El Consejo de Estado declaró ajustado a derecho el protocolo adoptado por el Ministerio de Salud para mitigar el impacto y prevenir el contagio del coronavirus en el sector transporte y estableció qué entidades eran responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas.
La resolución contempla medidas de bioseguridad para operadores y conductores; empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros; terminales de transporte terrestre; transporte férreo; entes gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo. Además, integra estrategias de comunicación para informar a los usuarios, empleados y contratistas sobre las medidas recomendadas para prevenir el contagio por COVID-19 en terminales de transporte terrestre e infraestructura asociada a los sistemas de transporte masivo, así como la implementación de medidas de bioseguridad por parte de usuarios de vehículos y motocicletas particulares; bicicletas convencionales, eléctricas y patinetas eléctricas, además del servicio de transporte público.
El Consejo de Estado declaró legal la medida. Sostuvo que el Ministerio de Salud gozaba de competencia para expedir este protocolo, tendiente a establecer medidas de bioseguridad para asegurar la continuidad del servicio público de transporte durante la pandemia. Ello porque, además de ser la primera autoridad responsable de las políticas públicas de salud, se le asignó la competencia de expedir todos los protocolos de bioseguridad para mitigar y superar la pandemia en todas las actividades y sectores administrativos en el país, incluido el transporte.
Además, la resolución está respaldada por normas superiores que establecen el objetivo de superar la crisis originada por la COVID-19. Según la alta corte, está encaminada a prevenir contagios en el sector transporte, por cuanto persigue un fin legítimo de salud pública, señaló la corporación judicial.
Para el Consejo de Estado, existe concordancia entre este protocolo de bioseguridad y el decreto legislativo de la emergencia social que le permitió al Ministerio de Salud adoptar los protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir el coronavirus en todas las actividades y en la administración pública. A su juicio, las medidas resultan adecuadas para superar el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia, pues permiten dar continuidad al servicio público de transporte en condiciones bioseguras, sin afectar derechos fundamentales.