República de Colombia
Consejo de Estado 

BOLETÍN DEL CONSEJO DE ESTADO

No 11–  Octubre 1 de 2007
BOGOTÁ COLOMBIA

l de 2006 

Publicación Quincenal

l de 2006 

	

 EDITORIAL

Con la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos del Circuito se han presentado dudas en materia de competencias.  La Sala Plena se ha pronunciado para dar luces en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho donde se tendrá en cuenta el criterio objetivo o subjetivo, según sea el asunto del orden nacional o territorial.

Para efectos de la presentación de la demanda en debida forma, la Sección Tercera le otorga valor a los actos administrativos de carácter general que se publiquen en las páginas electrónicas de las entidades departamentales o municipales.  De esta forma se hace prevalecer el derecho sustancial.

La Sección Primera modifica su jurisprudencia en el sentido de considerar que la falta de comunicación de la solicitud de licencia de construcción es una irregularidad que conlleva la anulación de la licencia.

En materia tributaria, la Sección Cuarta concluye que la derogatoria de las exenciones que en su momento generaron derechos adquiridos o situaciones consolidadas para quienes cumplieron los requisitos exigidos, no  afecta a los contribuyentes que actuaron en virtud de la confianza legítima.

Ligia López Díaz
Vicepresidente

Ligia López Díaz
Vicepresidente 

Contenido:

Editorial	1	
Jurisprudencia del Consejo de Estado al Día
•	Sala Plena de lo Contencioso
•	Acciones Constitucionales
•	Sección Primera
•	Sección Segunda
•	Sección Cuarta
•	Sección Quinta
•	Sala de Consulta y Servicio Civil
•	Noticias Destacadas  

1,2

2 

2 a 5
5 y 6
6 y 7
7 y 8

 8
9	

				

Noticias destacadas

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO AL DÍA
En esta sección destacamos algunos de los fallos proferidos por el Consejo de Estado en las últimas semanas:

APOYEMOS PLAN PADRINOS, POR LA NIÑEZ DESAMPARADA

CONCURSO DE MÉRITOS PARA ELECCIÓN DEL REGISTRADOR NACIONAL

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO EN ACCIONES CONTRA ACTOS SANCIONATORIOS
Frente a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, la determinación de la competencia territorial depende de que el asunto sea o no del orden nacional.  Así, si el asunto no es del orden nacional, entonces el criterio determinante de la competencia es el subjetivo, por cuanto el numeral primero del art. 134 D del C.C.A., para esos casos sólo define la competencia a partir del domicilio de la entidad demandada, con independencia de la naturaleza del acto que se cuestiona.  En cambio, si el asunto es del orden nacional, habrá que indagar si a través del acto se impone una sanción, evento en el cual la competencia radica en el juez del lugar donde ocurrió el hecho generador de la sanción, con lo cual el factor determinante de la competencia es el tema a que se refiere el acto demandado, esto es, objetivo.

Auto del 18 de septiembre de 2007, Exp. 2007-00462, M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO

2.  COMPETENCIA EN ACCIONES DE GRUPO.

De acuerdo con el artículo 51 de la ley 472 de 1998, la competencia territorial para el conocimiento de las acciones de grupo puede corresponder a diferentes jueces, así: Al juez del domicilio del demandante, en caso de que el grupo demandante tenga un domicilio único. Al juez del domicilio del demandado y siendo varios demandados con diferentes domicilios al de cualquiera de ellos.  Al juez del lugar donde ocurrieron los hechos y habiendo sucedido en varios sitios, al de cualquiera de ellos.
Cuando en aplicación de estas reglas aparezcan varios jueces como competentes para conocer de una acción de grupo, lo será a prevención aquél ante quien el demandante decida presentar la demanda, porque la elección del juez en esos eventos la dejó la ley al accionante. 
Auto del 18 de septiembre de 2007, Exp. 2007 00946, M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO

ACCIONES CONSTITUCIONALES

ACCIONES POPULARES

1. SANCION ANTE CONDUCTA TEMERARIA DEL ACTOR NEGLIGENTE 
En el caso concreto bajo estudio FUNDEGENTE (…) no cumplió con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 472 de 1998 relativo al suministro de los gastos necesarios para la publicación del aviso a los interesados, tampoco asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento ni se excusó previamente por ello, tal como lo exige el artículo 27, ibídem sino tiempo después aduciendo amenazas contra su vida provenientes del otro actor a quien denunció ante el Consejo Seccional de la Judicatura y los Jueces Penales Municipales, de lo cual solo aportó fotocopias sin acreditar las decisiones impartidas en el curso del trámite de las mismas; tampoco alegó de conclusión.  Los anteriores comportamientos se alejan de la diligencia con la cual debe actuar el demandante en pro de la salvaguarda de los derechos colectivos amenazados o vulnerados, requerida además para la concesión del incentivo económico previsto en el artículo 39 que, como se anotó, es un reconocimiento a su diligencia y altruismo. Esto evidencia la carencia de razonabilidad para impetrar la acción, comportamiento previsto como temerario (art. 74 numeral 1° del C. de P.C.).  Por tanto, debe revocarse el incentivo que el a-quo fijó a su favor porque en las circunstancias antes precisadas no hay lugar a ello. 

