Ordenan a Supernotariado constituir encargo fiduciario para administrar recursos del Fondo de Cuenta Especial Notarial
El Consejo de Estado le ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro que constituya un encargo fiduciario para la administración de los dineros del Fondo Cuenta Especial Notarial (Fonanot), que contiene recursos que corresponden al notariado del país y a los aportes ordinarios que hacen los notarios mensualmente. Para el efecto, cuenta con un plazo de tres meses, que se iniciará con la finalización de la restricción de contratación estatal contenida en la ley de garantías electorales.
Esta decisión obedece a una demanda de acción de cumplimiento que interpuso un ciudadano, en procura de que la Superintendencia diera cumplimiento a un mandato que, dice, se le impuso desde 1999.
Indicó que el fondo fue creado por la ley en 1997 y que dos años después el Presidente de la República confirió a la Superintendencia la misión de administrar los recursos, razón por la cual estableció la obligación, en cabeza de la entidad, de crear un encargo fiduciario para la administración de los recursos, un mecanismo que permite que un tercero no guarda derechos de propiedad sobre determinados bienes los reciba para administrarlos, mantenerlos y posteriormente devolverlos a sus titulares.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó la creación del encargo fiduciario por parte de la Superintendencia, por considerar que sí estaba obligada a hacerlo y que había desatendido este deber. Sin embargo, la decisión fue apelada por la entidad condenada. Esta aspiraba a que el Consejo de Estado revocara la orden impartida para crear el encargo fiduciario, alegando, entre otras, la imposibilidad de hacerlo por las limitaciones actualmente vigentes en materia de contratación estatal.
La alta corte ratificó el fallo que ordena crear el encargo fiduciario. Sostuvo que está comprobado que el Gobierno le impuso esa obligación legal a la Superintendencia desde hace 22 años. El fallo señala que, según las pruebas, solo a raíz de este proceso se iniciaron las gestiones correspondientes, luego de años de inactividad frente a este compromiso. El Consejo de Estado aclaró que los tres meses con los que cuenta la entidad para cumplir este compromiso legal deberán contabilizarse desde la finalización de la ley de garantías electorales.