COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
A propósito de las versiones de prensa y publicaciones en redes sociales que indican que el “Consejo de Estado devolvería terna para elegir auditor General”, la Sala Plena de esta alta corte se permite aclarar que no ha tomado ninguna decisión al respecto.
La Secretaría General de nuestra corporación recibió el miércoles 25 de septiembre las hojas de vida de los tres aspirantes postulados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, los doctores Henry Amorocho Moreno, Alma Carmenza Erazo Montenegro y Jairo Alonso Mesa Guerra, pero no ha sometido a discusión la elegibilidad de ninguno de ellos.
En el entretanto, siguiendo nuestras disposiciones reglamentarias, así como nuestros procesos y procedimientos, en la Sala de Gobierno del lunes 30 de septiembre se revisarán las hojas de vida y sus soportes, de cara a las disposiciones constitucionales y legales, y se presentará el informe ante la Sala Plena en sesión del martes 1º de octubre, por lo que se desconoce el origen de la noticia comentada y difundida en redes sociales.
Por otra parte, frente a la proximidad del vencimiento del periodo del actual auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que culmina el viernes 27 de septiembre, vale la pena precisar que en sesión desarrollada el martes 24 de septiembre la Sala Plena del Consejo de Estado designó como jefe (e) de la entidad al auditor auxiliar Jaime Escobar Vélez, de acuerdo a las exigencias del parágrafo 1º del artículo 15 del Decreto 272 del 2000, quien tomará posesión del cargo el próximo viernes con efectos a partir del sábado (28 del mes en curso).
De esta manera, se garantiza que el control fiscal sobre los recursos que maneja la Contraloría General de la República y demás funciones asignadas constitucional y legalmente al auditor general de la República sigan ejecutándose sin traumatismo alguno.
Como ha sido nuestra tradición, la Sala Plena se compromete a que el proceso de elección del nuevo auditor General responda a las exigencias de transparencia, garantía al debido proceso, oportunidad y acierto con las que se han desarrollado anteriores procedimientos de elección de servidores públicos.