Por estas razones el Consejo de Estado condenó al DAS por seguimientos ilegales y tortura sicológica a la periodista Claudia Julieta Duque
El Consejo de Estado condenó al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a reparar los daños causados a la periodista Claudia Julieta Duque y a su familia, por la persecución ilegal y episodios de tortura sicológica de los que fue blanco la comunicadora, a raíz de la investigación que adelantó por el asesinato del humorista Jaime Garzón.
Por estos hechos, la parte actora deberá recibir 2.200 millones de pesos, pago que deberá ser asumido por la sucesora procesal del DAS, la Fiduciaria la Previsora SA, Fiduprevisora, como vocera del patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A., su fondo rotatorio y de su beneficiaria Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Como medida de reparación integral, la parte demandada debe publicar en su página web un link que pueda conducir a un extracto de la sentencia, cuidando aquellos datos que puedan afectar la intimidad de las víctimas. Según la providencia judicial, la visibilidad del texto debe permanecer por esta misma vía durante un año.
La decisión obedece a una demanda de reparación directa que interpusieron la periodista y su familia, tras haber sido objeto de seguimientos sin orden judicial por parte de agentes del DAS. Relató que la persecución incluyó actos de tortura y otra serie de delitos atribuibles a los agentes estatales, como lo señalaba un informe recaudado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en el que se da cuenta de un memorando con membrete del organismo de seguridad que contenía órdenes para amenazar, torturar y asesinar a su hija.
Los seguimientos habrían iniciado en el 2001, luego de un secuestro que sufrió la víctima directa en la modalidad de paseo millonario, en el que expresamente se le dijo que la acción era una respuesta a su investigación sobre el homicidio de Jaime Garzón. La demandante señaló que la presencia permanente de vehículos tipo taxi cerca de su casa, uno de los cuales se habría confirmado que pertenecía al DAS, entre otras circunstancias, la obligaron a exiliarse en el exterior. Tras su retorno a Colombia y su vinculación al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en el 2003, habría continuado la persecución a través del grupo G-3, una unidad del DAS a la que se le atribuyen los seguimientos ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y representantes del poder judicial que condujo a la supresión del organismo de seguridad. De allí habrían surgido las amenazas a su hija, que la obligaron a exiliarse de nuevo.
La demandante advirtió que la persecución no terminó y que así se lo hizo saber a las autoridades penales y disciplinarias, sin lograr resultados. Tras los perjuicios sufridos, la parte actora solicitó ser resarcida económicamente y mediante medidas no pecuniarias. Entre ellas, solicitó que se les brindara tratamiento sicológico a las víctimas; financiación para la publicación de un libro escrito por la periodista, relatando la verdad de lo ocurrido en este caso; la realización de varios actos públicos en los que altos dignatarios del Estado, como el Presidente de la República, ofrecieran excusas y dieran cuenta de la responsabilidad de los agentes estatales en estos hechos, así como medidas administrativas y judiciales contra los responsables y programas institucionales a favor de las víctimas de este tipo de persecuciones.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación a pagarles 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes (del 2020) a las víctimas. También le ordenó al Ministerio del Interior ofrecer el tratamiento médico y sicológico al que hubiera lugar a favor de las víctimas y ordenó a la Fiscalía adelantar programas de sensibilización, destacando la necesaria celeridad e importancia de las investigaciones de los delitos como los aquí evidenciados, sobre todos cuando se atente contra la actividad periodística.
En segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó que está probado que la periodista Claudia Julieta Duque fue víctima de seguimientos ilegales y tortura sicológica a manos de agentes del DAS, por la investigación que adelantaba con relación al asesinato del también periodista y humorista Jaime Garzón. De ahí que la alta corte haya declarado al extinto DAS como la autoridad administrativamente responsable de reparar el daño, cometido en la modalidad de falla del servicio. El pago, como ya se señaló, debe ser asumido por el sucesor procesal del extinto organismo de inteligencia estatal.
Finalmente, la alta corte modificó, tanto el monto de la condena económica, como las medidas de reparación integral que no tienen contenido económico. En ese sentido, cabe precisar que, según la alta corte, ya se habían vencido los términos para resolver las solicitudes de reparación integral que deberían ser asumidas por la Fiscalía, así como la relacionada con el tratamiento sicológico que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le había impuesto al Ministerio del Interior.