Sentencia del 20 de septiembre de 2007. Exp.  2004-00581, M.P. MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
2. VALOR DE ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES EN DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE LAS PÁGINAS INSTITUCIONALES
De conformidad con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 962 de 2005, resulta claro que las reproducciones efectuadas de las normas de carácter territorial seccional o local (estricto sensu: actos administrativos de carácter general) que se encuentren a disposición del público en Internet como documentos electrónicos en su modalidad de mensaje de datos dentro de las páginas institucionales de las entidades públicas de las administraciones departamentales o municipales se reputan auténticas para todos los efectos legales, siempre que no se altere el contenido del acto, régimen que interpretado armónica y sistemáticamente con los artículos 95 de la Ley 270 de 1996, 6 y 10 de la Ley 527 de 1999, permite colegir que es un medio admisible, eficaz, válido y con fuerza obligatoria para demostrar el contenido del texto de aquél tipo de disposiciones jurídicas de alcance no nacional y con el cual se satisface la exigencia prevista en los artículos 188 del C. de P. Civil y 141 del C.C.A. respecto de su aducción al proceso para efectos de aplicación por parte del juez, quien así privilegiará el principio contenido en el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual en las actuaciones de la Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”.

En conclusión, para la Sala la información almacenada como mensajes de datos en las páginas institucionales de las entidades públicas a disposición del público en la red de Internet relacionada con los actos administrativos de carácter general, se califican como auténticos para todos los efectos legales, incluyendo, por supuesto, los judiciales, de manera que el Juez puede acudir a su consulta y tenerlos en cuenta con el fin de aplicar el derecho que emana de ellos al caso concreto materia de conocimiento, para lo cual se requiere que en la reproducción en la providencia o sentencia respectiva no se altere su contenido y la información obtenida pueda ser accesible para su posterior consulta.
Sentencia del 15 de agosto de 2007. Exp.  2005-00993, M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO

SECCIÓN PRIMERA

1. AEROCIVIL PUEDE INTERVENIR EN DETERMINACIÓN DE COSTOS DE TIQUETES AÉREOS

Para esta Sala no resulta acorde con la Constitución, aducir el derecho a la libertad económica, la libertad de empresa  y el derecho a la libre competencia económica como si se tratase de barreras infranqueables capaces de impedir la eficaz protección del interés público mediante  la adopción de medidas que salvaguarden los  intereses de los consumidores, máxime cuando es deber de  las autoridades hacer efectiva la prevalencia del interés público, salvaguardar sus intereses y construir un orden justo. El Constituyente de 1991 elevó a la categoría de mandato constitucional la protección de los consumidores y usuarios en el artículo 78 de la Constitución Política; y en el inciso final del artículo 333 señaló que «la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.». Es este el sentido del art. 333 de la Constitución cuando preceptúa que «la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común»  y que «la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades.». De lo expuesto surge indubitable que de los artículos 333 y 334  de la Constitución no puede inferirse la tesis según la cual las restricciones y  limitaciones  impuestas a las libertades económicas para la protección a los consumidores en aras del bien común,  las hagan nugatorias.

En criterio de esta Sala,  el contenido normativo del acto acusado, lejos de desconocer la libertad económica y la libre competencia, es cabal expresión de los condicionamientos constitucionales que al ejercicio de los derechos económicos imponen la protección del interés general,  la prevalencia del bien común y  la protección de los consumidores. Concreta el mandato legal de intervención en el sector transporte contenido en las Leyes 105/93 y 336/96,  y es consecuencia del ejercicio de las funciones de vigilancia y control en beneficio de los usuarios de los servicios aeronáuticos. 

No se remite a duda que si las agencias de viaje obtienen una contraprestación económica por la venta de tiquetes aéreos internacionales, los viajeros  emplearán  sus servicios, lo que  de contera beneficia a las aerolíneas, pues a mayores facilidades de obtención del servicio, aumentará su demanda. Concluye la Sala que al expedir la resolución acusada, la AEROCIVIL no extralimitó sus atribuciones ni usurpó las funciones legislativas del Congreso pues, como quedó expuesto, por expresa disposición legal (artículo 2° de la Ley 105/93), le compete vigilar y controlar el transporte aéreo como servicio público esencial (art. 68 Ley 336/96) y, en tal virtud, intervenir en la determinación de los  costos que influyen en el precio de los tiquetes aéreos,  fijando la comisión que las aerolíneas deben reconocer a las agencias de viaje por la venta y promoción de tiquetes u órdenes de canje (MCO) en rutas internacionales.

