impotencia por no lograr impedir que los hombres que ejercían autoridad en nombre del Estado robaran sus pertenencias y destrozaran el resto de la vivienda y la tienda de sus padres, único patrimonio del qué dependían para subsistir”, indica el fallo. La Sala advierte que los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros fijados por la Constitución al momento de realizar cualquier operativo, puesto que cualquier trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos se traduce en uno de los peores crímenes que es el irrespeto a la dignidad humana. “Dichas acciones no pueden ser sino catalogadas como una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad. Tristemente, en época que una vez más se espera superada, se devaluó por los miembros de los organismos de seguridad al ciudadano humilde o de escasos recursos para pasar a identificarlo con el delincuente, y fue eso sin eufemismo alguno lo que ocurrió”, señala la sentencia. La sentencia agrega que nada resulta más perverso y oprobioso que el empleo de la fuerza pública y de los medios e instrumentos puestos a su servicio con fines ajenos a la protección de los derechos de las personas, máxime cuando su objetivo constituye el desconocimiento y la supresión de las garantías fundamentales, específicamente el derecho a la vida. ver
    2014-12-19 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE DIRIGENTE DE LA UP El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección a pagar más de 4 mil millones de pesos a la familia del dirigente de la UP, Josué Giraldo Cardona, asesinado en octubre de 1996 en Villavicencio, cuando desconocidos le propinaron varios disparos mientras jugaba con sus hijas en su residencia. Desde 1993 el dirigente político venía denunciando amenazas contra su vida, las cuales fueron puestas en conocimiento de organismos nacionales e internacionales. La Policía Nacional y el DAS le prestaron seguridad, pero al momento de su muerte se encontraba sin ningún tipo de protección. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que el asesinato de Giraldo Cardona es un crimen de lesa humanidad y una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política que degrada la confianza que las personas deben tener en las instituciones del Estado. “La omisión de protección sobre la vida e integridad de Josué Giraldo Cardona, pese al nivel de riesgo extraordinario que le rodeaba, determinado por los antecedentes y contexto de la época, así como por sus persistentes denuncias de amenazas contra su vida e integridad, se profundiza aun más por cuanto para su asesinato se contó con la participación del Ejército Nacional-VII Brigada que realizó seguimientos permanentes a los militantes de la Unión Patriótica”, indica el fallo. La Sala también critica que una vez cometido el asesinato no se culminaron las investigaciones para condenar a los autores materiales e intelectuales del crimen. “Recuperar dicha confianza implicará para las instituciones adelantar un esfuerzo de hondo calado para restituir en la memoria de los asociados y en especial de aquellos hombres y mujeres que con sus vidas han defendido en la historia nacional un proyecto político distinto de inclusión social y de defensa de los derechos humanos, la legitimidad del Estado”, puntualiza la sentencia. En el fallo se le ordena al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección financiar una beca anual para cursar un postgrado en una universidad pública o privada del país y la publicación de la respectiva tesis en humanidades o ciencias sociales, en la que se aborde el tema de la defensa de los derechos humanos y la Unión Patriótica (UP). También se deberá premiar cada año al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social o popular que defienda y promueva la defensa de los derechos humanos con un apoyo económico de 100 salarios mínimos para el fortalecimiento de la organización. Todos estos premios llevarán como nombre Josué Giraldo Cardona y se entregarán el 9 de abril de cada año con motivo de la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas” en el Centro de Memoria Histórica. ver
    2014-12-18 REGLAMENTAN CREACIÓN DE SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN El Consejo de Estado creará salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de este Alto Tribunal. Estas salas darán prelación a los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias de la Sección Quinta de esta Corporación. La medida se adopta en cumplimiento del inciso cuarto del artículo 107 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437/2011), que ordena la creación de salas especiales de decisión, encargadas de decidir procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo diferentes a pérdidas de investidura o nulidad por inconstitucionalidad. Según el Acuerdo 321 del 2014, los asuntos que a la fecha estén pendientes de decisión por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, quedarán asignados a la respectiva Sala Especial de Decisión a la que pertenezca el Ponente. Las Salas Especiales de Decisión sesionarán el primer martes de cada mes a las 9:00 a.m. y, en forma extraordinaria, cuando lo determine el Ponente. Los días martes en que se reúnan dichas Salas Especiales no sesionará la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La conformación inicial o la modificación de la integración de cada una de estas Salas será publicada en la página web del Consejo de Estado. Sin embargo, se estableció que para las primeras cada uno de los magistrados de la Sala Plena hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por apellido. ver
    2014-12-16 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE DOS JÓVENES EN EL TOLIMA El Consejo de Estado condenó al Ejército y a la Policía a pagar más de 800 millones de pesos a la familia de dos hermanos que fueron encontrados muertos con signos de tortura en una fosa común del municipio de Murillo (Tolima), en octubre del 2002, y quienes fueron vistos con vida por última vez durante una requisa que les hicieron miembros de la Fuerza Pública. La Sección Tercera encontró probada la responsabilidad del Ejército y la Policía por tres razones: Primero, indiciariamente se probó que fueron miembros del Ejército quienes detuvieron y posteriormente asesinaron a los dos jóvenes; en segundo lugar, por la omisión de la Fuerza Pública en su deber de proteger la dignidad humana, vida e integridad personal de las víctimas de una detención y muerte ilegal. En tercer lugar, la forma como fueron retenidos, torturados y desaparecidos los dos jóvenes fue una acción deliberada, arbitraria, desproporcionada y violatoria de todos los estándares de protección de la población civil, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Según el fallo, un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”, por lo que le asiste la obligación a la entidad demandada de indemnizar los daños materiales y morales ocasionados a la familia de las dos víctimas. “La forma violenta en que fallecen puede en sí misma comprender una vulneración de tal tipo que se ofende el principio de humanidad y de dignidad; se desprende como efecto inmediato e indiscutible que se entorpece cualquier elección del sujeto que fallece en tales condiciones, desde la perspectiva de vida personal, familiar, social y económica, se hace extinguir, abruptamente, cualquier capacidad laboral, productiva o económica de la persona, que en condiciones normales las podría haber desplegado; se niega la posibilidad de constituir una familia, o se limita la posibilidad de disfrutar de la misma y de todas las virtudes y obligaciones que en dicha figura existe; la persona se somete arbitrariamente a la limitación absoluta de la libertad como expresión plena de la entidad de la persona, y, los familiares de las personas sometidas a la tal cercenamiento de derechos, también padecen un impacto en la dignidad colectiva al encontrar que sus hijos o hermanos