FISCALÍA DEBERÁ REPARAR A TRES PERSONAS INJUSTAMENTE SEÑALADAS DE COLABORAR EN ACTIVIDADES SUBVERSIVAS DE LAS FARC
El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía por la detención injusta que sufrieron tres personas que fueron señaladas de ser milicianos de las FARC en la etapa en la que este grupo libraba el conflicto armado con el Estado colombiano en el departamento del Cauca. Para reparar el daño, la entidad deberá pagarle a estas personas y a sus familias más de 362 millones de pesos.
Estos tres ciudadanos permanecieron privados de su libertad entre diciembre del 2003 y junio del 2004, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación penal en su contra por rebelión, con base en un informe de inteligencia y testimonios de supuestos exintegrantes del entonces grupo guerrillero, que los señalaban de haber participado incluso en operaciones armadas de la insurgencia en esa región.
La Fiscalía terminó precluyendo la investigación a favor de estas tres personas y ordenó su libertad, al concluir que no existían elementos que demostraran, con algún grado de certeza, que hubieran estado incursionando en actividades subversivas. Esta determinación favorable en materia penal, llevó a que los en ese entonces indiciados interpusieran una demanda de reparación directa, con el anhelo de ser reparados económicamente de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad.
Entre octubre del 2011 y abril del 2014 el Tribunal Administrativo del Cauca emitió las sentencias de primera instancia por medio de las cuales se condenó a la Fiscalía a reparar daños morales y materiales causados por la privación injusta de la libertad de estas tres personas.
En segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó la condena. Concluyó que si bien la legislación vigente al momento de producirse el proceso penal habilitaba al organismo de investigación a emitir una medida privativa de la libertad con la existencia de al menos dos indicios graves sobre la responsabilidad de los indiciados en los delitos investigados, en este caso, ni siquiera se tenía la certeza de que quienes ofrecieron los testimonios que señalaban a los procesados de integrar las FARC realmente hicieran parte de ese grupo, en aquel entonces en armas.
Con esos argumentos, la corporación judicial determinó que la entidad demandada es administrativa y patrimonialmente responsable del daño ocasionado.