Declaran legal acuerdo que impuso nuevos requisitos para el servicio público comercial de televisión en el 2008
El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la decisión por medio de la cual la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) estableció requisitos y trámites para el registro de los operadores privados comerciales del servicio público de televisión hace 13 años.
Para la alta corte, esta autoridad administrativa no necesitaba el aval del Departamento Administrativo de la Función Pública para emitir el Acuerdo 001 de 11 de abril de 2008, por medio del cual estableció los nuevos requisitos para los operadores, porque antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 02 del 2011 la Comisión tenía potestad para emitir sus propios reglamentos.
El acto administrativo fue demandado porque, supuestamente, la Comisión estaba obligada a pedir el aval del Departamento Administrativo de la Función Pública antes de establecer nuevos requisitos y trámites para el registro de los operadores.
Para la parte actora, esta decisión de la autoridad televisiva desconoció esta exigencia, contenida en el numeral 2 del artículo 1º de la Ley 962 del 2005 y en en el artículo 2º del Decreto 4669 del mismo año. Según estas disposiciones, las entidades públicas y los particulares que ejercieran una función administrativa expresamente autorizada por la ley, a la hora de establecer trámites, debían someterlos a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Adicionalmente, la entidad respectiva estaba obligada a explicar el impacto de la regulación, acreditando su justificación, eficiencia y eficacia, así como los costos de la implementación para los obligados a cumplir los trámites, sin dejar de lado la acreditación sobre la existencia de recursos administrativos y financieros necesarios.
Para la alta corte, a la CNTV no le eran aplicables estas normas. Por tanto, tenía capacidad legal para imponer nuevos requisitos y trámites para el registro de los operadores privados comerciales de televisión, sin tener que solicitar el aval previo del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Lo anterior porque, según el Consejo de Estado, en el momento en que fue emitido el acuerdo con los nuevos requisitos y trámites para los operadores de televisión, la Comisión tenía autonomía para emitir sus propios reglamentos, pues en ese entonces era la responsable de fijar las políticas de la televisión en Colombia, competencia que, en virtud del Acto Legislativo 02 del 2011, le fue otorgada al Congreso de la República.
A pesar de que en la actualidad este acuerdo no se encuentra vigente, el Consejo de Estado decidió pronunciarse sobre su legalidad, teniendo en cuenta que, mientras estuvo en el ordenamiento jurídico, dio lugar a diferentes efectos jurídicos.