fueron objeto de actos que violentaron todos los mínimos de respeto que esto produce una limitación o restricción indebida en la esfera de sus propios derechos, de su calidad de vida, de su identidad social, y de su posibilidad de superación como individuos de la sociedad democrática”, señala la decisión. La Sala reiteró que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y la protección de la población civil no se limita a lo expresado en nuestras normas constitucionales, sino a lo señalado en las cláusulas que en el derecho internacional público se consagran tanto en el ámbito internacional humanitario, como en el de la protección de los derechos humanos. Por tal razón, el Alto Tribunal ordenó que el Ministro de la Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares y el Comandante del Batallón “Patriotas” realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de las víctimas, en donde exalten su dignidad humana como miembros de la sociedad. Así mismo, se ordenó capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales, según los estándares convencionales y constitucionales, exigiéndose la difusión de ejemplares impresos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que en sus manuales institucionales sean tenidas en cuenta las convenciones en materia de desaparición forzada y tortura. El cumplimiento de dichos estándares convencionales deberá verificarse en todo el territorio nacional, y en especial en el Batallón “Patriotas”. ver
    2014-12-12 CONDENAN AL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado hizo un llamado de atención a los funcionarios judiciales para que dejen a un lado sus creencias y opiniones personales al momento de fallar un proceso. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de una mujer que estuvo detenida cerca de 6 años por supuestamente haber matado a su bebé al momento de nacer. Los hechos ocurrieron en abril de 1996, en el municipio de Abejorral (Antioquia), cuando la mujer dio a luz en el baño a una bebé, luego de esconder durante nueve meses el embarazo, que al parecer había sido producto de un abuso sexual, por temor a la reacción de sus padres. Al momento de nacer, la niña cae en el sanitario y cuando la mamá trata de ayudarla se da cuenta que no tiene vida. La joven es llevada por sus padres y hermanas al hospital, donde narra todo lo ocurrido, pero el médico interpreta de manera errónea su relato y lo toma como una confesión de homicidio y con fundamento en ello, manifiesta ante la Fiscalía que la joven había estrangulado a la recién nacida, conclusión que también consignó en la necropsia. Con fundamento en ese testimonio, la Fiscalía ordena su captura y la acusa por el delito de homicidio agravado. El Juzgado Promiscuo de Abejorral la condena a 42 años de prisión, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia en agosto de 1997. El caso llega en casación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordena su libertad inmediata señalando las graves falencias en que incurrieron tanto el médico que practicó la necropsia como el Fiscal y los Jueces a la hora de hacer la respectiva valoración de las pruebas. La joven afectada demanda al Estado por los perjuicios que se le ocasionaron a ella y a su familia, y la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, falla a su favor al reconocer que se violaron sus derechos. La Sala señala que la Fiscalía, sin hacer un análisis detallado de lo que había ocurrido, procedió a darle pleno crédito al protocolo de necropsia, y dejándose llevar por sus prejuicios, desde el comienzo tuvo a la demandante como una homicida y la trató de manera irrespetuosa al darle poco crédito a su relato cuando manifestaba que había ocultado su embarazo por temor a los padres, argumentando que “ya pasaron las épocas en que las muchachas quedaban embarazadas en las piscinas, porque el cuento no se lo siguió tragando nadie”. El fallo deja claro que “el trato que recibió la madre estuvo edificado en prejuicios y visiones estereotipadas del papel de la mujer, además de un desconocimiento absoluto del contexto social, cultural y económico en el que acaecieron los hechos, lo que derivó en la vulneración de sus derechos fundamentales, constitucional y convencionalmente protegidos; proceder que no es correcto y menos de un funcionario judicial, de quien se espera siempre, que obre con imparcialidad, rectitud y máxima prudencia, y sobre todo, que esté libre de juicios apriorísticos que nublen su entendimiento y entorpezcan la labor que se le ha encomendado”. El caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado colombiano concilió con la afectada y en noviembre de 2012, en la plaza central del municipio de Abejorral, el Ministerio de Justicia reconoció públicamente su responsabilidad a nivel internacional, por la privación injusta de la libertad que tuvo que sufrir la señora. El Consejo de Estado ordenó el pago de cerca de 800 millones de pesos de indemnización para la afectada y su familia por los daños y perjuicios ocasionados. ver
    2014-12-11 ORDENAN TRAMITAR ACCIÓN DE REPARACIÓN POR ABUSO A UNA MENOR CONSEJO DE ESTADO ORDENA TRAMITAR ACCIÓN DE REPARACIÓN INTERPUESTA POR UNA MENOR INDÍGENA VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL Bogotá, diciembre 11 de 2014. El Consejo de Estado admitió la demanda de reparación directa que interpuso la familia de una menor de 14 años, perteneciente a la comunidad indígena Wiwa, que había sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del Ejército en noviembre del 2009. Inicialmente, el Tribunal Administrativo de La Guajira rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad de la acción, es decir, que ya no se podía tramitar debido a que se pasó el término de dos años que fija la ley para interponer la demanda. La Sección Tercera revocó la decisión inicial, admitió la demanda y ordenó al Tribunal Administrativo que le dé trámite a la demanda, por considerar que a la luz de las normas convencionales y constitucionales no se pueden desconocer los derechos de una menor de edad, perteneciente a una comunidad indígena, que sufrió un atentado contra su integridad sexual. Más si se tiene en cuenta que dependía de sus padres y pudo ser la eventual demora en que incurrieron ellos para interponer la acción, lo que dejaría dichos derechos sin la reparación respectiva. Explicó que en este caso es necesaria la aplicación de dos principios reconocidos en los ámbitos convencional y constitucional como lo son interés superior del niño y el reconocimiento y protección del pluralismo cultural y jurídico de los grupos indígenas, para que se determine la prevalencia del derecho sustancial que tienen de acceder a la administración de justicia y se admita la demanda. “Se obra mal por parte del Juez cuando, sin tener en consideración la diversidad cultural y jurídica de dichos grupos, se adopta una decisión como si ante los ojos del derecho estatal los pueblos indígenas se encontraran en pie de igualdad y bajo las mismas condiciones que cualquier individuo no perteneciente a estos grupos. En otras palabras, ello equivaldría a desconocer de tajo el pluralismo jurídico reconocido a nivel supra nacional y constitucional”, señala la providencia. En la decisión, se recuerda lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la justicia efectiva para los pueblos indígenas, a quienes se les debe tener en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. ver
