En sus providencias se ha declarado la responsabilidad administrativa de la Nación colombiana y se ha indemnizado cerca de 60 grupos familiares, entre los cuales se destacan los familiares de desaparecidos y de fallecidos, así como sobrevivientes y damnificados.

El argumento central que fundamentó esta declaración de responsabilidad estatal se ha replicado en la mayoría de sentencias, y consiste en la existencia de una falla del servicio atribuible a la fuerza pública en relación con los sucesos del Palacio de Justicia.

De una parte, la falla del servicio se materializó al suprimir la vigilancia en las instalaciones del Palacio de Justicia a pesar de que se conocían las amenazas contra los funcionarios judiciales y la intención de ocupar el edificio; de otra parte, el Consejo de Estado determinó que «también obró equivocadamente la fuerza pública al intentar la recuperación del palacio, operativo que se caracterizó por la desorganización, la improvisación, el desorden y anarquía de las fuerzas armadas que intervinieron, la ausencia de voluntad para rescatar sanos y salvos a los rehenes, todo esto con el desconocimiento absoluto de los más elementales derechos humanos y principios básicos del Derecho de Gentes».