Sentencia del 23 de agosto de 2007. Exp.  2003-0027, M.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

2. FALTA DE COMUNICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN GENERA SU NULIDAD.

Esta Corporación en sentencia de 18 de julio de 2001 (M.P. Manuel S. Urueta Ayola), frente a un asunto similar sostuvo que no toda irregularidad en un trámite administrativo conlleva la nulidad del mismo, sino sólo en la medida en que el vicio vulnere el derecho de defensa. En este caso, la Sala rectifica la tesis expuesta en la precitada sentencia, habida cuenta de que es evidente que si la ley ha previsto que desde un comienzo, tratándose de materia urbanística, los vecinos de la obra a construir estén enterados de la misma, es porque el legislador ha sido conciente de que la garantía de su derecho de defensa tiene como punto de partida el momento procesal de la comunicación de la solicitud de licencia de construcción, a fin de que los mismos preparen sus argumentos en torno de la viabilidad o inviabilidad de la obra a construir. Considerar que con la posibilidad de interponer los recursos se sanea la irregularidad de la falta de comunicación de la solicitud, es cercenar el derecho de defensa, pues el término para ejercitar los medios de impugnación es muy limitado (5 días), en tanto que el legislador previó en estos casos uno mucho más amplio desde la comunicación de la solicitud hasta la notificación del acto administrativo de otorgamiento. De tal manera que los actos acusados, en virtud de su expedición irregular que afecta el debido proceso, deben ser declarados nulos.

Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  1995-01415, M.P. MARCO ANTONIO VELILLA  MORENO

3. SIMILITUD DE MARCAS ENTRE OXYGENE Y OXYGEN 

En este caso, la impresión de conjunto y de forma unitaria y sucesiva de las dos marcas enfrentadas da lugar a una percepción de semejanza de las mismas y unidad en el origen empresarial de los productos que ellas representan o distinguen, por la identidad entre las palabras OXYGENE Y OXYGEN, las cuales no son descriptivas de esos productos: OXYGEN YANBAL OXYGENE; OXYGEN YANBAL OXYGEN. En esas circunstancias, el signo OXYGEN YANBAL está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la marca OXYGENE se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento, luego el acto administrativo enjuiciado vulnera dicho artículo en razón a que contrariando lo dispuesto en él concede el registro de la primera de tales marcas para distinguir productos de la misma clase que distingue la segunda, que le antecede en el registro a aquella, lo cual es suficiente para declarar su nulidad y ordenar la cancelación del correspondiente registro de la marca OXYGEN YANBAL para productos de la clase 3, concedido en dicho acto administrativo.
Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  2001-00349, M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

4. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE PUEDE REGLAMENTAR LOS FLETES

La actualización de  la  tabla de fletes para el transporte de carga que hizo el acto acusado, se fundamentó en el «estudio de actualización de costos del transporte» elaborado en Diciembre del 2001 por la Dirección General de Transporte Terrestre Automotor y en la metodología de cálculo aprobada por el Grupo de Trabajo conformado mediante Resolución 212 de 2000 conforme a la cual su valor debe armonizarse con los costos de operación vehicular para el transporte de carga por carretera e incrementarse en relación directa a la variación ponderada de los costos. El contenido normativo del acto acusado, lejos de desconocer la libertad económica y la libre competencia, es cabal expresión de las restricciones que al ejercicio de los derechos económicos impone la normativa constitucional y legal analizada,  con miras a la protección del interés general, a  hacer efectiva la prevalencia del bien común, y de los usuarios del servicio público de transporte terrestre de carga, como de  los actores  y agentes que intervienen en su prestación, al propiciar que en sus relaciones económicas impere la justicia mediante la fijación de los fletes mínimo y máximo que lo rigen. Por otro aspecto, el contenido normativo del acto acusado concreta el  mandato de intervención en el sector transporte dispuesto por las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, y es  ejercicio de las funciones de vigilancia y control en beneficio de los agentes que intervienen en la operación de este modo de transporte. La Constitución Política no adoptó un único y exclusivo modelo económico. Tampoco es cierto que la competencia de conservación o restablecimiento del orden público económico o social  sea exclusiva ni privativa del Presidente de la República,  como sí lo es en tratándose del orden público político. Bien podía entonces el Ministro conjurar un factor de alteración de la convivencia mediante la adopción de las  medidas dispuestas en el acto acusado, pues según el artículo 208 CP, es jefe de la administración en su respectiva dependencia y bajo la dirección del Presidente de la República le compete formular las políticas atinentes a su despacho y ejecutar la ley. Los términos concluyentes de  las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 obligan al Ministro de Transporte, en su condición de Director el Sector y del Sistema Nacional de Transporte, a asegurar la continuidad en su prestación. El Constituyente de 1991 elevó a la categoría de mandato constitucional la protección de los consumidores y usuarios. (Artículo 78 CP). Además, el inciso final del artículo 333 advirtió que «la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.». Es este el sentido el artículo 333 cuando preceptúa que «la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común»  y que «la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades.». De lo expuesto surge indubitable que de los artículos 333 y 334 de la Constitución  Política no puede inferirse la tesis según la cual las restricciones y  limitaciones  impuestas a las libertades económicas para la protección de los usuarios del servicio de transporte y para equilibrar las relaciones económicas entre los  actores que intervienen en su operación, a saber,  las empresas de transporte autorizadas, y el propietario y/o conductor de los vehículos de carga,  las hagan nugatorias. Se denegaron las súplicas de la demanda.
Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  2002-0254, M.P. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
* con salvamento de voto del doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFON PIANETA 