    2014-12-10 MASACRE DE FRÍAS (TOLIMA), ACTO DE LESA HUMANIDAD El Consejo de Estado, actuando como juez de convencionalidad, declaró la responsabilidad del Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados por la muerte de once campesinos en el corregimiento de Frías, municipio de Falán (Tolima), en hechos ocurridos el 15 de septiembre del año 2001. La Sección Tercera estableció que lo ocurrido en Frías fue un Acto de Lesa Humanidad, pues fue un ataque sistemático, premeditado cuyo propósito era exterminar a varios campesinos señalados por grupos paramilitares como auxiliadores de la guerrilla, que no solo afectó a las víctimas, sino a toda la sociedad civil, por lo que se ordenaron medidas de reparación no pecuniarias dirigidas a la sociedad en general. Según los mismos informes, en la noche del 15 de septiembre de 2001, cerca de 20 personas armadas, miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, llegaron al corregimiento de Frías, ubicado en el Municipio de Falán, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en dos establecimientos de comercio ubicados en la plaza principal de dicha población, registrándose la muerte de once campesinos. En el proceso se comprobó la fuerte y habitual presencia de miembros de grupos armados insurgentes, de los grupos FARC o el ELN, en el corregimiento de Frías, por lo que existía una estigmatización en la zona y aledaños como de dominio de grupos armados insurgentes. Por otra parte, se demostró que la fuerza pública, Policía o Ejército Nacional, no hacía presencia permanente en el lugar. De hecho, algunos testimonios señalaron que años atrás se había desmontado un puesto de Policía en dicho corregimiento y que solo de vez en cuando era que se les veía en la zona. “Finalmente, en el proceso se encuentran acreditadas las relaciones de cooperación y coordinación existentes entre los miembros del Frente Paramilitar Omar Isaza y diversas entidades públicas encargadas de la seguridad y protección, investigación de delitos e, inclusive, del gobierno municipal. Así, en el Acta de inspección judicial del CTI al Batallón Patriotas se consignó, en el acápite de “red de apoyo” del Frente Omar Isaza que los alcaldes de los Municipios de Lérida y La Dorada “colaboran”, mientras que otras personas declararon la existencia de vínculos del grupo paramilitar con miembros de la Policía Nacional en Fresno y Palocabildo, con el comandante del DAS en Mariquita y algunos miembros del Ejército Nacional”, señala el fallo. La Sala destacó que los testimonios de pobladores y de desmovilizados del grupo insurgente hablaran de la connivencia de miembros de diversas instituciones del Estado con el Frente Paramilitar Omar Isaza. Particularmente, que dichos vínculos fueran con las entidades encargadas de la conservación del orden público, la seguridad y la represión y la investigación de los delitos, y que tal alianza permitió el desarrollo y consolidación de dicho grupo armado delincuencial, pues uno de los testimonios afirmó que quien se desempeñaba como jefe del DAS en el Municipio de Mariquita se encontraba en la “nómina de pagos” del Frente Omar Isaza ya que prestaba colaboración con dicho grupo informando operativos del Ejército o la Fiscalía. Pese a que la responsabilidad del Estado se configura por desconocer sus deberes de garantía y protección para con la población civil, entre ellos, ejecutar acciones positivas y, sobre todo, eficaces, para evitar escenarios de delincuencia generalizada por parte de actores armados al margen de la ley, existió una situación aún más grave: la connivencia delictual que existía entre las autoridades encargadas de prestar los servicios de seguridad, protección, mantenimiento del orden público e investigación criminal con los miembros del grupo que perpetró los homicidios masivos. ver
    2014-12-09 CONDENAN AL ESTADO POR MASACRE DE PUERRES El Consejo de Estado le pidió a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si es procedente investigar a la organización insurgente FARC y aquellos miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996 en jurisdicción del municipio de Puerres, Nariño. La solicitud la hizo el Alto Tribunal al resolver el proceso en el cual se pidió analizar la responsabilidad del Estado y del grupo armado ilegal en el más brutal ataque que ha perpetrado la guerrilla en contra del Ejército y en el cual murieron 33 uniformados, 17 resultaron heridos y otros fueron secuestrados, cuando un convoy del Ejército fue emboscado por un grupo aproximado de 500 guerrilleros en la vía entre Puerres y Monopamba en el departamento de Nariño. En los mismos hechos se demostró que el grupo armado ilegal hizo explotar el oleoducto Transandino y remató a los uniformados que quedaron con vida. Por eso es la primera vez que el Consejo de Estado pide reparación por el daño ambiental. La Sección Tercera declaró patrimonialmente responsable al Ejército debido a su omisión en el deber de protección de los soldados y lo condenó a pagar más de 600 millones de pesos por los perjuicios morales ocasionados a las familias de las víctimas. En el proceso se acreditó que el Ejército incurrió en varias fallas: primero, no se hizo la labor de inteligencia establecida para los desplazamientos de las fuerzas, pese a que existían rumores entre los mismos pobladores sobre un posible ataque, por el contrario, se incurrió en la denominada concentración de fuerzas (dejar grandes grupos de uniformados en una misma zona o por una misma vía); en segundo lugar, no se realizaron los entrenamientos previos, tal y como está fijado en el manual de operaciones de la Unidad Táctica, para verificar los riesgos a los que se podía exponer el convoy con artefactos explosivos en la vía, por el contrario, recogieron a otros soldados. Se demostró que los vehículos empleados en el desplazamiento no eran los más indicados, pues no servían para nuestra topografía. Además, se vulneraron principios de protocolo, pues en el primer vehículo no podían ir los equipos de comunicaciones y se hizo de esa manera, por lo que en el ataque no pudieron informar su situación. Finalmente, se comprobó fallas en la cadena de mando, por lo que el Consejo de Estado llama en garantía a los coroneles de la Tercera Brigada, que se desempeñaban como tal en la época, pues el apoyo no fue oportuno y solo llegó cuando fueron masacrados varios militares, otros heridos y algunos secuestrados. “El Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación de los derechos, y no al sacrificio absoluto de estos por una causa que legal y democrática no está llamado ningún individuo a soportar porque implicaría la supresión de la esencia propia del ser humano como destinatario de la protección”, afirma la sentencia. La Sala señaló que el grupo Farc violó los convenios 2 y 3 de Ginebra referentes al principio de humanidad en el conflicto, pues según la necropsia practicada, algunos cadáveres tenían tiro de gracia con el cual fueron rematados luego de ser heridos. “La muerte de personas en el marco de un conflicto armado interno no puede tener como unívoca lectura la constatación del fallecimiento material, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana”, afirma dicha norma convencional. Por tanto, la situación de conflicto armado interno en la que se encuentra el país desde hace décadas, exige del Estado, con mayor rigor, “cumplir con su deber de protección de los derechos de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que participan en el mismo”. ver
    2014-12-09 CASO DEL POT DE BOGOTÁ SERÁ ESTUDIADO POR JUECES ADMINISTRATIVOS El Consejo de Estado consideró que no es competente para conocer la demanda contra el Decreto Distrital 364 de 2013, por medio del cual se expidió el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). La Sala Plena determinó que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) le asigna a los jueces administrativos la competencia para conocer las demandas de nulidad contra los actos expedidos por autoridades distritales y municipales, lo cual hace que el Consejo de Estado no pueda tramitar este tipo de acciones. Sin embargo, pese a que el Alto Tribunal pierde la competencia para estudiar la demanda, se mantiene la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial, puesto que el Código General del Proceso contempla que cuando se decreta la falta de jurisdicción se mantiene todo lo actuado hasta el momento dentro del proceso, en este caso la medida cautelar de suspensión.
