El Consejo de Estado condenó al Ejército y a la Policía a pagar más de 800 millones de pesos a la familia de dos hermanos que fueron encontrados muertos con signos de tortura en una fosa común del municipio de Murillo (Tolima), en octubre del 2002, y quienes fueron vistos con vida por última vez durante una requisa que les hicieron miembros de la Fuerza Pública. La Sección Tercera encontró probada la responsabilidad del Ejército y la Policía por tres razones: Primero, indiciariamente se probó que fueron miembros del Ejército quienes detuvieron y posteriormente asesinaron a los dos jóvenes; en segundo lugar, por la omisión de la Fuerza Pública en su deber de proteger la dignidad humana, vida e integridad personal de las víctimas de una detención y muerte ilegal. En tercer lugar, la forma como fueron retenidos, torturados y desaparecidos los dos jóvenes fue una acción deliberada, arbitraria, desproporcionada y violatoria de todos los estándares de protección de la población civil, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Según el fallo, un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”, por lo que le asiste la obligación a la entidad demandada de indemnizar los daños materiales y morales ocasionados a la familia de las dos víctimas. “La forma violenta en que fallecen puede en sí misma comprender una vulneración de tal tipo que se ofende el principio de humanidad y de dignidad; se desprende como efecto inmediato e indiscutible que se entorpece cualquier elección del sujeto que fallece en tales condiciones, desde la perspectiva de vida personal, familiar, social y económica, se hace extinguir, abruptamente, cualquier capacidad laboral, productiva o económica de la persona, que en condiciones normales las podría haber desplegado; se niega la posibilidad de constituir una familia, o se limita la posibilidad de disfrutar de la misma y de todas las virtudes y obligaciones que en dicha figura existe; la persona se somete arbitrariamente a la limitación absoluta de la libertad como expresión plena de la entidad de la persona, y, los familiares de las personas sometidas a la tal cercenamiento de derechos, también padecen un impacto en la dignidad colectiva al encontrar que sus hijos o hermanos fueron objeto de actos que violentaron todos los mínimos de respeto que esto produce una limitación o restricción indebida en la esfera de sus propios derechos, de su calidad de vida, de su identidad social, y de su posibilidad de superación como individuos de la sociedad democrática”, señala la decisión. La Sala reiteró que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y la protección de la población civil no se limita a lo expresado en nuestras normas constitucionales, sino a lo señalado en las cláusulas que en el derecho internacional público se consagran tanto en el ámbito internacional humanitario, como en el de la protección de los derechos humanos. Por tal razón, el Alto Tribunal ordenó que el Ministro de la Defensa, el Comandante de las Fuerzas Militares y el Comandante del Batallón “Patriotas” realicen un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento a la memoria de las víctimas, en donde exalten su dignidad humana como miembros de la sociedad. Así mismo, se ordenó capacitaciones en todos los Comandos, Batallones, Unidades y patrullas militares en materia de procedimientos militares y policiales, según los estándares convencionales y constitucionales, exigiéndose la difusión de ejemplares impresos de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que en sus manuales institucionales sean tenidas en cuenta las convenciones en materia de desaparición forzada y tortura. El cumplimiento de dichos estándares convencionales deberá verificarse en todo el territorio nacional, y en especial en el Batallón “Patriotas”.
CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE DOS JÓVENES EN EL TOLIMA