5. GUÍA AÉREA AMPARA EL TRASLADO ENTRE AEROPUERTOS Y  CERTIFICA SALIDA DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL

La guía aérea “es un documento que contiene información semejante al conocimiento de embarque, expedido en 3 originales y 9 copias por la aerolínea o el agente que la representa”. En  providencia del 11 de diciembre de 1991 (exp. 4487) se dijo que la guía aérea ampara el traslado de las mercancías del aeropuerto de origen al aeropuerto de destino y en ella se relaciona la información de la carga que se transporta, previa verificación física del peso, volúmen e inspección física de la misma. Lo anterior significa que en este caso la guía aérea aportada oportunamente con la solicitud de cancelación de la póliza, hace las veces o implica por mandato legal una certificación del transportador, de modo que respecto de esa connotación, es jurídicamente válido acoger la guía aérea o el conocimiento de embarque, según el caso, como certificación emanada del transportador cuando el interesado no alcance aportar dentro del señalado término un documento con la forma expresa de certificación. El otro tópico es el contenido que ha de reconocérsele a esa forma implícita de certificación, pudiéndose decir que en la medida en que la ley, al definirlos, dice se expiden como “certificación que (el transportador) ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de destino”, es viable entender también que se está certificando por el transportador que la mercancía ya salió de territorio aduanero nacional, pues ya quedó a cargo del transportador y frente a él sólo queda la aduana de destino. Para una mejor valoración de esa inferencia, es muy ilustrativo el cambio que tuvo la regulación de este punto entre el Decreto 2666 de 1984 y el Decreto 2685 de 1999, de lo cual sirve destacar que la normativa anterior exigía prueba de la llegada de la mercancía a país extranjero, mientras que la actual se refiere a certificación de la salida de la mercancía de territorio aduanero nacional; situaciones que son totalmente distintas, de las cuales la última se cumple con la entrega formal de la mercancía al transportador. Igualmente se ha de destacar la drástica disminución del término, como quiera que en la primera era de cinco (5) meses y en la segunda y actualmente vigente es de 15 días, diferencias que se explican por las implicaciones de cada una de las situaciones anotadas.

Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  2002-01514, M.P. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

SECCIÓN SEGUNDA

1. NULIDAD DE INSUBSISTENCIA POR DESVIACIÓN DE PODER
El asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante en un  cargo de libre nombramiento y remoción. La Sala reitera su criterio jurisprudencial, según el cual, los nombramientos de esta naturaleza pueden ser declarados insubsistentes, a través de acto administrativo que no requiere motivación alguna. No obstante, la justificación del retiro debe propender por la búsqueda de mejorar el servicio de la entidad pública y los intereses generales que deben predominar en la función pública. La actora planteó la desviación de poder, en el sentido de mostrar que las razones que motivaron la declaración de insubsistencia no fueron la búsqueda del mejoramiento del servicio, sino una  retaliación por ser una excelente funcionaria; que su desvinculación obedeció al cumplimiento de cuotas burocráticas adquiridas y que su reemplazo no tenía el perfil requerido. La Sala encuentra que la autoridad nominadora, no persiguió razones del buen servicio público, sino retirar a una funcionaria que con personalidad íntegra se oponía y denunciaba conductas que atentaban contra los intereses de la demandada, también orientó su conducta a satisfacer los compromisos políticos y no se tuvo en cuenta la experiencia y conocimiento que poseía la actora para desempeñar el cargo con idoneidad. Por lo que se decide revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.
Sentencia del 19 de julio de 2007. Exp.  2000-00024 (2686), M.P. JAIME MORENO GARCÍA