    2014-12-04 CONDENAN AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR INCENDIO El Consejo de Estado condenó al municipio de Ibagué a pagar una indemnización a los propietarios de tres inmuebles que resultaron afectados por el incendio de una discoteca, ubicada en la calle 12 entre carreras 4 y 5 de esa ciudad, en hechos ocurridos el 5 de marzo de 1999. Según los demandantes, los bomberos que atendieron el incendio adoptaron una posición pasiva frente a la emergencia y se retiraron del lugar porque, al parecer, no contaban con la cantidad de agua necesaria para extinguir el fuego. 30 minutos después llegaron dos carros más de bomberos, pero los daños materiales ya eran inevitables, puesto que la conflagración se había propagado con fuerza y los inmuebles estaban totalmente destruidos. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que en el proceso se encuentra demostrado que la respuesta del cuerpo de bomberos a la emergencia no fue oportuna ni eficiente, aunque llegaron al lugar del incendio, evacuaron a las familias y atendieron la situación. “Se demostró que, cuando el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar del incendio para ahogar el fuego, no contaba con el suministro de agua necesario, siendo éste un deber apenas lógico y acorde con su principal función. Lo anterior permite tener por demostrado que la prestación del servicio falló”, indica la sentencia. El Municipio de Ibagué tendrá que pagar cerca de 500 millones de pesos a las personas que resultaron afectadas con el incendio de sus viviendas y negocios. ver
    2014-12-03 CONDENAN A LA POLICÍA POR LESIONES A UNA MUJER El Consejo de Estado exhortó a la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) para que, dentro de sus competencias, promueva o refuerce las políticas públicas que permitan la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer en todas las instancias del poder público y especialmente por parte de la Fuerza Pública. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, señaló que la violencia contra las mujeres no es una cuestión del ámbito doméstico o privado, sino que tiene una dimensión de género que debe ser una prioridad para el Estado, sobre todo para quienes ostentan la autoridad. “Los procedimientos de policía no se pueden traducir en una forma de discriminación ni en prácticas de hostilidad arbitraria y sin justificación hacia grupos vulnerables como los niños, los ancianos, las mujeres, los grupos étnicos o las comunidades LGBTI, entre otros”, señala el fallo. El pronunciamiento lo hizo la Sala al declarar la responsabilidad de la Policía Nacional, luego que se demostrara que una mujer fue agredida por varios agentes de esa institución durante un supuesto allanamiento y captura en flagrancia, que resultó ilegal, en hechos ocurridos en octubre del 2003 en la ciudad de Valledupar (Cesar). Adicionalmente, los mismos agentes formularon denuncia penal en contra de la señora por el delito de violencia contra servidor público. Sin embargo, en marzo del 2005, el Juzgado Tercero Penal del Circuito judicial de Valledupar dictó en su favor sentencia absolutoria. “El juez penal encontró que los agentes no estaban, en realidad, en cumplimiento de una orden judicial de registro y allanamiento, ni de un llamado de auxilio de la comunidad, como lo habían afirmado los uniformados, sino que prevalidos de su condición de integrantes de la fuerza pública, y por orden del cónyuge de la señora, un sargento de la institución, tenían interés de impedir la celebración de una reunión que tenía lugar en el domicilio de la víctima. Después de neutralizarla, procedieron a lesionarla brutalmente”, explicó la sentencia. La Sala enfatizó que los procedimientos de policía deben tener en cuenta el enfoque de no violencia de género, pues lo que se busca es alcanzar la convivencia social. Recordó que el uso de la fuerza está condicionado a normas constitucionales y convencionales. “Teniendo como base el maltrato físico y psicológico al que fue sometida la señora por parte de los policiales durante y posterior al procedimiento de captura, el ingreso injustificado al domicilio de esta y la denuncia temeraria formulada en su contra, son razones que llevan a establecer una relación estrecha del presente caso con la responsabilidad del Estado por violencia de género, teniendo en cuenta el grado de indefensión e inferioridad de la víctima y el uso excesivo o desbordado en el empleo de la fuerza”, concluye el fallo. Finalmente, con respecto a la relación de la conducta de los uniformados con la ejecución de su servicio, el fallo menciona que quedó demostrado dicho nexo, pues hicieron uso de su condición de autoridad para irrumpir en la residencia y practicar un procedimiento de policía, por lo que los hechos no fueron del ámbito privado de los agentes. ver
    2014-12-01 CONDENAN AL DAS POR CASO DE HOMONIMIA El Consejo de Estado condenó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a la Fiscalía General de la Nación a pagar más de 980 millones de pesos por los daños causados a una persona a quien se señaló de relacionarse con Miguel Rodríguez Orejuela y vincularse con el tráfico de estupefacientes, pese a que se trataba de un caso de homonimia. Según un informe de inteligencia que el DAS dio a conocer a los medios de comunicación, el ciudadano se había hospedado en Cali por invitación de uno de los llamados “capos” del narcotráfico y usaba las aeronaves de la empresa Aviocesar, de la cual era socio, para trasladar estupefacientes. Sin embargo, en el proceso se demostró que el informe del DAS se fundamentó en una noticia de prensa y pese a que la persona a quien se relacionaba con los narcotraficantes era abogado, no se constató que el procesado no tenía dicha profesión. Por el contrario, se pidió la incautación de las aeronaves de la empresa, se negaron los permisos correspondientes para que pudiera continuar la operación y se vinculó al ciudadano a un proceso penal. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, condenó a la Nación al comprobarse que el informe de inteligencia resultó ser inexacto, incompleto y falso y que fue filtrado a los medios de comunicación, sin tener en cuenta que se relacionó al investigado con un cartel del narcotráfico. Además, la Dirección Nacional de Estupefacientes no expidió el certificado que la empresa requería para la renovación de la licencia de operaciones aéreas, lo cual lo perjudicó patrimonialmente. En su fallo, la Sala explicó que la actividad de inteligencia no puede sustentarse en especulaciones, creencias o percepciones intuitivas, sino en factores objetivos, racionales, concretos y determinantes, los cuales deben respetar el principio de legalidad. El fallo recuerda que aunque los órganos estatales de seguridad pueden adelantar investigaciones, recolectar información y usarla, es necesario que respeten los derechos humanos (derecho fundamental a la intimidad- en especial el hábeas data) y el debido proceso. Con respecto a los informes destinados a los medios de comunicación provenientes de los organismos de seguridad del Estado, la sentencia señaló que estos deben ser excepcionales y tener propósitos de seguridad bien precisos. “La actividad de inteligencia en su dimensión de operacionalización corresponde con una actividad material de la administración que tiene por objeto salvaguardar la conservación del orden público y, al mismo tiempo, se encuentra limitada por los derechos constitucionales y convencionales, y cuando se constata que con su ejercicio se ha producido unos efectos antijurídicos que lesionan dichos derechos o un interés legítimo de un individuo o de una colectividad, que no están en el deber jurídico de tolerar, se debe reparar integral y plenamente. Un derecho puede ser regulado, limitado, pero nunca eliminado”, señala el fallo. En el presente caso se probó que el demandante y sus familiares sufrieron perjuicios de orden inmaterial, tanto daños morales como daños a derechos fundamentales. ver
    2014-11-28 REVOCAN DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CALDAS El Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que le ordenó al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) reintegrar a Alba Luz Flórez Gélvez, exdetective de la entidad, al cargo que tenía antes de su retiro, con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. La decisión fue adoptada en una tutela que interpuso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en contra del fallo del Tribunal que fue proferido en enero de 2014. La Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, señaló que la decisión del Tribunal se adoptó desconociendo la facultad discrecional del liquidado DAS para disponer el retiro de sus funcionarios por razones de seguridad nacional. “Es claro que las razones que llevaron a la institución a disponer el retiro del servicio de la detective, además de constar en el acto administrativo, igualmente se encontraban registradas en la hoja de vida, en los archivos de la institución y en el informe reservado de contrainteligencia, como lo exige la jurisprudencia reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado que no fue tenida en cuenta por el Tribunal accionado”, indica el fallo. La Sala explicó que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta los informes de contrainteligencia que llevaron a que la Procuraduría General de Nación sancionara con destitución e inhabilidad, por el término de 20 años, a Flórez Gélvez. ver
    2014-11-27 NIEGAN TUTELA QUE PRETENDÍA CANCELAR EXPOSICIÓN ARTÍSTICA El Estado debe mantener una estricta neutralidad en materia religiosa respetando su carácter laico y pluralista, con el fin de garantizar, entre otros derechos, la libertad de cultos, la libertad de conciencia, de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Así lo recordó la Sección Segunda del Consejo de Estado al negar una tutela que pretendía la cancelación de la exposición temporal “Mujeres ocultas”, de la artista colombiana María Eugenia Trujillo, que fue exhibida en el Museo Santa Clara de Bogotá. Los accionantes argumentaban que la exposición vulneraba la libertad de culto y la dignidad humana, puesto que utilizaba símbolos propios de la religión católica para exhibir partes del cuerpo femenino, en un lugar que en el pasado fue un Monasterio de la Hermanas Clarisas de Colombia, lo cual agredía directamente a los creyentes católicos. La Sección Segunda, con ponencia del magistrado, Gerardo Arenas Monsalve, señaló que no es válido restringir el derecho a la libertad de expresión de la artista, por el hecho de que lo expresado por ésta no sea compartido o resulte ofensivo para algunos ciudadanos. “El Ministerio de Cultura al permitirle a la ciudadana María Eugenia Trujillo llevar a cabo la exposición “Mujeres Ocultas” en el museo Santa Clara, simplemente está garantizando el derecho a libertad de expresión artística de aquélla, sin que pueda considerase que con el permiso otorgado está vulnerando el derecho a libertad de culto o a la dignidad humana de quienes estiman que la referida obra es contraria a sus creencias religiosas, pues no se está imponiendo que deban compartir el contenido de la exposición, ni alguna limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, en virtud de los cuales se insiste, pueden manifestar su inconformidad con aquélla, pero no exigir que el Estado censure a una persona que frente a determinado asunto tiene una perspectiva distinta”, explica el fallo de tutela. La Sala agrega que, según el Ministerio de Cultura, el lugar donde se realizó la exposición no es un templo confesional de la iglesia católica desde 1969, sino que actualmente es un museo en el que se realizan actividades culturales y pedagógicas y no se practican ritos sacramentales. “Razón por la cual, sin perjuicio del valor sentimental e histórico que el mismo tenga para algunas personas que profesan la fe católica, el mismo en la actualidad brinda un espacio cultural, en el que tienen lugar distintas expresiones artísticas, que se reitera no pueden censurarse por parte del Estado, por el hecho de que un sector de la población considere que son contrarias a sus creencias personales y/o estilo de vida”, puntualiza el fallo. ver
    2014-11-25 APRUEBAN PROPUESTA DEL DISTRITO CAPITAL PARA PAGAR CONDENA DEL C E El Consejo de Estado aprobó el incidente de impacto fiscal presentado por la Procuraduría General de la Nación en el caso de la sentencia que condenó al Distrito de Bogotá a pagar más de 227 mil millones de pesos a por lo menos dos mil personas que se vieron afectadas por el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana el 26 de septiembre de 1997. La Sala Plena decidió acoger la propuesta presentada por el Distrito Capital para pagar el monto total de la condena impuesta, la cual consiste en cancelar el primer 50 por ciento con una reserva presupuestal del 2014 y el otro 50 por ciento con cargo al presupuesto del 2015. De esta manera, el Distrito ya no tendrá que pagar los 227 mil millones de pesos en un término de 10 días como inicialmente ordenaba la sentencia proferida por la Sección Tercera en noviembre de 2012. El Consejo de Estado condenó al Distrito por el deslizamiento de un millón doscientas mil toneladas de basura que cubrieron dos colinas y 15 hectáreas de terreno y produjo el bloqueo y la contaminación del río Tunjuelo, lo cual ocasionó afectaciones respiratorias, infecciones en la piel, alergias, diarrea y vómito a los habitantes de las zonas aledañas. La gravedad de la catástrofe ambiental se debió a la clase de residuos tóxicos que quedaron expuestos: orgánicos (sangre, tejidos de piel y órganos), químicos (material radioactivo y medicamentos) e industriales (generados por curtiembres, plomo, mercurio, etc). Así mismo, con posterioridad al derrumbe se desataron plagas y los alimentos comenzaron a descomponerse con gran rapidez.
