¿Quiénes quieren atacar la Justicia en Colombia?
¿A quiénes les interesa obstaculizar la justicia?
En momentos como los que vivió Tuluá la noche del 25 de mayo solo llega a la mente de los colombianos el holocausto del que fue víctima la justicia hace 35 años y rememora la petición del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía: “Que cese el horror”.
Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura, en nombre de toda la Rama Judicial, rechaza los ataques sistemáticos a las sedes judiciales del país, que obstaculizan el acceso a la prestación del servicio de justicia.
La Corporación condena los hechos que terminaron con el incendio del Palacio de Justicia ‘Lizandro Martínez Zúñiga’ de Tuluá, Valle del Cauca, considerado monumento arquitectónico de la ciudad, que albergaba veintidós despachos judiciales y se suma a los hechos vandálicos sucedidos en otras sedes judiciales del país, donde se ha puesto en peligro la vida e integridad de los servidores.
La destrucción de expedientes y el ataque sistemático a la justicia no puede ser un fin, pues obstaculiza el propósito de construir una sociedad más justa, más aún cuando los jueces son los garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¡La prioridad es la vida y la justicia!
La Corporación envía un mensaje de solidaridad, apoyo y reconocimiento a los servidores judiciales, que están realizando responsablemente su labor, a pesar de las circunstancias de pandemia y de violencia que enfrentan en sus regiones.
Estamos seguros que el mejor camino para reconocer la diferencia es el diálogo. No queremos tener más este sentimiento de impotencia y tristeza, no solo por el ataque a la justicia, sino a institucionalidad del país.
¡Los actos violentos deben cesar!