2. NULIDAD DE INSUBSISTENCIA POR NOMBRAR REEMPLAZO SIN REUNIR REQUISITOS PARA EL CARGO

El hecho de que una persona sea designada en una entidad pública y posesionada en la misma sin ostentar los requisitos mínimos exigidos en las normas legales, resulta suficiente para inferir un desmejoramiento en la prestación del servicio. La Sala observa que el actor no reunía al momento de su designación las calidades exigidas en el manual de funciones y requisitos. El permitir al legislador la revocatoria del nombramiento que ha recaído en una persona que no reúne calidades para el ejercicio del cargo, no significa que la situación irregular, provocada por la misma administración ante su omisión, haya quedado subsanada, pues se produjeron ciertos efectos jurídicos en el tiempo que, afectaron el buen servicio. Con la declaratoria de insubsistencia, la entidad  no tuvo en cuenta el buen servicio y por lo tanto, el acto administrativo que así lo dispuso amerita su anulación. De otra parte, es importante aclarar que aunque no es necesario demandar el acto de nombramiento de la persona que reemplazó   a la afectada con la medida discrecional, en caso de llegar a integrarse en la proposición jurídica no se produce una indebida acumulación de acciones - restablecimiento y electoral -, si se considera que con esta designación se afectó el buen servicio, lo cual podría constituirse en una desviación de poder. 
Sentencia del 9 de agosto de 2007. Exp.  2001-00338 (1282), M.P. ALFONSO VARGAS RINCÓN

3. FALTA GRAVÍSIMA DE SERVIDOR PÚBLICO QUE EJERCE PROFESIÓN DE ABOGADO.

El demandante al tener la calidad de servidor público, le estaba vedado el ejercicio de la profesión de abogado. Por lo tanto, no podía efectuar ninguna acción administrativa o judicial, en causa propia o ajena, so pena de incurrir en la incompatibilidad señalada en el numeral 1º del artículo 39 del Decreto 196 de 1971. La parte demandante plantea la falta de competencia de la Oficina de Control Único Disciplinario del Inpec, violación de los derechos de contradicción y defensa, no valoración de los atenuantes al momento de calificar la falta y vulneración del derecho a la igualdad. En cuanto a la falta de competencia, como la Procuraduría se abstuvo de ejercer el poder preferente, el Control Interno Disciplinario de la entidad podría continuar la investigación, tal como sucedió. Además la sanción impuesta fue proferida por funcionario competente en cada una de las instancias. Se estableció igualmente que al demandante no se le vulneraron los derechos de defensa y contradicción, por cuanto se le respetaron todas las garantías y participó activamente en el proceso disciplinario. Por último la conducta del demandante fue calificada como gravísima (numeral 10 artículo 25 de la ley 200 de 1995), por cuanto actuó como litigante a sabiendas de estar incurso en la incompatibilidad señalada en el numeral 1º del artículo 39 del Decreto 196 de 1971. Tratándose de faltas gravísimas por expresa denominación legal, el sistema de graduación del artículo 27 no opera, sólo se aplica a las faltas graves o leves. Por lo expuesto, las faltas gravísimas, cuando su comisión ha sido comprobada y adjudicada a título de dolo o culpa (como en este caso), no son susceptibles de graduación para efectos de determinación de la sanción.
Sentencia del 23 de agosto de 2007. Exp.  1998-00683 (4053), M.P. JAIME MORENO GARCÍA

4. RENUNCIA AL CARGO SIN LA LIBRE Y ESPONTÁNEA VOLUNTAD AMERITA LA NULIDAD DEL ACTO QUE LA ACEPTÓ
La litis se centra en determinar si la aceptación de la renuncia contrarió o no el ordenamiento jurídico, porque – según el actor – no puede calificarse de libre y espontánea cuando fue presionada por la misma entidad. Circunstancias de modo, tiempo y lugar llevan a la Sala a deducir que la renuncia no obedeció a su libre y espontánea voluntad, pues las pruebas traídas al proceso indican claramente que no tenía la más mínima intención de  separarse del cargo, dada su vocación de servicio y entrega al mismo, sino que su dimisión fue producto del apremio de la administración que comprometió derechos fundamentales no solo del trabajador sino de la persona, por el simple capricho de algunos funcionarios de poner en entredicho su ejercicio profesional. En resumen, considera la Sala que está probado el nexo de causalidad entre la designación para actuar como sujeto procesal en  una investigación, el traslado a otra ciudad y la  renuncia provocada por circunstancias antecedentes. De acuerdo con lo expuesto, se confirma la  sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda. 
Sentencia del 23 de agosto de 2007. Exp.  2000-00142 (7742), M.P. ALFONSO VARGAS RINCÓN

SECCIÓN CUARTA

1. BENEFICIOS TRIBUTARIOS CONSOLIDADOS SE CONSERVAN AUN CUANDO SE DEROGUE LA EXENCIÓN
Conforme al artículo 38 de la Ley 14 de 1983, los municipios pueden otorgar exenciones de impuestos municipales por un plazo máximo de diez años, de conformidad con los planes de desarrollo municipal.  En consecuencia, otorgada una exención sobre un tributo de tal orden, por el periodo de término legalmente establecido, la Administración Municipal no puede desconocerla, toda vez que el contribuyente en su momento hizo uso de una opción que le otorgó la ley tributaria, cumpliendo los requisitos señalados para el efecto y tal circunstancia fue reconocida por la autoridad municipal mediante acto de carácter particular.  Dicha estabilidad tributaria se debe respetar, atendiendo a que existe una situación jurídica consolidada frente a la norma que concedió el beneficio fiscal
Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  2000-02102 (15503), M.P. LIGIA LÓPEZ DÍAZ