    2014-11-24 ORDENAN DEVOLVER AL MUNICIPIO DE PEREIRA DOS LOTES El Consejo de Estado anuló la Resolución 3778 del 2008, expedida por el Municipio de Pereira, mediante la cual se adjudicó la venta de dos lotes de propiedad del Municipio a un particular que participó y ganó como proponente en un proceso de selección abreviada en el año 2008. La Sección Tercera señaló que en el proceso de adjudicación se presentaron irregularidades por parte de los dos proponentes, pues siendo cónyuges, participaron independientemente en el proceso de licitación y no manifestaron su parentesco, lo cual está prohibido. Según el literal g) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, existe inhabilidad por parentesco, matrimonio, o por la existencia de compañeros permanentes, cuando estos, de manera simultánea, se presentan a una licitación o concurso público. La Sala explicó que dicha prohibición se estableció con el propósito de evitar la manipulación de los procesos de escogencia de contratistas por parte de algunos núcleos familiares, quienes podrían manipular la información y acomodar las propuestas de manera que afecten la escogencia objetiva y la garantía de igualdad de los proponentes. Señala la sentencia que “el vínculo matrimonial existente y plenamente probado es causal de inhabilidad que les impedía presentarse al mismo proceso de selección del contratista. La ley establece dicha prohibición puesto que los intereses, en este caso, de los cónyuges, son abiertamente contrarios al perseguido por la Administración. El hecho de que los dos se presenten al mismo proceso en violación de la norma mencionada repercute de manera negativa en las finalidades de la entidad pública contratante y se constituye en un comportamiento grave en contra del correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del contrato y de la acción administrativa en general”. El Consejo de Estado afirmó que dicho comportamiento es un indicio grave de mala fe de los proponentes. ver
    2014-11-24 CONFERENCIA SOBRE CORRUPCIÓN Y EL PAPEL DE LOS MEDIOS Uno de los periodistas con mayor reconocimiento a nivel internacional, Edwy Plenel, por su compromiso en la lucha contra la corrupción, llega al país para dictar una conferencia sobre ese tema: “La obscenidad de la corrupción”. Edwy Plenel, periodista, escritor y ensayista francés que trabajó durante 25 años en el diario Le Monde y que actualmente se desempeña como director del más prestigioso diario digital de Francia (www.mediopart.fr), hará un análisis sobre el tema que, según sus palabras, “emerge agazapada en los diferentes escenarios de crisis democrática, económica y moral”. “Obsceno viene del latin ob-scenum, es decir, lo que está por fuera del escenario (se supone entonces por fuera de la legalidad), lo que no se muestra, lo escondido. El secreto es el arma de la corrupción y le permite seguir en la disimulación, en donde florece la vulgaridad radical, el mercantilismo del mundo y la bajeza humana. Desde esta constatación se ve mejor los lazos entre dinero y política, la opacidad de las finanzas y el secreto del poder, que no están tan lejos de la línea amarilla donde se práctica crimen y mafia”, señala el periodista. Después de la conferencia se realizarán dos páneles “El ecosistema de la democracia y el derecho de conocer” y “Los medios y la lucha contra la corrupción”, los cuales serán moderados por la exministra Noemí Sanín y la periodista María Teresa Herrán, respectivamente. Al evento también asistirán la Presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso; el expresidente de la República, Belisario Betancur; la excandidata presidencial, Clara López; el excongresista, Juan Lozano; el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; y los reconocidos periodistas María Alejandra Villamizar, María Elvira Bonilla y Luz María Sierra. El evento se realizará el próximo 26 de noviembre en el Gimnasio Moderno (Cra 9 No. 74 – 99), a las 8:30 a.m. Por otra parte, Edwy Plenel también dictará un taller práctico sobre medios digitales, en el que se hará un análisis e intercambio de experiencias sobre los conocimientos, competencias, aptitudes, técnicas del oficio y la vocación periodística en la era de la revolución digital. El taller está dirigido a todos los periodistas interesados en el tema y se realizará mañana martes, 25 de noviembre, en la Alianza Francesa (Cra 11 No. 93 – 40), a las 2 de la tarde.
    2014-11-21 ORDENAN INDEMNIZAR A COMERCIANTES DE NEIVA El Consejo de Estado condenó al Municipio de Neiva a pagar más de 3.200 millones de pesos a 353 personas que se vieron afectadas por la demolición de la antigua plaza de mercado de la ciudad y a quienes no se les reubicó oportunamente, lo cual afectó sus ingresos. La Sección Tercera explicó que las personas fueron desalojadas de las plazas de mercado en las cuales desarrollaban su actividad económica desde años atrás, lo que evidentemente debió ocasionar una desestabilización financiera a los comerciantes y sus familias que debe ser reparada. Por tal razón, se ordenó el pago del lucro cesante. La Sala consideró que la lesión del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y al mínimo vital de los comerciantes que se encontraban laborando en las plazas Central y Satélite del Norte de la ciudad de Neiva se concretó con la demolición arbitraria de las plazas de mercado que hizo la administración municipal y con su omisión de reubicarlos, como lo había dispuesto el Concejo Municipal y se había comprometido el alcalde de turno. “Las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron las medidas de cambio del uso del suelo de la ciudad y embellecimiento urbanístico de Neiva, afectaron el núcleo esencial del derecho a la libertad de empresa y libertad del desarrollo económico que había en cabeza de quienes se desempeñaban como vendedores de las plazas de mercado; asimismo se encuentra que no se atendió al principio de solidaridad y no se correspondió con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, señala el fallo. Aunque las administraciones municipales tienen la competencia para intervenir en la economía, cuando consideren que es necesaria la protección de la salubridad o estabilidad financiera, esta intervención debe hacerse en consonancia y con respeto de los derechos humanos reconocidos por los pactos y convenciones internacionales. Según la decisión, las medidas tomadas, que pretendían subsanar deficientes condiciones sanitarias que afectaban la salubridad de los usuarios de las plazas de mercado, las agravó porque cerró los lugares donde los demandantes desarrollaban su trabajo o actividad económica, sin tener garantizado un sitio adecuado para su continuación. Además, como la nueva plaza no estaba en condiciones aptas para la venta de productos minoristas, se empeoraron las condiciones sanitarias y se afectó el trabajo de los inquilinos. ver
    2014-11-19 PROHIBIR USO DEL BIGOTE A POLICÍAS VULNERA DERECHO A LA IGUALDAD El Consejo de Estado declaró la nulidad de una norma expedida por el Director General de la Policía en 1997, que permite el uso del bigote únicamente a los oficiales desde el grado de Capitán, los Suboficiales y personal del nivel ejecutivo a partir de Sargento Segundo o Intendente respectivamente (Resolución 2495 del 25 de agosto de 1997). La Sección Primera, con ponencia de la doctora María Claudia Rojas Lasso, consideró que dicha disposición viola el derecho de igualdad de los miembros de la Policía Nacional, ya que arbitrariamente impide a unos miembros de la institución usar bigote. La Sala explicó que aunque las personas que ingresan a la Policía Nacional lo hacen de manera libre y autónoma, y se someten a los reglamentos propios de la institución, los cuales son públicos y ponen de manifiesto estrictas normas de presentación personal para disciplinar a sus miembros, dichos reglamentos no pueden vulnerar derechos fundamentales como la igualdad. “Las personas son iguales ante la ley y deben recibir el mismo trato por parte de las autoridades, aunque en ocasiones es posible que reciban un trato desigual, siempre que éste no esté fundado en la arbitrariedad, o esté justificado objetiva y suficientemente en el cumplimiento o desarrollo de un principio, valor o fin constitucional”, señala la sentencia. ver
    2014-11-18 LANZAMIENTO NUEVA PÁGINA WEB DEL CONSEJO DE ESTADO Con el objetivo de brindar a los ciudadanos una herramienta de consulta moderna, dinámica, ágil y sencilla, el Consejo de Estado realizará el lanzamiento de su nueva página web: www.consejodeestado.gov.co En el nuevo portal los usuarios no solamente podrán mirar el estado de sus procesos, sino que también encontrarán información actualizada sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa, nuestra entidad, las noticias más relevantes, los fallos de interés para la comunidad y los eventos, seminarios y charlas que se realicen, entre otras cosas. La idea es que el ciudadano se acerque al Consejo de Estado, conozca la Corporación, quiénes la integran, sus funciones y el trabajo que realiza por la defensa de sus derechos. El lanzamiento se realizará el próximo 19 de noviembre en la Sala de Audiencias de la Corporación, a las 11 de la mañana, y están invitados el Ministro de Tecnologías de la Información, Diego Molano; el Ministro de Justicia, Yesid Reyes; los señores Consejeros de Estado; los Presidentes de los Tribunales Administrativos del país y el Coordinador de los Jueces Administrativos de Bogotá, entre otras personalidades.
    2014-11-12 ORDENAN A EPS BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A JOVEN El Consejo de Estado le ordenó a la EPS Compensar brindar todos los servicios médicos que requiere un joven que se encuentra en delicado estado de salud, debido a que recibió una herida durante un atraco el pasado 14 de octubre en Bogotá. La tutela fue interpuesta por la madre del joven, con el fin de que la EPS Compensar autorice el tratamiento que su hijo necesita, después de una cirugía que se le practicó porque se encontraba en alto grado de infección y con riesgo de amputación de la pierna. La madre explica que la EPS no autoriza los servicios bajo el argumento de que el joven no estaba afiliado y la Clínica San Rafael de Bogotá, donde fue atendido, exige un pago de 9 millones de pesos, los cuales están por fuera de su alcance económico, pese a que ella tiene fotocopia de la afiliación a Compensar. Ante la inminente violación al derecho a la salud del hijo, el magistrado Yepes decidió conceder la medida cautelar solicitada por la actora para proteger la vida del joven.
    “El Despacho decretará, como medida provisional, a la EPS Compensar, que brinde al menor de edad todos los tratamientos y medicamentos que requiera para atender su actual estado de salud, hasta que se adopte una decisión en la sentencia que resuelva la presente acción”, indica el Auto de admisión de la tutela.
    2014-11-12 C E TRABAJA PARA MITIGAR EFECTOS DEL PARO JUDICIAL Ante la grave situación que se viene presentando con ocasión del paro judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado determinó tramitar todas las acciones de tutela que han llegado hasta el momento a la Corporación y que no están admitiendo los jueces por el cese de sus actividades. La decisión fue adoptada para proteger los derechos fundamentales de muchos ciudadanos que pueden ser vulnerados, pero advierte que es obligación constitucional de las Altas Cortes y de los jueces admitir y tramitar las tutelas que se presenten. Desde hace varios días la Secretaría General del Consejo de Estado viene recibiendo un promedio de 70 tutelas diarias, las cuales ya se comenzaron a admitir y, en algunos casos, a decretar medidas cautelares, pese a que muchas de ellas no son competencia de esta Corporación.
    2014-11-11 CONDENAN AL ESTADO POR DESPLAZAMIENTO FORZADO El Consejo de Estado señaló que el desplazamiento forzado constituye un desarraigo al domicilio de la persona y una flagrante violación de los derechos humanos, por lo que es responsabilidad del Estado prevenirlo y combatirlo. Por tal razón, cuando el desplazamiento es producido por los mismos agentes estatales, es doblemente reprochable. Así lo señaló la Sección Tercera al condenar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), a pagar más de 250 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados a una persona que residía en Granada (Meta) y quien debió abandonar su población debido a las presiones a las que fue sometido por miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En el proceso se demostró que aunque la víctima recibió amenazas de personas con brazaletes de un grupo armado ilegal, estas tenían cercanía con los representantes del DAS en la localidad. Incluso, uno de los miembros activos del Departamento de Seguridad de la zona reconoció ante el Personero Municipal que había allanado la casa de manera arbitraria, sin respetar los protocolos para el registro, con fundamento en un informe de inteligencia que señalaba que allí había armamento de la guerrilla, situación que no se demostró. La víctima del desplazamiento debió salir de su casa por recomendación de la misma Personería, luego que fuera herido por quienes se demostró eran miembros del DAS y se desplazaban en un vehículo adscrito a la entidad. Por tal razón, él y su familia fueron declarados víctimas del conflicto por el Departamento de Acción Social y la Procuraduría General.
    Según la Sentencia, el desplazamiento forzado en el ámbito internacional ha sido fuertemente sancionado, pues despliega una serie de consecuencias negativas en la órbita de otros derechos reconocidos no sólo en el derecho interno sino aquellos de carácter internacional como los contenidos en la Convención Americana de Derecho Humanos o los Convenios de Ginebra. Es por ello, que la misma Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto en casos emblemáticos como las masacres de Mapiripán e Ituango y el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río cacarica (operación génesis). La Sala confirmó la responsabilidad del Estado por cuanto las actuaciones de los agentes van en contravía de los fines del Estado Social de Derecho. “Así mismo, en aras de proteger los derechos de los aquí demandantes y reparar los daños pluriofensivos acaecidos con ocasión del desplazamiento forzado, deben tomarse algunas medidas de reparación no pecuniaria”, señaló la providencia. Dentro de las medidas adicionales, se exhorta al Estado para que eleve el caso ante las instancias internacionales de protección de los derechos humanos si considera que no son eficaces los recursos internos, y se solicitó a la Procuraduría General que evalúe si es necesaria la investigación disciplinaria a los involucrados. Además, se ordenó a la Fiscalía General de la Nación que inicie, o reabra, las investigaciones penales contra los otros funcionarios que participaron en los hechos, solicitando que analice si amerita priorizarse, teniendo en cuenta que se trata de una situación en la cual se encuentra comprometida la violación de derechos humanos. La condena se profiere en contra de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado debido a que el Decreto 4057 del 2011 definió qué entidades asumirían los procesos judiciales en contra del extinto DAS y asignó el presente a la ANDJE.