2. DERECHOS FIDUCIARIOS EN ACCIONES NO PUEDEN DESCONTARSE PARA INVERSIÓN EN BONOS DE SEGURIDAD
Acerías Paz del Río efectuó la inversión forzosa en Bonos para la Seguridad creados por la Ley 345 de 1996 el día 6 de junio de 1997 descontando el valor correspondiente a derechos fiduciarios en virtud de un contrato de fiducia mercantil representado en acciones. Después de analizar las características de la fiducia mercantil en su modalidad de garantía, se encuentra que en virtud del contrato de fiducia de garantía celebrado, Acerias Paz del Río transfirió de manera irrevocable al fiduciario las acciones que poseía en Cementos Paz del Río, así como los activos relacionados en el contrato, de los cuales dejó de tener disposición y en consecuencia no hacen parte de su patrimonio, sino del fideicomiso así creado. En su lugar es titular de los derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo. Así pues como dentro del patrimonio líquido de Acerias Paz Del Río no había bienes representados en acciones o aportes, no era procedente de conformidad con el inciso 3° de la Ley 345 de 1996, descontar de la base para determinar la inversión en bonos para la seguridad, el valor correspondiente al valor de las acciones en Cementos Paz del Río, pues el titular de las mismas era la sociedad fiduciaria, para efectos del cumplimiento del contrato suscrito.
Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  2002-00591 (15275), M.P. LIGIA LÓPEZ DÍAZ

3. EMPLAZAMIENTO EXTEMPORÁNEO, NO SUSPENDE TÉRMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL
La DIAN profirió en el  año 2000 Emplazamiento para corregir la declaración de 1997, el cual fue devuelto por correo, ante lo cual la administración envió copia a la dirección informada en la última declaración de renta. Si bien el artículo 567 del Estatuto Tributario permite a la Administración corregir “en cualquier tiempo” la notificación enviada a dirección errada, tal facultad no implica que pueda extenderse el término de firmeza de la declaración privada. Dado que según el artículo 705 del Estatuto Tributario la DIAN tenía dos años para notificar el requerimiento especial, como la notificación del emplazamiento para corregir se surtió por fuera del plazo legal, dicha notificación no tuvo la virtualidad de suspender, por un mes, el término para notificar el requerimiento especial, como lo permite el artículo 706 del Estatuto Tributario y éste resultó extemporáneo. 
Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp.  2002-90686 (15269), M.P. HECTOR J. ROMERO DÍAZ

SECCIÓN QUINTA

1. VÍA GUBERNATIVA PARA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN 
El decreto reglamentario 2244 de 2005 (num. 3, art. 10) busca regular en parte la vía gubernativa en el del proceso de elección del miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión de que trata el literal d) del artículo 1 de la Ley 335 de 1996, en especial se ocupa de calificar la naturaleza jurídica del acto por medio del cual se decide lo concerniente a la inscripción y acreditación tanto de los grupos electores como de los candidatos, calificándolo como un acto de trámite, contra el cual no procede ningún recurso en la vía gubernativa, observa la Sala que allí el Presidente de la República desbordó el ejercicio de su potestad reglamentaria, puesto que tratándose de un asunto especialmente regulado en el Código Contencioso Administrativo –Vía Gubernativa- sobre él no podía expedir reglamentación alguna, ya que se trata de una materia que tiene reserva legal y que por tanto sólo puede ser objeto de regulación por parte del Congreso de la República.
La vía gubernativa, regulada en el Código Contencioso Administrativo se expidió por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas a través del artículo 11 de la Ley 58 de 1982, es decir se trata de un decreto con fuerza de ley. Para ese entonces se hallaba vigente la Constitución Política de 1886 que en el numeral 12 de su artículo 76 habilitaba al Congreso de la República para expedir leyes y a través de ellas “Revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen”. En vigencia de la Constitución Política de 1991 el traslado excepcional o extraordinario de competencias legislativas del Congreso de la República al Jefe de Estado vía facultades extraordinarias, experimentó cambios importantes que hicieron más rígido el principio de separación de poderes, al punto de haberse establecido de manera expresa una reserva legal que impide que bajo cualquier circunstancia el Presidente de la República pueda ocuparse de materias atinentes a códigos, a través del ejercicio de facultades extraordinarias por conducto de la potestad reglamentaria.
El constituyente prohibió que el Congreso otorgue facultades extraordinarias para que el Presidente se ocupe de “expedir códigos”. El órgano legislativo es el único habilitado para ello y el Jefe de Estado no puede entrar a esa materia, estableciéndose así una clara reserva legal que no puede ser desconocida por el Presidente de la República cuando decide ejercer su potestad reglamentaria.
Sentencia del 14 de septiembre de 2007. Exp.  2007-0018,  M.P. MARÍA NOHEMÍ HERNÁNDEZ 

2. REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO EN CONSEJO SUPERIOR DE UNIVERSIDAD
La normatividad mediante la cual se convoca la elección del Representante del sector productivo en el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, prevé que debe ser un ejecutivo de una empresa legalmente constituída, vigente en territorio boyacense y debidamente inscrita en la Cámara de Comercio, sin especificar que la empresa sea unipersonal o pluripersonal y sin calificar la clase o tipo de ésta.
El Acta 27 correspondiente a la sesión del Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 25 de septiembre de 2006 referente a la selección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior no previó que el candidato tuviera que pertenecer a una empresa pluripersonal, excluyendo a las unipersonales como señala el demandante. De ninguno de los apartes de su contenido es posible siquiera inferirlo.
De la lectura de las actas correspondientes a las sesiones de las distintas facultades de la Universidad en las cuales se trató el tema de la selección de los candidatos para elegir al representante del sector productivo al Consejo Superior de la UPTC, tampoco se observa que en alguna de ellas se considerara el tema de las empresas unipersonales o pluripersonales a efecto de excluír el proceso de selección de las primeras. 
Sentencia del 14 de septiembre de 2007. Exp.  2006-00191,  M.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA. 

3. NULIDAD DE ELECCION DE REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EJERCICIO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
Se declaró la nulidad de la elección del Representante a la Cámara por el Departamento del Tolima, porque el demandado estaba inhabilitado para ser elegido para el periodo 2006 - 2010 en razón a que ejerció en la circunscripción de ese Departamento, autoridad administrativa dentro de los doce meses anteriores a su elección en el cargo de Subdirector de Asesoría Territorial del ICBF.
Si bien las funciones que le asignó el Decreto 3264 de 2002 (art. 18) al Subdirector de Asesoría Territorial de la Dirección Técnica del I. C. B. F, no revelan mando alguno sino subordinación frente a un superior jerárquico, la Resolución No. 0068 de 29 de enero de 2003 que establece el manual de funciones del I.C.B:F consagra en las tres primeras funciones: liderar estrategias, dirigir la implementación de mecanismos para la articulación del SNBF y promover el control social a los niveles territoriales, verbos rectores que, en vez de ordenar el cumplimiento de tareas subordinadas, asignan literalmente tareas de liderazgo y dirección de las que, prima facie, se podría deducir el ejercicio de autoridad administrativa pues no se entiende cómo un funcionario podría ejercer las funciones precitadas, si no tiene en mayor grado poderes decisorios. Carecería de toda significación un poder de dirección sin deberes correlativos de obediencia y sujeción.
Además, dentro de las funciones “por delegación” que se asignan al Subdirector de Asesoría Territorial está la gerencia de los recursos financieros que hacen parte del presupuesto de inversión del ICBF, función que comprende la formulación y la programación de recursos financieros, físicos y humanos, así como la administración y ejecución de los mismos.  Aunque no se infiere que aquel ordenara directamente gastos o celebrara contratos, es evidente que estaba sujeto a la programación y administración de recursos destinados a programas y proyectos de inversión gerenciados por aquél y, por tanto a su poder y mando.
El hecho de que la dependencia a que está vinculado el cargo en el que sirvió el demandado durante el período inhabilitante lleve en su nomenclatura la expresión “Asesoría Territorial” no significa que ese sea el nivel exclusivo a que corresponde el cargo, como tampoco significa que sólo sea de nivel técnico porque lleva en la misma nomenclatura la expresión “Técnico”, pues según las normas examinadas es la materialidad de las funciones y su contenido el que determina dicho nivel.

Sentencia del 21 de septiembre de 2007, Exp.  Expediente No. 2006-00049,2006-00055 y 2006-00047, M.P. MAURICIO TORRES CUERVO

SALA DE CONSULTA

1. NO HAY ACCESIÓN POR ALUVIÓN. FRANJAS PARALELAS Y RIO SON BIENES INALIENABLES E IMPRESCRIPTIBLES DEL ESTADO
Salvo derechos adquiridos con antelación al 18 de diciembre de 1974, no es legalmente posible la accesión por aluvión tratándose de inmuebles riberanos de propiedad privada, pues de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del código de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, el cauce de los ríos, una franja paralela a éste en extensión máxima de 30 metros, y las demás superficies anejas a las aguas, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado y están expresamente excluidos de los procesos de adjudicación de baldíos. Dado que no es jurídicamente posible el fenómeno de la accesión por aluvión después de la vigencia del código  Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, no hay ningún acto jurídico que tenga la virtud de servir de título adquisitivo de dominio privado. La actuación gubernativa que se adelante debe vincular a los adjudicatarios de los baldíos; pero el INCODER puede revocar directamente las adjudicaciones aún sin su consentimiento, puesto que tratándose de bienes del dominio público ningún derecho fue transferido a ellos y, por ende, a ningún derecho tienen que renunciar. El posible vicio que se cometió consistió en tomar como título la afirmación unilateral del beneficiario de la accesión por aluvión y proceder a registrarlo como tal. Tanto el Registrador como la Superintendencia, pueden proceder a revocar directamente dicha inscripción.
Concepto del 26 de julio de 2007. Exp.  2007-00039 (1825),  M.P. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO

2. CAMBIO DE DESTINACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA NACIÓN
Considera la Sala que a partir de la separación del bien a la obra futura, es preciso que el IPSE y las autoridades municipales, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda, determinen la vocación de cada uno de los predios ocupados a vivienda de interés social urbana o rural, lo cual, deberá reflejarse en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. En la hipótesis de la pregunta no se presenta la figura jurídica de la desafectación, sino un fenómeno de cambio de destinación. Por tanto las entidades públicas del orden nacional pueden determinar que sus bienes inmuebles adquiridos para la construcción de las infraestructuras, no se requieren para dicho objeto, cuando los estudios técnicos y financieros, demuestren la inviabilidad de desarrollarlos o cuando dichos proyectos han sido sustituidos por otros que han satisfecho las necesidades de agua potable, energía eléctrica, saneamiento básico, gas, puertos, aeropuertos. En estos casos la respectiva entidad, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada bien, debe proceder a su enajenación onerosa o a su transferencia a título gratuito. El IPSE  deberá realizar un estudio pormenorizado de la viabilidad del  proyecto con fundamento en el cual se adquirieron los terrenos objeto de esta consulta, con el fin de establecer la viabilidad de separarlos de la construcción futura de la PCH y proceder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la  Ley 1001 de 2005, a titular a favor de los ocupantes ilegales, aquellos predios que de acuerdo con las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mocoa, tengan vocación para adelantar proyectos de  vivienda de interés social.
Concepto del 17 de mayo de 2007. Exp.  2007-00026 (1817),  M.P. LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO

NOTICIAS DESTACADAS

La Asociación APOYEMOS es una entidad jurídica privada sin ánimo de lucro, fundada hace más de veinte años por esposas de Consejeros y Exconsejeros de Estado.

El objeto principal de la Organización es el de constituirse en lazo de unión entre las personas vinculadas a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en todo el territorio nacional, mediante el desarrollo de programas tendientes a mejorar las condiciones de salud, educación y vivienda de personas de escasos recursos económicos, siendo prioridad la mujer cabeza de familia,  la población infantil y la vejez desamparada.

Para lograr los objetivos, ha desarrollado el PLAN PADRINOS, que consiste en una beca anual que en promedio fluctúa entre $250.000 (si se apadrina un niño) y $270.000 (si se apadrina al niño y al abuelo. 

Es claro, por tanto, que para APOYEMOS es muy importante la vinculación de un número de padrinos suficiente para cubrir las necesidades planteadas en nuestro objetivo. 

Por esta razón, la doctora Aurora Urdaneta de Aponte , Presidente de la asociación invita a convertirse en benefactor de esta obra social, apadrinando a alguno de los niños.

Informes en www.apoyemos.com,  asociacionapoyemos@yahoo.com 

ASÍ VA EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA ELECCIÓN DEL REGISTRADOR NACIONAL

Ante las Secretarias del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional concretaron su inscripción para Registrador Nacional del Estado Civil, 42 personas quienes manifestaron su deseo de participar en la convocatoria.

El pasado 21 de septiembre fueron rechazadas 11 hojas de vida por no allegar la totalidad de los documentos exigidos en el momento de la inscripción. A los aspirantes rechazados se les dio la oportunidad de presentar recurso de reposición con fecha máxima para el próximo miércoles 3 de octubre.

La lista de admitidos está integrada por 31 inscritos quienes continúan en el proceso de verificación por parte de los Presidentes de las Altas Cortes.

Consulte los Acuerdos relacionados con la convocatoria en www.ramajudicial.gov.co

GUSTAVO EDUARDO APONTE SANTOS
Presidente

LIGIA LÓPEZ DÍAZ
Vicepresidente

Sala de Gobierno

Marta Sofía Sanz Tobón
Presidente Sección Primera
Jaime Moreno García
Presidente Sección Segunda
Mauricio Fajardo Gómez
Presidente Sección Tercera
Juan Ángel Palacio Hincapié
Presidente Sección Cuarta
María Nohemí Hernández 
Presidente Sección Quinta
Enrique J. Arboleda Perdomo
Presidente Sala de Consulta

Reseña fallos
Relatoría Consejo de Estado

Diagramación y Edición
Edgar Eduardo Simbaqueva Herrera
Auxiliar Judicial
Teléfono: (1) 3506700 Ext 2061
eduardosimbaqueva@hotmail.com

Apoyo:
Yudi Andrea Alemán Soriano
Auxiliar Judicial
Teléfono: (1) 3506700 Ext 2061
yudiand@hotmail.com