    2014-11-07 CONDENAN A CAJANAL POR INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA El Consejo de Estado condenó a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) por los daños ocasionados a una mujer, a quien fue necesario realizarle una histerectomía, debido a una infección intrahospitalaria que contrajo en una Clínica de Bogotá. Los hechos ocurrieron en noviembre de 1994 cuando, después de ser sometida a una cesárea, la señora presentó una infección que no pudo ser controlada con antibióticos, por lo que los médicos ordenaron una histerectomía total para salvar la vida de la paciente. Cajanal señaló que la madre recibió atención integral para atender la infección postparto, pero que la respuesta al tratamiento no fue el deseado, argumento acogido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al negar las pretensiones de la demanda en primera instancia. La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón, señaló que la paciente adquirió la infección en las instalaciones de la Clínica, pues ninguna prueba demuestra que ella estuviera enferma antes de la cesárea, por el contrario, se trataba de una gestante en buenas condiciones generales, con un parto normal. “El tratamiento médico hospitalario prestado por el ente público demandado a la señora afectó de forma grave los derechos a la vida, integridad y salud, entre otros, en perjuicio de la madre gestante, sin tomar en cuenta que la condición de la mujer en estado de embarazo corresponde a una situación que requiere de un cuidado especial y único, y mucho más para el momento del parto”, indica la sentencia. La Sala recuerda que el embarazo en la mujer debe gozar de un cuidado y protección especiales por parte del Estado, dada su relación directa con la constitución de la familia, institución amparada en el ordenamiento legal nacional. “La sociedad y el Estado especialmente deben velar por la salud de la madre y de aquél que está por nacer mediante la prestación de un servicio médico adecuado que procure la conservación de la integridad física de ambos”, puntualizó la sentencia.
    2014-10-23 RECONOCEN A MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA COMO VÍCTIMAS El Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Nación por la muerte de tres miembros del Ejército Nacional en la toma que hizo el grupo armado insurgente Farc a la base militar del cerro de Patascoy (Nariño) en diciembre de 1997. El Alto Tribunal realizó un análisis del concepto de víctima a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y determinó que los miembros del Ejército que perecieron en dicha incursión guerrillera también deben recibir la calificación de víctimas dentro del conflicto interno armado, por lo que deben ser incorporadas como beneficiarias de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Considera la Sección Tercera que aunque una persona esté prestando su servicio militar obligatorio, en ningún momento deja de ser ciudadano sujeto de protección de sus derechos humanos, por lo que es deber del Estado garantizar su salvaguardia. Así mismo, señala que el término “víctima” también comprende a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa. “Cualquier sujeto de derecho puede ser considerado como una potencial víctima –a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y derecho gentes- siempre que se concreten en él o sus familiares una conducta activa u omisiva constitutiva de una grave violación de Derechos Humanos o de Derecho Internacional Humanitario”, señala el fallo. Con respecto a la responsabilidad que le asistía a la Nación Ejército Nacional por los hechos ocurridos en la base militar, la Sala explicó que existían indicadores y testimonios de pobladores de la zona que permitían sospechar del posible ataque. Sin embargo, no se adoptaron las medidas necesarias para prevenirlo y tampoco se trasladó personal capacitado, pues algunos de los jóvenes que se encontraban en la base eran soldados incorporados al servicio militar obligatorio con no más de seis meses de experiencia. De igual manera, se demostró que las condiciones de la base militar no eran las más adecuadas. Según testimonios de soldados retirados que sirvieron en dicho lugar y las pruebas del proceso, el entorno era “inhumano”, pues se conocía el caso de soldados que murieron por hipotermia debido al frío extremo sin las condiciones para soportarlo; el acceso al cerro no era fácil, lo que dificultaba el suministro de provisiones y ocasionaba que se pasara el día sin comer; y el relevo no era oportuno, pues a este lugar solo llegaba un helicóptero que dejaba a las tropas a ocho horas de la base. Finalmente, la Sala reitera el concepto de ciudadano-soldado, que ha sido acogida convencionalmente y establece que el personal militar no queda excluido de las mínimas garantías reconocidas por la Constitución ni del respeto de sus derechos humanos, que son inherentes a toda persona por el hecho de su existencia y, por lo mismo, irrenunciables. “El Estado estaba llamado a evitar los riesgos, debilidades y fallas que se cometieron en la Base Militar del Cerro de Patascoy, que permitió el ataque guerrillero, con el resultado funesto y desafortunado de todos los que resultaron víctimas del mismo, quienes debieron ser amparados como ciudadanos-soldados en sus derechos fundamentales y humanos. Fue, por lo tanto, la omisión protuberante, ostensible, grave e inconcebible del Estado de la que se desprende su responsabilidad, quien estaba en la obligación de ofrecer, por lo menos, una intervención proporcionada y adecuada a las circunstancias riesgosas creadas por el mismo, como se constató al afirmarse la inconveniencia de la existencia en ese lugar de la Base Militar”, afirma el fallo. En el caso concreto, la Corporación condenó al Ejército a pagar más de 920 millones de pesos a las familias de las víctimas. Ordenó además a la Fiscalía que se investiguen las posibles violaciones de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo para que informe sobre investigaciones al respecto; y que se condene solidariamente a los entonces tenientes coronel responsables de la seguridad de la base y exhortó al Gobierno Nacional a tomar las medidas del caso para que no se vuelvan a presentar las irregularidades detectadas en ese caso y para que acuda a instancias internacionales de protección de DD HH y DIH, si lo considera pertinente, para garantizar el derecho de las víctimas; Finalmente, ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a las familias de los fallecidos.
    2014-10-22 CONFIRMAN SANCIÓN A OCHO ESTACIONES DE GASOLINA El Consejo de Estado confirmó la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a ocho estaciones de gasolina en Cali por incurrir en prácticas contrarias a la libre competencia. Según la investigación de la Superintendencia, las empresas involucradas ejercieron prácticas paralelas al fijar precios idénticos para la gasolina extra durante los meses de abril y mayo de 1999 e incrementarlos de manera sincronizada y en porcentajes iguales. Las empresas demandaron las sanciones impuestas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señalando que no se había demostrado la presunta violación a las normas de la libre competencia, argumento que fue rechazado por dicho Tribunal, por lo que los demandantes apelaron el fallo. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, encontró que los precios de las ocho estaciones investigadas coincidieron durante todos los días de los meses investigados de abril y mayo de 1999, por lo que se observa una identidad de precios en el mismo período de tiempo. “La coincidencia de que las ocho estaciones de servicio investigadas, geográficamente próximas, que tienen diferentes comportamientos y variables, hayan fijado e incrementado el precio de la gasolina extra (un mismo producto sometido a la libre competencia), simultáneamente o coincidentemente en tiempo (abril y mayo de 1999) y valor, de manera idéntica, es una prueba indiciaria de que incurrieron en un acuerdo contrario a la libre competencia, bajo la modalidad de práctica conscientemente paralela, dado que no resulta lógico que dichas estaciones de servicio diferentes hayan tenido un comportamiento conjunto, concomitante y mancomunado, sin saber o conocer cada una de ellas la forma como la otra u otras estaban operando, es decir, sin que mediara un comportamiento consciente”, explica la sentencia. La Sala señala que no cabe duda de que los actores incurrieron en una conducta reprochable, constitutiva de un acuerdo contrario a la libre competencia, digna y merecedora de una sanción.
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